En septiembre de 2019, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE publicó el Estudio sobre el Sistema Nacional de Pensiones de Perú, donde expuso la evaluación del sistema de pensiones en su totalidad, analizó las disposiciones de pensiones públicas y privadas, financiadas por reparto (sistema público) y capitalizadas (solo el 30% de la PEA está afiliada a las AFP), y realizó recomendaciones de política estableciendo un marco sólido para que el sistema contributivo de pensiones cumpla sus objetivos, mejore la cobertura y el nivel de las pensiones.
La OCDE recomendó abordar la pobreza en la vejez estableciendo una pensión no contributiva que proteja a todos los peruanos, para lo cual, entre varias cosas, consideró ampliar la cobertura y sostuvo que sería aconsejable cambiar los beneficios de Pensión 65 (S/ 250 cada dos meses), de una tasa fija a un pago complementario, para que así se encuentre mejor integrado con la pensión mínima del sistema contributivo.
Sin embargo, aquí caben unas reflexiones: recientemente, una secretaria jubilada bajo el régimen de la ley 20530, con más de 30 años de servicio, se jubiló con una pensión de 220 soles. Por su lado, la ONP paga un monto máximo de pensión de jubilación de S/ 893, y un monto mínimo de pensión de S/ 500. Esta es la razón por la que muchos empleados públicos deciden no retirarse a los 30 años de servicio, entre ellos los docentes, lo cual genera una gran brecha generacional en la educación, que dificulta el ingreso de la educación peruana a la Era Digital.
La principal recomendación de la OCDE es conservar el sistema de pensiones público de reparto y el sistema de pensiones de capitalización de cuentas individuales y que se complementen entre sí. Para lo cual recomienda combinar un sistema público de reparto obligatorio con cuentas individuales de capitalización, para generar un sistema de pensiones más robusto, más resistente ante los muchos riesgos que pueden amenazar la sostenibilidad, y la suficiencia de las pensiones o ingresos de jubilación.
También recomiendan considerar reintroducir el requisito de que los trabajadores independientes contribuyan al sistema.
Se explica que resulta fundamental promover el conocimiento respecto del funcionamiento del sistema de pensiones. Más peruanos esperan recibir un ingreso del programa Pensión 65 al jubilarse que del sistema de contribuciones, demostrando así una significativa falta de comprensión de los beneficios que este sistema les puede brindar.
En los últimos meses se han presentado al Congreso de la República 8 propuestas de proyectos de ley que implican el retiro de fondos de las AFP; algunas plantean retiros diferenciados, otras hasta por S/18,400 (4 UIT) y algunas hasta el 100% para quienes hicieron retiros previos, entre ellas la propuesta del partido del Gobierno. Esto afectaría seriamente el Sistema de Protección Social del País, y pone en riesgo de pobreza extrema a la población jubilada (vejez en pobreza).
Al respecto Pablo Antolín, de la OCDE, el 10 de marzo pasado, opinó que solo en casos de “extrema necesidad” (enfermedad terminal, pérdida de empleo o ingresos a largo plazo, o pérdida de vivienda, entre otros) se podría garantizar el acceso total al fondo de pensiones como un último recurso. Además señala que la mejor forma de ayudar a los individuos que han perdido su trabajo y mejorar su poder adquisitivo es a través de los presupuestos del Estado, y no con los ahorros para sus pensiones.
Aprobar otro retiro más de fondos de las AFP para todos los afilados va en contra de las recomendaciones de la OCDE para los sistemas de pensiones basados en el ahorro Individual. Hay que recordar que el Gobierno ha reafirmado su Intención de lograr que Perú forme parte de la OCDE.
Finalmente, resulta fundamental promover el consenso socio político, para la reconstrucción del sistema de pensiones, enfocada en ampliar la cobertura, integrar todos los sistemas que hoy existen, y mejorar las pensiones, para asegurarle una senectud digna a todos los peruanos.
Por ECO. José Linares Gallo