Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la Fuerzas Armadas no solo “GARANTIZAN la independencia, soberanía e integridad nacional”, sino que, por igual, “PARTICIPAN en el orden interno, desarrollo nacional, gestión de riesgos y desastres…”. Recurrir a las FF.AA. en un contexto de pandemia, incontrolable hasta la fecha, resulta urgente.
Enfrentar esta pandemia sin planeamiento ni gestión, centralizando las acciones únicamente en un gobierno deficiente y corrupto (particularmente durante la gestión Vizcarra) y, al mismo tiempo, prescindir de las FF.AA., del sector privado, iglesias y sociedad civil, ha traído grandes costos sanitarios, medidos en una enorme letalidad, contagios y escasa vacunación, y económicos, con millones de puestos de trabajo perdidos, incremento de la informalidad, que llega casi al 80%, una tributación, en el 2020, del 13.2 % del PBI, y un alto endeudamiento, que llegó al 35% del PBI. En suma, nos hemos convertido en un país de alto riesgo financiero, al habernos endeudado con más del 30% del PBI, lo que nos obliga a tener un manejo cuidadoso y responsable de la economía.
En el plano sanitario, el próximo gobierno encontrará ya resuelta la adquisición de vacunas. Según el Launch & Scale Speedometer de la Universidad de Duke de Carolina del Norte, el Perú ya se encuentra en el puesto 19 de países con vacunas aseguradas, pues ha confirmado un total de 72 millones de vacunas para este año, de las cuales más de la mitad son de Pfizer, si consideramos el contrato adicional por 12 millones de vacunas, firmado, recientemente, por el presidente Sagasti.
Las otras vacunas, mayormente, serían de A/Z, Johnson and Johnson y de la rusa Gamaleya. Y menos mal que solo está previsto adquirir 1 millón y medio de vacunas de Sinopharm, para la aplicación de la tercera dosis a aquellos que ya se vacunaron; hacerlo por primera vez supondría tres inoculaciones. Hay que recordar que, de acuerdo con la ley de adquisiciones del Estado, las compras deben resultar de un equilibrio entre precio y calidad.
Como podemos observar, el principal problema será vacunar a 24 millones de peruanos con dos dosis en el transcurso de cinco meses (de agosto a diciembre), lo que exige una vacunación de 300 mil personas por día.
Para lograrlo se puede seguir el ejemplo de EE.UU., que ha incorporado como vacunadores a los miembros de sus FF.AA., previamente capacitados. Un mayor número de peruanos inmunizados disminuirá, progresivamente, los problemas de logística y la demanda por oxígeno y camas UCI. Corresponde a este gobierno iniciar la capacitación de las FF.AA. y, por qué no, de estudiantes universitarios, para contar con un mayor capital humano y acelerar la vacunación desde el 1 de agosto.
Por otro lado, en relación con la seguridad local, el Perú registra fuertes incrementos de la delincuencia común, feminicidios, violaciones sexuales y crimen organizado, entre otros delitos; lo que requiere, urgentemente, fortalecer a la Policía Nacional.
La CRISIS DE AUTORIDAD y CAPACIDAD para combatir el delito no es de ahora. De hecho, cada sucesivo gobierno recibe un estado de cosas empeorado. Y esto no es por falta de recursos, sino por una inadecuada asignación y gestión de estos por parte del Ministerio del Interior.
Las FF.AA. también deben contribuir en asegurar el Orden interno. Se tiene que considerar que nuestra policía no se encuentra en sus mejores condiciones, por lo que requiere una reorganización que le permita contar con comandos especializados (inteligencia, tecnología, narcóticos, tránsito, etc.) a partir de nuevos ascensos, en tanto se reestructura la formación del policía a través de las escuelas de oficiales y técnicos.
Para enfrentar esta enorme crisis, el próximo gobierno debe ser de unidad nacional, y disponer de las FF.AA. para que acompañen el día a día de su gestión, particularmente en lo relacionado a la pandemia y a la seguridad ciudadana.
Por José Linares Gallo