Jose Linares Gallo

En febrero de este año, Turquía y Siria fueron golpeados por un sismo de 7.8 grados que dejó más de 59 mil víctimas mortales y miles de millones de daños a la infraestructura. Hace unos días, Marruecos fue sacudido por un sismo de 6.8 grados, y reporta más de tres mil muertos. Estos países no cuentan con un sistema de alerta antisísmica que les hubiera permitido reducir, significativamente, la cantidad de fallecidos.

En 2011, Japón enfrentó un sismo de 7.8 grados, lo que dejó un saldo de 22 mil personas entre muertas y desaparecidas. En 2021, Japón volvió a ser golpeado por otro fuerte sismo, pero con un saldo de solo 150 heridos y ningún muerto, y en 2022, un sismo de 7.4 grados, dejó 2 muertos y algunas decenas de heridos.

Pasar de 22 mil muertos, a 2 en los dos últimos terremotos, no es un milagro, es producto de una política que incluye simulacros constantes acatados por la población, y en especial, disponer de un eficiente sistema de alerta antisísmica, que anuncia los sismos hasta con un poco más de un minuto de anticipación.

Lo mismo sucede con México, que, en su terremoto de 1985, de 8.1 grados, antes de contar con un sistema de alerta antisísmico, tuvo un saldo de más de 40 mil víctimas.

En 1991, México, luego de aprender la lección, instaló su sistema antisísmico que, a la fecha, cuenta con 10 mil altavoces y un sistema de comunicación vía radio, televisión y mensajes al celular, que advierten de los sismos hasta 50 segundos antes de que se sienta el movimiento telúrico, lo que ha permitido que, en los últimos terremotos, de 2017 y 2019, las víctimas mortales se reduzcan al 1% con respecto al total de víctimas de 1985.

El Perú, al igual que Japón y México, es un país sísmico. El último terremoto devastador se dio el 2007 en Pisco, con una población aproximada de 130 mil personas, y tuvo una magnitud de 8.0 grados, causando 595 muertos, 2,291 heridos y 76,000 viviendas destruidas e inhabitables.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el terremoto de 2007 en Ica, se registraron niveles de aceleración del suelo de 400 centímetros por segundo al cuadrado (cm/s2).

De haberse producido este sismo de 8.0 grados en la costa de Lima, los suelos de la capital podrían haberse sacudido a 500 cm/s2 y en el Callao a 700 cm/s2. Lo que nos indica que Lima, y sobre todo Callao, son más vulnerables que Ica frente a un terremoto.
En Lima y Callao, con más de 10 millones de habitantes, encontramos gran cantidad de viviendas autoconstruidas y ampliaciones, que no cuentan con ningún estudio técnico, inclusive en laderas de los cerros, que son altamente vulnerables a un sismo de gran magnitud. A ello tenemos que incorporar las nuevas construcciones de edificios, de los cuales está en duda la calidad de sus cimientos, pues muchos de ellos han sido hechos por empresas con poca experiencia y con ánimos de rentabilidad.

La infraestructura de los colegios públicos, absurdamente, no requiere certificación de Defensa Civil. Según declaraciones del exministro de educación Óscar Becerra, en marzo de este año, 1,041 instituciones educativas se encontraban en riesgo de colapso.
Es necesario prever la alternativa de una educación híbrida (presencial y a distancia) momentánea, en los colegios que sean necesarios para albergar a los estudiantes en riesgo, mientras se reconstruyen sus colegios a punto de colapsar. Con dos turnos de 40 horas por semana cada uno, que alternen días de presencialidad ocupando colegios seguros, a los que se debe dotar, con urgencia, de internet y de un sistema de aulas virtuales interactivas que asegure la calidad de la educación híbrida.

En el año 2019 el Instituto Geofísico del Perú anunciaba que a fines de ese año ya habría un sistema de alerta antisísmica similar al que existe en México desde 1991, sin embargo, solo ofrecía anticipar los sismos 30 segundos, cuando hace décadas que ya existen tecnologías en el mundo que llegan hasta el minuto. Pero no solo ese es el problema, sino que, hoy, aún no tenemos fecha cierta de cuándo estará funcionando al 100%, después de haber pasado 4 años de anunciado.

Se debe declarar, de inmediato, en emergencia el sistema de alerta antisísmica peruano y Defensa Civil, incorporando a los colegios de ingenieros para que, en conjunto, hagan un diagnóstico de la infraestructura pública y privada en peligro de colapsar, para disminuir al máximo el costo en vidas frente a un terremoto.

Por ECO. José Linares Gallo

La corrupción de Odebrecht en el Perú no es un caso aislado. Una revisión rápida de nuestra historia corrobora que la corrupción ha sido una constante en el Perú, incluso antes de convertirnos en República.

Existen registros de denuncias de corrupción desde la colonia. El virreinato se caracterizó por el nepotismo, y por conceder rentas, cargos y honores por sobornos.

Aprovechando el quinto real (tributo equivalente al 20% de la extracción de metales preciosos) y también el tributo indígena (que era una contribución obligatoria que los peruanos originarios debían pagar, en moneda o bienes, al gobierno colonial) se normalizó el robarle a la corona española.

Recaudar los impuestos suponía movilizar a un grupo humano encabezado por españoles, responsables de enviar los ingresos a España, muchos de los cuales se quedaban con parte de lo recaudado, y de criollos y mestizos, quienes se encargaban de recolectar los tributos, y que empezaron hacer lo mismo, generando una estructura de corrupción a todo nivel; sin considerar a la población originaria que, al inicio de la república, llegaba al 90%.

Al iniciarse el Estado republicano, la corrupción se mantuvo. El tesoro público fue administrado y distribuido como un patrimonio personal, y quienes eran cercanos a quien detentaba el poder, eran beneficiados de distintas formas, en perjuicio del Estado
Años después, se dio el primer caso de megacorrupción en el Perú, que concierne a la explotación del guano mediante el contrato con la Casa Dreyfus francesa (1869).

También podemos citar la corrupción en la fiebre ferrocarrilera durante el gobierno de José Balta (1868-1872). La fuga del presidente Prado, con dinero recaudado para la Guerra del Pacífico (1879), quien luego fue reelegido. El caso emblemático de corrupción durante el oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) con las redes de ferrocarrileras inconclusas. O la famosa página 11 del contrato con la International Petroleum Company (1968).

Más recientemente, finalizando el siglo XX, tenemos el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (1990-2001), quienes controlaron los tres poderes del Estado. Tal vez el caso más contradictorio es la venta de 60% de acciones de la refinería La Pampilla (Lima) por 140 millones de dólares. Años después (2012-2023) el Estado viene invirtiendo 5 mil millones de dólares en la Refinería de Talara a 1,000 km de Lima, donde está el 70% de la demanda de combustible.

Con el retorno a la democracia (2001), todos los presidentes elegidos han sido implicados en procesos de corrupción al más alto nivel, Toledo, Humala, Kuczynski y Vizcarra, vinculados a la corrupción de Odebretch; y Castillo con innumerables hechos burdos de corrupción.

Con los antecedentes de los últimos 500 años en Perú, no es de extrañar que Odebretch haya logrado un trato judicial lesivo para el Perú, que implica un pago de tan solo 200 millones de dólares como reparación civil, y en módicas cuotas, al someterse a la colaboración eficaz, cuando por su parte la empresa ganó licitaciones por la suma de más de 12,500 millones de dólares gracias a las adendas a sus contratos con el Perú.

Odebretch aceptó haber sobornado a presidentes, ministros de Estado, alcaldes, y una interminable cantidad de funcionarios públicos y periodistas en distintos países del mundo. EE. UU., por su parte, le impuso una sanción de 2,500 millones de dólares, y un pequeño país, República Dominicana, lo ha multado con 1,200 millones de dólares.

El Perú siempre ha sido percibido como un botín político que conquistar y aprovechar. Los ejemplos de corrupción suelen estar relacionados con el funcionamiento de las licitaciones y adjudicaciones, la defraudación de los fondos públicos y mantener en las planillas a trabajadores fallecidos.

El Covid-19 mostró la fragilidad del Estado Peruano: habíamos crecido económicamente durante 20 años, pero sin desarrollo, sin salud ni educación. La corrupción y la gestión deficiente de Martín Vizcarra permitieron la compra de pruebas rápidas inservibles, la demora en la adquisición de vacunas, y que el oxígeno y los medicamentos alcanzaran precios exorbitantes mientras morían peruanos en las calles; lo que nos convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo.

Hemos generado una cultura tolerante a la corrupción, asociada a la impunidad y a la falta de ética social. Luchar contra las redes de corrupción, requiere de normas actualizadas en los procesos de ejecución del gasto público, utilizando técnicas digitales que permitan realizar evaluaciones transparentes, con un sistema judicial íntegro y eficiente. Y, para el mediano y largo plazo, generar una educación con práctica de valores en todos los niveles.

Por ECO. José Linares Gallo

La inseguridad alimentaria, en principio, de acuerdo con la FAO, es la falta de acceso frecuente por razones físicas y económicas a suficientes alimentos y nutrientes para un crecimiento y desarrollo normales, que permita mantener una vida activa y saludable.

El aumento de los precios de los insumos agrícolas experimentado en los últimos dos años ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad alimentaria mundial. Donde el aumento de los costos de los fertilizantes puede conducir a precios más altos de los alimentos.

El 2023 encuentra al Perú con 16.6 millones de peruanos y peruanas en inseguridad alimentaria (50%), un aumento vertiginoso nunca antes observado en el país. Antes de la pandemia, el Perú estaba por encima de los 8 millones de personas en esta condición. Eso quiere decir que con la COVID-19 se duplicó el número de personas que están en inseguridad alimentaria, y en lo que va de la postpandemia (2022-2023), pese al rebote económico del 13% en el 2021, la inestabilidad política, el incremento de precios del petróleo y de granos que importa el Perú, la pobre ejecución de presupuesto, la falta de inversión privada, los fenómenos climáticos, entre otros problemas que enfrenta el país, han puesto en riesgo la alimentación de la mitad de la población.

En julio de 2021, se aprobó la Ley N° 31315 de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y en setiembre de 2022 se publicó un proyecto de reglamento, que aún no se ha implementado. Hay que retomar en la agenda de gobierno el tema de la inseguridad alimentaria desde una perspectiva integral y permanente, en el sentido de una estrategia en mediano y largo plazo para ir hacia una seguridad alimentaria y nutricional en el país.

Para enfrentar la problemática de la inseguridad alimentaria en el Perú, teniendo por delante el fenómeno de El Niño Global, se tiene que abordar también el tema de la seguridad hídrica y el alineamiento con el plan estratégico nacional. Se requiere de una actualización de la Política de Seguridad Alimentaria, dado que el alto nivel de inseguridad alimentaria permanente se identifica como un problema público prioritario.

A nivel político y de gobernanza, es insuficiente que el Midagri lidere la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional sin establecer un liderazgo supraministerial, como ente rector, para que tenga una conducción a la cual se le exijan resultados, y rinda cuentas. Desde el lado operativo, es necesario tener una mirada integral y que se extienda a todo el país.

Por ejemplo, en lo que se refiere a las compras estatales a la agricultura familiar, según una evaluación preliminar no se está alcanzando la meta del 20% este año. Por otro lado, se vienen destinando recursos a proyectos de siembra y cosecha del agua, pero no son suficientes.

A esto se suma el que estamos en un contexto de sequía en todo el sur del país, particularmente en Puno y Cusco, donde la situación se torna delicada. También tenemos los problemas en el norte, donde parte de la infraestructura que se usa en el manejo del agua ha sido colapsada.
En el tema de protección social, la emergencia plantea revisar los programas alimentarios para asegurar que realmente respondan a las necesidades de acceso de alimentos, pensando en no repetir los errores de antes, sino que sean mucho más eficientes.

Es necesario tener en cuenta el rol de la mujer en la agricultura, y que las comunidades indígenas y nativas tengan una estrategia especial. También se requiere retomar la zona periurbana que ha sido completamente abandonada.

La crisis alimentaria no se trata solamente de desnutrición y de anemia. Hay que considerar también el sobrepeso y la obesidad en esta urgencia porque tenemos que desmitificar que son un problema de exceso de alimentos, son un tema de calidad de la alimentación.

Entonces, uno de los temas importantes es la urgencia de identificar cuáles son las personas, los lugares, los distritos que ahora están expresando la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y de malnutrición y poner metas claras.

El peligro de la sequía que hemos pasado en este verano último nos está mostrando que va a haber escasez de alimento, van a subir los precios de los alimentos y están subiendo. Hay que identificar las zonas de riesgo y en esos escenarios de riesgo no solamente actuar dentro de la perspectiva de acción reactiva, como está sucediendo ahora, que solamente son paliativos lo que se está dando, no se ha tomado una gestión prospectiva ni correctiva, debería trabajarse para el corto, mediano y largo plazo.

Por ECO. José Linares Gallo

Los efectos del Covid-19 y de la guerra en Ucrania no vienen siendo superados. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha revisado al alza, de forma generalizada, las perspectivas de crecimiento a nivel global, pues continúa elevada la inflación y se mantienen las políticas restrictivas por parte de los bancos centrales (altas tasas de interés).

En EEUU, se espera un crecimiento del PBI de 1.6% para el 2023, y una inflación de 3.9%, con tasas interés de 5.5%. Para la zona euro se espera un crecimiento del PBI de 0.9% en 2023, con un sector manufacturero sumido en una profunda recesión y un proceso de recuperación que debería impulsar el crecimiento en los próximos años.

La Economía china, se estima que crecería en 5%, pero se ha desacelerado por la reducción de la demanda interna. El 25% de la Inversión extranjera directa en Perú es de origen chino; y el 28% del Comercio también. En este contexto, el crecimiento de China es importante para nuestra economía.

Por otro lado, se prevé la subida de los precios del petróleo ante la escasez de su oferta mundial por los recortes de la producción de los países exportadores de petróleo: OPEP+, lo que elevará los costos de la energía. Los granos continúan al alza, lo que influye, significativamente, en la inflación de alimentos en el Perú. Además, en EEUU continúan tasas altas de interés.

En este contexto, la economía peruana registró una caída de -0.45% en el primer semestre 2023, y una inflación interanual de 5.88%; existiendo la posibilidad de que la recesión técnica (dos trimestres con crecimiento negativo del PBI) se combine con inflación alta, es decir, la posibilidad de una estanflación.

Las cifras oficiales de PBI para el primer semestre, publicadas a mediados de agosto y las previsiones de algunos analistas privados, han recortado las perspectivas de crecimiento para 2023 a un rango que va desde 0.6% a menos de 2%, en virtud del comportamiento negativo de indicadores como la producción, la recaudación de impuestos y la inversión privada. Además, de los riesgos por el fenómeno de El Niño, la inestabilidad política, y la gestión estatal, aún deficiente.

Las previsiones oficiales de inicios de año eran de un PBI que crecía 3.1% en 2023, y ahora en agosto el MEF ha señalado que sería de sólo 1.5%. 50% de la población considera que su capacidad adquisitiva se ha reducido en 50%. La inflación alimentaria (12%), se está convirtiendo en crónica, porque depende de factores externos: incremento de precios internacionales de granos y del precio del petróleo; si no se generan cambios de patrones de consumo (pescado por pollo y granos andinos por trigo) y no se reactiva la producción petrolera, será muy difícil mejorar la capacidad adquisitiva de gran parte de la población.

Los ingresos fiscales al primer semestre 2023 registraron una caída de 12% en términos reales, esto ha generado un incremento del déficit fiscal al 2.6% del PBI, por encima de la meta establecida para el 2023 (2.4% del PBI). Si se afectan las reglas fiscales o se dejan de lado temporalmente, siempre habrá afectaciones en cuanto a las calificaciones de riesgo país.

El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés de referencia en 7.75% por séptimo mes consecutivo, la inflación ha venido reduciéndose desde su máximo de 9.3% en junio de 2022 a 6% en julio de este año, y aún está lejos de llegar al objetivo del BCRP de menos de 3%.

La alta tasa de interés, entre otros factores, ha contribuido a la desaceleración de la economía; y la incertidumbre para los agentes económicos es que, si la bajan prematuramente, podría generarse un rebrote inflacionario, y si no la bajan, podría agudizarse la recesión económica.

La economía no funciona en un vacío, sino en una realidad concreta, se espera que baje la inestabilidad política, social e institucional; que la política fiscal sea algo más expansiva y la política del BCRP sea menos contractiva. Que se mantenga el nivel del déficit fiscal, que se genere más inversión pública y que se realicen transferencias monetarias a la población vulnerable y a los pobres. Es decir, recuperar la confianza y la estabilidad para crecer.

Por ECO. José Linares Gallo

Los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas educativas están cada vez más preocupados por la equidad y la inclusión en la educación, debido a varias tendencias mundiales importantes, como los cambios demográficos, las crisis migratorias y de refugiados, el aumento de las desigualdades y el cambio climático.

El desarrollo de un sistema educativo equitativo e inclusivo requiere un enfoque holístico. Esto es que vincule áreas clave, como el diseño curricular, para la equidad y la inclusión en educación.

Muchos países, como el nuestro, enfrentan las desigualdades en el acceso a las tecnologías digitales e Internet en la educación, y en la alfabetización digital en español y en sus lenguas originarias.

En 2022 había más de 3.3 millones de conexiones en el mercado de Internet Fijo, con más de 7 empresas; además de 44 millones de líneas celulares activas. Sin embargo, solo un 20% de colegios públicos tiene acceso a internet, y les sirve de muy poco, porque tienen, particularmente, un bajo ancho de banda, lo que imposibilita la comunicación simultanea de varios usuarios.
Los datos del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2018 muestran que el uso de Internet por parte de los estudiantes sigue aumentando, aunque no en todos los países, como el Perú.

Según la Plataforma ESCALE del Ministerio de Educación, apenas existe una computadora básica, como las tablets, por cada once estudiantes de primaria y secundaria a nivel nacional.

Las adquisiciones reiteradas de tablets en el Perú no han sido de calidad ni han llegado a cantidades significativas, por lo que consideramos que estos equipos que en el mercado se pueden encontrar a un promedio de 200 soles, deberían ser parte de los útiles escolares, y ser adquiridos por los padres de familia, salvo los que se encuentren en pobreza y pobreza extrema, para asegurar una computadora, o mejor aún, un smartphone por alumno, tal como se ha dado en oriente, hoy la primera educación del mundo.
Pero hay que tener en cuenta que no basta una computadora, cualquiera que ella sea, si no existen contenidos digitales significativos, particularmente aulas virtuales interactivas.

Por otro lado, la Política Nacional de Transformación Digital, publicada el 28 de julio busca incrementar la ciudadanía digital, es decir se centra en garantizar que la persona ejerza deberes y derechos en el mundo digital. Para ello, lo primero es garantizar que tengan acceso a Internet: la conectividad digital.

Se debe garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital para todas las personas. En concreto, significa generar un entorno de pruebas regulatorio tecnológico para que el sector privado y el sector público se pongan de acuerdo en nuevas formas de conectividad, no solo la Red Dorsal. Esto es, que junto con el sector privado se podrán desplegar dispositivos móviles, datos y acceso a Internet en aquellas zonas donde todavía no llega el Estado.

La Conectividad está en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lo que debería disponer de ministros técnicos. También participan el MIDIS, el MINEDU y la PCM, porque tienen intervenciones que no necesariamente dependen de la Red Dorsal. Además, participa el MEF con los mecanismos de financiamiento (obras por impuestos y asociaciones público-privadas).
La baja conectividad, especialmente en el ámbito de los gobiernos locales, es lo que la OCDE denomina como Brecha Digital; solo un 14% de los municipios tiene un plan de gobierno digital, y para alcanzar objetivos al 2030 se necesita impulsar y potenciar la Red Dorsal, y enseñar a usar los espacios digitales con herramientas básicas, intermedias y avanzadas.

El fomento del Talento Digital, debería ser el rol fundamental del Ministerio de Educación, con esta política se llega a todos los niveles educativos, y eso implica preparar los espacios de aprendizaje. Se tiene que capacitar a los profesores y se tiene que expandir esto hacia la comunidad educativa. También hay que tener en cuenta, en el ande, el rol actual de la mujer, a cargo de la producción de la parcela agrícola, requiere, también, de conectividad para mejorar su productividad.

Para el año 2024 se debería constituir una Autoridad Nacional de Transformación Digital en la PCM, porque ahora existen cerca de 32 plataformas nacionales que se tienen que mantener y garantizar su sostenibilidad operativa. Y avanzar en un proyecto de inversión pública que busque descentralizar la transformación digital, incluyendo el sector educativo y agrario.

Por ECO. José Linares Gallo

Al inicio de la República del Perú, el quechua lo hablaban el 90% de los habitantes. De acuerdo con el último censo, del 2017, esta cantidad se ha reducido al 13%; pero aún existe una población aproximada de 4 millones y medio de quechuahablantes.

De los cuales 1 millón 200 mil, se encuentran en colegios, mayoritariamente de primaria. Además, son parte de la población económicamente activa (entre 14 y 64 años), un aproximado de más 3 millones, de los cuales, la mayor parte se encuentran en las parcelas agrarias andinas.

Debido a la baja productividad en las parcelas andinas, la mayoría de los hombres han migrado a la selva, por lo que la agricultura familiar andina se viene desarrollando básicamente por las mujeres, con ingresos que no superan los 650 soles mensuales.

Estas mujeres quechuahablantes difícilmente dejan su hogar y su parcela, por lo que mantienen su lengua quechua, la cual transmiten a sus hijos. De ahí que la lengua quechua aún tiene millones de hablantes en la escuela y en la actividad agraria.

Los niños mayoritariamente provienen de hogares quechuahablantes, sin embargo, al iniciar la escuela, los profesores les hablan particularmente en español, a pesar del material educativo en quechua que provee el MINEDU.

UNESCO, al que el Perú está suscrito: dice que el niño tiene derecho a educarse en su lengua materna. En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en la ley 29735 sobre difusión de las lenguas originarias, y en el artículo 20 de la ley general de educación N° 28044, queda garantizado el aprendizaje en la lengua materna y el castellano como segunda lengua.

El cumplimiento de las normas descritas supone que el quechua a utilizar, necesariamente, tiene que ser un quechua actualizado a la Era Digital, de lo contrario, podríamos estar generando analfabetos digitales en quechua.

La mujer en el ande ha sido tradicionalmente postergada en el acceso a la escuela, en primaria y, en particular, en la secundaria. Las poblaciones ninis (que no trabajan ni estudian) en la costa son un 10%, en la sierra los hombres son el 20% y las mujeres el 30%, lo que significa una abierta discriminación de género.

Existen brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el ande. A pesar de que el rol de la mujer es esencial para el desarrollo del hogar y de la agricultura, su aporte no es reconocido por la sociedad, haciéndoles difícil llegar a los espacios de toma de decisiones en español y quechua por falta de conocimientos tecnológicos, económicos y de emprendimiento, lo que se puede resolver con un proceso de alfabetización tecnodigital en quechua, que incorpore palabras de tecnología y emprendimiento de las Eras Industrial (1780), Analógica (1870) y Digital (1990).

Las parcelas tienen bajos niveles de productividad, por falta de conocimientos e inversión en tecnología, lo que repercute en un manejo deficiente de los cultivos, de la siembra a la cosecha, y peor aún, en la comercialización de sus productos.

Algo que no debería suceder, si consideramos que hoy el mejor restaurante del mundo, Central, utiliza insumos andinos para la mayoría de sus platos. También hemos dicho, anteriormente, que la dieta de los astronautas se basa en insumos andinos. Por lo que las parcelas de producción agrícola tienen mucho que aportar a la alimentación del Perú y del mundo, en la medida en que accedan a tecnología que potencie su productividad.

Además, es necesario que la cocina novoandina sea popularizada por nuestros chefs y difundida por los medios de comunicación, a fin de mejorar nuestra nutrición cambiando nuestros hábitos alimenticios, con lo cual se disminuirían, significativamente, las importaciones de granos que es uno de los componentes que más repercute en la inflación de los alimentos en el Perú, generando inseguridad alimentaria en el 51% de la población y niveles de anemia infantil y desnutrición de 42% y 12% respectivamente.

Al ingresar a la Era Digital, cada día aparecen mayores posibilidades de acceso tecnológico, pero que requieren que su lengua nativa, disponga de vocablos tecnológicos, económicos, de emprendimiento, y de Estado, de los que lamentablemente no dispone el quechua.
En la actualidad no existen diccionarios quechua, que incluyan, dentro de sus vocabularios, palabras de tecnología de las Eras Industrial, Analógica ni Digital, como tampoco vocablos de economía, emprendimiento y Estado.

Esta falta de tecnología y de conceptos necesarios para el desarrollo económico y social en el idioma quechua, ha traído como consecuencia el poco uso de la tecnología y la falta de desarrollo del emprendimiento en actividades productivas y comerciales en el Ande.

Por ECO. José Linares Gallo

Es tiempo de reflexionar, en base a una institución a la que todos queremos pertenecer: la OCDE, y su experiencia en la generación de confianza para fortalecer la democracia, de la que podemos sacar algunas lecciones; hoy, más que nunca, lo necesitamos.

La Encuesta sobre Confianza de la OCDE, realizada por primera vez en 2021, investiga los vínculos entre la confianza en las instituciones públicas y la gobernanza democrática en 22 países de la OCDE. Los resultados de la Encuesta muestran que sí existe una correlación entre confianza en las instituciones y la democracia.

Con el doble objetivo de reforzar la gobernanza democrática y protegerla de las amenazas actuales y futuras, la Iniciativa aborda tres desafíos de gobernanza en las democracias avanzadas y maduras: i) la lucha contra la desinformación y la información falsa, ii) la mejora de la representación, la participación y la apertura en la vida pública y iii) Democracias más fuertes y abiertas en un mundo globalizado: asumir las responsabilidades globales de los gobiernos y crear resiliencia a la influencia extranjera. Además, la Iniciativa incorpora dos temas horizontales: los grandes retos del cambio climático y la democracia, y la digitalización y la democracia, estos abarcan los tres pilares.

El Marco Metodológico de encuesta de la OCDE identifica cinco determinantes de confianza en las instituciones de gobierno. Estos determinantes captan el grado en el cual las instituciones tienen capacidad de respuesta y son confiables para proporcionar políticas y servicios centrados en las personas, además de actuar conforme a los valores de apertura, integridad y equidad.

La OCDE dice que la confianza ofrece a las personas la certeza de que los otros, individuos o instituciones, actuarán como se espera, ya sea en una acción particular o en un conjunto de acciones.

En los países democráticos abiertos, donde hay un flujo libre de información y los ciudadanos pueden intercambiar ideas y opiniones libremente, la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales importa y es necesario invertir en ella.

La confianza pública ayuda a los países a gobernar en el día a día y a responder a los principales retos de hoy y de mañana, que son: las crisis continuadas de salud y económica, el permanente aumento en las desigualdades, el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos, el cambio climático, entre otros, particularmente, para nosotros, la calidad de la educación.

Principales hallazgos de la Encuesta sobre Confianza de la OCDE:

– A medida que los países luchan por emerger de la más grande crisis de salud, económica y social en décadas, los niveles de confianza se redujeron en 2021, pero permanecieron ligeramente más altos que en la época posterior a la crisis económica de 2008. Los datos demuestran que se requiere mucho tiempo para reconstruir la confianza cuando ésta se ha erosionado; se requirió casi una década para recuperar la confianza después de la crisis de 2008.

– Los ciudadanos están razonablemente confiados en que pueden creer que los gobiernos proporcionarán los servicios públicos (principalmente salud nacional y sistema educativo).

– Una mayoría en casi todos los países está satisfecha con los servicios administrativos y confían en que su gobierno usará sus datos personales de manera segura, y dispondrán de información abierta.

– La confianza varía a través de las instituciones.

– Sin embargo, los gobiernos podrían mejorar en cumplir las expectativas de participación, representación y capacidad de respuesta de las personas.

– Las percepciones públicas sobre la integridad del gobierno representan un problema.

– Las brechas generacionales, educativas, de ingresos, de género y regionales evidencian que es posible lograr progresos en alcanzar participación y representación para todos.

– Fortalecer la confianza en la capacidad del gobierno para resolver los desafíos globales es una prioridad.

Estos resultados sirvieron como una llamada a la acción para los gobiernos de la OCDE. Los gobiernos deben seguir mejorando su confiabilidad y preparación para futuras crisis, a través de diseñar políticas y servicios públicos con y para las personas, además de mejorar la transparencia y las comunicaciones con los ciudadanos acerca de las promesas y los resultados.

Para cumplir las expectativas, en constante evolución, de sus ciudadanos, los gobiernos de la OCDE necesitan conectarse e involucrarse mejor con estos en el diseño, implementación y reforma de las políticas, salvaguardar y mejorar la capacidad de las personas para ejercer su voz política de manera efectiva; garantizar la integridad de los funcionarios elegidos y aquellos de alto nivel; medir y mejorar continuamente la provisión de servicios públicos; además de garantizar la inclusión de los grupos vulnerables y marginados.

Por ECO. José Linares Gallo

La escuela, como hoy la conocemos, empieza con la Era Industrial (1760-1840), cuando el hombre del campo se desplaza hacia las ciudades para integrarse a las fábricas, que requerían mucha mano de obra que permitiera la producción en serie.

La educación siempre estuvo ligada a la productividad de la sociedad, por eso, en la Era Digital, el formato educativo ha cambiado, como puede verse en las sociedades más productivas.

Un ejemplo son los países del Asia (China, Japón, Corea del Sur, Singapur, entre otros) que utilizan el smartphone con internet como herramienta didáctica, lo que les permite educar a sus estudiantes en el contexto de la productividad digital, posicionándolos como países con la mejor educación del mundo de acuerdo con la prueba PISA (OCDE 2018) y, al mismo tiempo, ser potencias mundiales, económicas y tecnológicas.

La pandemia de Covid 19, nos obligó, exageradamente, a cerrar los colegios por dos años, y los profesores utilizaron sus propios teléfonos para mantener comunicación con sus alumnos; sin embargo, no se llegó a capacitar a los docentes en competencias computacionales, las mismas que han sido incluidas en la prueba PISA del 2022; en dos meses sabremos los resultados.
Estos dos años de educación, únicamente a distancia, generaron un déficit importante en los aprendizajes de los estudiantes, quienes, según la Evaluación Muestral del MINEDU del 2022, tanto en primaria como en secundaria, en cerca de un 80% de los casos, no tienen competencias satisfactorias en comprensión lectora ni razonamiento matemático. Durante estos dos años, los alumnos fueron promovidos de grado automáticamente.

Últimamente, tras la vuelta a la presencialidad escolar, se ha mencionado la necesidad de realizar una nivelación por los dos años perdidos; algo que no se ha dado, porque no existen las condiciones de infraestructura ni logísticas para lograrlo.

Hay escuelas públicas que tienen serios problemas de infraestructura antisísmica, lo que pone en riesgo la vida de los estudiantes. También tienen baños en malas condiciones, falta de agua y de conectividad a internet. Incluso muchas de las construcciones son incapaces de proteger a los estudiantes del frío y el calor excesivos, producto del cambio climático. Hoy, más que nunca, se debe descentralizar el inicio del año escolar.

Es necesario juntar al Colegio de Ingenieros y a Defensa Civil, para revisar la infraestructura de las escuelas de todo el país y empezar remodelaciones y reforzamiento de estructuras de los colegios que lo requieran. Recordemos que, absurdamente, los colegios públicos están exceptuados de certificados de defensa civil. Para hacer esto viable, un porcentaje importante de colegios, que asumimos podría llegar hasta el 40% del total, tendrían que cerrar por un tiempo.

Por lo cual, sería necesario, mediante un acuerdo nacional, implementar una educación presencial y virtual (híbrida) que permita a todos los estudiantes aprender en un lugar seguro, con dos turnos de tres días presenciales de ocho horas y dos días virtuales de seis horas cada uno a la semana, entre lunes y sábado, lo que permitiría cubrir e incluso superar las horas que actualmente los estudiantes reciben clases, lo importante es asegurar que los estudiantes entiendan lo que leen, lo que escriben y lo que escuchan (calidad de la educación).

El Estado peruano, como en otras partes del mundo, debe asegurar un servicio de internet de alta calidad para las escuelas, a través de los proveedores a nivel nacional, que en la actualidad son más de seis empresas.

Un sistema de educación híbrido (presencial y a distancia) permitiría que, independientemente de los aprendizajes obtenidos en el aula, los estudiantes puedan continuar aprendiendo con una educación a distancia, usando aulas virtuales interactivas, con videos profesionales, animaciones y softwares de programación, así como autoevaluaciones, que les permitirían aprender a su propio ritmo.
La efectividad de la educación a distancia en Perú se puede corroborar con una reciente experiencia virtual de capacitación docente, en el curso de inglés, que es obligatorio en educación secundaria desde el año 2016; gracias a un convenio suscrito con el Ministerio de Educación, en el marco de Aliados por la Educación, que permitió que 350 profesores de inglés, de secundaria, distribuidos en todas las regiones, ingresaran a una plataforma digital interactiva que utiliza inteligencia artificial.

Esta experiencia tuvo resultados exitosos, con más del 85% de docentes certificados de las 25 regiones y 25 mil horas de capacitación 100% virtual, constituyéndose en la primera experiencia digital exitosa en capacitación docente en el Perú, que se puede proyectar, con seguridad, a los alumnos de secundaria.

Por ECO. José Linares Gallo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está trabajando en una plataforma que permite, simultáneamente, una interacción mundial para que las monedas digitales de los bancos centrales permitan las transacciones entre países; estas monedas digitales no deben ser propuestas unilaterales, sino que se requiere que los bancos centrales acuerden un marco regulador común.

Una Moneda Digital de Bancos Centrales es dinero soberano emitido por un banco central en formato digital, que se puede mantener en cuentas o mediante representaciones llamadas tokens (representación digital con valor). Las monedas digitales de los Bancos Centrales pueden crearse para pagos entre entidades financieras (mayoristas) o para uso de particulares y empresas (minoristas), siendo este último el campo que genera mayor interés, especialmente en países emergentes.

Una moneda digital de un Banco Central puede ser complementaria a los medios de pago existente, entre ellos, los billetes y monedas emitidos por el Banco Central, lo cual mejoraría la eficiencia, la inclusión y seguridad del sistema de pagos. También ayudarían a promover la inclusión financiera y abaratar las remesas, el FMI señala que el costo mundial medio de las transferencias de dinero supone 44,000 millones de dólares anuales. Cuanto antes se tenga una moneda digital, se disminuirán los costos de transacciones internacionales.

Un informe del grupo de expertos estadounidenses Atlantic Council revela que 130 países, representando casi toda la economía mundial, están explorando el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales. Destaca el avance de las pruebas piloto en China, la planificación de lanzamientos en India y Brasil, y la evaluación en curso del euro digital por parte del Banco Central Europeo.

Señala que once países, entre ellos varios del Caribe y Nigeria, ya han lanzado monedas digitales de bancos centrales, mientras que las pruebas piloto en China alcanzan ya a 260 millones de personas y abarcan 200 escenarios, desde el comercio electrónico a los pagos de ayudas del Gobierno. Otras dos grandes economías emergentes, India y Brasil, también tienen previsto lanzar monedas digitales el año que viene.

El Banco Central Europeo está en vías de iniciar su proyecto piloto del euro digital antes de un posible lanzamiento en 2028, mientras que otros 20 países también darán pasos significativos hacia proyectos piloto este año.

En Estados Unidos, sin embargo, las acciones hacia un dólar digital sólo “avanzan” en su versión mayorista (de banco a banco), mientras que los trabajos sobre una versión para la población en general están “estancados”.

El impulso mundial a favor de las monedas digitales de Bancos Centrales se da en un momento en que el uso de efectivo físico disminuye y las autoridades tratan de defenderse de la amenaza que suponen el bitcóin (que aún se mantiene en un 50% de su precio máximo) y las “grandes empresas tecnológicas” para sus capacidades de impresión de dinero.

El Banco central de Suecia sigue siendo uno los más avanzados en Europa con su proyecto piloto de moneda digital, mientras que el Banco de Inglaterra sigue evaluando una posible libra esterlina digital que podría entrar en funcionamiento a partir del 2025. Australia, Tailandia, Corea del Sur y Rusia también tienen previsto continuar este año con sus pruebas piloto.

Algunos críticos señalan que las monedas digitales de Bancos Centrales no son diferentes al dinero actual, pero sí ofrecen a los bancos centrales un mayor control directo sobre la oferta monetaria; pero existen riesgos de que el dinero se convierta en una herramienta política para premiar o para castigar.

Como otros países de América, el Perú aún está en la transición de una economía basada en efectivo a una bancarizada, ahora, con pagos digitales.

Entre las dificultades en Perú están que solo alrededor del 50% de la población adulta está bancarizada, y que la alta informalidad del empleo que no está bancarizado hace transacciones únicamente en efectivo. Aunque en años recientes, los pagos digitales han crecido rápidamente, impulsados por la pandemia de la covid-19 y las innovaciones en los medios de pago minoristas (Yape y Plin).

Con el fin de promover el acceso y uso de los pagos digitales, el BCRP viene trabajando con la visión de lograr, en 2028, un Sistema Nacional de Pagos en el que una serie de servicios e instrumentos de pago innovadores e interoperables, respaldados por infraestructuras seguras, eficientes y accesibles, satisfagan de manera efectiva las necesidades de pago de personas, empresas y gobierno. Pero no descuidemos la generación de la moneda digital peruana, que disminuirá el costo de transacciones.

Por ECO. José Linares Gallo

La regionalización es el proceso de transferir parte del poder del gobierno central a las regiones, ya sea creando nuevas regiones o fortaleciendo o fusionando las existentes. En la actualidad, en la Era Digital, es frecuente la revisión de los procesos de descentralización en función de mejorar, integralmente, la eficiencia del Estado para el bienestar de sus poblaciones.

Por su parte, la gobernanza es el proceso por el cual una sociedad decide sus objetivos y las formas de coordinación entre diferentes entidades públicas y actores privados, que permitan crecimiento económico con desarrollo integral.

En los últimos 50 años, en el mundo, independientemente de que se trate de países federales o unitarios, se ha adoptado el profundizar cada vez más las reformas de gobernanza regional, especialmente en la OCDE y Europa, pero también en Asia y América; reformas que buscan aumentar el grado de poder de la autoridad regional (autonomía, nuevas responsabilidades, poderes fiscales, entre otras).

Las reformas de la gobernanza regional y el aumento de la autoridad regional requieren instrumentos de gobernanza multinivel eficientes, más o menos vinculantes, flexibles y formales, que generalmente tienen dos propósitos: 1) coordinar las políticas públicas y la inversión entre los niveles de gobierno y las partes interesadas; y 2) reforzar la capacidad de diseño e implementación de políticas e inversiones en todos los niveles.

Es decir, tener responsabilidades compartidas, coordinación entre los niveles de gobierno para superar las inconsistencias en las políticas públicas, coordinar los proyectos que funcionan con propósitos cruzados o la asignación ineficiente de recursos. Así como la promoción y facilitación de la coordinación vertical para producir resultados alineados y suficientemente claros para todos los niveles de gobierno. Los instrumentos pueden ser acuerdos contractuales o comités intergubernamentales, intercambio de experiencias y conocimientos alrededor de intereses comunes.

Por otro lado, las reformas de la gobernanza regional también son una oportunidad para desarrollar la capacidad estratégica, en particular en la planificación e implementación del desarrollo regional. El fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y evaluación de políticas es particularmente importante para el éxito de las reformas de la gobernanza regional y la implementación de políticas de desarrollo regional.

En el Perú, el fracaso de la integración de regiones mediante el referéndum de 2005, trajo como resultado un proceso de descentralización inconcluso que nos dejó 25 gobiernos regionales hacia los que se han transferido, de manera imperfecta, competencias de gasto, pero ninguna competencia de ingreso; necesitamos reducir el número de regiones.

Sin embargo, este proceso trajo avances en la descentralización de la inversión pública, donde el gobierno central, que estaba a cargo del 60% de la inversión pública, ha pasado a encargarse de sólo del 33% de dicha inversión. Pero este cambio en la ejecución ha sido muy deficiente y no ha estado exento de corrupción en la mayoría de los gobiernos regionales, esto debido a que existe un déficit de especialistas entre los funcionarios públicos de los gobiernos regionales, debido a la alta movilidad que sucede en cada cambio de gobierno regional, por falta de una carrera pública regional en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Sucede que los especialistas suelen irse cuando terminan los gobiernos regionales de turno. Es decir: se han desarrollado capacidades en cada gobierno regional a través de las cooperaciones canadiense, italiana, alemana y de Países Bajos; sin embargo, ya no quieren capacitar, porque siempre pasa que la gente que forman está relacionada a los gobernadores regionales de turno y son reemplazados al terminar su mandato.

Además, se debe considerar que, básicamente, los gobiernos regionales, desde hace años, sirven como ventanillas de pago de planillas de servicios públicos de profesores, profesionales de la salud y policías; lo que se refleja en que más del 70% del gasto de los gobiernos regionales se financian con transferencias de recursos ordinarios, aquellos que provienen de la recaudación del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta. Los gobiernos regionales, a diferencia de los gobiernos locales, no tienen ninguna potestad tributaria, no pueden crear tributos regionales.

El 2018 se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial en la PCM, cuya función principal es articular las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre las entidades públicas del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Sin embargo, no se ha considerado la diversidad territorial y los avances en la gobernanza regional no han sido previstos y básicamente reaccionan ante las protestas sociales y desastres naturales.

Por ECO. José Linares Gallo