Las más recientes evaluaciones económicas de la OCDE arrojan luz sobre los desafíos persistentes que enfrenta la economía mundial al acercarse el final del año.
A pesar de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha superado las expectativas en 2023, la tendencia positiva se encuentra actualmente en fase de moderación, impulsada por condiciones financieras más rigurosas, un débil desempeño en el comercio internacional y una disminución en la confianza tanto empresarial como del consumidor.
Los riesgos a corto plazo permanecen inclinados hacia la baja, destacando tensiones geopolíticas intensificadas y la posibilidad de un impacto más pronunciado de lo previsto por el endurecimiento de la política monetaria.
Por otro lado, existe la posibilidad de un crecimiento más sólido si los hogares destinan una parte significativa de los ahorros acumulados durante la pandemia, ya que en términos globales apenas hubo recesión; a diferencia del Perú, que como sabemos fue considerado el país más golpeado por el COVID-19 en cantidad de muertos y en economía.
En este contexto, se espera que el crecimiento global se modere, proyectándose en un 2.9% para 2023 y disminuyendo ligeramente a un 2.7% en 2024. A medida que la inflación experimente un descenso y los ingresos reales se fortalezcan, se anticipa que la economía mundial retomará un crecimiento del 3% en 2025.
No obstante, este crecimiento seguirá dependiendo en gran medida de economías de rápido desarrollo, especialmente en Asia, donde se espera que India lidere con un crecimiento superior al 6% en los próximos tres años, mientras que China oscilará entre el 5% y el 4%. Por otro lado, se pronostica un crecimiento más moderado para Estados Unidos (entre el 2.4% y el 1.5%) y la Zona Euro (entre el 0.6% y el 1.5%).
En ausencia de shocks significativos en los precios de los alimentos y la energía, se espera que la inflación general regrese a niveles alineados con los objetivos de los bancos centrales en la mayoría de las principales economías para finales de 2025.
La economía peruana, por su parte, ha experimentado ocho meses consecutivos de contracción hasta octubre, proyectándose un cierre de año con un Producto Bruto Interno (PBI) en terreno negativo, estimándose entre -0.4% y -0.6%.
Sin embargo, se prevé una recuperación gradual hasta el 2.3% en 2024 y el 2.7% en 2025, respaldada por la posible recuperación del turismo y la producción de cobre, siempre y cuando exista estabilidad política y social.
El tercer trimestre de 2023 presenció una contracción del 0.82% en la actividad económica, caracterizada por una persistente desconfianza de empresarios y consumidores, agravada por factores climáticos y sociopolíticos.
El mercado laboral en Lima Metropolitana refleja una precarización creciente, con 2 millones de personas sumándose al subempleo en el tercer trimestre. Aunque se han registrado aumentos salariales modestos, los ingresos aún no cubren la canasta mínima de consumo, y la tasa de desempleo se sitúa en un 6.6% de la Población Económicamente Activa (PEA).
A pesar de la disminución de la inflación general, que aún se mantiene por encima del rango objetivo, se espera que continúe desacelerándose, alcanzando el rango objetivo entre el 1% y el 3% a principios de 2024, respaldando así el consumo privado. Con expectativas de inflación alineándose con los objetivos, existe margen para una flexibilización monetaria más gradual.
En noviembre, la tasa anualizada de inflación fue del 3.6%, por encima del rango meta, llevando al Banco Central de Reserva del Perú a reducir su tasa de interés de referencia por cuarto mes consecutivo, pasando del 7% al 6.75% en diciembre, dejando espacio para seguir reduciéndolo.
En cuanto al déficit fiscal, este ha ascendido al 2.8% del PBI en el tercer trimestre de 2023, un aumento preocupante de 1.6% en comparación con el año anterior. La alta probabilidad de incumplimiento de la regla fiscal 2023-2024, señalada por el Consejo Fiscal, ha generado mayor incertidumbre y ha impactado negativamente las expectativas.
Para hacer frente a estos desafíos, se hace necesario mejorar la eficiencia del gasto en todos los sectores y aumentar los ingresos tributarios mediante la reducción de la informalidad y una mejora en la recaudación. Esto es esencial para mantener la sostenibilidad fiscal y crear el espacio necesario para abordar las crecientes demandas sociales y ampliar la infraestructura crítica.
Todo ello debe llevarse a cabo en un entorno de estabilidad política y acuerdos efectivos entre el Ejecutivo y el Legislativo, con cambios significativos en áreas clave como la política electoral, judicial, social y económica.