Después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, en gran medida se hizo a través de empresas públicas; así tuvimos el modelo francés (Estado Planificador), el modelo británico (Modelo Institucional), y el modelo italiano (Modelo Empresarial), entre otros.
En oriente no fue distinto: tenemos a Malasia (modelo alerta temprana) y Corea del Sur (competitividad empresarial pública). De la misma forma, en Latinoamérica tenemos, en las dos primeras economías, a Brasil (énfasis macroeconómico del control de la actividad empresarial) y México (planificación y control de gestión en entidades paraestatales), entre otros.
Como podemos notar, Europa, Asia y América generaron su desarrollo a partir de sus empresas públicas y privadas.
El rol del Estado consiste en asegurar un desarrollo a largo plazo, sobre la base de valores como la inclusión, la integridad y la sustentabilidad; y eso demanda repensar su participación en la economía. Su rol debe implicar compartir riesgos y recompensas con el sector privado, sobre todo cuando se trata de diversificar las estructuras productivas y establecer adonde se quiere llegar, es decir tener una visión del futuro del país, a través de diferentes intervenciones conjuntas y donde la base sea la innovación, la tecnología y la creación de mercados asumiendo el Estado el riesgo mayor, cuando la rentabilidad no es atractiva, pero se genera desarrollo.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las empresas estatales pueden desempeñar un papel importante en la economía; en muchos países se encargan de la prestación de servicios públicos esenciales, que tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos; además, participan cada vez más en el comercio y la inversión. Actualmente 102 de las 500 mayores empresas del mundo (medidas por sus ingresos anuales), es decir el 20%, son propiedad total o mayoritaria de gobiernos soberanos.
En el año 1987, en el Perú, se generó la Ley de Actividad Empresarial del Estado con los dictámenes de la Comisión de Economía y Finanzas del Senado, a cargo del senador Silva Ruete, y de la comisión de Empresas Públicas del Senado, que yo presidía en ese entonces. Allí, se planteaba la figura de la Empresa Mixta, donde la gerencia sería privada, con el objetivo de una transferencia progresiva de las empresas al sector privado.
Antes de Velasco (1968) en el Perú existían alrededor de 40 empresas estatales, las mismas que se incrementaron hasta 186. Con Fujimori (1990) se decidió “reestructurarlas”, pero en la práctica fueron rematadas, a pesar de que, gracias a la mencionada ley, el gobierno tenía herramientas para convertirlas en empresas mixtas y posibilitar mayores ingresos por su reestructuración. Entre 1990 y el 2001 se realizaron un total de 228 privatizaciones, que generaron un monto de 9,200 millones de dólares, los cuales se gastaron principalmente en compra de armamento y el pago de la deuda externa, pero no en desarrollo sustentable, como por ejemplo: inversiones de trasvases transandinos para traer más agua, energía e irrigación a las zonas áridas de la costa; de esta forma el país no se descapitalizaba.
A la fecha (2021), Perú cuenta con alrededor de 36 empresas estatales, que operan principalmente en los sectores de electricidad, infraestructura, transporte, finanzas y otros servicios; y al año 2018 aportaron el 2,4% del PIB del país (FONAFE).
En la coyuntura actual, el primer ministro ha sostenido que de acuerdo a la actual constitución (artículo 60), se pueden crear empresas públicas, pero “hay que evaluar qué sectores estratégicos se deben reforzar”. Sostiene que el sector energético debería estar en manos del Estado, refiriéndose a una participación del país mediante una Asociación Público Privada en la construcción del Gasoducto del Sur y sus ramales, para asegurar el acceso de la población al gas natural.
La actividad empresarial del Estado no cumple un fin en sí mismo, cumple objetivos de desarrollo del país, así cuando la empresa privada no tiene interés de invertir por falta de rentabilidad, y el Estado necesita promover la innovación, la tecnología y la creación de mercados, subsiste la alternativa de generar empresas mixtas o públicas.
Por: ECO. José Linares Gallo