José Linares

Hace algunos días el Presidente Constitucional, profesor Pedro Castillo, convocó a todos los ministros, gobernadores regionales y al Contralor General de la República. Al concluir el evento, expresó que aquel ministro que fuera encontrado en acciones turbias, sería sancionado no solo administrativamente, y también cualquier otro funcionario de cualquier nivel y, para ello, cuenta con la comunicación y acción permanente del contralor Nelson Shack.

El contralor expresó que, en el año 2020, se había detectado que la corrupción le costó al Estado un total de 22,000 millones de soles y, que, a partir de ahora, habría una acción fiscalizadora concurrente para evitar “llorar sobre la leche derramada”. Esto quiere decir que la contraloría asume una responsabilidad mayor en la lucha contra la corrupción. Recordemos que, así como hay presidentes de la república presos por corrupción, también hay gobernadores regionales.

Debemos tener en cuenta que la corrupción y la indiferencia por ella hoy está generalizada, y que se requiere de una campaña que involucre a todo el país para fortalecer los valores, en particular la ética, la moral, el orden y la empatía desde el hogar, la escuela y el trabajo.

El código de ética e integridad pública debe respetarse en todas las instancias de gobierno, principalmente en las referidas a adquisiciones y obras del Estado y a los servicios y actividades públicas en los sectores de seguridad, salud, educación, justicia, transporte, entre otros; a través de un equipo de especialistas de la contraloría, que debe revisar sus cumplimientos. También es necesario efectuar una depuración de las planillas de las instituciones públicas a través del Reniec, para evitar que fallecidos sigan cobrando.

El propio contralor dijo que hay normas que requieren perfeccionarse y otras hechas deliberadamente para delinquir, probablemente producto de lobbies, por lo que es necesario que el congreso transparente su accionar y cumpla con su rol fiscalizador en todos los sectores, y que priorice la legislación de las normas requeridas por la contraloría, para lo cual el Congreso debe marchar a su mismo ritmo, o, de lo contrario, debe darle facultades al respecto al ejecutivo.

La contraloría fiscaliza el cumplimiento de las normas (control de la legalidad), y si éstas no se ajustan a la realidad del entorno de los proyectos, se produce su paralización o se induce a la malversación de fondos, generalmente debido a enraizadas políticas centralistas, por lo cual es necesario contar con normas más flexibles, que permitan avanzar y tomar decisiones adecuadas y oportunas. También es urgente darle capacidad sancionadora a la contraloría.

El control concurrente, tiene un enfoque esencialmente preventivo, que consiste en acompañar al gestor público en la contratación de un bien, servicio u obra, para alertar oportunamente sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas durante el servicio de control, con el propósito de que se adopten las medidas correctivas y preventivas del caso.

Desde el 2017 la Contraloría General de la República ha estado aplicando el control concurrente mediante leyes específicas: la Reconstrucción con Cambios y la Emergencia Sanitaria del Covid19. Para extender el Control Concurrente a las inversiones públicas, el 10 de julio de este año, el Congreso de la República aprobó una ley que únicamente lo establece para inversiones a partir de los 10 millones de soles, financiando el servicio de control concurrente con el 2% del costo total de cada proyecto. El Ejecutivo la observó el 20 de julio, por afectar la autonomía de los Gobiernos Regionales y Locales, y por constituir, indirectamente, una iniciativa de gasto.

La lucha integral contra la corrupción, también requiere de la transformación digital del Estado. Se debe superar las limitaciones del Gobierno Digital (“cero papeles”), pues ha fracasado; es necesaria la cooperación externa, del BID, Banco Mundial u otras instituciones, para construir una adecuada administración digital del Estado, a través de la integración de sus diferentes bases de datos.

Asimismo, las normas para gastos, que son centralistas, requieren flexibilizarse, y que se traslade el Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, para impedir proyectos sin sustento técnico ni económico.

Por ECO. José LInares Gallo

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