Lima es abastecida con agua de tres cuencas: Rímac, al centro; Chillón, al norte; y Lurín, al sur. Estos tres ríos tienen, a pocos metros, actividad minera legal, ilegal y artesanal, que producen desechos (pasivos mineros), los cuales están en depósitos cerca de las cabeceras de estos ríos, poniendo sus aguas en riesgo de contaminación, pues debido a las lluvias causadas por el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño y del Niño Global (a partir de septiembre u octubre), podrían llegar a sus cauces en forma de huaicos y barro tóxico.
De acuerdo con la Ley 28271, Ley de Pasivos Ambientales Mineros, le corresponde al Ministerio de Energía y Minas identificar a los responsables de las operaciones mineras que abandonaron los depósitos de residuos, así como identificar a los titulares de la concesión minera que arrastra pasivos ambientales.
Uno de los casos más importantes es el de los relaves mineros del cerro Tamboraque, ubicados en el distrito de San Mateo en Huarochirí, los cuales están al borde del río Rímac. Administrados primero por NYRSTAR y hoy por G.P. Coricancha S.A. Los comuneros de San Mateo (ubicado a 90 km de Lima) denunciaron que los relaves del cerro Tamboraque son un claro ejemplo de cómo algunas empresas aprovechan los vacíos normativos ante la desidia del propio Estado que ha permitido la acumulación de toneladas de residuos mineros a escasos metros del lecho del río Rímac, principal fuente de agua de la capital.
Estos relaves son acumulaciones procedentes de los centros mineros de la parte alta de Matucana, donde opera la empresa Qoricancha y están a orillas del río Rímac de donde Sedapal toma agua para el consumo de los habitantes de la ciudad de Lima (11 millones).
En igual situación se encuentran los pobladores de Millotingo y Pacococha, lugares en los que existen pasivos ambientales abandonados desde hace 30 años; y que contaminan el río Aruri, un afluente del río Rímac, por lo que se infiere que el agua que llega a la población limeña podría estar contaminada con diferentes minerales peligrosos para la salud.
Desde el 2017 se sabe el peligro ambiental que representan estos desechos, por las lluvias intensas que provocó el fenómeno El Niño entre febrero y marzo de ese año y una serie de sismos que se registraron en dicha provincia. Hasta la fecha, los relaves no han sido trasladados; ya para el 2018 OEFA ya había registrado 290 mil toneladas de tóxicos, que implican un riesgo latente.
En abril del 2022, la rotura de una represa de la mina Huampar, ubicada en el distrito de Huanza en Huarochirí, desató un derrame de relave y aguas residuales, contaminando la flora y fauna, así como el río Santa Eulalia. Otro caso ocurrió en junio de dicho año cuando se derramaron 35 toneladas de concentrado de zinc en el río Chillón por parte de una empresa que realiza transporte de minerales para la minera Volcan.
Los especialistas señalan que luego de ese suceso, el Estado no ha hecho nada, ni siquiera algún plan de mitigación. En pocas palabras, no se sabe la calidad de agua que está consumiendo Lima.
Hace unos días, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteó que una empresa minera se haga cargo del encauzamiento del río Rímac, que sería “más productivo y beneficioso para los vecinos de la capital”, comentó.
Sin embargo, algunos especialistas están en desacuerdo con estas declaraciones, porque, según ellos, no se puede depositar la confianza en una empresa minera. Pero si se trata de una empresa con altos estándares medioambientales, podría ser una solución, considerando que los proyectos generados en torno a la “Reconstrucción con Cambios” no han dado resultado.
En este contexto, es preciso llenar un vacío legal, con una norma en donde se prohíba que los desechos mineros estén cerca de los ríos o comunidades: un margen de seguridad que debe proporcionar una ley de inmediato.
Por otro lado, se necesita una política de ordenamiento del territorio para gestionar los riesgos de manera integral y que haya una inversión para evitar la afectación de salud pública a los habitantes que viven cerca a estos lugares, los cuales muchas veces son agricultores y ganaderos.
Pero la crisis del agua es global. Incluso Marina Mazzukato, de El Economista de México, nos dice que para impedir próximas crisis alimentarias y de salud crónica en regiones enteras del mundo, necesitamos urgentemente una nueva estrategia global para gobernar el agua y asegurar el bien común.