La FAO dice que la “Seguridad Alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”. Asimismo menciona que existe Inseguridad Alimentaria cuando hay insuficiente ingesta de alimentos, que puede ser transitoria (épocas de crisis), estacional (cada cierto tiempo) o crónica (continuamente).
En el Perú, el 2022, 16.6 millones de peruanos y peruanas se encontraban en inseguridad alimentaria; un aumento vertiginoso nunca antes observado en el país. Antes de la pandemia, el Perú estaba por encima de los 8 millones de personas en esta condición. Eso quiere decir que la covid-19 duplicó el número de personas que están en inseguridad alimentaria.
Este problema va de la mano con un aumento acelerado de la pobreza: cerca de 20 millones; así lo podemos inferir por la información del INEI.
Según la FAO, una dieta saludable por persona en Perú cuesta US$ 3.28 (12 soles), reflejando una estructura de precios muy altos, inclusive para personas que han salido de la pobreza.
En 2021, el 51 % de la población sufría inseguridad alimentaria moderada o grave (FAO), y la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes iban en aumento, y los niveles de anemia infantil aumentaron de 38% a 42% entre 2021 y 2022, mientras la desnutrición infantil se ha mantenido en 12%.
La covid-19 nos develó nuestros problemas de seguridad alimentaria, originados por el crecimiento sin desarrollo (falta de agua, desagüe, luz e internet, déficit en salud y educación y creciente informalidad), la disminución de ingresos de las familias, y la alta inflación a consecuencia del mayor peso de productos importados en la canasta familiar (trigo, lácteos, aceites, etc.), así como el mayor precio del petróleo, que incrementa los fletes.
Para enfrentar la inseguridad alimentaria en el Perú, en el año 2012 se creó la Comisión Multisectorial Permanente de Seguridad Alimentaria y Nutricional, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que formuló la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” 2013-2021 y, posteriormente, 2015-2021.
En el gobierno de Pedro Castillo, no se estableció una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022-2026, y la gestión pública se atascó en la problemática de la importación de los fertilizantes para la campaña agrícola. Le toca, ahora, a la presidente Dina Boluarte priorizar la formulación de esta estrategia para los años 2023-2026.
En el Gobierno Actual se ha aprobado la Ley N° 31315 de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero no se ha reglamentado y por tanto no se implementa integralmente, solo con acciones parciales como Ferias de la Chacra a la Olla, bonos agrarios, y la implementación de la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen de la Agricultura Familiar (Ley N°31071), que establece que los programas sociales de apoyo alimentario (Qali Warma, Cuna Más, Inabif, etc.) adquieran hasta un 30% de alimentos de origen de la agricultura familiar; entre otras acciones.
El Perú se ha comprometido a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, para ello cuenta con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la FAO (Naciones Unidas), que están colaborando con el Gobierno y el sector privado del Perú junto con otras instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil.
Una nueva Estrategia debería buscar el desarrollo de sistemas de producción sostenibles que incrementen la disponibilidad de alimentos más diversificados y nutritivos a nivel local (alimentos andinos, granos y pescados). Es necesario que la cocina novoandina sea popularizada por nuestros chefs y difundida por los medios de comunicación, a fin de mejorar nuestra nutrición cambiando nuestros hábitos alimenticios.
Se debería establecer una agenda común centrada en la seguridad alimentaria, que aborde el tema de su implementación a través de la construcción de un sistema de protección social más sólido y adaptable a las realidades del territorio del país. Asimismo, se debería descentralizar sus operaciones en función de los recursos (productos alimentarios) obtenidos a nivel local en las diferentes regiones del país; brindando asistencia a los beneficiarios directos, y fortaleciendo las capacidades institucionales a nivel nacional y local.
Por ECO. José Linares Gallo