Según el Informe del Banco Mundial, de Pobreza y Equidad en el Perú, el país redujo la pobreza en las últimas dos décadas (de 58.7% en 2004 a 20.2% en 2019); sin embargo, la pandemia y sus efectos en la economía, han generado tasas de pobreza más altas que antes de la pandemia (25.9% en el 2021), abarcando a 8.6 millones de personas y expresando la fragilidad de las mejoras sociales alcanzadas los últimos 20 años (crecimiento sin desarrollo).
Muchas personas que salieron de la pobreza permanecieron en la zona de vulnerabilidad, ahora el 40% de peruanos están en riesgo de caer en pobreza. En el 2019, el 56.7% de la población en situación de pobreza residía en áreas urbanas, pero, con la pandemia, esta proporción se elevó al 68.7% en 2021.
Es cierto que la urbanización de la pobreza se inició antes de la pandemia, pero se aceleró a raíz de ella, hace 10 años solo era el 47%. A ello, debe sumarse la migración de 1.5 millones de extranjeros que han ido directamente a la informalidad, independientemente de su formación profesional. Los profesionales extranjeros que llegaron compitieron con los peruanos, muchos de ellos con mejor formación y dispuestos a aceptar menores salarios, impidiendo que trabajadores peruanos exitosos llegaran a convertirse en clase media.
Si bien el PBI creció a una tasa de 13.4% en 2021 y 2.7% en 2022, entre 2019 y 2021, la tasa de informalidad pasó de 72.7% a 76.8%, lo que representa 693,500 nuevos trabajos informales.
En 2020 y 2021, el Gobierno puso en marcha un plan económico del 21.6% del PBI, que consistió en: 1) liquidez para empresas a través de préstamos garantizados (Reactiva, 37%), 2) efectivo a grupos vulnerables (bonos), 3) gasto en bienes y servicios (principalmente médicos) y 4) acceso a cuentas de ahorro por tiempo de servicio y cuentas de pensión privada (retiros de AFP).
Sobre las transferencias a grupos vulnerables, se lanzaron seis programas; pero solo sirvieron para amortiguar la reducción del ingreso laboral. Consecuentemente, aumentó el riesgo de caer en la pobreza, principalmente en el área urbana.
En Lima se concentra el 24% de pobres urbanos, junto con otras ciudades grandes del país, se llega al 40% de toda la población pobre. La urbanización de la pobreza demanda una estrategia actualizada para reducirla.
Este informe del Banco Mundial resalta cuatro fuentes de fragilidad en el Perú, que el Gobierno y las instituciones deben abordar para establecer una nueva ruta hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad.
1) Se debe impulsar el acceso a servicios básicos de calidad: el 60% de hogares peruanos carecen de uno o más servicios esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad e internet (gran parte carece de todos).
2) Se debe afrontar la alta informalidad y precariedad laboral: tres de cada cuatro trabajadores son informales y la calidad del empleo ha empeorado a raíz de la pandemia, lo que repercute en la capacidad redistributiva del sistema fiscal, por la estrecha base tributaria, basada en impuestos regresivos (IGV), la alta tasa de informalidad y la poca eficiencia en la recaudación (solo 8 de cada 100 trabajadores pagan impuesto a la renta); a lo que se suma la alta evasión fiscal.
3) Se deben cerrar las persistentes brechas de género para impulsar el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, que se acrecienta en la población de mujeres del Ande, de las cuales un aproximado del 30% se encuentra en condición NINI (ni estudia ni trabaja).
4) Se debe cerrar la brecha de infraestructura en conectividad, tecnología, salud y educación. Las inversiones relevantes necesitan una mirada geográfica porque las principales brechas en infraestructura y en el suministro de servicios se encuentran en áreas alejadas.
La agenda de corto plazo debe incluir la transición a un sistema de protección social que se adapte al contexto. El objetivo debe ser crear un sistema más resiliente contra crisis futuras e identificar formas de proteger las ganancias sociales dentro de la economía.
Por ECO. José Linares Gallo