Por Eco. José Linares Gallo
La vida es el bien supremo que debe cautelar todo Estado. De hecho, la calidad de un estado podría ser medida por la protección efectiva a la integridad física y mental de sus pobladores. Por lo pronto desde hace un buen tiempo, a nivel global, se considera que la incapacidad de una nación en el suministro de servicios básicos (la defensa de la vida es el principal) junto con otros parámetros tal como la perdida de “control físico del territorio” o la “erosión de la autoridad legítima” definen si un país tiene o no un ESTADO FALLIDO.
Respecto a estos temas el Perú no solo registra incrementos preocupantes en el número de víctimas de la delincuencia común, feminicidios, violación sexual, sino que de cuando en cuando alguna cámara de video nos revela como la policía, forzada violentamente por sectores de la población, deviene en víctima viéndose obligada, para cautelar su propia vida, a liberar a criminales capturados en flagrante delito en una parte del país donde la justicia formal no aplica. Estos fortuitos videos captados por personas naturales solo muestran la parte visible del ICEBERG desconociéndose por ahora la magnitud de este fenómeno social.
No solo en estos espacios el policía deviene en víctima, sino que por igual lo es y con frecuencia preocupante aun en los sectores citadinos más visibles cuando enfrentan por ejemplo a conductores ebrios (aun cuando nuestra ley lo considera un crimen) o cuando detienen a personas infractoras que bajo amenaza implícita (“no sabes con quien te has metido”) revelan su cultura de desprecio a la autoridad legítima. Frente a este desdén social arraigado frases bienintencionadas y propaladas por la televisión como “a la policía se la respeta” resultan no solo insuficientes sino inútiles, ingenuas y hasta mostrarían incapacidad propositiva del estado.
La CRISIS DE AUTORIDAD y la crisis de capacidad para combatir el delito no es de ahora. Por supuesto. De hecho, cada sucesivo gobierno recibe un estado de cosas empeorado. Y no se trata de un tema de falta de recursos, sino de una inadecuada asignación de recursos y de una falta de proyección del Ministerio del Interior ocasionada, en última instancia por una institucionalidad inadecuada y tal vez hasta con cierto grado de obsolescencia. Una pregunta, por ahora, “al vuelo” que es muy pertinente ¿Cuánto se ganó y se perdió con la unificación de la policía? ¿Se ganó o se perdió prescindiendo, por ejemplo, de la especialización investigadora de la Policía de Investigaciones del Perú PIP?
En este estado de cosas ha sido sugerido que las Fuerzas Armadas participen en el control de la seguridad interna. Los partidarios y detractores surgieron de inmediato aún cuando no se ha sugerido bajo qué modalidad legal ni horizonte. Lo que evidencia, por supuesto, una actitud emocional y nada racional tanto de críticos inmediatos como de partidarios espontáneos sesgados tal vez por aspectos ideológicos previamente adquiridos.
Sin embargo, tal como venimos comentando, el problema de la seguridad interna ha ido agravándose mientras que paralelamente la soberanía territorial y la seguridad externa frente a amenazas en nuestras fronteras tiende a cero. ¿Por qué entonces no pensar en una renovada institucionalidad, donde las Fuerzas Armadas tengan un rol compartido junto con la Policía Nacional?
Por lo pronto nuestro ordenamiento jurídico dispone que la Fuerza Armada no solo “GARANTIZA la independencia, soberanía e integridad nacional”, sino que por igual “PARTICIPA en el orden interno, …desarrollo nacional, gestión de riesgos y desastres; y… política exterior”.
El énfasis o acento en cada uno de estos cinco pilares establecidos en nuestro ordenamiento, debería variar, se entiende, en función a los cambios y amenazas de la coyuntura. ¿Alguien duda que el segundo pilar (orden interno) precede al pilar que también franquea a la Fuerza Armada su participación en el desarrollo nacional? ¿No es acaso el orden interno condición sine qua non para las inversiones? ¿No somos acaso mudos testigos que, por ejemplo, la pequeña empresa es víctima sistemática del hampa que ahora último le exige sobre costos en modalidad de cupos de seguridad, para evitarse ellos mismos la molestia de asaltarlos? ¿No son acaso estos espacios liberados de la justicia formal, al igual que los barrios que victimizan a policía y defienden al hampa, la pérdida de control físico del territorio? Si no es así ¿qué deberíamos entender entonces por “pérdida de control físico del territorio”? ¿Solo aplica cuando las fuerzas subversivas del orden político imponen cupos y no así cuando lo son delincuentes comunes?
Dado que en toda política pública siempre es mejor hablar de sumas que de restas ¿no es acaso mejor comenzar a repensar nuestra defensa del orden interno bajo un nuevo marco institucional que aproveche las enormes EXTERNALIDADES positivas que podría aportar la Fuerza Armada. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una suerte de Guardia Nacional donde concurran y se reagrupen algunas divisiones de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional preservando ambas algunos de los roles que la actual normativa les asigna?
La Fuerza Armada aportaría inicialmente una institucionalidad fuerte, estable y de alta credibilidad social mérito a que desde hace un buen tiempo viene trabajando en beneficio de sectores vulnerables de la población. Entre los intangibles por aportar estaría por igual su experticia en inteligencia y su fuerte atracción entre la sociedad civil de profesionales capacitados en antropología, sociología, ingeniería, medicina, comunicación, etc. bajo la oportuna y prestigiosa figura del profesional asimilado. Algo que, por supuesto vendría acompañado de una moderna infraestructura, laboratorios y tecnología que permitiría que, entre otras cosas, la “carga de la prueba” del Ministerio Publico se base cada vez menos en pruebas circunstanciales y cada vez más en evidencia material como corresponde hacerlo a un estado con propósito democrático.