Como sabemos, nuestro país ha cambiado en reiteradas ocasiones su constitución política, producto de golpes de estado. Las nuevas constituciones, siempre tenían como objetivo desaparecer al Senado y debilitar, al máximo, los sistemas de planificación para invertir en proyectos sin estudios y sin priorización de un organismo planificador ad hoc. De esa manera, se han realizado grandes inversiones en obras improductivas y que no estaban planificadas ni priorizadas.
Esto ha permitido que, el Ministerio de Economía, se transforme en un superministerio que concentra un enorme poder para decidir sobre la prioridad del gasto público. Sin embargo, casi nunca encontramos a los ministros de economía como investigados en los procesos judiciales referidos a la corrupción, pues, rápidamente, salen del país a cumplir funciones internacionales.
El proceso de elección del Senado, al ser similar al de la Presidencia de la República, es decir, por elección nacional, requiere no solo del liderazgo local, sino que necesita de candidatos con reconocimiento nacional o regional.
Cuando existe un Senado, determinados cargos de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales, así como los embajadores del servicio diplomático, los directores del BCRP, y otras instituciones claves para el ejercicio de la función pública, necesitan ser ratificados o nombradas por su pleno.
Con esta pequeña introducción, recuerdo que, entre los años 1989 y 1990, el pleno del Senado, formó una comisión investigadora del Dólar MUC. Aún no terminaba el gobierno de Alan García y el partido aprista tenía mayoría en el pleno del Senado, mayoría que se vio reflejada en la comisión que tuve el honor de presidir y en la que estuve acompañado de los senadores de ese entonces: Javier Diez Canseco y José Barba Caballero.
Esta comisión, aprobó acusar ante el Poder Judicial a cinco ministros del gobierno aprista, me refiero a los ministros de economía, educación, transporte, agricultura e industria. Pues se detectó que, un grupo de empresarios se vio beneficiado por un dólar a bajo costo, que les permitió importar insumos con un costo de materias primas y maquinaria bastante reducido. Sin embargo, esta reducción en los precios de producción, no se veía reflejada como un beneficio para los consumidores finales, en un contexto de libre mercado.
Esta acusación, que tenía un costo político y un costo empresarial, se aprobó sin resistencia, ni del presidente Alan García, ni de ninguno de mis colegas senadores de ese entonces. Recordaré algunos de ellos de diferentes bancadas: Polar Ugarteche, Osterling, Chirino Soto, Jorge Del Prado, Bernales, Sandro Mariátegui, Ulloa, Silva Ruete, Luis Alberto Sanchez, Ramiro Priale ,Valle Riestra, entre otros.El Sensdo hacía valer sus fueros.
Eco José Linares Gallo