Perú enfrenta una realidad desafiante: el trabajo informal, que, sin duda, trae pobreza, productividad limitada e ingresos bajos, producto básicamente de una educación deficiente y poca inversión privada y pública. La falta de empleos adecuados y productivos es una de las principales razones detrás de esta informalidad.
Nuestro país está lleno de jóvenes ansiosos por contribuir, pero la falta de oportunidades los empuja hacia la economía informal.
Las cifras hablan por sí mismas: según la Encuesta Nacional de Hogares de 2022, 13.4 millones de trabajadores tienen empleos informales, representando el 75.7% del empleo total en Perú. La informalidad afecta principalmente las zonas urbanas (73.6%), mientras que en áreas rurales llega al 26.4%. Los sectores agropecuarios y de servicios son los más afectados.
En Perú, más del 45% de los trabajadores informales son independientes, el 37% son asalariados (empleados u obreros) por empresas formales e informales, un poco más del 12% son trabajadores familiares no remunerados y el 3.1% son trabajadores del hogar. El 93.1% de los empleados informales, lo que representa 12 millones y medio de personas, laboran en empresas o negocios con un máximo de 20 trabajadores.
Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional hasta junio de 2023, el empleo informal afectaba a un alarmante 72.7% de la población económicamente activa, impactando especialmente a los jóvenes y, de manera desproporcionada, a las mujeres. Esta informalidad se concentra mayormente en pequeñas empresas con baja productividad laboral.
Perú enfrenta una dura realidad: el 80% de nuestros trabajadores tienen empleos informales, lo que los priva de prestaciones de seguridad social y merma la productividad y los ingresos fiscales del país. La OCDE, voz autorizada en desarrollo económico, recomienda una estrategia integral para fomentar la formalización en el Perú.
Esta estrategia debe abordar la raíz del problema, que comienza con la baja demanda laboral formal, aunada a los costos laborales no salariales, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Además, necesitamos normativas laborales flexibles para contratos indefinidos y, esencialmente, una reforma profunda en la seguridad social. La capacitación laboral y una aplicación estricta de la ley son cruciales, junto con mejoras en la administración tributaria. Lamentablemente, muchas de estas medidas generan resultados a largo plazo.
Hace poco el Ministerio de Economía aceptó que estamos en recesión, sin embargo, afirma que un crédito suplementario de S/ 5,447 millones (1,415 millones de dólares), aprobado por el Congreso, transformará nuestra situación, impulsando la inversión pública para lograr un crecimiento del 1.1% este año. Pero, ¿este optimismo es realista o es solo una ilusión que daña su credibilidad?
El Ministerio promete reducir la informalidad y mejorar la recaudación para el 2026, pero los expertos advierten que esto es solo el comienzo. Se necesita reformas profundas para enfrentar este problema arraigado.
La informalidad en Perú tiene raíces complejas y profundas que no se resuelven con reducir los costos laborales no salariales (vacaciones, CTS, gratificaciones, contribuciones a seguridad social, y otros), pues el Ministerio de Trabajo asegura que no son un problema que impida el acceso al mercado formal.
Queda claro que se necesita estabilidad política y la confianza del sector privado para invertir y generar empleo. Además, urge mejorar la educación y aumentar la competitividad. Sorprendentemente, existe un Plan de Competitividad aprobado hace 4 años, que depende de una instancia del Ministerio de Economía y Finanzas, que aún existe, pero que, salvo por algunos eventos, en la práctica no se ha implementado.
El Perú ha intentado combatir la informalidad laboral en el pasado. En los años 90, durante el gobierno de Fujimori, se simplificaron contratos laborales y se facilitó la formalización, pero la informalidad persistió. Luego, en la década de 2000, se redujeron costos y trámites para la formalización, pero nuevamente, no funcionó. Incluso las reducciones impositivas y burocráticas no marcaron una gran diferencia.
Si bien el aumento del PBI se relaciona con la disminución de la informalidad, hay muchos otros factores asociados a la calidad del crecimiento en la creación de empleo formal. Se requiere de una política de desarrollo productivo, que propicie, sobre todo, la inversión privada en la diversificación productiva, a fin de aumentar la cantidad de empresas con altos ingresos y que creen puestos laborales bien remunerados.
Una reforma laboral tiene que ver con una reforma del desarrollo productivo.
La CEPAL sugiere escalar las políticas de crecimiento productivo con iniciativas de Clúster (cadenas productivas) con cooperación entre el Estado, empresa y academia, para despegar sectores productivos, en lugar de políticas enfocadas en subsidios.
Por ECO. José Linares Gallo