El Foro del Acuerdo Nacional es un espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos, formado por el gobierno (nacional, regional y local), los partidos políticos representados en el Congreso de la República, y las organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional.

El 25 de marzo la PCM postergó la reunión del Foro del Acuerdo Nacional convocada por el presidente Pedro Castillo, la misma que carecía de una agenda concreta y se realizaba en el contexto de un proceso de vacancia presidencial. Haberla postergado resultaba lo más aconsejable, para que el inicio de la concertación no se diera en medio de la inestabilidad.

El resultado del proceso de vacancia, de 55 a favor y 54 en contra, se da en un contexto donde el 80% de la población quiere que todos se vayan.

Sin embargo, para el 40% de los parlamentarios, lo más importante era la vacancia a como dé lugar, aunque se sabía que las causales eran fáciles de revertir, como finalmente pasó. En la política peruana nos estamos acostumbrando a que “no importa quién tenga la razón, lo importante son los votos”; con ello se profundiza más el rechazo de nuestra sociedad a la política, que debería ser ciencia de resultados, lo que fortalecería la democracia, y la alejaría del mercantilismo político (constructoras nacionales vs constructoras chinas).

En el Perú, se suele decir que los problemas nunca se solucionan o se solucionan solos, muestra de ello es que siempre, al ingresar un nuevo gobierno, le espera un promedio de 200 conflictos sociales no solucionados, a pesar de que en la mayoría de ellos existen mesas de negociación. En el caso de los conflictos con las empresas mineras, estas se ven obligadas a suspender su producción justo en los mejores momentos, cuando los minerales tienen una alta demanda a precios significativamente altos; nos referimos a los conflictos en Las Bambas (Apurímac, Cusco), Cuajone y Southern (Moquegua), Aruntani (Puno), entre otros, que requieren inmediata solución.

La guerra entre Rusia y Ucrania, el deterioro de la situación socioeconómica proyectada para los próximos 12 meses en Perú (BCRP), sumado a la desconfianza política de la ciudadanía, ponen en riesgo de estanflación a la economía peruana (combinación de estancamiento del PBI, alta inflación y alto desempleo); lo que exige al gobierno asegurar niveles mínimos de eficacia en sus políticas para reducir la informalidad, la pobreza y pobreza extrema.

Resulta necesario concertar y generar acuerdos de gobernabilidad, continuando con la convocatoria a la reunión del Foro del Acuerdo Nacional, pero con una agenda definida, y con mecanismos de seguimiento de cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Es importante señalar que, recientemente, el presidente dijo creer en la Economía Social de Mercado, lo que termina con la discusión sobre cambiar la Constitución; la cual solo debería pasar por reformas puntuales que la hagan más inclusiva y efectiva social y económicamente.

La corrupción debe ser uno de los principales temas a tratar, pues todos, de una u otra forma, están involucrados por acción o por omisión. Para combatirla en todas las instancias, es necesario replantear estrategias concertadas. Así también, el combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, con o sin la participación de las fuerzas armadas, debería ser otro tema prioritario en la agenda, que permita llegar a acuerdos de ejecución inmediata.

También se requiere que en el Foro participen las empresas privadas y los trabajadores, como representantes de la sociedad civil. En tal sentido, la concertación en el Perú debe estar orientada a conseguir el respaldo necesario para implementar los planes que aseguren desarrollo.

Deberíamos reconocer que actualmente la vulnerabilidad del Perú tiene componentes internacionales que no se pueden controlar internamente, como son los incrementos del precio de los granos, fertilizantes y del petróleo, que impacta en los fletes, nacionales e internacionales, lo que, sumado a la especulación y la excesiva intermediación, terminan generando precios altos en diferentes productos de la canasta familiar, lo que viene provocando protestas a nivel nacional en diversos sectores, que deben ser solucionadas de inmediato para evitar mayor inestabilidad.

Por ECO. José Linares Gallo

El presidente Pedro Castillo anunció en su mensaje al Congreso de la República, la convocatoria al Acuerdo Nacional para superar la inestabilidad política y lograr consensos necesarios que permitan trabajar por los grandes objetivos nacionales.

El politólogo Martín Tanaka señala que el juego democrático es viable, en tanto se respeten las reglas. Y en contextos de divisiones profundas, desde el Gobierno no pueden plantearse transformaciones que la oposición considere inaceptables, y en tanto ello ocurra, la oposición debería respetar los mandatos surgidos de las urnas.

El telón de fondo de la inestabilidad está en la posibilidad de generar una Nueva Constitución, planteada en la campaña por el Gobierno, pero de la cual no se ha vuelto a hablar; más bien el Gobierno ha señalado que respeta la “economía social de mercado”. Esto debería dar pie a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, para lograr cambios parciales a la Constitución que mejoren el funcionamiento de la economía social de mercado en el Perú, y generen una agenda concertada para su implementación, que permita el ingreso a la OCDE.

Otra de las causas de la inestabilidad política ha surgido por la fiscalización del Congreso respecto a la designación de funcionarios públicos que no cumplen con el perfil mínimo en puestos de confianza en los diferentes ministerios y en importantes entidades públicas.

Cabe recordar que la Ley Marco del Empleo Público (Ley Nº 28175 de 2004), establece que el empleado de confianza desempeña un cargo técnico o político distinto al del funcionario público; se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente; y en ningún caso serán mayor al 5% de los servidores públicos en cada entidad; estos empleados públicos deberían renunciar al término de la gestión.

Sin embargo, a partir del 2013 rige la Ley del Servicio Civil (Ley 30057), que añade un máximo de 50 servidores de confianza por institución, y es administrado por Servir que, mediante normas de menor rango, ha estado delegando a entidades específicas (ministerios, contraloría y otras) excepciones a esta norma, lo que ha llevado a incrementos de hasta más del 20% del personal de confianza de distintas entidades.

A esto hay que añadir la falta de una concepción de carrera pública, que es reemplazada por el concepto de meritocracia y con dirección de gerentes públicos. Con ello, se afianzó la gestión pública de corto plazo basada en el cumplimiento de las metas del planeamiento estratégico institucional y sus sistemas, que son la base de la articulación que realiza el CEPLAN; un enfoque de corto plazo, con predominio del presupuesto, dejando de lado la planificación del desarrollo, que es satanizada como si fuera sinónimo de estatización.

Esta es la razón por la que hace falta un sistema de Planificación del Desarrollo capaz de articular el corto, mediano y largo plazo, con nuevas herramientas y ámbitos como el desarrollo territorial, y que genere las bases sólidas para una política general de gobierno confiable, que tenga continuidad a partir del consenso nacional.

Además, en el ejercicio de nuestra democracia existen falencias en el sistema electoral y constitucional, como la negación de la representación nacional a través del Senado, lo cual sigue siendo un tema de permanente debate desde el 2001. Por otro lado, el sistema también favorece la formación de un gobierno sin mayoría parlamentaria, debido a la elección del Congreso de la República en las primeras vueltas electorales. Por lo tanto, tenemos, en la práctica, un régimen presidencial parlamentarista, lo que causa los permanentes desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La elección de una cámara única ha generado congresos atomizados a la espera de los resultados de la segunda vuelta, sobre la base de que cualquiera que gane, muy probablemente no tendrá mayoría parlamentaria; esto se reduciría si la valla electoral no fuera menos del 10%. También es necesario fortalecer a los partidos políticos, no permitiendo la renuncia de los parlamentarios electos a sus bancadas para pasar a otras tiendas políticas.

Por ECO. José Linares Gallo

En septiembre de 2019, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE publicó el Estudio sobre el Sistema Nacional de Pensiones de Perú, donde expuso la evaluación del sistema de pensiones en su totalidad, analizó las disposiciones de pensiones públicas y privadas, financiadas por reparto (sistema público) y capitalizadas (solo el 30% de la PEA está afiliada a las AFP), y realizó recomendaciones de política estableciendo un marco sólido para que el sistema contributivo de pensiones cumpla sus objetivos, mejore la cobertura y el nivel de las pensiones.

La OCDE recomendó abordar la pobreza en la vejez estableciendo una pensión no contributiva que proteja a todos los peruanos, para lo cual, entre varias cosas, consideró ampliar la cobertura y sostuvo que sería aconsejable cambiar los beneficios de Pensión 65 (S/ 250 cada dos meses), de una tasa fija a un pago complementario, para que así se encuentre mejor integrado con la pensión mínima del sistema contributivo.

Sin embargo, aquí caben unas reflexiones: recientemente, una secretaria jubilada bajo el régimen de la ley 20530, con más de 30 años de servicio, se jubiló con una pensión de 220 soles. Por su lado, la ONP paga un monto máximo de pensión de jubilación de S/ 893, y un monto mínimo de pensión de S/ 500. Esta es la razón por la que muchos empleados públicos deciden no retirarse a los 30 años de servicio, entre ellos los docentes, lo cual genera una gran brecha generacional en la educación, que dificulta el ingreso de la educación peruana a la Era Digital.

La principal recomendación de la OCDE es conservar el sistema de pensiones público de reparto y el sistema de pensiones de capitalización de cuentas individuales y que se complementen entre sí. Para lo cual recomienda combinar un sistema público de reparto obligatorio con cuentas individuales de capitalización, para generar un sistema de pensiones más robusto, más resistente ante los muchos riesgos que pueden amenazar la sostenibilidad, y la suficiencia de las pensiones o ingresos de jubilación.

También recomiendan considerar reintroducir el requisito de que los trabajadores independientes contribuyan al sistema.

Se explica que resulta fundamental promover el conocimiento respecto del funcionamiento del sistema de pensiones. Más peruanos esperan recibir un ingreso del programa Pensión 65 al jubilarse que del sistema de contribuciones, demostrando así una significativa falta de comprensión de los beneficios que este sistema les puede brindar.

En los últimos meses se han presentado al Congreso de la República 8 propuestas de proyectos de ley que implican el retiro de fondos de las AFP; algunas plantean retiros diferenciados, otras hasta por S/18,400 (4 UIT) y algunas hasta el 100% para quienes hicieron retiros previos, entre ellas la propuesta del partido del Gobierno. Esto afectaría seriamente el Sistema de Protección Social del País, y pone en riesgo de pobreza extrema a la población jubilada (vejez en pobreza).

Al respecto Pablo Antolín, de la OCDE, el 10 de marzo pasado, opinó que solo en casos de “extrema necesidad” (enfermedad terminal, pérdida de empleo o ingresos a largo plazo, o pérdida de vivienda, entre otros) se podría garantizar el acceso total al fondo de pensiones como un último recurso. Además señala que la mejor forma de ayudar a los individuos que han perdido su trabajo y mejorar su poder adquisitivo es a través de los presupuestos del Estado, y no con los ahorros para sus pensiones.

Aprobar otro retiro más de fondos de las AFP para todos los afilados va en contra de las recomendaciones de la OCDE para los sistemas de pensiones basados en el ahorro Individual. Hay que recordar que el Gobierno ha reafirmado su Intención de lograr que Perú forme parte de la OCDE.

Finalmente, resulta fundamental promover el consenso socio político, para la reconstrucción del sistema de pensiones, enfocada en ampliar la cobertura, integrar todos los sistemas que hoy existen, y mejorar las pensiones, para asegurarle una senectud digna a todos los peruanos.

Por ECO. José Linares Gallo

José Linares Gallo expuso su experiencia como innovador en la docencia, alfabetizando digitalmente a estudiantes y profesores peruanos, en ambos idiomas, en los últimos 30 años.

Al inicio del evento Tecnotic 2022 (Tecnologías Innovadoras para la Educación), del Ministerio de Educación, el economista José Linares Gallo presentó su propuesta de ‘Alfabetización digital en quechua y español para el desarrollo del Perú’, en la que expuso su experiencia alfabetizando digitalmente a estudiantes peruanos, en español y quechua, a lo largo de los últimos 30 años.

Su primera experiencia en el sector público se inició en el año 1996, con el proyecto Infoescuela, a solo seis años del inicio de la era digital. El proyecto replicaba, en el Perú, la escuela del Futuro, del Instituto Tecnológico de Massachussets, de Boston, dirigida por Seymour Papert, creador del lenguaje de programación educativo LOGO y de la inteligencia artificial.

Esta experiencia, consistió en capacitación, supervisión y monitoreo a docentes de educación inicial, incorporando la robótica como medio de aprendizaje construccionista, a partir de la licitación 05-96-ED, de 13 colegios, 12 en zona urbana y uno en el Ande, en el colegio Mariscal Cáceres, de Ayacucho.

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El proyecto duró 4 años y llegó a 500 escuelas a nivel nacional de forma descentralizada, lo que implicó que se seleccione a una universidad o facultad de Educación en cada uno de los 24 departamentos para que se hiciera responsable del proyecto.

ROBÓTICA EDUCATIVA

Infoescuela se constituyó como la segunda experiencia de robótica educativa realizada en América, a través de la cual los niños accedían a la Era Digital que recién se iniciaba, con la articulación de internet y la computadora personal.

Linares viajó a Boston, al MIT, en 1997, invitado por Seymour Papert, quien consideró al proyecto excepcional pues mostró métodos educacionales evidentes y la evaluación de su impacto fue minuciosa y convincente, así lo expresa en una carta, del 13 de noviembre de 1998, dirigida a José Linares y al ministro de Educación de ese entonces.

Hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe de su Misión económica en Perú 2022, haciendo varias recomendaciones de política económica.

Según el FMI, la economía peruana se recupera con fuerza de la recesión, debido a la firme respuesta normativa de 2020. La vacunación permitió un levantamiento gradual de las restricciones de movilidad causadas por la covid-19. La fuerte demanda externa, los términos de intercambio favorables y la demanda interna reprimida durante más de 1 año contribuyeron a que el PIB real aumentara un 13.3% en 2021, superando su nivel prepandémico del 2019, pero la participación de la población activa y el empleo total no se han recuperado. La pobreza aumentó significativamente en 2020, del 10% al 20%, y la pobreza extrema se incrementó del 3% al 10%. Hoy, el Perú sigue con niveles de pobreza superiores a los de antes de la pandemia.

Se espera que el crecimiento se desacelere hasta el 3% en 2022 a medida que las condiciones externas se endurezcan y se retire el estímulo político. Los principales riesgos que se relacionan con la pandemia son: un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras globales, interrupciones prolongadas de la cadena de suministro global, tensiones geopolíticas y una abrupta desaceleración del crecimiento en China, el principal socio comercial de Perú. La persistencia de la incertidumbre política podría tener efectos adversos en la inversión privada y desencadenar una mayor volatilidad de los mercados financieros.

El FMI recomienda que, para abordar la Inflación y los Riesgos Externos, la política monetaria debe continuar respondiendo adecuadamente a las crecientes presiones inflacionistas, pero es necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación. Aunque las presiones inflacionistas son menos agudas que en otras partes de la región, la orientación monetaria sigue siendo ligeramente expansiva.

El Fondo Monetario también dice que será importante sostener el restablecimiento del Marco Presupuestario. Para el 2022, el déficit fiscal se situaría en torno al 2.7% del PIB, con un presupuesto prudente que prevé un aumento del gasto en sanidad, educación y protección social. La deuda pública es sostenible y Perú tiene cierto espacio fiscal. Sin embargo, es necesario tener planes de contingencia frente al panorama incierto, que no solamente es externo.

Para abordar las necesidades clave en materia de educación, salud y políticas sociales, incluidas las pensiones, en las que Perú presenta brechas significativas, se requerirá esfuerzos continuos para mejorar la recaudación de impuestos, así como ajustes en la política tributaria.

También nos dice que el sector financiero sigue siendo resistente, incluso en un escenario gravemente adverso. Las autoridades siguen avanzando en la mejora de la supervisión del sector financiero.

Se recomienda renovar el programa de reformas estructurales. La reforma integral de la administración pública es un componente esencial para mejorar la gobernanza y aumentar la eficacia de las instituciones de lucha contra la corrupción. El progreso continuo en la capacidad de ejecutar inversiones públicas será esencial para reducir la gran brecha de infraestructura, incluida la infraestructura digital, clave para la participación ciudadana. Al mismo tiempo, un entorno jurídico y reglamentario estable y previsible fomentaría la confianza y permitiría que prosperara la inversión privada.

Otro punto refiere a que deben intensificarse los esfuerzos para aumentar la productividad, reducir la informalidad y promover la inclusión social. Las políticas deben centrarse en reducir las rigideces y los elevados costos del empleo formal, mejorar el clima empresarial, mejorar la inclusión financiera y reducir la brecha de género. Es urgente una reforma de las pensiones, para reducir los riesgos de pobreza de las personas de edad avanzada.

Algunas de estas medidas de política están incluidas en la agenda de gobierno, y Perú tiene acceso a un acuerdo de Línea de Crédito Flexible con el FMI por un monto de US$ 11 mil millones, que se otorga a países con un historial de políticas prudentes y puede utilizarse como protección adicional. Según el informe, el Perú financieramente goza de buena salud.

Por ECO. José Linares Gallo

En febrero, el Gobierno reiteró que el inicio de las clases presenciales y semipresenciales se dará a más tardar el 28 de marzo, en el marco del sistema curricular vigente y la actualización de la Ley General de Educación.

Se indicó que se está enfrentando el problema de la falta de conectividad recurriendo a nuevos proveedores, sobre todo en las zonas rurales. También se dijo que, este año, se distribuirán 320,000 tabletas que beneficiarán a más de 16,000 colegios públicos en localidades de extrema pobreza; con lo cual se procura cerrar brechas tecnológicas entre la educación rural y urbana, utilizando herramientas e infraestructura tecnológica en el proceso de aprendizaje.

Se espera que todas las instituciones educativas del país inicien clases presenciales o semipresenciales, pero sólo el 11% de los niños de entre 5 y 11 años se encuentran con dos dosis de la vacuna y el 42% solo tiene una, a diferencia del inicio de clases en universidades e institutos, donde es obligatorio acreditar vacunación completa. Aunque la vacunación no es un prerrequisito para el inicio de las clases escolares, corresponde al Estado y a los medios de comunicación, informar a los padres de familia sobre los graves riesgos de contraer la covid-19 y sus variantes en caso de no vacunar a sus niños.

De las casi 55 mil escuelas a nivel nacional, 21,718 (aproximadamente 40%), principalmente en las zonas rurales, no cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura (poniendo en peligro a más de un millón de estudiantes frente a un sismo), y su rehabilitación demandará un presupuesto de 111,000 millones de soles (Minedu). Este problema, acumulado las últimas tres décadas, ha pasado desapercibido porque los colegios públicos no requieren de certificados de Defensa Civil, a diferencia de los colegios privados y de las demás actividades públicas y privadas.

El aforo en cada centro educativo, de acuerdo con las normas vigentes, requiere de un distanciamiento físico de un metro entre los estudiantes, lo que lo reduce en un 50% aproximadamente. Esta problemática se acrecienta debido a que una parte significativa de los colegios se encuentra en condiciones de riesgo estructural, sumado al traslado de estudiantes desde los colegios privados como consecuencia de la pandemia. Corresponde a los directores de las instituciones educativas, determinar, de acuerdo con su realidad, el tipo de servicio educativo a brindar (presencialidad, semipresencialidad, o a distancia).

Para el caso de la educación semipresencial sería recomendable generar dos grupos en cada aula, que asistan dos días por semana, distribuyendo sus horas de clase presencial en 4 horas de matemática, 3 horas de comunicación, 4 horas de ciencia y tecnología, y 3 horas de educación física (para reforzar su salud física y socioemocional). Los tres días restantes serían a distancia, para el desarrollo de las demás áreas curriculares.

El sector educativo necesita formar a las nuevas generaciones, nativos digitales, con acceso a aulas inteligentes, tareas inteligentes, preguntas y respuestas en línea, enseñanza en línea, y con un mejor acceso a la información. Por ejemplo, la educación a distancia debe disponer de aulas virtuales interactivas, con animaciones lúdicas, videos profesionales, softwares de construcción digital y programación, y autoevaluaciones que permitan a los estudiantes aprender de forma autónoma.

Recordemos que de acuerdo con la prueba PISA, China es hoy la primera educación del mundo. Y está programando un proceso de digitalización de la educación a través de distintas plataformas en la nube de su red nacional de escuelas de educación básica. La educación actual requiere de herramientas informáticas con contenidos digitales, tanto en la presencialidad como en la educación a distancia.

Nos queda un gran reto. Invertir 111 mil millones de soles en nueva infraestructura para brindar educación presencial, no asegura educación de calidad. Hasta el 2019, de acuerdo con PISA, lamentablemente no hemos alcanzado buenos resultados. Por otro lado, invertir en un proceso de digitalización de la educación, asegura a nuestros niños, nativos digitales, desarrollar todas las competencias necesarias para enfrentar al mundo, cada vez más digital, que les toca vivir.

Por ECO. José Linares Gallo

El agua potable y el desagüe son necesidades básicas de la población, que deben ser atendidas y reguladas por el Estado. Desde el 2016 la OCDE ha efectuado recomendaciones para mejorar la administración de la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento (Sunass), que regula el abastecimiento de los servicios de agua potable gestionados de forma segura (por entidades públicas, privadas o mixtas), a los que solo tiene acceso el 51% de la población (OCDE).

Sin embargo, el deficiente desempeño de la gestión del agua y el saneamiento a nivel nacional se ha traducido en una acumulación de reclamos ante el Sunass, al cual llegan los usuarios luego de haber agotado todas instancias previas con las empresas, lo que nos hace suponer que la cantidad de reclamos iniciales es muy superior a los que llegan al ente regulador.

Según la Sunass, a nivel nacional, los usuarios presentaron un aproximado de medio millón de reclamos durante todo el 2021. Tras analizar el cuatro trimestre, con 123,647 reclamos, encontramos que la mayoría fueron por consumo elevado, fraccionamiento de recibos, falta de agua en la zona y aniegos por rotura de tuberías de desagüe. Resulta preocupante que, durante el 2021, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios solo resolviera el 6% del total: 27,496 apelaciones.

En la última década, Perú priorizó la seguridad del agua en su agenda política, pero los problemas de gestión pública y privada pusieron en peligro la continuidad y la ejecución de las políticas.

El 2016 se promulgó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que amplió el ámbito de competencia de la Sunass, la cual se dedicaba, desde 1992, a fiscalizar, fijar tarifas, emitir reglamentos, aplicar sanciones a operadores y resolver conflictos y reclamaciones de solo las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que operan en las zonas urbanas más grandes del país, permitiéndole, además, fiscalizar a 450 operadores en ciudades pequeñas y más de 25,000 prestadores de servicios en zonas rurales, con el fin de garantizar su calidad y sostenibilidad.

Además, la Ley Marco del 2016 y su texto único ordenado, establecen que la Sunass está a cargo de poner en marcha un nuevo modelo de regulación tarifaria para las EPS, que toma en cuenta las diferencias entre los proveedores, su capacidad para afrontar las obligaciones y mejorar la calidad, para finalmente definir la tarifa que corresponda.

En el año 2017, se aprobó la Política y el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, para lograr el acceso universal y sostenible al saneamiento en 2021 en las zonas urbanas y, en 2030, en las zonas rurales. No se han logrado los objetivos planteados, en parte debido al inestable contexto político y los efectos negativos de la pandemia en la provisión de servicios.

En Perú, el acceso al agua potable llega al 93% de la población, y al 79% el saneamiento; pero el acceso a servicios gestionados de forma segura es inferior: 51% en agua potable y 53% en saneamiento (OCDE). Estas cifras ocultan una clara brecha entre las zonas rurales y las urbanas, lo que implica la existencia de un gran sector informal —incluidos muchos prestadores de servicios sin registro ni licencia—, lo que limita el alcance de la regulación, que se agrava al sumarse los intentos de interferencia política en la fijación de tarifas a nivel local.

La OCDE señala que, en general, se observa un desajuste entre el complejo marco jurídico del sector del agua y saneamiento, la capacidad de las instituciones peruanas para ponerlo en práctica, y existen dificultades de coordinación, debido, principalmente, a la elevada rotación, por razones políticas, de personal prevaleciente en las instituciones.

Valdría la pena recordar que Perú es el octavo país más rico del mundo en agua dulce, y el tercero en América Latina, después de Brasil y Colombia, por lo que resulta paradójico que no seamos capaces de regular, eficientemente y con calidad, este recurso tan valorado, social y económicamente, en el mundo.

Por ECO. José Linares Gallo

La Ley N° 13248, “Ley de Censos”, dispone que, a partir de 1960, en todo el territorio de la República y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada 10 años los censos de población y de vivienda; y cada 5 años los censos económicos. Es decir, deberíamos disponer de 12 censos económicos a la fecha, sin embargo, solo se han realizado 4: el primero en 1964, el segundo en 1974, el tercero en 1994 y el último en el 2008, por lo que hoy solo disponemos de estadísticas económicas desfasadas en 14 años; viviendo en un mundo digital, donde el cambio es permanente. (Fuente INEI)

Este vacío de información estadística básica, particularmente en los últimos 20 años, de gran crecimiento económico sin desarrollo, impidió conocer a tiempo el fracaso de algunas políticas públicas que se venían empleando, de cuya calidad y eficiencia dependían, en gran medida, el desempeño y el desarrollo del país; algo que es indispensable para la consolidación de la democracia, a través de un adecuado sistema de monitoreo y evaluación del desempeño y los resultados de la gestión pública.

Un Sistema Estadístico Nacional, liderado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con una actualizada infraestructura estadística (censos de población y económicos, encuestas de hogares, cuentas nacionales y otros), es muy importante para la identificación, solución y evaluación de los principales problemas nacionales, siempre que se realicen oportunamente.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó la revisión de las Estadísticas Oficiales y del Sistema Estadístico del Perú, en el marco del Acuerdo País Perú-OCDE (2015-2016), tras lo cual, en su Informe Final, señaló que se necesitan implementar mejoras en la producción de estadísticas, modernizar el sistema estadístico, y considera que las Cuentas Nacionales requieren una actualización y el cambio del año base; por lo que se requiere de un nuevo Censo Económico, así como encuestas específicas adicionales, para medir con mayor precisión los cambios acontecidos en la economía nacional.

En el proceso de actualización de la infraestructura estadística, la inestabilidad política del país, y la pandemia jugaron en contra; ya que si bien en febrero de 2020, con Decreto Supremo Nº 018-2020-PCM, se declaró de interés nacional el levantamiento del V Censo Nacional Económico en el año 2020, este no pudo implementarse por problemas presupuestales y, luego, por el confinamiento y cierre de las actividades económicas. Se reprogramó su ejecución para este 2022.

Desde el último Censo Económico Nacional, la estructura productiva del país ha cambiado sustancialmente, con una dinámica económica creciente, que atendió un mercado interno en expansión y un mercado externo más abierto, que se reflejó en la expansión de las exportaciones no tradicionales, principalmente agrícolas; con mejoramiento de las cadenas logísticas tanto para el mercado interno como el externo, que se apoyó en una nueva infraestructura económica y financiera, que conllevó a la expansión y diversificación del sector servicios y del consumo interno. Ha sido fundamental la incorporación de las tecnologías en información y comunicaciones (TIC’s) en el proceso productivo y nuevos modelos de gestión de negocios, que han impactado en el tejido empresarial y en la estructura económica del país.

El INEI ha informado que el nuevo Censo Económico, a realizarse entre abril y noviembre, permitirá disponer de un directorio de empresas y establecimientos georreferenciados, base de datos de establecimientos censados, un Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE), un Sistema de Indicadores económicos y financieros empresariales, mapas temáticos con indicadores económicos, planos temáticos con representación por segmentos empresariales, entre otros.

Sin embargo, aún queda un gran camino por recorrer para poder garantizar un instituto de estadísticas a la altura de los que disponen los países de la OCDE, el cual permita conocer, oportunamente y al detalle, la economía formal e informal en Perú. Para el actual gobierno, el Censo Económico de este año debe ser una de las grandes prioridades nacionales. Un país sin planificación y sin estadística actualizadas no tiene forma de alcanzar el desarrollo, aun con crecimiento económico.

Por ECO. José Linares Gallo

Mientras se elija al Parlamento en primera vuelta, donde se prevé, con los actuales requerimientos, que 15 o más partidos participen, muchos reciclados y sin planes de gobierno, y en la segunda vuelta se elija de entre los dos primeros al que gobernará, el cual muy difícilmente contará con mayoría parlamentaria, el escenario político será de conflicto permanente por el poder.

Hoy tenemos un gobierno sin mayoría parlamentaria, y han transcurrido seis meses de permanente cuestionamiento, básicamente, a las designaciones presidenciales de altos funcionarios.

En este contexto, el actual presidente, el 27 de enero, aceptó iniciar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); creada en 1961, en el marco de la implementación de la reconstrucción de Europa después de la guerra, y que aglutina, al 2022, a 38 países de todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa, Oceanía y Asia-Pacífico, todos países democráticos, con desarrollo sostenido y de los más exitosos en economía y desarrollo social.

La OCDE es un organismo internacional que asiste técnicamente a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad de una economía globalizada; por lo que lograr convertirse en miembro, en los próximos cuatro años, implica que el Perú cumpla con un proceso riguroso que asegure políticas públicas exitosas, que hoy, más que nunca, requiere el país.

Al respecto, el Presidente, al firmar la aceptación del proceso de adhesión, dijo que el Gobierno afrontará el reto con profundo compromiso y convocó a la sociedad civil, a los sindicatos, a las universidades y empresas para que contribuyan con este objetivo.

La OCDE, que tiene países miembros y países socios, ayuda al desarrollo de estos países. A los de ingreso medio, como Perú, los apoya con recomendaciones y evaluaciones constantes de políticas públicas, que pueden servir para definir su propia gestión.

Perú es actualmente socio de la OCDE, y ha desarrollado activamente su relación desde el 2008 cuando se adhirió a la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. En 2009, el Perú se convirtió en miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE y sucesivamente ingresó a otros comités. El 2014 se firmó un Acuerdo País entre el Perú y la OCDE, para lo cual el Perú tuvo que adaptarse normativamente, y contó con participación del Congreso de la República.
En 2011, el Perú expresó por primera vez su interés formal en ser miembro de la Organización y lo hizo por segunda vez el 2017.

Por ello, en noviembre de 2019 la OCDE designó al Perú, a través del Indecopi, como sede del Centro Regional para la Competencia en América Latina, marcando un hito en el fortalecimiento de la cultura de competencia para el Perú y toda la región en su conjunto, para ofrecer capacitación a los funcionarios de la Región latinoamericana.

Los valores compartidos por los miembros de la OCDE incluyen la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y el valor de las economías de mercado abiertas, comerciales, competitivas, sostenibles y transparentes.

La aceptación de la invitación a la adhesión a la OCDE como miembro, para el Perú, significa que el país iniciará un exigente proceso, con el compromiso de una serie de estudios y supervisiones de una hoja de ruta trazada por la OCDE, con la finalidad de establecer si cumple o no las condiciones básicas para pertenecer a la organización.

Le toca ahora al gobierno implementar la hoja de ruta de la OCDE y al actual congreso comprometerse en su seguimiento.

Esto garantizará la estabilidad económica y financiera, y de gobernanza democrática, así como servicios públicos de mejor calidad, una política regulatoria estándar internacional, y otros temas; que deben permitir superar la crisis de gobernabilidad y generar políticas públicas que aseguren el desarrollo del país. De esta manera se podría superar las permanentes confrontaciones entre la extrema derecha y la extrema izquierda que desestabilizan al país.

Por ECO. José Linares Gallo

La variante ómicron se expandió rápidamente por el mundo desde mediados de diciembre, provocando números récord de contagios, aunque es menos letal que la cepa original y su variante delta; sin embargo, su rápida propagación, ha llevado a muchos países a restaurar medidas sanitarias restrictivas, que pueden afectar el crecimiento económico.

La magnitud del daño económico de la nueva variante es todavía incierta, pero el crecimiento se puede resentir debido a las restricciones sanitarias y por el contagio masivo del personal de las empresas; esto agudiza la sobrecarga de las cadenas de suministro, lo que provoca la escasez de materiales y materias primas, reduce el comercio mundial y, si la demanda de productos se incrementa, se acelera la inflación.

En este marco, recientemente el Banco Mundial ha revisado sus previsiones de crecimiento económico, y prevé que el PBI global sólo crecería en 4.1% en 2022, luego de haber crecido en 5.5% en 2021, y considera que las perturbaciones económicas provocadas por ómicron podrían reducir aún más el crecimiento global en el primer semestre. Asimismo, el volumen del comercio mundial sólo crecería en 5.8%, después de haberse expandido en 9.5% en el 2021.

El crecimiento de Estados Unidos sólo sería de 3.7% para el 2022, después del 5.6% del 2021. El Plan de gasto en infraestructura de 1.2 billones de dólares a 10 años, que fue aprobado en noviembre de 2021, recién tendrá un impacto significativo a partir de 2023.

La economía china prevé crecer en 5.1% en el 2022, inferior al 8.0% del 2021, por el deterioro del sector inmobiliario (alto endeudamiento y alto costo de viviendas) y del gasto de los consumidores. China viene aplicando medidas de cierre de fronteras y de confinamientos parciales.

Se estima que, en los próximos dos meses, más del 50% de la población europea se va a contagiar de esta variante; existiendo la amenaza de desbordar los servicios sanitarios.

La recuperación económica mundial se encuentra limitada por las restricciones al comercio mundial ante la sobrecarga de las cadenas de suministro, sumado a la concentración del transporte marítimo mundial en solo 10 empresas. Hace 5 años los precios de los fletes estaban por los suelos, debido al incremento de la oferta de carga. Hoy, llevar un contenedor de Shanghai a Europa cuesta entre 10,000 y 15,000 dólares, cuando en 2016 eso costaba 1000 dólares.

La crisis del transporte aéreo de pasajeros llevó a las aerolíneas a incrementar significativamente sus servicios de carga, y se han convertido en una alternativa al transporte de carga marítimo. Sin embargo, con la nueva variante y los contagios masivos del personal de la Industria del transporte, en todo el mundo, ha habido cerca de 50,000 cancelaciones de vuelos comerciales en los últimos quince días.

En el Perú se prevé que la cantidad de contagiados de covid-19 se triplique cada dos días, habiendo llegado a más de 12 mil casos por día la última semana. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) señala que, si la variante ómicron se vuelve la predominante en el país, llevaría a alrededor del 2% de los contagiados a requerir atención del sistema de salud; si el contagio se generaliza, podría colapsar el sistema.

Perú, a diferencia de otras economías emergentes, tiene un alto nivel de vacunación de su población, más del 80%, y se espera que no requiera de medidas de cierre de la economía como en la primera ola de la pandemia, que le generó uno de los mayores impactos económicos y de fallecidos en el mundo. Sin embargo, el cierre de las playas (principal lugar de esparcimiento seguro de todos los peruanos), es una muestra de la falta de sistemas de control de parte del Estado para enfrentar la emergencia sanitaria; se continúa recurriendo, casi siempre, a confinamientos o cierres sin tener en cuenta el costo económico. Resulta urgente generar estrategias que permitan dinamizar la recuperación de la economía y que no limiten la interacción social de la población.

Por ECO. José Linares Gallo