Una de las fortalezas macroeconómicas del Perú es su manejo responsable de las finanzas públicas, lo que llevó a que el déficit fiscal en el 2022 solo sea de 1.6% del PBI, debido al crecimiento de los ingresos del gobierno general en 12.7%, gracias a la recuperación económica y los mayores precios de los metales.
Para el 2023 se prevé que no supere el 2.4% del PBI; sin embargo, los problemas en la expansión del PBI, en particular, la convulsión social del primer mes del año podría reducir la captación tributaria y poner en riesgo la meta de déficit fiscal prevista.

Un aspecto positivo en la recaudación viene por el contexto internacional favorable, donde el precio del cobre, superior a US$ 4.2 /lb, se ubica por encima de lo estimado en el Marco Macroeconómico Multianual, y la entrada a producción de Quellaveco sería un impulso adicional a la recaudación.

Si continúa la conflictividad social, aumentaría el riesgo de la estabilidad de las finanzas públicas, si se considera que cada punto de menor crecimiento del PBI resta 0.2% del total de la recaudación. El MEF ha señalado que el impacto de la crisis social provocará que el PBI en el primer trimestre de 2023 sólo crezca 2% y no el 3% previsto.

Además, las pérdidas por las protestas se calculan en 2,150 millones de soles y presionarán la inflación de enero hacia un alza de 8.9%. Por otro lado, en enero el sol se ha depreciado alrededor de 0.8% frente al dólar, debido principalmente a la incertidumbre local por las protestas, lo que generó mayor aversión al riesgo.

Independientemente del cierre de carreteras, las protestas en diciembre y enero han generado pérdidas cercanas al 1% del PBI. Y la tendencia del PBI mensual ha sido decreciente desde agosto del año pasado. Por lo que se tendrá que revisar la proyección oficial en vista de que el impacto de la protesta no estaba previsto, pero que, felizmente, tiende a terminar.

Hay dos riesgos para la economía peruana: primero la incertidumbre, que genera menos inversión, lo que termina incrementando el déficit fiscal, por lo que es altamente probable que se deba superar las metas presupuestales para cubrir las necesidades de la demanda social.

Considerando que hasta ahora persiste la alerta de pandemia, que aún no llega acá, y que ya existen efectos económicos y sociales de la convulsión social, es probable que el Estado destine mayor gasto en protección social: bonos, subsidios y asistencia de salud, lo que generará un crecimiento promedio menor del planteado por el gobierno (2.6%) y el Banco Mundial (1.6%).

El segundo riesgo es que nuestra situación de inflación, a pesar de que enero va a ser un pico pequeño, probablemente será alto el resto del año, por lo que seguiría aumentándose la tasa de interés desde el BCRP; algo que se verá en el programa monetario de febrero, lo que genera riesgo de recesión, a pesar de que las causas de la inflación continuarán siendo mayoritariamente externas.

El problema es que la demanda mundial no se está reactivando uniformemente, aunque se están resolviendo algunos problemas desde las cadenas de suministros. El problema para Perú es que la demanda China, a pesar de que crece, será menor que en años anteriores, lo que necesariamente impactará sobre la demanda y la recaudación de tributos del país.

Respecto al crecimiento mundial, el FMI ha hecho su primera revisión de enero, y sus proyecciones bajan de 3.4% en el 2022 a 2.9% en el 2023. Las economías avanzadas pasan de 2.7% a 2.2%, EE.UU. pasa de 2.0% a 1.4% y la Zona Euro de 3.5% a 0.7%; y las economías emergentes de 3.9% a 4.0%, estas incluyen a China, que pasa de 3.0% a 2.2%, e India, que pasa de 6.8% a 6.1%.

Además, EE.UU. está iniciando el año con una inflación cercana al 9% y con una devaluación cercana al 1% en enero. Han logrado bajar un poco la inflación, pero parece que van a seguir incrementando la tasa de interés, básicamente porque ha habido un pico de inflación.

La característica que resalta en la revisión del FMI de las últimas tendencias es que la inflación en el mundo bajará un poco, y que los bancos centrales seguirán subiendo las tasas de interés, con menos frecuencia que el 2022, pero igual continuarán al alza.

Por ECO. José Linares Gallo

Atender la problemática social y económica del andino, agudizada ancestralmente, pasa por mejorar, significativamente, la comunicación de sus habitantes, mayoritariamente quechuahablantes, quienes no cuentan con palabras de tecnología de las Eras Industrial, Analógica y Digital en su lengua nativa, limitando su productividad.

La provisión de servicios públicos, en particular educación, salud, economía familiar, infraestructura y seguridad, deberían ser el foco central de la acción estatal: nacional y regional. Sin embargo, esto no ha sido priorizado en las regiones del Sur del país, principalmente donde hay reacciones violentas, en el contexto actual de protestas (Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac).

En las zonas andinas, hay un problema cultural (quechua, aimara), que se expresa en la falta de una comunicación gubernamental efectiva, y de inclusión integral, por ello es necesario respetar el derecho del niño a educarse en su lengua nativa.

La reivindicación del sur andino debe iniciarse lingüísticamente, modernizando la lengua quechua al incorporar palabras de tecnología, economía, emprendimiento y Estado que permitan incrementar significativamente el aprendizaje del niño quechuahablante en la escuela primaria, secundaria y no escolarizada (aproximadamente 1 millón 300 mil), así como la productividad en la población económicamente activa (PEA) quechuahablante, que va de los 14 a los 64 años (aproximadamente 3 millones), quienes necesitan trabajar en quechua y español, utilizando tecnologías de la época en que les toca vivir.

Sin embargo, su acceso al ciberespacio está limitado por falta de palabras tecnológicas en su lengua nativa; las lenguas que no han ingresado a la Era Digital vienen desapareciendo; en el caso del quechua, ha disminuido del 30% al 13% en las últimas tres décadas (INEI).

La Alfabetización Digital (en español y quechua) plantea una nueva forma de aprender en la escuela, sin diferencias entre lo urbano y lo rural, donde la pedagogía activa, creativa y centrada en el estudiante, fomenta el trabajo autónomo; dejando atrás la educación tradicional donde el estudiante ve, oye y transcribe lo que dice el profesor, por la construcción de su propio conocimiento a través de la exploración, investigación y solución de problemas en aulas presenciales y a distancia (donde se comparten contenidos de alta calidad y recursos tecnológicos-didácticos).

Existen ya experiencias, en las últimas dos décadas, en las aulas quechuahablantes escolares y de educación técnica-superior, que han permitido la creación de palabras tecnológicas, económicas, de emprendimiento y Estado en quechua, previamente inexistentes, y que han sido validadas en comunidades andinas. Lo mismo es necesario hacer con la lengua aimara, por ser la segunda lengua más hablada del país.

Este planteamiento puede potenciarse con la opinión de algunos especialistas como la del almirante Jorge Moscoso, exministro de Defensa, que, frente a la crisis de gobernanza pública en algunas regiones andinas, recomienda que el Gobierno debe mejorar su comunicación con los ciudadanos y retomar la iniciativa estratégica para que su presencia en este territorio sea eficiente e incluyente con la población; lo cual considero que debería darse en español, quechua y aimara.

En esa perspectiva se plantea una Estrategia de Control y Gestión Territorial, donde el control territorial (Activos Críticos) esté a cargo del Ejército por su alto poder disuasivo y pacificador, y que, a su vez, la Gestión Territorial se articule con un Plan de Acción (metas a plazos) para los servicios de Educación, Salud y Economía Familiar, y que sean articulados por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), desde la PCM; requiriéndose, a mi juicio, asesoría internacional (OCDE, Naciones Unidas u otras).

Un reciente comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior anunció que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia, considerando que a la fecha hay 11 fallecidos a causa de los bloqueos que no han permitido el desplazamiento de las emergencias en cada caso.

Además, el bloqueo de carreteras ha ocasionado escasez y sobrealza en los precios de alimentos de primera necesidad, gas doméstico y combustible, e incluso en algunas regiones está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a los peruanos más pobres.

En este contexto, es necesario que, a través de los medios de comunicación, se haga conocer a la población los efectos nocivos del cierre de carreteras, y que la intervención se haga previo un proceso de diálogo con quienes se manifiestan para evitar más pérdidas humanas.

Por ECO. José Linares Gallo

El gran avance en transformación digital no ha sido acompañado de una mejora proporcional en la calidad de la seguridad de los dispositivos y servicios y, a diario, vemos reclamos, en especial de clientes de bancos, que, a pesar de lo evidente, requieren tiempo para ser solucionados.

Diversas reflexiones de la OCDE sobre el tema señalan, que, si bien se han hecho algunos progresos para normalizar las buenas prácticas (por ejemplo, la gestión coordinada de vulnerabilidades, o los requisitos de seguridad de la Internet de las cosas), las organizaciones no aplican estos requisitos básicos a todos los niveles. Sin embargo, en los niveles educativos digitales, que ahora utilizan inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) a través del uso de materiales didácticos-tecnológicos, sí se aplican, pues logran articular aprendizajes sin problemas.

Los responsables de la formulación de políticas de todo el mundo tienen ahora la oportunidad de abordar estos desafíos —a menudo internacionales— centrándose en los resultados deseados para el usuario final y basándose en las Regulaciones Técnicas Globales y en las mejores prácticas de la industria tecnológica para reforzar la interoperabilidad.

La Internet de las cosas —el conjunto de dispositivos y objetos conectados a Internet— encarna un desafío más amplio en materia de seguridad digital. La IoT de los consumidores, también conocida como productos «inteligentes» o «conectados», amplía la superficie de ataque más allá de las tecnologías tradicionales de la información y las comunicaciones (TIC) utilizadas por los consumidores, las empresas y los gobiernos.

Un número relativamente pequeño de actores malintencionados ha sido capaz de capitalizar la transformación digital adoptando modelos de negocio de ciberdelincuencia que pretenden evadir el cumplimiento del Derecho tradicional. El ransomware (secuestro de datos) se ha convertido en una amenaza común que afecta a todo tipo de empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño y ubicación. En Estados Unidos, en 2021, los operadores de infraestructuras críticas presentaron 649 denuncias ante el FBI.

Del mismo modo, los sistemas de información presentan vulnerabilidades relacionadas con la forma en que el software se diseña, desarrolla, implementa y actualiza. Los actores maliciosos desarrollan, comercian y utilizan herramientas como los malware o programas maliciosos para explotar estas vulnerabilidades mediante ataques que perjudican a las empresas, los gobiernos y las personas, amenazan las actividades esenciales y socavan la confianza en la transformación digital. Se debe considerar que los ataques en línea aumentan las tensiones entre las naciones, ya que los gobiernos y la infraestructura crítica son cada vez más los objetivos.

Los costos de un ecosistema digital inseguro pueden ser enormes. Las estimaciones sobre el costo potencial mundial de los ciberataques se han elevado a US$ 6 billones al año (lo que equivale al PIB combinado de Francia y Alemania) y aumentan cada año (OCDE, 2021), y se estima que podrían llegar a US$ 10.5 billones anuales para 2025 (Foro Económico Mundial Davos 2023).

Los atacantes buscan víctimas digitalmente dependientes. Según el CyberPeace Institute (institución internacional independiente, ubicada en Suiza, que resguarda la seguridad, la dignidad y la equidad en el ciberespacio), en 2021 se produjeron 253 incidentes de este tipo que afectaron al sector sanitario de 32 países. Estos problemas se ven agravados por la escasez de expertos en seguridad, los malos hábitos de notificación y la falta de acuerdos globales sobre cómo regular las amenazas cibernéticas.

Lo ideal sería que las fuerzas del mercado garantizaran que los productos —incluido el código (por ejemplo, el software, los dispositivos IoT, etc.)— y los servicios relacionados (como la nube) fueran suficientemente seguros, y que los desarrolladores reforzaran la seguridad en proporción al riesgo al que se enfrentan los usuarios y lo hicieran a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía existen pocas normas, estándares y reglas globales claras para mitigar y prevenir el delito cibernético. Mientras tanto, los proveedores de servicios gestionados y en la nube ofrecen servicios transfronterizos, que pueden ser susceptibles de ser atacados por agentes maliciosos desde cualquier lugar. Necesitamos con urgencia reglas internacionales que se hagan cumplir, así como un enfoque más expansivo que fomente la resiliencia cibernética; tema que se ha tratado en el último foro económico mundial en Davos.

Por ECO. José Linares Gallo