La industrialización es un fenómeno de carácter económico basado en la producción de bienes a gran escala, y se asocia en cierta medida con el acceso a un trabajo decente.

En el Perú, se han dado políticas industriales fallidas; recién en 1974 se dio una Ley General de Industrias (Gobierno Militar), y desde 1982 se comenzó a flexibilizar la regulación de dicha Ley General, a través de la apertura de nuestra economía a la competencia externa. En el período 1982-85 (Belaunde) la industria entró en crisis productiva, y en recesión en el primer gobierno de García.

Luego, en el período 90-2000 (gobierno de Fujimori), entró en un proceso de desindustrialización, a través de la apertura al comercio exterior y la desregulación de los mercados internos, con la consecuente pérdida de competitividad del sector industrial. Se buscó la promoción de la inversión privada fundamentalmente en sectores con ventajas comparativas (minería, agricultura, turismo, y servicios como agua, electricidad y comunicaciones).

Sin embargo, el Perú muestra un déficit crítico en servicios de calidad como educación, salud y en el desarrollo de capacidades de innovación y progreso tecnológico; y un empleo informal cercano al 80%.

La explicación deviene de que con la globalización, las políticas de promoción industrial fueron dejadas de lado y sustituidas por una visión de la economía que deje de lado el papel promotor del Estado, y se sustituye por las fuerzas del mercado.

Actualmente, la industria peruana se encuentra altamente concentrada en productos de bajo valor agregado y se caracteriza por una gran presencia de micro y pequeñas empresas informales con baja productividad. Asimismo, escasos mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público y privado.

En este contexto, entre las propuestas para la reactivación económica del país, en septiembre de 2023, se presentó en el Congreso de la República, un proyecto para una Nueva Ley de Industrias (Nª5892/2023-CR), contando con la colaboración de la Sociedad Nacional de Industrias, donde se priorizan los sectores de alta competitividad, con abundantes materias primas y mercados internacionales en expansión, así como la generación de espacios regionales productivos que dejen atrás el centralismo.

Básicamente incluye un paquete tributario que afecta directamente al Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), para la creación de nuevos incentivos tributarios para 8 sectores estratégicos identificados con un gran potencial de crecimiento, los que aún no han sido validados: agroindustria y biotecnología; forestal; textil y confecciones; industria naval; energías renovables, eficiencia energética y electro movilidad; proveedores a la minería; TIC y contenidos digitales; y, considero que la pesca y la acuicultura, en la medida en que la prioridad sea el consumo humano.

El proyecto propone: el fomento a la inversión de utilidades aplicado como reducción del impuesto a la renta; un Régimen especial de depreciación de maquinaria y equipo; el fomento de las inversiones mediante los polos de desarrollo productivo en zonas altoandinas y amazónicas; entre otros.

Los incentivos tributarios propuestos pueden generar importantes distorsiones en la economía y generarían un importante costo fiscal. El actual escenario fiscal indica que no es un buen momento para implementar mayores incentivos tributarios. Los ingresos tributarios vienen cayendo por la recesión y en términos reales han caído 12%.

En el marco del proyecto, se estima que las exoneraciones representan 2 puntos del PBI, unos S/ 20,000 millones, pero en el contexto de baja recaudación se requiere de mayor análisis sobre su impacto fiscal, distinto sería si respondiera a una política agresiva de sustitución de alimentos, que sigue siendo la principal causa de inflación, si se tratara de sustituir el trigo que importamos en 80% para utilizar nuestros tubérculos y cereales andinos, con mayor nivel de proteínas, para lo cual se requiere tecnificar el agro andino.

Aunque es necesario aprovechar las potencialidades del país para reactivar la economía, es poco probable que la implementación de nuevos incentivos tributarios permita un desarrollo de largo plazo de la industria.

El proyecto de la Nueva Ley de Industrias es incompleto (falta lo laboral) e insuficiente (falta el aspecto institucional), y debería superar el sesgo tradicional de sus subsidios y exoneraciones tributarias, e incorporar una reforma básica que mejore la productividad, la competitividad y la infraestructura necesarias para orientarse al mercado interno y externo, que implican el involucramiento del Poder Ejecutivo en el desarrollo industrial, nuevas industrias integradas en cadenas productivas, orientadas a las exportaciones y consumo interno y externo.

Por ECO. José Linares Gallo

El Perú actualmente se encuentra en una crisis. La inseguridad se ha desbordado y la recesión, hace poco anunciada por el ministro de economía, sumado al fenómeno El Niño Global que está cerca de golpearnos, los estragos que viene generando la guerra en Europa y las tensiones crecientes en Medio Oriente, perfilan un escenario complicado para el próximo año, el cual solo podremos afrontar con un adecuado acuerdo nacional con instancias sectoriales donde las voces involucradas sean escuchadas, que permitan eficientes políticas públicas concertadas entre Ejecutivo y Legislativo.

Propongo convocar a expertos, líderes sectoriales y a la comunidad en general para crear políticas públicas eficaces y consensuadas. Se debe convocar a los actores clave.

Para el tema de la inseguridad: municipalidades, gobiernos regionales, empresarios, juntas vecinales, policía, INPE y el Ministerio Público. Para asuntos industriales: involucrar industrias, sindicatos y académicos.
Este enfoque pragmático nos permitirá encontrar soluciones validadas y eficaces.

Además, es crucial que mantengamos un juicio público constructivo, sin olvidar la responsabilidad del Estado en situaciones críticas, como los lamentables incidentes en los aeropuertos durante las protestas de inicios de año, que deben ser prioritariamente esclarecidos, para definir cuántos fallecidos fueron en este acto evidentemente terrorista, para buscar a los responsables de los demás. La estabilidad es fundamental.

Vale mencionar que sucede algo poco usual en la política peruana: Dina Boluarte, la actual presidenta del Perú, y Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, comparten un elemento distintivo que va más allá de sus roles políticos: su idioma nativo quechua. Esta conexión lingüística puede ser el cimiento de una colaboración fructífera entre dos esferas cruciales del poder en nuestro país, donde es necesario coordinar el desarrollo en conjunto y democráticamente.

La confrontación constante entre estos poderes ha afectado nuestro progreso. Es hora de fortalecer el liderazgo de nuestras instituciones, especialmente el de nuestra presidenta constitucional. Juntos, podemos combatir la delincuencia, uno de nuestros mayores desafíos, con una estrategia unificada y coordinada.

Entre las medidas a tomar, propongo la idea, ya voceada, de construir un nuevo penal para 40 mil presos en la Isla del Frontón, que tiene 16 km2 de extensión. Estoy convencido de que esta es la solución que necesitamos.

Pues no sería solo una cárcel, sería un símbolo de nuestro compromiso contra la criminalidad, una demostración de que las fuerzas armadas y la policía trabajan juntas en todo el país para combatir el crimen, para lo cual debería conjugarse con el plan estratégico de la Marina de Guerra del Perú, quien mantendría la posesión de la isla.

Además, es necesario contar, en el mismo lugar, como otras veces, con una instancia del Poder Judicial y del Ministerio Público, junto con facilidades para que los abogados de los presidiarios hagan su trabajo.

La delincuencia nos tiene en jaque y necesitamos acciones urgentes. Propongo un cambio en el código penal en el contexto de la crisis de inseguridad: limitar las prisiones preventivas a 3 meses, pero hacer que sean más fáciles de imponer. Esto presionaría a la Fiscalía y al Poder Judicial para que actúen rápido, evitando que los criminales se escapen de la justicia, como permanentemente lo denuncia la policía.

Empresarios de distintos tamaños no están invirtiendo, debido a la inseguridad ciudadana y a la masificación de la extorsión a lo largo del país, situación que se agrava para los emprendedores informales peruanos, quienes se ven más expuestos a ser víctimas del crimen organizado; se debe considerar que el 80% de la economía peruana es informal, a pesar de lo cual es una fuente de empleo y de asegurar alimentación para la gran mayoría de familias peruanas.

Resulta urgente considerar que los sucesivos cambios en la presidencia en los últimos años (6 presidentes en 5 años) han demostrado ser más perjudiciales que beneficiosos para la estabilidad del país. Ahora, con una presidenta constitucional, es fundamental para la salud institucional y la estabilidad del Perú resguardar su liderazgo desde las instituciones y con el apoyo de la ciudadanía.

Necesitamos líderes y ciudadanos comprometidos que construyan consensos y encuentren soluciones prácticas. También, es vital tomarnos el tiempo necesario para hacer reformas constitucionales, especialmente en temas electorales, para evitar cambios políticos abruptos.

Propongo un cambio en la constitución: si el cargo de congresista es irrenunciable, la lealtad al partido también debe serlo; cada vez que alguien salga, debe ser reemplazado por el propio partido. Esto impediría debilitar a los partidos políticos y promovería la estabilidad.

Por ECO. José Linares Gallo

Perú enfrenta una realidad desafiante: el trabajo informal, que, sin duda, trae pobreza, productividad limitada e ingresos bajos, producto básicamente de una educación deficiente y poca inversión privada y pública. La falta de empleos adecuados y productivos es una de las principales razones detrás de esta informalidad.

Nuestro país está lleno de jóvenes ansiosos por contribuir, pero la falta de oportunidades los empuja hacia la economía informal.
Las cifras hablan por sí mismas: según la Encuesta Nacional de Hogares de 2022, 13.4 millones de trabajadores tienen empleos informales, representando el 75.7% del empleo total en Perú. La informalidad afecta principalmente las zonas urbanas (73.6%), mientras que en áreas rurales llega al 26.4%. Los sectores agropecuarios y de servicios son los más afectados.

En Perú, más del 45% de los trabajadores informales son independientes, el 37% son asalariados (empleados u obreros) por empresas formales e informales, un poco más del 12% son trabajadores familiares no remunerados y el 3.1% son trabajadores del hogar. El 93.1% de los empleados informales, lo que representa 12 millones y medio de personas, laboran en empresas o negocios con un máximo de 20 trabajadores.

Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional hasta junio de 2023, el empleo informal afectaba a un alarmante 72.7% de la población económicamente activa, impactando especialmente a los jóvenes y, de manera desproporcionada, a las mujeres. Esta informalidad se concentra mayormente en pequeñas empresas con baja productividad laboral.

Perú enfrenta una dura realidad: el 80% de nuestros trabajadores tienen empleos informales, lo que los priva de prestaciones de seguridad social y merma la productividad y los ingresos fiscales del país. La OCDE, voz autorizada en desarrollo económico, recomienda una estrategia integral para fomentar la formalización en el Perú.

Esta estrategia debe abordar la raíz del problema, que comienza con la baja demanda laboral formal, aunada a los costos laborales no salariales, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Además, necesitamos normativas laborales flexibles para contratos indefinidos y, esencialmente, una reforma profunda en la seguridad social. La capacitación laboral y una aplicación estricta de la ley son cruciales, junto con mejoras en la administración tributaria. Lamentablemente, muchas de estas medidas generan resultados a largo plazo.

Hace poco el Ministerio de Economía aceptó que estamos en recesión, sin embargo, afirma que un crédito suplementario de S/ 5,447 millones (1,415 millones de dólares), aprobado por el Congreso, transformará nuestra situación, impulsando la inversión pública para lograr un crecimiento del 1.1% este año. Pero, ¿este optimismo es realista o es solo una ilusión que daña su credibilidad?

El Ministerio promete reducir la informalidad y mejorar la recaudación para el 2026, pero los expertos advierten que esto es solo el comienzo. Se necesita reformas profundas para enfrentar este problema arraigado.
La informalidad en Perú tiene raíces complejas y profundas que no se resuelven con reducir los costos laborales no salariales (vacaciones, CTS, gratificaciones, contribuciones a seguridad social, y otros), pues el Ministerio de Trabajo asegura que no son un problema que impida el acceso al mercado formal.

Queda claro que se necesita estabilidad política y la confianza del sector privado para invertir y generar empleo. Además, urge mejorar la educación y aumentar la competitividad. Sorprendentemente, existe un Plan de Competitividad aprobado hace 4 años, que depende de una instancia del Ministerio de Economía y Finanzas, que aún existe, pero que, salvo por algunos eventos, en la práctica no se ha implementado.

El Perú ha intentado combatir la informalidad laboral en el pasado. En los años 90, durante el gobierno de Fujimori, se simplificaron contratos laborales y se facilitó la formalización, pero la informalidad persistió. Luego, en la década de 2000, se redujeron costos y trámites para la formalización, pero nuevamente, no funcionó. Incluso las reducciones impositivas y burocráticas no marcaron una gran diferencia.

Si bien el aumento del PBI se relaciona con la disminución de la informalidad, hay muchos otros factores asociados a la calidad del crecimiento en la creación de empleo formal. Se requiere de una política de desarrollo productivo, que propicie, sobre todo, la inversión privada en la diversificación productiva, a fin de aumentar la cantidad de empresas con altos ingresos y que creen puestos laborales bien remunerados.

Una reforma laboral tiene que ver con una reforma del desarrollo productivo.
La CEPAL sugiere escalar las políticas de crecimiento productivo con iniciativas de Clúster (cadenas productivas) con cooperación entre el Estado, empresa y academia, para despegar sectores productivos, en lugar de políticas enfocadas en subsidios.

Por ECO. José Linares Gallo

América Latina, una región rica en cultura y recursos naturales, ha sido testigo de constantes crisis económicas, políticas y sociales a lo largo de décadas. Estos eventos han dejado a millones de personas sumidas en la pobreza. A primera vista, estas crisis pueden parecer desconectadas entre sí, pero la mayoría de estos problemas tienen su causa en la deficiente calidad de los sistemas educativos de la región.

La educación es la piedra angular del desarrollo humano y social. Sin embargo, en América Latina, los sistemas educativos han estado plagados de desafíos crónicos. La prueba PISA de la OCDE, realizada en 2018 (la última con resultados publicados), reveló que muchos países de la región se encontraban significativamente rezagados en comparación con sus homólogos en otras partes del mundo. Los bajos puntajes en matemáticas, lectura y ciencias señalaron un problema profundo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes latinoamericanos.

Perú estuvo en el puesto 64 en las tres materias, rodeado en el ranking por otros países de la región, como Argentina, Colombia y Brasil, entre otros. Además, la Evaluación Muestral del Ministerio de Educación del Perú del 2022 demostró que un aproximado del 80% de los estudiantes peruanos, en primaria y secundaria, no tienen competencias satisfactorias en comprensión lectora ni razonamiento matemático.

La última prueba PISA, del 2022, midió, por primera vez, dentro de su prueba de matemáticas, las competencias computacionales de los estudiantes, y se ha anunciado que en la prueba del 2025 habrá un área exclusiva sobre la digitalización de la educación; esto nos hace prever que los resultados podrían ser aun peores que los del 2018, si consideramos que el continente que menos ha incorporado la Era Digital en su proceso de educación ha sido América Latina.

Los países con sistemas educativos deficientes enfrentan dificultades económicas significativas. La mano de obra poco capacitada no puede competir en la economía global, lo que resulta en un estancamiento económico a largo plazo. Además, la falta de educación adecuada conduce a una ciudadanía desinformada y vulnerable a la manipulación política. Esta falta de educación cívica da lugar a gobiernos corruptos y políticas públicas ineficientes.
En la búsqueda de soluciones concretas para los problemas educativos en América Latina, es fundamental reconsiderar los métodos pedagógicos tradicionales. En contraposición al memorismo, que ha dominado durante mucho tiempo los sistemas educativos de la región, el construccionismo se presenta como una alternativa poderosa y transformadora.

El construccionismo, propuesto por el científico social Seymour Papert, del MIT, se centra en el aprendizaje a través de la construcción activa del conocimiento. Este enfoque pedagógico no solo fomenta la comprensión profunda de los conceptos, sino que también promueve habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Tuvo, en el proyecto INFOESCUELA, una experiencia exitosa en el Perú entre los 1996 y 1999, reconocida por el mismo Papert e internacionalizada por el Discovery Channel el año 2000.

Implementar el construccionismo en los sistemas educativos de América Latina debe ir de la mano con un proceso de alfabetización tecnodigital en español y en lenguas originarias (quechua, aimara, maya, azteca, guaraní, etc.), considerando que las lenguas nativas de la región no cuentan con palabras ni conceptos de las eras Industrial, Analógica ni Digital, lo que se traduce en deficiencias productivas para estas comunidades, produciendo pobreza y pobreza extrema focalizada; ahondando las brechas sociales.

En Perú, con mi empresa Aprender Creando, participé del proceso de alfabetización tecnodigital en español y quechua, que ha tenido significativos resultados en educación primaria, técnica superior y en educación para el trabajo, proceso reconocido por los ministerios de educación y cultura del Perú, en diversos informes, y recientemente por el Parlamento Andino, el cual recomendó el respeto a las lenguas nativas a través de una educación bilingüe con lenguas originarias actualizadas a la Era Digital, a todos sus países miembros.

Este avance social lo llevaré al seno del próximo Mundial de Robótica Asia Pacífico WRO, al 1° Foro Latinoamericano de Robótica Educativa y Educación STEAM, a realizarse en noviembre en Panamá, donde expondré sobre la robótica (síntesis del desarrollo científico de la humanidad) y las lenguas originarias, en la perspectiva de que el acuerdo a nivel regional andino, de recomendar la alfabetización tecnodigital en español y lenguas originarias a los países del Parlamento Andino, se amplíe a los países del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Por ECO. José Linares Gallo

El objetivo general del proceso de adhesión a la OCDE es promover la convergencia de Perú con los estándares, las mejores políticas y las mejores prácticas de la OCDE. Debido a esto, en setiembre último, la OCDE publicó un estudio económico sobre Perú, en el que hacía mención de importantes hallazgos y varias recomendaciones que nuestro país debe seguir para mejorar sus condiciones.

Por ejemplo, nos dice que la deuda pública en Perú ha aumentado y que, si bien la economía se ha recuperado de la recesión prolongada por la pandemia, últimamente se ha ralentizado en un contexto de conflictos sociales. Se recomienda que la política fiscal apoye a la política monetaria en la lucha contra la inflación.

También mencionan que la recaudación tributaria actualmente es el 17% del PBI y es insuficiente para lograr mejoras sustanciales en protección social y servicios públicos, como la sanidad y la educación, así como para conseguir un crecimiento inclusivo y sostenible. Se recomienda reforzar la administración tributaria y reducir la evasión fiscal mediante un mayor uso de tecnologías de la información y la verificación cruzada de información entre distintas fuentes.

Se recomienda racionalizar los regímenes de tributación para las pequeñas empresas mediante la fusión de los regímenes intermedios.
La descentralización fiscal es incompleta. Se recomienda clarificar las responsabilidades de gasto de cada nivel de gobierno; y además, llevar a cabo una reforma integral de las finanzas de los gobiernos subnacionales, que incluya la concesión gradual de más competencias tributarias a nivel regional.

Muchos mercados están dominados por un reducido número de grandes empresas. Se recomienda reforzar la aplicación de la legislación de defensa de la competencia y mejorar la detección de convenios entre empresas para evitar la competencia, imponiéndose posiciones dominantes.
Los obstáculos a la creación de una empresa se deben en gran medida a los retrasos y complejidades en la obtención de licencias y permisos municipales de funcionamiento y construcción. Se recomienda introducir ventanillas únicas que integren los trámites municipales y nacionales para crear empresas.

La elevada corrupción afecta significativamente el entorno empresarial, el Estado de derecho y la capacidad de implementación de las políticas. Se recomienda establecer una estrategia integral para una disuasión eficaz de la corrupción mediante el fortalecimiento de las medidas preventivas anticorrupción.

El Sistema judicial carece de transparencia, accesibilidad, eficacia e imparcialidad. Se recomienda reducir la proporción de jueces interinos, sustituyéndolos por puestos de carrera.
El Servicio Civil está fragmentado y depende en exceso de contratos de servicios ad hoc, con una elevada rotación y escasos incentivos para la carrera profesional. Se recomienda mejorar los incentivos individuales e institucionales para que los funcionarios transiten al nuevo servicio civil.

Las brechas de infraestructura requieren una inversión significativa. Se recomienda, mejorar la calidad técnica de la planificación nacional de infraestructuras y la coordinación y coherencia de los planes nacionales con la ejecución de los proyectos locales de infraestructuras.
80% de los trabajadores tienen empleos informales. Se recomienda establecer una estrategia integral para fomentar la formalización, que incluya una reducción de los costos laborales no salariales, en particular en el caso de los trabajadores con ingresos bajos, una normativa laboral más flexible en materia de contratos indefinidos, y una aplicación más estricta de la legislación y mejoras en la administración tributaria.

La pobreza de 25% está por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Se recomienda, ampliar la cobertura y las prestaciones de los programas de transferencia monetarias para los pobres, tomando como base el actual programa de transferencias monetarias condicionadas “Juntos”.
La cobertura de las pensiones es baja. Se recomienda, ampliar la cobertura y las pensiones del régimen no contributivo de pensiones.

El sistema sanitario público, insuficientemente financiado, ofrece cobertura gratuita a la población desfavorecida, mientras que los trabajadores formales pagan cotizaciones por servicios de calidad similar. Se recomienda mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad mediante la integración de las múltiples aseguradoras públicas, recurriendo en mayor medida a los ingresos tributarios generales.

Una gran proporción de maestros no alcanza los requisitos mínimos de calidad. Se recomienda, seguir mejorando la formación inicial, la contratación y la selección de los maestros, y promover ascensos y recompensas basados en los méritos, incluidos incentivos para la reasignación de maestros a escuelas desfavorecidas.

Finalmente, para afianzar el desarrollo sostenible, se recomienda acelerar los avances en la descarbonización de la economía mediante regulaciones más estrictas y señales de precios más coherentes, incluyendo un impuesto al carbono, mientras se apoya a los hogares vulnerables con transferencias monetarias focalizadas y temporales.

Por ECO. José Linares Gallo

El Parlamento Andino es la instancia multilateral que agrupa a Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, por donde las culturas preíncas e inca transitaron con su quechua y su tecnología, que fue de las más avanzadas del mundo antiguo: hoy se reconoce al quipu como el antecedente del código informático y de la computadora.

El 29 de septiembre de 2023, el Parlamento Andino, presidido por Cristina Reyes Hidalgo, aprobó en su plenaria, la recomendación N.° 518, presentada por el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, para recomendar al Parlamento Peruano la aprobación del proyecto de ley N.° 1349/2021-CR sobre alfabetización digital en quechua, que incorpora vocablos de tecnología, economía, emprendimiento, sociedad y Estado, la cual se encuentra en debate en la Comisión de Educación del Congreso peruano desde finales del 2021.

La aprobación de este proyecto de ley, además de revitalizar el quechua, incorporándolo a la Era Digital, beneficiará a todo el Perú, pues incrementará significativamente la productividad de las comunidades quechuahablantes, gran parte de las cuales se dedican a la agricultura y se encuentran en pobreza extrema, por falta de tecnología. También mejorará la calidad de la educación de 1 millón 200 mil estudiantes quechuahablantes de educación primaria y de 3 millones de quechuahablantes entre jóvenes y adultos (de entre 14 y 64 años), integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA).

El proceso de Alfabetización digital en quechua ayudaría a reducir la pobreza y a elevar el PBI nacional, además de reducir la importación de alimentos, potenciando la producción agraria de nuestro país; hoy en que la inflación de alimentos se viene haciendo crónica en el Perú (10%), incrementándose la desnutrición y la anemia infantil, a pesar de contar con granos y cereales andinos, reconocidos universalmente por su alto valor nutricional.

El Parlamento Andino destaca la iniciativa de la empresa Aprender Creando Von Braun del Perú, por la construcción de vocablos tecnológicos, económicos, de emprendimiento y Estado, en los últimos 27 años con recursos privados, a fin de propiciar la incorporación de la lengua nativa quechua a la era digital, recomendando que sea abordada en el Congreso de la Republica del Perú, donde se encuentra hace ya 2 años.

La recomendación considera que, al inicio del período republicano de los países andinos, en Perú más del 80% de la población era quechuahablante, en Bolivia el 90% era quechuahablante o aimarahablante, y en los otros países existía una población quechuahablante mucho mayor a la que existe actualmente.

Según plantea en sus considerandos, de acuerdo con el censo peruano de 1960, la población quechuahablante en Perú se había reducido al 45%, y en el último censo de 2017, la población quechuahablante llegaba solo al 13%; las lenguas que no circulan por el ciberespacio desaparecen.
Refiere que, en la actualidad, el Perú dispone de una población quechua de aproximadamente 4.5 millones de habitantes, Bolivia de más de 2 millones, Ecuador 450 mil, Colombia 300 mil, Argentina 206 mil y Chile unos 34 mil. Y recomienda que los ministerios de Educación de estos países fomenten procesos educativos que promuevan el respeto a las lenguas originarias, haciendo notar que la Constitución del Perú en su artículo 2, la Ley general de pueblos originarios y la Ley general de educación, indican que los niños tienen derecho a educarse en su lengua nativa; hace tiempo que es una política pública.

El Parlamento Andino también refiere que los diccionarios español-quechua desde 1560, como el “Lexicón”, generado por los dominicos, vienen siendo reeditados desde hace casi 500 años, sin incluir vocablos o palabras asociados a la era industrial, analógica y digital, y que dicha carencia viene perjudicando, desde hace siglos, la productividad de la población quechuahablante, al no disponer de conceptos tecnológicos en quechua

Menciona que el proceso de alfabetización digital en quechua desarrollado en Perú ha sido evaluado en 5 oportunidades por el Ministerio de Educación, en los años 2017, 2020, 2021, 2022 y 2023; evaluaciones que emiten conceptos favorables y recomiendan su aplicación en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.

También el Ministerio de Cultura (julio 2021) ha considerado el proceso de alfabetización digital en quechua como un aporte ciudadano al Bicentenario de la República, porque acerca la lengua quechua a la Era Digital.

Hoy en que el Perú es gobernado, por primera vez, por una mujer y quechuahablante, y que el Congreso de la República también es presidido por un quechuahablante, es tiempo de que los niños y jóvenes andinos estudien y trabajen con su lengua nativa y con la tecnología de la época en que les toca vivir.

Por ECO. José Linares Gallo

Las perspectivas económicas globales a corto plazo (2023) están determinadas por el impacto del endurecimiento de la política monetaria por parte de la mayoría de los principales bancos centrales y las tensiones en la economía china.

La OCDE prevé que el crecimiento mundial se desacelerará, mientras que la inflación se moderará, pero se mantendrá por encima del objetivo. Los principales riesgos a la baja incluyen la posibilidad de una desaceleración más pronunciada de lo esperado en China y un aumento continuo de los precios del petróleo.

La OCDE proyecta que el crecimiento del PIB mundial se mantendrá por debajo del promedio en 2023 y 2024, frenado por el endurecimiento de la política macroeconómica para tratar de controlar la inflación.

Se espera que el crecimiento anual del PIB en Estados Unidos se desacelere del 2,2% este año al 1.3% en 2024. En la zona del euro, donde la demanda ya es débil, se prevé que el crecimiento del PIB se desacelere hasta el 0.6% en 2023 y aumente hasta el 1.1% en 2024 a medida que se desvanezca el impacto adverso de la alta inflación sobre los ingresos reales. Se espera que el crecimiento en China se vea frenado por la debilitada demanda interna y las tensiones estructurales en los mercados inmobiliarios, disminuyendo al 5.1% en 2023 y al 4.6% en 2024.

La inflación de alimentos en el mundo no está disminuyendo. Sigue siendo persistente en muchas economías, sostenida por presiones de costos y altos márgenes en algunos sectores; en el Perú aún llega al 10%.

Se prevé que la inflación se modere gradualmente durante 2023 y 2024, pero se mantendrá por encima de los objetivos de los bancos centrales en la mayoría de las economías. Se proyecta que la inflación general en las economías del G20 (principales economías) disminuirá al 6% en 2023 y al 4.8% en 2024, y la inflación subyacente en las economías avanzadas del G20 disminuirá del 4.3% este año al 2.8% en 2024.

Los riesgos siguen sesgados a la baja. Los efectos adversos de las tasas de interés más altas podrían resultar más fuertes de lo esperado, y una mayor persistencia de la inflación requeriría un ajuste adicional de las políticas que podría exponer las vulnerabilidades financieras.

Debemos considerar que una desaceleración en China es un riesgo clave adicional que afectaría el crecimiento de la producción en todo el mundo; particularmente en el Perú, donde el 28% del comercio y el 25% de la inversión extranjera directa son de origen chinos, incluso China viene invirtiendo en el Megapuerto de Chancay, algo relevante si consideramos que en el puerto del Callao no se invierte en infraestructura y tecnología hace tiempo.
Incrementar los costos del dinero en Perú, sumado al incremento del precio de los granos y del petróleo, que son 80% importados, ha fortalecido la recesión; debido a esto, el Banco Central ya empezó a bajar la tasa de interés de referencia, y se espera que la siga bajando.

En este contexto de incremento del precio del petróleo, es conveniente que Petroperú explote los pozos petroleros de Talara, cuyo costo de producción no supera los 20 dólares por barril, cuando en el mercado internacional su precio está por encima de los 90 dólares, y el Perú importa el 80% de lo que consume.

Los gobiernos se enfrentan a crecientes presiones fiscales derivadas del aumento de la carga de la deuda y del gasto adicional en el envejecimiento de la población, la transición climática y la defensa.

Es necesario revitalizar los esfuerzos de política estructural para fortalecer las perspectivas de crecimiento. Reducir las barreras en los mercados laborales y de productos y mejorar el desarrollo de habilidades ayudaría a impulsar la inversión, la productividad y la participación de la fuerza laboral, y haría que el crecimiento fuera más inclusivo.

Una prioridad clave es reactivar el comercio mundial, que es una fuente importante de prosperidad a largo plazo tanto para las economías avanzadas como para las de mercados emergentes. Las preocupaciones sobre la seguridad económica no deberían impedir que se aprovechen las oportunidades para reducir las barreras comerciales, especialmente en los sectores de servicios.

A ello considero oportuno comentar que, en su reciente visita a Lima, el secretario general de la OCDE, presentó un estudio económico sobre el Perú, y ha dicho que el país requiere de una estrategia para fortalecer la formalidad y reducir desigualdades, así como conseguir una regulación más flexible de contratos laborales y un mayor acceso a educación de alta calidad.

Por ECO. José Linares Gallo

Los Bancos Centrales de los países, son los encargados de subir o bajar la tasa de interés de referencia en su territorio, lo que influye en las tasas de interés que pagan o cobran las entidades bancarias.

Los Bancos Centrales tienen el mandato de ver los precios estables, y por eso cuando perciben que la inflación es muy elevada, proceden a subir los tipos de interés, con el objetivo de frenar esa inflación, es decir, aumenta el costo de los préstamos y del endeudamiento, buscando reducir el consumo con la idea de que, si se reduce la demanda, puede bajar el nivel de precios. Paralelamente, conlleva a un aumento de los rendimientos de los ahorros, con el mismo objetivo.

Pero, la subida de la tasa de interés como única medida para contener la inflación, necesariamente frena la inversión privada, lo que afecta negativamente la economía, principalmente cuando existe una enorme dependencia de importaciones en la canasta básica, sumado a la importación del 80% del petróleo que consume el país; factores que no controlamos, y por lo tanto, el encarecimiento del crédito no era ninguna solución; así lo hemos hecho notar en varias oportunidades en esta columna.

En el Perú, a mediados de septiembre, el Banco Central de Reserva (BCRP) redujo la tasa de interés de referencia de 7.75% a 7.5% ante la inesperada contracción de la economía en julio, y las proyecciones de contracción en la inversión privada (-5.3%); a lo que se suma la baja confianza empresarial y de los consumidores de todos los niveles.

En su Reporte de Inflación de septiembre, el BCRP ha reajustado su proyección de crecimiento del PBI para este año a 0.9% de 2.2% en junio, y, además, proyectan que la inflación al cierre del año sea de 3.8%, en lugar del previsto en junio de 3.3%, debido al impacto de los factores climáticos que afectan la producción de alimentos y los precios.

Esta reducción de 25 puntos porcentuales en la tasa de interés de referencia, es favorable en el contexto crítico de reanimar la demanda, pero demorará en tener un efecto masivo sobre la economía o el sistema financiero-bancario, y se pueden requerir otras medidas de política monetaria. Por ello, el BCRP ha señalado que los futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes.

En esa perspectiva, la tasa de inflación a doce meses se redujo de 5.88% en julio a 5.58% en agosto, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía a doce meses disminuyó de 3.89% en julio a 3.81% en agosto. Ambos indicadores vienen disminuyendo desde inicios de 2023, pero continúan ubicándose por encima del límite superior del rango meta de inflación (entre 1% y 3%).

El alza de precios de la canasta básica (10% de inflación hasta ahora) y la llegada de El Niño Global, proyectan que la inflación de Alimentos y Energía sea de no menos del 5% al cierre de 2023 (en lugar del 3.4% proyectado en junio), afectando a la población de menores ingresos, lo que traerá más pobreza, inseguridad alimentaria, desnutrición crónica y anemia, y delincuencia, que deben ser afrontadas por el gobierno con políticas públicas eficientes.

Además, la creciente inseguridad ciudadana, y el aumento del delito de la extorsión a todo nivel, contribuyen a perjudicar la inversión privada, que registra el cuatro trimestre en negativo y por ello el BCRP, ajustó a la baja su proyección a -5.3% para el 2023. La reciente medida de declarar en Estado de Emergencia los lugares más urgentes, con presencia de las Fuerzas Armadas, con vistas a extenderlo progresivamente dentro de un plan adecuadamente articulado que resuelva las diferentes causas de la inseguridad, podría mejorar la inversión privada nacional e internacional en todos sus niveles.

Según el IPE, la proyección de crecimiento del PBI 2023 de 0.9% (realizada trimestralmente), podría estar atrasada frente al consenso de los analistas privados, que promedian solo un 0.6%, con tendencia a la baja por el resultado de julio (-1.29%) y se espera una caída de la inversión minera de 18.1%.

El PBI de la Economía peruana decreció nuevamente en julio, en -1.29%, completando tres trimestres de reducción consecutiva, debido a factores exógenos como el fenómeno de El Niño, los efectos del cambio climático, la crisis alimentaria y la criminalidad desbordada; hoy, principal causa de la disminución de la inversión privada, nacional e internacional, en todos sus niveles.

Por ECO. José Linares Gallo

En febrero de este año, Turquía y Siria fueron golpeados por un sismo de 7.8 grados que dejó más de 59 mil víctimas mortales y miles de millones de daños a la infraestructura. Hace unos días, Marruecos fue sacudido por un sismo de 6.8 grados, y reporta más de tres mil muertos. Estos países no cuentan con un sistema de alerta antisísmica que les hubiera permitido reducir, significativamente, la cantidad de fallecidos.

En 2011, Japón enfrentó un sismo de 7.8 grados, lo que dejó un saldo de 22 mil personas entre muertas y desaparecidas. En 2021, Japón volvió a ser golpeado por otro fuerte sismo, pero con un saldo de solo 150 heridos y ningún muerto, y en 2022, un sismo de 7.4 grados, dejó 2 muertos y algunas decenas de heridos.

Pasar de 22 mil muertos, a 2 en los dos últimos terremotos, no es un milagro, es producto de una política que incluye simulacros constantes acatados por la población, y en especial, disponer de un eficiente sistema de alerta antisísmica, que anuncia los sismos hasta con un poco más de un minuto de anticipación.

Lo mismo sucede con México, que, en su terremoto de 1985, de 8.1 grados, antes de contar con un sistema de alerta antisísmico, tuvo un saldo de más de 40 mil víctimas.

En 1991, México, luego de aprender la lección, instaló su sistema antisísmico que, a la fecha, cuenta con 10 mil altavoces y un sistema de comunicación vía radio, televisión y mensajes al celular, que advierten de los sismos hasta 50 segundos antes de que se sienta el movimiento telúrico, lo que ha permitido que, en los últimos terremotos, de 2017 y 2019, las víctimas mortales se reduzcan al 1% con respecto al total de víctimas de 1985.

El Perú, al igual que Japón y México, es un país sísmico. El último terremoto devastador se dio el 2007 en Pisco, con una población aproximada de 130 mil personas, y tuvo una magnitud de 8.0 grados, causando 595 muertos, 2,291 heridos y 76,000 viviendas destruidas e inhabitables.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el terremoto de 2007 en Ica, se registraron niveles de aceleración del suelo de 400 centímetros por segundo al cuadrado (cm/s2).

De haberse producido este sismo de 8.0 grados en la costa de Lima, los suelos de la capital podrían haberse sacudido a 500 cm/s2 y en el Callao a 700 cm/s2. Lo que nos indica que Lima, y sobre todo Callao, son más vulnerables que Ica frente a un terremoto.
En Lima y Callao, con más de 10 millones de habitantes, encontramos gran cantidad de viviendas autoconstruidas y ampliaciones, que no cuentan con ningún estudio técnico, inclusive en laderas de los cerros, que son altamente vulnerables a un sismo de gran magnitud. A ello tenemos que incorporar las nuevas construcciones de edificios, de los cuales está en duda la calidad de sus cimientos, pues muchos de ellos han sido hechos por empresas con poca experiencia y con ánimos de rentabilidad.

La infraestructura de los colegios públicos, absurdamente, no requiere certificación de Defensa Civil. Según declaraciones del exministro de educación Óscar Becerra, en marzo de este año, 1,041 instituciones educativas se encontraban en riesgo de colapso.
Es necesario prever la alternativa de una educación híbrida (presencial y a distancia) momentánea, en los colegios que sean necesarios para albergar a los estudiantes en riesgo, mientras se reconstruyen sus colegios a punto de colapsar. Con dos turnos de 40 horas por semana cada uno, que alternen días de presencialidad ocupando colegios seguros, a los que se debe dotar, con urgencia, de internet y de un sistema de aulas virtuales interactivas que asegure la calidad de la educación híbrida.

En el año 2019 el Instituto Geofísico del Perú anunciaba que a fines de ese año ya habría un sistema de alerta antisísmica similar al que existe en México desde 1991, sin embargo, solo ofrecía anticipar los sismos 30 segundos, cuando hace décadas que ya existen tecnologías en el mundo que llegan hasta el minuto. Pero no solo ese es el problema, sino que, hoy, aún no tenemos fecha cierta de cuándo estará funcionando al 100%, después de haber pasado 4 años de anunciado.

Se debe declarar, de inmediato, en emergencia el sistema de alerta antisísmica peruano y Defensa Civil, incorporando a los colegios de ingenieros para que, en conjunto, hagan un diagnóstico de la infraestructura pública y privada en peligro de colapsar, para disminuir al máximo el costo en vidas frente a un terremoto.

Por ECO. José Linares Gallo

La corrupción de Odebrecht en el Perú no es un caso aislado. Una revisión rápida de nuestra historia corrobora que la corrupción ha sido una constante en el Perú, incluso antes de convertirnos en República.

Existen registros de denuncias de corrupción desde la colonia. El virreinato se caracterizó por el nepotismo, y por conceder rentas, cargos y honores por sobornos.

Aprovechando el quinto real (tributo equivalente al 20% de la extracción de metales preciosos) y también el tributo indígena (que era una contribución obligatoria que los peruanos originarios debían pagar, en moneda o bienes, al gobierno colonial) se normalizó el robarle a la corona española.

Recaudar los impuestos suponía movilizar a un grupo humano encabezado por españoles, responsables de enviar los ingresos a España, muchos de los cuales se quedaban con parte de lo recaudado, y de criollos y mestizos, quienes se encargaban de recolectar los tributos, y que empezaron hacer lo mismo, generando una estructura de corrupción a todo nivel; sin considerar a la población originaria que, al inicio de la república, llegaba al 90%.

Al iniciarse el Estado republicano, la corrupción se mantuvo. El tesoro público fue administrado y distribuido como un patrimonio personal, y quienes eran cercanos a quien detentaba el poder, eran beneficiados de distintas formas, en perjuicio del Estado
Años después, se dio el primer caso de megacorrupción en el Perú, que concierne a la explotación del guano mediante el contrato con la Casa Dreyfus francesa (1869).

También podemos citar la corrupción en la fiebre ferrocarrilera durante el gobierno de José Balta (1868-1872). La fuga del presidente Prado, con dinero recaudado para la Guerra del Pacífico (1879), quien luego fue reelegido. El caso emblemático de corrupción durante el oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) con las redes de ferrocarrileras inconclusas. O la famosa página 11 del contrato con la International Petroleum Company (1968).

Más recientemente, finalizando el siglo XX, tenemos el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (1990-2001), quienes controlaron los tres poderes del Estado. Tal vez el caso más contradictorio es la venta de 60% de acciones de la refinería La Pampilla (Lima) por 140 millones de dólares. Años después (2012-2023) el Estado viene invirtiendo 5 mil millones de dólares en la Refinería de Talara a 1,000 km de Lima, donde está el 70% de la demanda de combustible.

Con el retorno a la democracia (2001), todos los presidentes elegidos han sido implicados en procesos de corrupción al más alto nivel, Toledo, Humala, Kuczynski y Vizcarra, vinculados a la corrupción de Odebretch; y Castillo con innumerables hechos burdos de corrupción.

Con los antecedentes de los últimos 500 años en Perú, no es de extrañar que Odebretch haya logrado un trato judicial lesivo para el Perú, que implica un pago de tan solo 200 millones de dólares como reparación civil, y en módicas cuotas, al someterse a la colaboración eficaz, cuando por su parte la empresa ganó licitaciones por la suma de más de 12,500 millones de dólares gracias a las adendas a sus contratos con el Perú.

Odebretch aceptó haber sobornado a presidentes, ministros de Estado, alcaldes, y una interminable cantidad de funcionarios públicos y periodistas en distintos países del mundo. EE. UU., por su parte, le impuso una sanción de 2,500 millones de dólares, y un pequeño país, República Dominicana, lo ha multado con 1,200 millones de dólares.

El Perú siempre ha sido percibido como un botín político que conquistar y aprovechar. Los ejemplos de corrupción suelen estar relacionados con el funcionamiento de las licitaciones y adjudicaciones, la defraudación de los fondos públicos y mantener en las planillas a trabajadores fallecidos.

El Covid-19 mostró la fragilidad del Estado Peruano: habíamos crecido económicamente durante 20 años, pero sin desarrollo, sin salud ni educación. La corrupción y la gestión deficiente de Martín Vizcarra permitieron la compra de pruebas rápidas inservibles, la demora en la adquisición de vacunas, y que el oxígeno y los medicamentos alcanzaran precios exorbitantes mientras morían peruanos en las calles; lo que nos convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo.

Hemos generado una cultura tolerante a la corrupción, asociada a la impunidad y a la falta de ética social. Luchar contra las redes de corrupción, requiere de normas actualizadas en los procesos de ejecución del gasto público, utilizando técnicas digitales que permitan realizar evaluaciones transparentes, con un sistema judicial íntegro y eficiente. Y, para el mediano y largo plazo, generar una educación con práctica de valores en todos los niveles.

Por ECO. José Linares Gallo