José Linares

América Latina enfrenta una crisis profunda que afecta todos los aspectos de la vida política, social y económica. Esta crisis trasciende las divisiones tradicionales entre derecha e izquierda, y ha llevado a una desconfianza casi total en las instituciones y a una sensación de que el desarrollo es una meta inalcanzable. Aunque este problema es complejo, sus raíces se remontan a la época de la conquista española y portuguesa hace 500 años.

Cuando los conquistadores desmantelaron culturas avanzadas como la Inca, no solo cambiaron la geografía del continente, sino que también impusieron un sistema de valores y poder basado en la explotación y la corrupción. A pesar de que los países latinoamericanos han celebrado 200 años de independencia, este legado persiste y sigue afectando a la región.

Las ideas del filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo, especialmente en su obra «El príncipe», son sorprendentemente relevantes hoy en día. Maquiavelo señaló que algunos pueblos aceptan la corrupción y se condenan a la esclavitud y la pobreza extrema. En América Latina, esta afirmación resuena fuertemente ya que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, están profundamente corrompidas, lo que ha provocado un estancamiento del desarrollo y un ciclo de desigualdad.

Además, Maquiavelo criticó a las sociedades donde la acción civil busca beneficios personales en lugar del bien común. Esto es evidente en muchas naciones latinoamericanas, donde la sociedad civil a menudo parece desconectada de los esfuerzos anticorrupción. Los pocos que luchan por la ética y el honor suelen ser ignorados, lo que revela una crisis de valores y una apatía generalizada ante la injusticia y el abuso de poder.

Maquiavelo plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es posible liberar a un pueblo que prefiere la corrupción a la lucha por la libertad? América Latina necesita urgentemente redescubrir su compromiso con la libertad y la justicia, no como conceptos abstractos, sino como prácticas diarias. Solo a través de un examen crítico de nuestra historia y un compromiso renovado con principios éticos podemos superar los desafíos actuales y construir un futuro mejor para las próximas generaciones.

En el caso de Perú, la economía informal supera el 70% y la recaudación tributaria es solo del 15%. La corrupción es un problema grave, y según la Contraloría General de la República, en 2023 le costó al país 24,268 millones de soles. Esto limita el desarrollo en todos los sectores, especialmente en educación y salud. Las escuelas corren el riesgo de colapsar ante un sismo y faltan medicamentos y especialistas de salud, sobre todo en zonas rurales.

Hemos normalizado la corrupción, perjudicándonos a nosotros mismos y a las futuras generaciones. A pesar de las riquezas naturales y los atractivos turísticos de América Latina, seguimos sin encontrar la manera de consolidar nuestras naciones con libertad y desarrollo, dando la impresión de que nuestro progreso se ha detenido en el tiempo.

Esta reflexión invita a cada ciudadano a participar activamente en el destino de nuestras naciones, buscando un cambio real y duradero que rompa los ciclos de corrupción, injusticia, impunidad y desconfianza. Para ello, es necesaria la estabilidad política. En Perú, por ejemplo, hemos tenido siete presidentes en los últimos seis años, lo que muestra la urgencia de encontrar una solución a estos problemas.

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