La baja tasa de crecimiento para el 2023 revela el agotamiento del efecto rebote en la recuperación del 2021 y también el impacto y los efectos de las políticas monetarias restrictivas (BCRP), mayores limitaciones al gasto fiscal, menores niveles de consumo e inversión, y el deterioro de las exportaciones; a pesar de que han disminuido, significativamente, los precios del petróleo y los granos, de los cuales somos importadores netos.

Las protestas sociales desde mediados de diciembre a la fecha, han impactado negativamente en el nivel de la actividad económica del país (PBI): en enero de 2023, la economía se contrajo en 1.4%. Se esperaba una recuperación de 3% para el año 2023, pero el PBI anual estaba disminuyendo su ritmo de crecimiento desde octubre de 2022, alcanzando al finalizar el año pasado solo 2.7%.

Por otro lado, la calificadora internacional Fitch Ratings estima que las dudas sobre la capacidad del Perú para recuperarse siguen latentes, ya que espera que la inversión siga debilitándose, así como el crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Mantienen la calificación de Riesgo Moderado BBB, pues esperan que el PBI peruano crezca este año y el próximo en 2%, lejos del 3.0 previsto por las autoridades peruanas.

A estas proyecciones, se debe añadir que la falta de obras de previsión de las últimas dos décadas, contra desastres naturales por las lluvias torrenciales, como las ocasionadas por el ciclón Yaku, viene causando estragos que impactarán negativamente en la producción del mes de marzo y abril, generando desabastecimiento, que se podría reflejar en mayor inflación. La declaración de la emergencia de 42 distritos por el Gobierno y la generación de nuevos bonos para la población afectada, para los agricultores y para la reparación de daños de la infraestructura, también contribuirán al aumento de la inflación proyectada.

A lo anterior se suma el que, en marzo de 2023, la política monetaria mantuvo, por segundo mes consecutivo, la tasa de interés de referencia en 7.75%, al considerar que es suficiente para controlar la inflación, sin provocar recesión en la economía. Pero ha señalado que ello no implica el fin del ciclo de alzas en la tasa de interés.

El BCRP proyecta una tendencia decreciente de la inflación interanual, y estima que la tasa de inflación cerrará el 2023 en 3%; sin embargo, en febrero registra una tasa anualizada de 8.65%, ligeramente más baja que la registrada en enero: 8.67%. La expectativa de inflación a 12 meses se redujo de 4.62% en enero a 4.29% en febrero.

El tipo de cambio, que mantiene una tendencia a la baja de 4.2% al cerrar el 2022 en 3.81 soles, continuó con esa tendencia, llegando a 3.78 a mediados de marzo de 2023, influenciado por la imprecisión sobre la subida de tasas de interés en marzo de la Reserva Federal (EE.UU.), que se decidirá a fines de mes, con expectativas de 50 puntos básicos, dependiendo de datos de empleo e inflación.

Por otro lado, existe una presión a la baja del dólar en el país que se daría entre el 15 de marzo y 15 de abril, por el pago del impuesto a la renta de las empresas mineras, aunque hay suficientes dólares en el mercado y reservas internacionales netas (74,073 millones de dólares).

El MEF señala que la inversión programada (pública, privada y público-privada) para el 2023, supere en 13% lo ejecutado en el año 2022, a través de proyectos de gran impacto como: la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Terminal Portuario de Chancay y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao por US$ 1,300 millones, duplicando la ejecución de 2022 (US$ 646 millones).

Las grandes empresas mineras como Las Bambas y Quellaveco tienen proyectos de ampliación y seguirán invirtiendo. El Gobierno tiene proyectado este año inversiones de alrededor de 7,000 millones de dólares, dos proyectos este año y dos el próximo, alentados por el mercado internacional del cobre y particularmente del litio.

Sin embargo, la crisis política hace que se mantenga la situación de incertidumbre, y mientras no existan reglas de juego claras y relativa certeza de que no habrá cambios políticos ni en materia económica (particularmente la tributaria y la regulatoria), los inversionistas seguirán a la espera.

Por ECO. José Linares Gallo

Hoy es urgente declarar en emergencia la educación en el Perú. Recordemos que, en agosto de 2021, el gobierno anterior declaró en emergencia el Sistema Educativo Peruano por los efectos negativos del brote de la covid–19. No obstante haber vuelto a la presencialidad, los problemas en estos últimos 18 meses se han ahondado.

Según Ipsos, el 58% de la población opina que la educación es de mala calidad y solo 12% la considera buena, tanto la pública como la privada. El 66% de los encuestados piensa que la mala calidad de la educación se debe a la deficiente capacitación de los docentes, mientras que más del 30% considera que es por falta de tecnología. Una evaluación realizada por el Minedu en el 2017 indicó que solo el 10% de los docentes tenía capacidades digitales.
Hace pocos días, el ministro de Educación, Óscar Becerra (quien, al parecer, recientemente, quiso decir que las mujeres se convierten en fieras para defender a sus hijos), planteaba declarar en emergencia la educación nacional, principalmente porque existen un total de 1,041 colegios que no cuentan con las condiciones estructurales mínimas para brindar seguridad a los estudiantes.
Indudablemente esto se agrava si se tiene en cuenta que vivimos en un país sísmico y que se prevé un sismo de gran magnitud para Lima y Callao, que cuentan con suelos más vulnerables que Ica. Lo que es más que suficiente para declarar, de inmediato, la emergencia educativa. Además, los servicios higiénicos de muchos colegios son precarios, lo que empeora por la falta de agua.
También se debería considerar que el inicio del año escolar sea diferenciado en la Costa, la Sierra y la Selva, debido a que el calentamiento global ha modificado las temporadas de lluvias y huaicos, y el inicio del verano en la costa, lo que viene generando desbordes de ríos e intensas lluvias en gran parte de la costa del Perú.
Según el Minedu, la brecha en infraestructura educativa es de más 152 mil millones de soles y le tomaría al país unos 10 años el tener colegios óptimos.
El presupuesto asignado al Ministerio de Educación para el 2023 es de 11,156 millones de soles, 15% más que en el 2022; aún insuficiente. Perú invierte 1,200 dólares por estudiante al año, mientras que Chile 3,000 dólares y Colombia 2,400 dólares.
En el 2021 un aproximado de 2,000 niños abandonaron la escuela y unos 500,000 (UNICEF) pasaron de la educación privada a la pública. Lo que ha saturado el sistema nacional, perjudicando aún más la calidad de la educación para los estudiantes.
Para solucionar este problema, sería necesario generar un bono de 200 soles mensuales (hasta que los alumnos terminen la educación básica), para que los padres, voluntariamente, en especial quienes ya estaban acostumbrados a pagar pensiones, puedan tener financiada cerca de un 50% de la pensión de colegios privados. Esto sin dejar de incrementar plazas para alumnos y docentes en la educación pública.

También se debe considerar que, dado que nuestros niños son todos nativos digitales, resulta urgente expandir la señal de internet a escala nacional, con aulas virtuales interactivas, que permitan reducir la brecha digital histórica, que afecta principalmente a las zonas rurales.

Es necesario cumplir con el principio universal de que los niños y jóvenes tienen derecho a educarse en su lengua materna y tener acceso a tecnología, economía y emprendimiento en su lengua nativa y español, a través de la educación bilingüe para las poblaciones quechua (4.5 millones), aimara (500 mil), shipibo (33 mil) y de otras lenguas (con menor población); así se generará productividad en sus actividades y se evitará caer en pobreza extrema.

Para esto es necesario impulsar una educación nacional híbrida (presencial y a distancia), que permita aumentar las horas de educación con materiales didácticos-tecnológicos, que aseguren fortalecer las competencias de los estudiantes, en donde se encuentren. Más aún cuando no se realizó la recuperación escolar prevista para el año 2022.

En cuanto a la estrategia de aprendizaje, el principal problema son las prácticas memorísticas que hacen que gran parte de los estudiantes solo vean, escuchen y transcriban lo que dice el docente en el aula, sin generar un proceso crítico, en lugar de explorar, investigar y solucionar problemas, mientras se practican valores trabajando en equipo, en ambientes de respeto mutuo utilizando materiales de construcción y programación (hoy extensión de la escritura).

Necesitamos que los niños y jóvenes, al terminar secundaria, entiendan lo que leen, lo que escriben y lo que escuchan en sus diferentes lenguas, y que tengan activadas sus inteligencias múltiples como: la lingüístico-verbal, la lógica-matemática, la espacial, la corporal y la interpersonal.

Por ECO. José Linares Gallo

Actualmente, el litio es un elemento crucial para la fabricación de baterías que alimentan los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, vehículos eléctricos, entre otros; derivando de allí su reciente importancia económica y geopolítica, en el marco de la transición mundial hacia las energías limpias y la electromovilidad, que coloca al litio como un recurso estratégico para el desarrollo industrial de los países.

Su demanda ha crecido fuertemente, pero su oferta es limitada, por lo cual su precio ha tenido un enorme aumento. Los precios de este mineral no se cotizan en Bolsa, sino entre productores y el consumidor final.

La mayor demanda es de carbonato de litio, principal componente de las baterías de los autos eléctricos y celulares. Su precio aumentó de 9,000 dólares por tonelada en el 2020 a 82,000 dólares a fines de 2022. Y se espera que se mantenga por encima de 78 mil dólares durante la primera mitad de 2023, y se estabilice en cerca de 60,000 dólares por tonelada en 2024, a diferencia del cobre, que, en su valor más alto, ha llegado a 9,000 dólares por tonelada.

La demanda de litio proviene mayormente de China, Corea, Japón, EE.UU., Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Francia; mientras que la producción se concentra en Australia, Chile, China y Argentina. La explotación mundial de litio en 2022 fue de 134 mil toneladas, 41% más que el año anterior, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La producción mundial de litio aumentaría en 500% para el 2050, como parte de la transición energética global.

En la actualidad, las dos fuentes más importantes de extracción del litio son las rocas pegmatíticas (26%) y los salares de cuenca cerrada (58%); también existen fuentes menores como las arcillas (7%), y las salmueras hidrocarburíferas (3%).

El gran valor del litio no se encuentra en su extracción y exportación como mineral, sino en el valor agregado de una cadena completa de producción (industrialización) que incluye el eslabón de producción química, la creación de cátodos y celdas (que pueden producirse nacionalmente), para que finalmente se ensamblen en dispositivos de baterías, lo que constituiría una ventana al desarrollo del Perú.

Argentina, Chile y Bolivia forman “el triángulo del litio”, porque albergan las mayores reservas mundiales de este mineral hasta ahora. Pero, con las reservas que tiene el Perú en Puno, pasaríamos a ser parte del nuevo rectángulo del litio. Bolivia es el país con los mayores yacimientos del mundo, con 21 millones de toneladas probadas; le siguen Argentina y Chile con 19 y 9.8 millones respectivamente. El Perú cuenta aproximadamente con 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza y de mayor valor, principalmente ubicados en Puno.

El litio de Perú en Puno se encuentra en roca para ser explotado en tajo abierto, distinto a los salares de Bolivia, Argentina y Chile, que demandan salmueras (mucho uso de agua para la extracción), lo cual da una ventaja comparativa al Perú (menor costo de producción y menor contaminación).

Respecto al desarrollo de la minería de litio en Perú, la empresa Macusani Yellowcake aún está en fase de exploración, y actualmente está elaborado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que esperan se apruebe entre abril y junio de 2023; esperando, luego, comenzar la construcción de la mina en el primer trimestre del 2025, para iniciar la producción del metal a fines de ese año y aprovechar los precios.

Asimismo, la empresa Macusani Yellowcake manifiesta que llegará hasta la transformación del carbonato en grado batería. Para ello proyecta contar, en el país, con una refinería in situ, que les permitirá exportar este recurso.

Con relación a la soberanía y estrategia nacional de este mineral crítico, Bolivia y México consideran el litio como un mineral de utilidad pública, y lo han nacionalizado, mientras Chile y Argentina permiten la participación del sector privado. En Perú en julio de 2021, el Congreso de la República aprobó la Ley 31283, que declara de necesidad pública e interés nacional la explotación e industrialización del litio y sus derivados para garantizar su desarrollo sustentable por ser estratégico. La intención es que el Perú forme parte de la cadena de valor global del litio, tal como nuestros vecinos. El desarrollo del país no se va a lograr si seguimos exportando “en bruto”.

A manera de conclusión, es necesario que el Estado peruano diseñe una estrategia para la explotación sostenible del litio, con una visión nacional y latinoamericana, que sirva, ahora sí, como palanca de desarrollo y bienestar para los peruanos, y especialmente para los puneños, tan postergados y olvidados por generaciones.

Por ECO. José Linares Gallo

En la configuración de las sociedades del futuro, más sostenibles, cohesionadas e inclusivas, hay que reflexionar sobre los cambios en el sistema educativo y en el sistema de seguridad para el envejecimiento de la población. Se requiere el diseño de políticas públicas inclusivas, que enfrenten la desigualdad, donde los ancianos superan en número a los que están en edad de trabajar.

En los países de la OCDE la disminución natural de la población es una realidad, porque la tasa de fecundidad está entre 1.3 y 1.9, por debajo del 2.1 hijos por mujer que se necesita para reemplazar a la población; y el envejecimiento de las ciudades y las zonas rurales es significativo. El impacto de ello, por ejemplo, sería la disminución de los estudiantes y graduados en las próximas décadas, y el tener que enfrentar el crecimiento de la población anciana (de 65 años a más).

En América Latina y el Caribe (ALC), la mayoría de los países sigue atravesando un periodo particularmente propicio para el desarrollo conocido como bono demográfico, en el que la proporción de personas en edad de trabajar aumenta en relación con el resto de la población.

La CEPAL, recientemente, publicó avances de los estudios nacionales sobre el Futuro del Envejecimiento (CEPAL-2022), donde analizan algunas fechas emblemáticas relacionadas con cambios en la estructura etaria de la población y presentan cuatro escenarios ilustrativos, con opciones de políticas, para hacer frente a los desafíos del envejecimiento en los países: i) extensión de la vida laboral, ii) eliminación de la brecha de género en materia de ingreso laboral, iii) aumento de los impuestos, y, iv) inversión en educación, para aumentar los años de escolaridad.

Para el caso del Perú, señala que, durante el siglo XX, los jóvenes entre 0 y 19 años han sido el grupo etario mayoritario, alcanzando en 2001 su mayor tamaño (44% de la población total). La CEPAL estima que hacia el año 2042 dejarán de ser el grupo demográfico dominante, marcando el fin de la sociedad joven en el Perú.

Consecuentemente, el grupo de personas mayores (de 60 años y más) ha tenido una trayectoria creciente, y la seguirá teniendo hasta el final del siglo veintiuno. CEPAL estima que, en 2037, el consumo de las personas mayores superará al de los jóvenes (considerando el consumo de todos los bienes y servicios, tanto públicos como privados).
Esta transformación supondrá importantes desafíos, entre ellos, una mayor demanda de atención de salud y de otros programas como servicios destinados especialmente a las personas mayores. Esta presión recaerá sobre los gobiernos y las familias, tanto en términos de provisión de protección social (pensiones y salud), como de cuidado de las personas mayores.

Perú ha atravesado entre 1970-2020, un bono demográfico, con un mayor número de productores que de consumidores, lo que contribuyó positivamente al crecimiento económico y mayor solidez fiscal (mayor número de contribuyentes). Sin embargo, el envejecimiento de la población generará presiones fiscales crecientes a medida que el número de destinatarios de políticas y programas públicos aumente en relación con el de contribuyentes.
Entre las opciones de política para el futuro del envejecimiento en el país está la postergación de la edad de jubilación para extender la vida laboral, contrarrestando los efectos del envejecimiento de la población en la productividad, y además contribuyendo a las finanzas del Gobierno.

Sin embargo, debería considerarse un contexto de crecimiento de la esperanza de vida de forma saludable, lo cual demanda de políticas de protección social que garanticen el acceso a servicios de salud y sistemas de cuidado de calidad, que permitan una vida digna luego del retiro.

Otras opciones de política son el reducir la brecha de género e invertir en capacidades humanas a través del aumento de los años de educación. En el Perú, el promedio de años de educación para las personas mayores de 25 años es de 10 años, y la tasa de retorno a la inversión en educación es de 11% (UNESCO). Se necesitaría un aumento de medio año en el promedio de escolaridad para mantener la razón de sustento actual (2022) principalmente en educación básica y secundaria.

Finalmente, el aumento de los impuestos puede ser una alternativa para enfrentar la creciente demanda de programas públicos asociados al aumento de la cantidad de personas mayores, en particular los de pensiones y de atención de la salud. Según el estudio de CEPAL, se necesitaría un incremento del 12% en los impuestos (desde 2022) para mantener el equilibrio fiscal hasta el año 2050.

Por ECO. José Linares Gallo

A pesar de que aún falta conocer el cierre del año 2022 de la saudí Aramco, petrolera estatal de Arabia Saudita (la mayor petrolera del mundo), al tercer trimestre del año pasado acumulaba una ganancia neta de 130,342 millones de dólares, un 68 % más que un año antes.

Los otros gigantes mundiales del petróleo, que ya hicieron sus cierres del año 2022, obtuvieron un beneficio neto conjunto superior a los 200,000 millones de dólares, el doble que el registrado durante el ejercicio anterior, beneficiándose del aumento de los precios del petróleo y del gas natural, aprovechando los efectos de la guerra en Ucrania.

El tamaño de los beneficios ha revivido las críticas de quienes acusan a las multinacionales de no hacer lo necesario para aumentar la producción suficiente y compensar la subida de los costos del combustible. El presidente estadounidense ha cuestionado en varias oportunidades el papel de las petroleras norteamericanas en la economía de su país, golpeado por una inflación galopante. EE.UU. cuenta con 4 de las 10 petroleras más importantes del mundo.

En la misma línea, el secretario general de la ONU criticó el exceso de ganancia de las petroleras durante el último año, primando las recompensas a ejecutivos y accionistas, en lugar de invertir el dinero excedente en mayor oferta, para reducir los costos de la energía, que viene teniendo una relación directa con el incremento de los precios de las canastas familiares, lo que afecta principalmente a las personas con menos recursos en el mundo.

Pero no solo es la gasolina o el gas, los alimentos, muchos servicios y una larga lista de materias primas industriales se pagan ahora mucho más caras. Las empresas están aprovechando el entorno económico y la inflación para subir los precios y cosechar beneficios empresariales más abultados en un contexto de desaceleración económica. Sus subidas de precios para ganar más están elevando el costo de la vida (mercantilismo puro).

En EE.UU., ExxonMobil tuvo un beneficio de 55,740 millones de dólares, un 142 % más que el 2021. Shell ha tenido su mejor resultado en 115 años de historia con 42,309 millones de dólares, un 110 % más que el año anterior. El 2022 el precio del petróleo llegó a los 130 dólares el barril, hoy se encuentra aún en 75 dólares.

Chevron, el segundo productor de petróleo de Estados Unidos, incrementó el beneficio neto un 127 %, hasta los 35,465 millones de dólares. Equinor, principal energética de Noruega -gran proveedor de gas del Viejo Continente- 28,744 millones de dólares, un 235 % más.

En el caso de Repsol, con amplia presencia en Latinoamérica, la compañía obtuvo hasta septiembre un beneficio neto de 3,460 millones de dólares, un 66 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En el Perú, Repsol es el mayor productor de hidrocarburos y dispone de la mayor cantidad de grifos a nivel nacional, lo que le permite imponer altos precios, que tienen el principal impacto en el proceso de inflación del Perú, que es básicamente externo, por ser un importador neto de petróleo (80% del consumo).

Esta tendencia universal nos lleva a la necesidad de reabrir los campos petroleros de Talara a través de Petroperú, al mismo tiempo que se extienda el nivel de consumo de gas natural en todo el país, y se genere una empresa mixta con gerencia privada que permita explorar y explotar gas y petróleo.

La Refinería de Talara tuvo una inmensa inversión de 5,300 millones de dólares, y tiene el objetivo de producir 45 mil barriles diarios de diésel hacia marzo de 2023. Se estima que con su capacidad instalada total pueda producir hasta 95 mil barriles de productos derivados de petróleo, de mejor calidad (bajo azufre) y con ello, disminuir la contaminación ambiental en el Perú. Su valor estratégico promoverá la industria de hidrocarburos en la Selva Norte y Talara, y permitirá el procesamiento de crudo pesado extraído en los lotes amazónicos, lo que estimulará la llegada de más inversiones en petróleo. Es decir, puede complementarse con los lotes petroleros que reviertan al Estado, lo cual generaría precios más competitivos en el mercado nacional.

La inflación cerró el 2022 en 8.56% a nivel nacional y a 8.46% en Lima, su tasa más alta en 26 años (INEI), hemos alcanzado este alto nivel de inflación principalmente por el impacto del precio de los combustibles el último año.

Por ECO. José Linares Gallo

En el marco de las protestas y convulsión social de las regiones del Sur del país, se ha argumentado que las regiones no tienen capacidad de gasto y son corruptas, es decir generadoras de su propio subdesarrollo, pues siempre ha habido recursos económicos que no se han utilizado. Pero las causas de esta situación son más complejas y vienen desde mucho tiempo atrás.

Se debe considerar que el proceso, iniciado el 2005 con un referéndum para formar Macrorregiones (gobierno de Toledo), dio un resultado negativo, lo que llevó al cierre del Consejo Nacional de Descentralización – CND (planificador del proceso de regionalización), pasando a convertirse en la Secretaría de Descentralización de la PCM.

Desde allí las políticas de descentralización han sido poco coordinadas, centradas en la capacitación operativa y en la transferencia de ciertas funciones poco articuladas al proceso de modernización de la Administración pública, es decir con un débil concepto de Gestión Pública Descentralizada.

Al gobierno central, hasta ahora le cuesta ceder poder: la descentralización no ha sido pensada para la gobernanza territorial, que tiene por objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, la economía y el entorno socio ambiental.

El sistema de gestión de las Inversiones Públicas está demasiado burocratizado. Existe una rectoría centralizada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene que ver con las restricciones de gasto y los desfases en las autorizaciones de uso de los recursos presupuestados para las unidades ejecutoras (gobiernos regionales y locales), lo que contribuye a que no puedan disponer de sus presupuestos oportunamente, siendo reportados como incapacidad de gasto.

Según el ex presidente regional de Apurímac, Baltázar Lantarón, la ejecución presupuestal tiene problemas con la ley de contrataciones del Estado, que es un instrumento de gestión desfasado, que no está acorde al tiempo de la tecnología y del internet: aún se tiene que firmar físicamente los documentos, y los funcionarios se ven obligados a viajar constantemente a diversos lugares. Esta ley viene retrasando las inversiones del Estado.

También hay que tener en cuenta que existen cerca de 2,000 proyectos no concluidos, de los cuales la mayoría están en manos de gobiernos regionales y municipales. Si bien el gobierno central tampoco ha concluido algunos proyectos, son los que tienen mayor magnitud presupuestal.

Se requiere transferencia de funciones y competencias de los ministerios a los gobiernos regionales y municipales, para evitar situaciones como las que genera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando demora hasta año y medio en hacer estudios de impacto ambiental, frenando diversos proyectos regionales y municipales ya aprobados.

Según Augusto Thorne, exministro de Economía, el sistema de inversión no conversa bien con el sistema presupuestal. Se recibe el dinero en junio de un año y se les exige resultados a los ejecutores en diciembre de ese mismo año. Por eso el MEF el 2016 y 2017 planteó que se entregue en marzo y se creó un sistema multianual, que no está vigente desde el 2018.

Entre los problemas que afectan a la administración pública regional y municipal también está el que se requiere de un nuevo servicio civil que no dependa de los gobiernos de turno. Se ha perdido a mucha gente de la administración pública a la cual se debería recontratar. Se necesita especialistas en inversiones.

Este déficit se da, en parte, porque no existe una carrera pública regional en el diseño y ejecución de políticas públicas regionales para el desarrollo, aunque sí en la administración del servicio (atención al público), a pesar de que la cooperación internacional ha capacitado a formuladores y ejecutores de proyectos los últimos 20 años.

Sucede que estos expertos suelen irse cuando termina el gobierno regional de turno. Es decir: se han desarrollado capacidades en cada Gobierno Regional a través de las cooperaciones canadiense, italiana, alemana y de Países Bajos; sin embargo, ya no quieren capacitar, porque siempre pasa que la gente que forman está relacionada a los gobernadores regionales de turno y son reemplazados al terminar su mandato.

A estos problemas se sumó que durante el gobierno de Castillo no interesaba la calificación profesional de los funcionarios, lo que conllevó a una deficiente administración del Ejecutivo: la volatilidad en la administración pública que había en las regiones se trasladó al gobierno central (70 ministros). Esto contribuyó a que el presupuesto público se convierta en un sistema discrecional de las decisiones políticas para asignar presupuesto arbitrariamente.

Por ECO. José Linares Gallo

Una de las fortalezas macroeconómicas del Perú es su manejo responsable de las finanzas públicas, lo que llevó a que el déficit fiscal en el 2022 solo sea de 1.6% del PBI, debido al crecimiento de los ingresos del gobierno general en 12.7%, gracias a la recuperación económica y los mayores precios de los metales.
Para el 2023 se prevé que no supere el 2.4% del PBI; sin embargo, los problemas en la expansión del PBI, en particular, la convulsión social del primer mes del año podría reducir la captación tributaria y poner en riesgo la meta de déficit fiscal prevista.

Un aspecto positivo en la recaudación viene por el contexto internacional favorable, donde el precio del cobre, superior a US$ 4.2 /lb, se ubica por encima de lo estimado en el Marco Macroeconómico Multianual, y la entrada a producción de Quellaveco sería un impulso adicional a la recaudación.

Si continúa la conflictividad social, aumentaría el riesgo de la estabilidad de las finanzas públicas, si se considera que cada punto de menor crecimiento del PBI resta 0.2% del total de la recaudación. El MEF ha señalado que el impacto de la crisis social provocará que el PBI en el primer trimestre de 2023 sólo crezca 2% y no el 3% previsto.

Además, las pérdidas por las protestas se calculan en 2,150 millones de soles y presionarán la inflación de enero hacia un alza de 8.9%. Por otro lado, en enero el sol se ha depreciado alrededor de 0.8% frente al dólar, debido principalmente a la incertidumbre local por las protestas, lo que generó mayor aversión al riesgo.

Independientemente del cierre de carreteras, las protestas en diciembre y enero han generado pérdidas cercanas al 1% del PBI. Y la tendencia del PBI mensual ha sido decreciente desde agosto del año pasado. Por lo que se tendrá que revisar la proyección oficial en vista de que el impacto de la protesta no estaba previsto, pero que, felizmente, tiende a terminar.

Hay dos riesgos para la economía peruana: primero la incertidumbre, que genera menos inversión, lo que termina incrementando el déficit fiscal, por lo que es altamente probable que se deba superar las metas presupuestales para cubrir las necesidades de la demanda social.

Considerando que hasta ahora persiste la alerta de pandemia, que aún no llega acá, y que ya existen efectos económicos y sociales de la convulsión social, es probable que el Estado destine mayor gasto en protección social: bonos, subsidios y asistencia de salud, lo que generará un crecimiento promedio menor del planteado por el gobierno (2.6%) y el Banco Mundial (1.6%).

El segundo riesgo es que nuestra situación de inflación, a pesar de que enero va a ser un pico pequeño, probablemente será alto el resto del año, por lo que seguiría aumentándose la tasa de interés desde el BCRP; algo que se verá en el programa monetario de febrero, lo que genera riesgo de recesión, a pesar de que las causas de la inflación continuarán siendo mayoritariamente externas.

El problema es que la demanda mundial no se está reactivando uniformemente, aunque se están resolviendo algunos problemas desde las cadenas de suministros. El problema para Perú es que la demanda China, a pesar de que crece, será menor que en años anteriores, lo que necesariamente impactará sobre la demanda y la recaudación de tributos del país.

Respecto al crecimiento mundial, el FMI ha hecho su primera revisión de enero, y sus proyecciones bajan de 3.4% en el 2022 a 2.9% en el 2023. Las economías avanzadas pasan de 2.7% a 2.2%, EE.UU. pasa de 2.0% a 1.4% y la Zona Euro de 3.5% a 0.7%; y las economías emergentes de 3.9% a 4.0%, estas incluyen a China, que pasa de 3.0% a 2.2%, e India, que pasa de 6.8% a 6.1%.

Además, EE.UU. está iniciando el año con una inflación cercana al 9% y con una devaluación cercana al 1% en enero. Han logrado bajar un poco la inflación, pero parece que van a seguir incrementando la tasa de interés, básicamente porque ha habido un pico de inflación.

La característica que resalta en la revisión del FMI de las últimas tendencias es que la inflación en el mundo bajará un poco, y que los bancos centrales seguirán subiendo las tasas de interés, con menos frecuencia que el 2022, pero igual continuarán al alza.

Por ECO. José Linares Gallo

Atender la problemática social y económica del andino, agudizada ancestralmente, pasa por mejorar, significativamente, la comunicación de sus habitantes, mayoritariamente quechuahablantes, quienes no cuentan con palabras de tecnología de las Eras Industrial, Analógica y Digital en su lengua nativa, limitando su productividad.

La provisión de servicios públicos, en particular educación, salud, economía familiar, infraestructura y seguridad, deberían ser el foco central de la acción estatal: nacional y regional. Sin embargo, esto no ha sido priorizado en las regiones del Sur del país, principalmente donde hay reacciones violentas, en el contexto actual de protestas (Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac).

En las zonas andinas, hay un problema cultural (quechua, aimara), que se expresa en la falta de una comunicación gubernamental efectiva, y de inclusión integral, por ello es necesario respetar el derecho del niño a educarse en su lengua nativa.

La reivindicación del sur andino debe iniciarse lingüísticamente, modernizando la lengua quechua al incorporar palabras de tecnología, economía, emprendimiento y Estado que permitan incrementar significativamente el aprendizaje del niño quechuahablante en la escuela primaria, secundaria y no escolarizada (aproximadamente 1 millón 300 mil), así como la productividad en la población económicamente activa (PEA) quechuahablante, que va de los 14 a los 64 años (aproximadamente 3 millones), quienes necesitan trabajar en quechua y español, utilizando tecnologías de la época en que les toca vivir.

Sin embargo, su acceso al ciberespacio está limitado por falta de palabras tecnológicas en su lengua nativa; las lenguas que no han ingresado a la Era Digital vienen desapareciendo; en el caso del quechua, ha disminuido del 30% al 13% en las últimas tres décadas (INEI).

La Alfabetización Digital (en español y quechua) plantea una nueva forma de aprender en la escuela, sin diferencias entre lo urbano y lo rural, donde la pedagogía activa, creativa y centrada en el estudiante, fomenta el trabajo autónomo; dejando atrás la educación tradicional donde el estudiante ve, oye y transcribe lo que dice el profesor, por la construcción de su propio conocimiento a través de la exploración, investigación y solución de problemas en aulas presenciales y a distancia (donde se comparten contenidos de alta calidad y recursos tecnológicos-didácticos).

Existen ya experiencias, en las últimas dos décadas, en las aulas quechuahablantes escolares y de educación técnica-superior, que han permitido la creación de palabras tecnológicas, económicas, de emprendimiento y Estado en quechua, previamente inexistentes, y que han sido validadas en comunidades andinas. Lo mismo es necesario hacer con la lengua aimara, por ser la segunda lengua más hablada del país.

Este planteamiento puede potenciarse con la opinión de algunos especialistas como la del almirante Jorge Moscoso, exministro de Defensa, que, frente a la crisis de gobernanza pública en algunas regiones andinas, recomienda que el Gobierno debe mejorar su comunicación con los ciudadanos y retomar la iniciativa estratégica para que su presencia en este territorio sea eficiente e incluyente con la población; lo cual considero que debería darse en español, quechua y aimara.

En esa perspectiva se plantea una Estrategia de Control y Gestión Territorial, donde el control territorial (Activos Críticos) esté a cargo del Ejército por su alto poder disuasivo y pacificador, y que, a su vez, la Gestión Territorial se articule con un Plan de Acción (metas a plazos) para los servicios de Educación, Salud y Economía Familiar, y que sean articulados por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), desde la PCM; requiriéndose, a mi juicio, asesoría internacional (OCDE, Naciones Unidas u otras).

Un reciente comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior anunció que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia, considerando que a la fecha hay 11 fallecidos a causa de los bloqueos que no han permitido el desplazamiento de las emergencias en cada caso.

Además, el bloqueo de carreteras ha ocasionado escasez y sobrealza en los precios de alimentos de primera necesidad, gas doméstico y combustible, e incluso en algunas regiones está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a los peruanos más pobres.

En este contexto, es necesario que, a través de los medios de comunicación, se haga conocer a la población los efectos nocivos del cierre de carreteras, y que la intervención se haga previo un proceso de diálogo con quienes se manifiestan para evitar más pérdidas humanas.

Por ECO. José Linares Gallo

El gran avance en transformación digital no ha sido acompañado de una mejora proporcional en la calidad de la seguridad de los dispositivos y servicios y, a diario, vemos reclamos, en especial de clientes de bancos, que, a pesar de lo evidente, requieren tiempo para ser solucionados.

Diversas reflexiones de la OCDE sobre el tema señalan, que, si bien se han hecho algunos progresos para normalizar las buenas prácticas (por ejemplo, la gestión coordinada de vulnerabilidades, o los requisitos de seguridad de la Internet de las cosas), las organizaciones no aplican estos requisitos básicos a todos los niveles. Sin embargo, en los niveles educativos digitales, que ahora utilizan inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) a través del uso de materiales didácticos-tecnológicos, sí se aplican, pues logran articular aprendizajes sin problemas.

Los responsables de la formulación de políticas de todo el mundo tienen ahora la oportunidad de abordar estos desafíos —a menudo internacionales— centrándose en los resultados deseados para el usuario final y basándose en las Regulaciones Técnicas Globales y en las mejores prácticas de la industria tecnológica para reforzar la interoperabilidad.

La Internet de las cosas —el conjunto de dispositivos y objetos conectados a Internet— encarna un desafío más amplio en materia de seguridad digital. La IoT de los consumidores, también conocida como productos «inteligentes» o «conectados», amplía la superficie de ataque más allá de las tecnologías tradicionales de la información y las comunicaciones (TIC) utilizadas por los consumidores, las empresas y los gobiernos.

Un número relativamente pequeño de actores malintencionados ha sido capaz de capitalizar la transformación digital adoptando modelos de negocio de ciberdelincuencia que pretenden evadir el cumplimiento del Derecho tradicional. El ransomware (secuestro de datos) se ha convertido en una amenaza común que afecta a todo tipo de empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño y ubicación. En Estados Unidos, en 2021, los operadores de infraestructuras críticas presentaron 649 denuncias ante el FBI.

Del mismo modo, los sistemas de información presentan vulnerabilidades relacionadas con la forma en que el software se diseña, desarrolla, implementa y actualiza. Los actores maliciosos desarrollan, comercian y utilizan herramientas como los malware o programas maliciosos para explotar estas vulnerabilidades mediante ataques que perjudican a las empresas, los gobiernos y las personas, amenazan las actividades esenciales y socavan la confianza en la transformación digital. Se debe considerar que los ataques en línea aumentan las tensiones entre las naciones, ya que los gobiernos y la infraestructura crítica son cada vez más los objetivos.

Los costos de un ecosistema digital inseguro pueden ser enormes. Las estimaciones sobre el costo potencial mundial de los ciberataques se han elevado a US$ 6 billones al año (lo que equivale al PIB combinado de Francia y Alemania) y aumentan cada año (OCDE, 2021), y se estima que podrían llegar a US$ 10.5 billones anuales para 2025 (Foro Económico Mundial Davos 2023).

Los atacantes buscan víctimas digitalmente dependientes. Según el CyberPeace Institute (institución internacional independiente, ubicada en Suiza, que resguarda la seguridad, la dignidad y la equidad en el ciberespacio), en 2021 se produjeron 253 incidentes de este tipo que afectaron al sector sanitario de 32 países. Estos problemas se ven agravados por la escasez de expertos en seguridad, los malos hábitos de notificación y la falta de acuerdos globales sobre cómo regular las amenazas cibernéticas.

Lo ideal sería que las fuerzas del mercado garantizaran que los productos —incluido el código (por ejemplo, el software, los dispositivos IoT, etc.)— y los servicios relacionados (como la nube) fueran suficientemente seguros, y que los desarrolladores reforzaran la seguridad en proporción al riesgo al que se enfrentan los usuarios y lo hicieran a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía existen pocas normas, estándares y reglas globales claras para mitigar y prevenir el delito cibernético. Mientras tanto, los proveedores de servicios gestionados y en la nube ofrecen servicios transfronterizos, que pueden ser susceptibles de ser atacados por agentes maliciosos desde cualquier lugar. Necesitamos con urgencia reglas internacionales que se hagan cumplir, así como un enfoque más expansivo que fomente la resiliencia cibernética; tema que se ha tratado en el último foro económico mundial en Davos.

Por ECO. José Linares Gallo

El esfuerzo de vacunación a nivel mundial ayudó a los países a comenzar a salir de la pandemia y permitió que millones de niños regresaran a la escuela, pero los impactos duraderos de las recientes pérdidas de aprendizaje podrían durar años. La inflación de los precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria aumentaron significativamente en 2022, y se agravaron debido al cambio climático y a la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos geopolíticos y económicos. Esta situación contribuyó al alza de los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes.

Los principales bancos centrales del mundo incrementaron las tasas de interés a un ritmo acelerado, buscando contener el crecimiento de la inflación global y reducirla hasta sus niveles meta de 2%, pero aún estamos lejanos de ello. Estados Unidos tiene una inflación que promedia el 8.2%, la Unión Europea ha llegado a 10%, Colombia 10.9%, Argentina 85%, Perú 8.45%. La contracción de la demanda a través del encarecimiento del crédito puso a las distintas economías en riesgo de recesión.

Consecuentemente, hubo una desaceleración del crecimiento de las tres economías principales del mundo -Estados Unidos, China y la zona del euro-. Bajo estas circunstancias, si un problema moderado afecta a la economía mundial durante el próximo año, esta podría entrar en una recesión.

Por otro lado, la agenda contra la pobreza se estancó. Para fines de 2022, hasta 685 millones de personas podrían estar viviendo en la pobreza extrema, haciendo de 2022 el segundo peor año en materia de reducción de la pobreza en las últimas dos décadas, siendo el 2020 el peor.

Actualmente, en el Perú hay más de un millón y medio de personas en pobreza extrema.

Las actuales proyecciones indican que el 7% de la población mundial -aproximadamente, 574 millones de personas- seguirán sumidas en la pobreza extrema en 2030, un porcentaje muy lejano del objetivo mundial del 3% para dicho año.

En el 2022, se intensificó la crisis de la deuda que enfrentan los países en desarrollo. Alrededor del 60 % de los países más pobres del mundo se encuentran en situación de sobreendeudamiento o en riesgo de estarlo. Por ello, no pueden realizar inversiones críticas en reformas económicas, salud, acción climática o educación, entre otras prioridades de desarrollo fundamentales. El Perú es uno de los pocos países del continente que no está sobreendeudado.

En la primera mitad de 2022 se produjo una de las mayores perturbaciones en los mercados energéticos internacionales que el mundo haya visto en décadas: se dispararon los precios de la energía (el petróleo llegó a 120 dólares), se agravaron la escasez de energía (gas) y las preocupaciones por la seguridad energética, y se desaceleraron aún más los avances hacia el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 2030 (Objetivo del Desarrollo Sostenible).

Con relación a la crisis del aprendizaje, se estima que la tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingresos bajos y medianos puede haber aumentado al 70% en 2022.

Si estas pérdidas no se revierten, provocarán una reducción de la productividad futura y de los ingresos a lo largo de la vida de los niños y jóvenes de la generación actual, y también perjudicarán las perspectivas económicas de los países, conduciendo a una mayor desigualdad y mayores riesgos de malestar social. El Perú fue uno de los países más afectados respecto a educación, pues ni profesores ni estudiantes ni el Estado estaban preparados para la digitalización de la educación, hoy principal objetivo de los sistemas educativos en el mundo.

Los países deben dar prioridad a cuatro áreas clave de la educación para afrontar estos desafíos: 1) Mantener las escuelas abiertas y aumentar el tiempo de instrucción vía digitalización de la educación; 2) Evaluar a los estudiantes y equipar a los docentes con los recursos necesarios para adaptar la enseñanza a los niveles de aprendizaje de los alumnos; 3) Racionalizar el plan de estudios y centrarse en el aprendizaje básico y; 4) Lograr un compromiso político a nivel nacional para la recuperación del aprendizaje.

Recordemos que, en el Perú, se han perdido casi 3 años de aprendizajes y, sin evaluaciones, hemos promovido de grado a los estudiantes. Es preferible, que, por lo menos la escuela pública, afronte este problema prolongando un año más a cada una de las promociones, para nivelarlos, principalmente en comunicación (que entiendan lo que leen, lo que escriben y lo que escuchan), lógica matemática, ciencia y tecnología, siempre practicando valores; requisitos para mejorar nuestra productividad y competitividad, en un entorno de paz.

Por ECO. José Linares Gallo

La fórmula presidencial Castillo-Boluarte, por la que votaron mayoritariamente los peruanos, falló en el primer titular, pero hubo una reserva moral que tuvo que ser mujer: Dina Boluarte, quechuahablante del distrito de Chalhuanca, de la provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac.
El sur andino, puede tener hoy la reivindicación tan esperada, pero se necesita un cambio profundo en las posibilidades de los quechuahablantes, y este comienza con su reivindicación lingüística a través de la tecnología. Hay lugares en el sur andino, donde más del 70% son exclusivamente quechuahablantes, como es el caso de la provincia de Aymaraes (75%), de donde procede la presidenta.

Es sabido que gran parte de la pobreza y pobreza extrema en el Perú, paradójicamente, se encuentra en uno de los lugares más ricos de nuestro país: el Ande, y esto se debe a la brecha lingüística que enfrentan principalmente los quechuahablantes, quienes no tienen palabras de tecnología, economía ni emprendimiento en su idioma nativo, lo que limita significativamente la educación, productividad, competitividad y empleabilidad de los 4.5 millones de quechuahablantes peruanos a lo largo de su vida, afectando nuestro PBI global.

Por ejemplo, en el caso de los agricultores quechuahablantes de parcelas familiares de autoconsumo, tan solo ganan un aproximado de 650 soles mensuales por persona, menos de un mínimo vital. Si potenciamos su productividad, además de incrementar sus ganancias, se abriría la posibilidad de reducir la importación de granos (trigo), al ser reemplazados por tubérculos y cereales andinos, lo que impactará en la calidad de la alimentación peruana y disminuirá la pérdida de reservas monetarias.

El quechua ha disminuido en un 60% en los últimos 30 años, así lo demuestran los censos desde 1993. Esto se debe a que el quechua no ha ingresado al ciberespacio: se requiere educar, desde la escuela, con un quechua enriquecido lingüísticamente utilizando medios digitales. Recordemos que, en estos tiempos, el idioma que no ingresa al ciberespacio, desaparece.

Un proceso de alfabetización digital en quechua permitiría la revitalización del idioma nativo con la incorporación de vocablos de tecnología, economía, emprendimiento, sociedad y Estado propios de las Eras Industrial, Analógica y Digital, que hemos desarrollado en estos últimos 26 años.
El Ministerio de Cultura consideró nuestro trabajo como un aporte ciudadano al Bicentenario de la República, mientras por su parte, el Ministerio de Educación (Digeibira) consideró que nuestra experiencia debe continuar, la misma que fue practicada con jóvenes quechuahablantes en educación terciaria a través de Beca 18 (2015-2019), provenientes de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac.

Este proceso mejoraría la calidad educativa de 1 millón 200 mil estudiantes quechuahablantes de educación inicial y primaria y 3 millones de quechuahablantes entre jóvenes y adultos (de entre 14 y 64 años), integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA), hoy sin capacidad de empleo digno.

Una experiencia similar que resaltar es la de la minera Bear Creek en Puno, la cual ha apoyado a comunidades quechuahablantes trabajando electrónica, utilizando palabras en inglés y quechua, lo que ha permitido que exporten lana de alpaca de alta calidad, incrementando significativamente sus ingresos.

El que la primera presidente mujer sea quechuahablante y de una de las zonas más empobrecidas del país, abre grandes oportunidades a la reivindicación lingüística del quechua, pues se puede asumir, que, conocedora de los problemas que afectan a la población, podrá tomar medidas que mejoren directamente la calidad de vida de poblaciones que han sido olvidadas por 500 años: 300 de Colonia y 200 de República; ya es tiempo de que los niños quechuahablantes estudien con la tecnología de la época en que les toca vivir.

La presencia en Palacio de Gobierno de los distintos gremios empresariales, expresándole el pleno respaldo a la presidenta, podría asegurar la inversión privada nacional e internacional, que, a lo largo de estos últimos 3 años, ha estado casi paralizada; no obstante, continuamos siendo la tercera economía de Sudamérica.

Tras haber sido aprobada en primera legislatura el adelanto de elecciones para el 2024, con 93 votos, en estos 20 meses que tiene por delante la presidenta, debería proponer mesas de diálogo representativas del empresariado, trabajadores y organizaciones sociales, para iniciar un proceso de pacificación del país con desarrollo.

Vale recalcar que hace mucho tiempo que no existía un consejo de ministros con altas capacidades técnicas y que ha jurado a la presidenta realizar una gestión sin corrupción, sin dudas el mayor problema que enfrenta nuestro sistema democrático. Para combatir la corrupción, el Estado debe asegurar un equilibrio de precio y calidad en las licitaciones.

Por ECO. José Linares Gallo

Llegamos a fin de año, y es época de previsiones económicas, sobre todo en el contexto de una alta inflación y el endurecimiento de la política monetaria, que puede desacelerar el crecimiento.
Esto en un contexto en que 33 de los 39 países miembros de la OCDE registraron variaciones de doble dígito en la inflación anual de alimentos, donde el promedio alcanzó una fluctuación anual de 16.1 por ciento, siendo la más alta la de Turquía, con una variación del 99% anual; en Latinoamérica, Argentina alcanzó una variación del 91.59%, y Colombia 27.02%.

En contraste, Israel presentó la fluctuación más baja de los precios de alimentos entre los países del grupo, que es 4% anual, así como Suiza que registró una fluctuación a 12 meses de 4.2% en los precios de alimentos.

Por su parte, la economía de Estados Unidos se está desacelerando y se asume que esto se agravará el próximo año. Aun así, el consenso es que, de darse una recesión, ésta sería relativamente corta y poco profunda.

Sin embargo, en noviembre, en EEUU, se registraron pocas señales de enfriamiento del mercado laboral, pues hubo un dinamismo del empleo y se aceleró el crecimiento de los salarios. Se crearon 263,000 nuevas plazas no agrícolas, y un incremento en el salario promedio por hora de 0.6% con respecto a noviembre, pero la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3.7%.
En septiembre, la inflación en EEUU registró una tasa anual de 8.2%, bajando a 7.7 % en octubre, (pico de 9.1% en junio) manteniendo un nivel todavía alto, a pesar de haber elevado la tasa de interés de un rango inicial de 0.0-0.25% a uno de 3.75-4.0% en lo que va del año. Se espera un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia en el mes de diciembre.

En la Zona Euro, la actividad empresarial se redujo en noviembre por quinto mes consecutivo, lo que sugiere que la economía entró ya en una recesión leve, debido a que los consumidores recortan el gasto en medio de la creciente inflación. Se prevé una recesión moderada en la Zona Euro a partir del cuarto trimestre de este año, que continuará en el primer trimestre del 2023. La inflación se ha moderado hasta una tasa de 10% en noviembre, pero está a un nivel muy alto, básicamente por los precios de la energía, mientras que la inflación alimentaria llegó a 12.44%.

En diciembre, es posible que el Banco Central Europeo (BCE) entre en una nueva fase de su lucha contra la inflación, y suba los tipos de interés otros 50 puntos básicos, para llegar al 2%. Un endurecimiento monetario que aumenta riesgos en una región altamente endeudada. Ahora mismo, la tasa de depósito se sitúa ya en el 1.5%.

En el Perú, se prevé que el PIB crecerá un 2.7 % en 2022, valor que se mantiene por debajo de la tendencia previa a la pandemia, con una tendencia decreciente en el segundo semestre. La tasa anual registrada a noviembre 2022 fue de 8.45%. Para frenarla, el Banco Central de Reserva endureció su política monetaria elevando la tasa de referencia 16 veces desde agosto de 2021, desde el nivel de 0.25%, hasta 7.25% en noviembre de 2022.

Se espera un aumento de 25 puntos básicos para diciembre, con lo cual la tasa de interés de referencia llegaría a 7.50%, dada la mayor inflación, que subió de 8.28% en octubre a 8.45% en noviembre, a pesar de los aumentos de las tasas de referencia anteriores.

Asimismo, las expectativas de inflación para el próximo año están algo por encima del 4%, lo que ha llevado al presidente del Banco Central de Reserva a señalar el riesgo de que la inflación persista y se quede anclada en 4%, nivel por encima del rango meta (1%-3%), afectando la estabilidad de precios en la economía en general. Esto significa que el regreso al rango meta recién se daría en e 2024.

Sin embargo, la inflación en el Perú, al estar ligada en gran medida al precio internacional del Petróleo (que importamos en 80% del total que consumimos), podría reducirse, ya que la Unión Europea, el principal comprador de petróleo en el mundo, ha establecido un tope de precio al petróleo ruso de 60 dólares, equivalente al 50% del precio máximo del petróleo en el presente año.

Por ECO. José Linares Gallo

El reciente informe de la OCDE (22 de noviembre) señala que en el escenario global no se está viviendo una recesión, sino una desaceleración. En el 2023 se mantendrá una inflación alta, aunque decreciente en muchos países. Los riesgos siguen siendo significativos y la política tiene un papel crucial que desempeñar. Aunque en el estudio se plantea mantener el encarecimiento del crédito, hay que tener en cuenta que el impacto social no es igual en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, donde hacerlo incrementaría la pobreza y pobreza extrema; este es el caso de Perú, uno de los países más informales del mundo (80%), que actualmente se enfrenta a una quinta ola de covid-19.

Según la OCDE, la energía limpia será crucial para diversificar el suministro de energía y garantizar la seguridad energética. En el Perú, que actualmente importa el 80% del petróleo que consumimos, causa fundamental de la inflación, podríamos controlarla con el aumento de consumo del gas natural y de energías renovables, de las cuales disponemos de reservas y condiciones naturales propicias para generarlas.

El informe proyecta que el PIB en Perú crecerá un 2.6% en 2023 y un 2.9% en 2024, impulsado principalmente por una mayor producción y exportaciones mineras y la recuperación del turismo. Aquí vale la pena recordar que antes de la pandemia (2019), el Perú tuvo más de 4 millones de turistas, sin embargo, la pandemia redujo 10 veces el turismo receptivo y el turismo interno 4 veces. Para fines del 2022 se prevé, en el mejor de los casos, que se llegue a dos millones de turistas, es decir el 50% de lo que había antes de la pandemia, cuando el turismo ocupaba laboralmente a 1.4 millones de personas formales e informales, por lo que es un sector que debió ser privilegiado en la ley de presupuesto para recuperar por lo menos un millón de puestos de trabajo.

A pesar de que la inflación está en una trayectoria descendente, esta alcanzó 5.7% en octubre, lo que todavía es alto. Los principales impulsores de la inflación han sido el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Además, la moneda se depreció en medio de incertidumbres políticas internas y mundiales. Los aumentos salariales se han contenido y los salarios reales cayeron un 1.3% respecto al año anterior en agosto.

Para proteger a los hogares de la alta inflación, el Gobierno ha entregado cupones a los pobres para comprar gas para cocinar y para alimentos, y se han aumentado las transferencias de efectivo a los hogares vulnerables y a los ancianos. Además, se ha tomado medidas de emergencia, como la exclusión de la mayoría de los impuestos sobre la gasolina; sin embargo, según la consultora Vox Populi, en el mercado limeño encontramos gasolina (de 90, 95 y 97) de Petroperú en Ate 30% más barata que en grifos de Repsol en Santiago de Surco el mismo día.

El retraso en la creación de empleos formales y los altos niveles de pobreza señalan la necesidad de brindar apoyo fiscal específico; aquí hay que señalar que la pobreza extrema en el Perú está ubicada en la zona andina quechuahablante y en las periferias de las ciudades como Lima, sin luz, agua ni desagüe. Pero aquí el problema no es únicamente económico, sino lingüístico, porque los quechuahablantes, al no disponer en su lengua nativa de palabras tecnológicas y económicas en quechua, tienen muy poca productividad, de ahí la necesidad de enriquecer al quechua con palabras de tecnología, economía y emprendimiento que no existen oficialmente.

Con la disminución de las presiones inflacionarias, el Banco Central pronto finalizará el ciclo de endurecimiento de la política monetaria, manteniendo tasas oficiales; entendemos que las mismas dependen de que el costo social no sea extremo.

La inversión pública será moderada debido a la ejecución presupuestaria local y regional estructuralmente baja. El crecimiento del PIB se recuperará en 2024 a medida que las condiciones monetarias se relajen y el crecimiento mundial aumente. La inflación debería converger lentamente hacia el objetivo del 2% para la segunda mitad de 2024.

La OCDE nos dice que el aumento de la productividad y la inversión dependerán de una competencia más fuerte, una infraestructura pública de mayor calidad y una capacidad estatal mejorada. Una mayor inversión en energías renovables puede ayudar a diversificar la economía y aumentar la productividad, al tiempo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Por ECO. José Linares Gallo

En las principales ciudades del país, el tiempo promedio de viaje es de una a dos horas, y en cuanto a accidentes de tránsito, Perú, a pesar del bajo parque automotor, tiene la mayor tasa de mortalidad en la región: 16 por cada 1000 habitantes, frente a 12.3 de Chile, 15.6 de Colombia y 12.6 de Argentina. Los accidentes se concentran en Lima, Arequipa, La Libertad, Cusco, Lambayeque y Piura, especialmente en las zonas urbanas y no por la mayor cantidad de unidades, sino por la pésima administración del tránsito.

En Lima y Callao, el 85% de viajes motorizados se realizan en transporte público (combi, microbús, autobús o automóvil colectivo). En estas localidades, la contaminación ambiental es provocada en más del 50% por las emisiones de los vehículos de combustión (principalmente ómnibus a diésel con antigüedad de 14 o más años, a lo que se agrega la mala calidad del combustible).

Por otro lado, en el 2019, el Informe de Competitividad Global clasificó a Perú en el puesto 97 entre 114 países en términos de infraestructura de transporte. Teniendo una de las distribuciones de infraestructura más desiguales de la región, lo que representa una barrera de desarrollo para la mayoría de las ciudades, ya que los costos de transporte para llegar a los mercados internacionales son un 50% más altos que en Lima.

El sistema de transporte actual está basado en combis, taxis, vehículos informales y una oferta limitada de buses. En el caso de Lima, existen pocos corredores de transporte, como el Metropolitano (Castañeda) y sus ramales, y la línea 1 del Metro (García). Tenemos que incrementar urgentemente la capacidad de transportar personas de forma masiva, con base en un estudio de la demanda.

Además, deberíamos invertir pensando en el medio ambiente, en circunstancias en que Lima es considerada una de las ciudades de mayor polución del mundo, en parte debido a la calidad de combustible que utilizamos, en particular el que proviene de la refinería La Pampilla, ubicada en Lima (el mayor consumidor).

Debemos buscar que la Refinería de Talara produzca lo máximo posible para disminuir la polución; es lo mínimo que debemos obtener luego de una enorme inversión de más de 4 mil millones de dólares efectuada desde el gobierno de Humala, y que, a la vez, La Pampilla mejore sus instalaciones para que pueda competir con una calidad aproximada a la de Talara. Recordemos que Repsol adquirió el 60% de la refinería La Pampilla el año 1996, por solo 180.5 millones de dólares.

Además, el Estado nacional y local debe seguir fomentando la transformación de vehículos para que reemplacen el consumo de petróleo y gasolina por el gas natural del que el Perú dispone, con lo cual disminuirá significativamente los egresos de divisas, que hoy se usan para importar petróleo (equivalente al 80% del consumo nacional); parte de ellas debería utilizarse para que el acceso al transporte masivo esté al alcance de todos.

Actualmente, el Metropolitano, que es uno de los principales medios de transporte masivo de Lima, utiliza gas natural para funcionar, y parte de los buses del sistema integrado de transporte también utilizan motores de gas natural junto con motores eléctricos que les permiten reducir el consumo de combustible manteniendo una gran autonomía. Pensando en mediano plazo, hay que continuar invirtiendo en el transporte de gran capacidad. La línea 1 del Metro, que funciona a Electricidad, y que transporta a aproximadamente 600 mil personas a diario, conectando Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho en solo 45 minutos, sienta las bases de lo que será el transporte masivo y limpio en Lima en los próximos años.

La línea 2 del Metro de Lima, unirá Ate con el Callao en 45 minutos, conectando 13 distritos. En proyecto se encuentran las líneas 3 (Comas – San Juan de Miraflores), 4 (de Gambetta a Javier Prado) y 5 (Surco, Chorrillos y Villa El Salvador) que deberían estar listas, por lo menos dos de ellas, en los próximos 8 años, más aún cuando dentro de pocos días, Lima tendrá un empresario de alcalde.

Debido a estas obras, Lima estará en condiciones de avanzar en las soluciones de sus principales problemas del transporte y de contaminación al 2030, para que los habitantes recuperen el tiempo que pierden en el actual tránsito caótico y dejen de exponerse a los accidentes y a los altos niveles de polución, esto a su vez contribuirá con la mejora de su calidad de vida y de su productividad.

Por ECO. José Linares Gallo

En el reciente CADE, clausurado esta semana, destacó la intervención del ministro de Economía Kurt Burneo, quien presentó la conferencia “Ruta para Impulsar la inversión privada y el crecimiento”, en la que señaló que es importante tener información y comunicación y no presunciones, sobre todo en la economía, para así lograr eficiencia en la gestión.

Según dijo, el MEF está apostando por un crecimiento del 3.0%, y habló sobre cuáles son las condicionantes para lograrlo y qué necesitamos para que sea más alto. Para tener desarrollo, necesitamos que la economía crezca, menor desigualdad del ingreso y mejora en las capacidades de la gente (servicios públicos para todos), y preservación de los equilibrios medioambientales.

La expectativa para hacer crecer la demanda y lograr una estabilidad macroeconómica, sumada a la apertura comercial y de instituciones basadas en el mercado, son los pilares de la economía bajo los cuales se desarrolla la política económica de mercado.

La economía peruana sigue creciendo, sin embargo, hay preocupación por la velocidad de este crecimiento; en el corto plazo se está recuperando el dinamismo de la inversión pública (25% del total de la inversión), la misma que es importante porque es funcional al crecimiento de la inversión privada (carreteras para conectar al mercado, por ejemplo).

Perú, desde hace tiempo, es confiable en cuanto a su capacidad de cumplir con sus obligaciones crediticias externas. Por lo que mantiene su grado de inversión. Pero para que las inversiones nacionales y extranjeras se mantengan, la información debe ser simétrica, verás: mucho daño ha hecho la rebaja de categoría a la deuda peruana, que si bien no fue tan grave como se anunció, la desinformación hizo subir la tasa de cambio, perturbando la estabilidad interna.

El Plan de Reactivación “Impulso Perú” (septiembre 2022), busca que la economía recobre su dinamismo, para lo cual tiene medidas por el lado de la demanda y de la oferta, como la posibilidad de producir a un menor costo (Fondo para la promoción de la producción de Pymes), que sirve para contrarrestar la reducción de la demanda aplicada por el BCRP sin ir contra la estabilidad fiscal, que es un elemento importante de la estabilidad macroeconómica, aun habiendo margen para un mayor gasto.

El Plan Impulso Perú consta de tres ejes: mejora de las condiciones para el gasto privado, aceleración de la inversión pública y recuperación de la confianza, y tiene 36 medidas y 48 normas, que han sido presentadas como proyectos de ley al Congreso de la República y hasta ahora no se han aprobado totalmente, lo que ha llevado a la presentación de 10 medidas adicionales para su actualización (noviembre), entre las que destacan:

La modificación del régimen de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV); un régimen de depreciación acelerada para maquinaria y equipos a las actividades asociadas a textiles, confecciones y calzado; la extensión del tratamiento especial en el impuesto a la renta (IR) que se otorga a los Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmobiliarios (FIRBI); el impulso a la industria naval y las mypes; una deducción adicional temporal de 50% del gasto por un año de contratación de nuevos trabajadores; e incentivar la inversión privada a partir de la reducción de los costos financieros de los nuevos proyectos de inversión.

Cabe señalar que una economía abierta como la peruana depende en un 60% de factores externos que no controlamos (que se han agravado), y en un 40% de factores internos que podríamos controlar si utilizamos al máximo nuestros propios potenciales. Algo respecto a lo cual habló el empresario Carlos Añaños, cuando dijo que era necesario añadirle valor a nuestra materia prima; y dio como ejemplo las papas nativas que ya se están vendiendo en el exterior, en forma de hojuelas (chips).
Sin embargo, también es necesario que proyectos de Ley adicionales, enviados al Congreso de la República se aprueben oportunamente.

Una tarea importante es elevar el PBI potencial (sin generar más inflación), que hoy se encuentra en 2.9%, cuando el 2012 era de 5.5%. Luego del CADE, queda claro que el sector público y el privado deben articularse para invertir en servicios, infraestructura, educación, salud e innovación. Solo de esta manera se logrará alcanzar el desarrollo. A esto se suma lo que dijo el presidente de IPAE Gonzalo Galdos, durante la clausura del evento, respecto a que no debemos dejar de lado la educación de calidad para no hipotecar las generaciones futuras.

Está en manos de la comisión de Economía del Congreso declararse en sesión permanente para aprobar las normas definitivas solicitadas, que sin duda estimularán el crecimiento económico del país, generando empleo y disminuyendo la pobreza.

Por ECO. José Linares Gallo

La alta rotación de los ministros y las investigaciones contra el mandatario y su entorno siguen erosionando la efectividad del Gobierno para implementar políticas públicas sectoriales. Este deterioro está afectando el crecimiento económico que ha venido descendiendo. Es necesario superar los riesgos del debilitamiento de la gobernanza y de riesgo país, mejorando nuestro grado de inversión.
De ahí el pronunciamiento de los empresarios para el próximo CADE Ejecutivos, a realizarse entre el 8 y 10 de noviembre, que plantea que es ineludible que los empresarios asuman un mayor nivel de protagonismo para retomar el crecimiento económico, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. El CADE “El Perú en Emergencia: los peruanos en acción” abordará tres ejes temáticos: inversión privada, un Estado que funcione, e instituciones sólidas y democracia. El desarrollo del país requiere simultáneamente de estos tres ejes fundamentales.
Se requiere un acuerdo nacional donde los empresarios tengan un rol preponderante en la medida en que asuman un plan de inversiones significativas para poder generar empleo en el país. Para ello los empresarios están reclamando estabilidad y ello supone, según Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, que se retome una institucionalidad sólida en los poderes del Estado y que no haya interferencia de poderes, para ellos poder invertir.
En la actualidad, los empresarios están en un dilema sobre si deben tener más protagonismo en la economía, en torno a la inversión y a la generación de empleo. En este momento en que el Perú está en una emergencia, ese rol es ineludible porque esta crisis no se va a poder superar si no hay inversión, si no se prioriza el crecimiento del empleo y no se reduce la pobreza.
También se anuncia la próxima intervención de la OEA, al haberse activado la Carta Democrática por solicitud del Perú. Este organismo internacional que se compone de 35 países de todo América debe ser absolutamente neutral.
El que Argentina, Bolivia y Colombia hayan adelantado opinión, no significa que la OEA esté parcializada con el gobierno del Perú. Por delante está la permanencia de la democracia en el país, que durante sus 200 años de república nunca había tenido cinco transferencias democráticas seguidas, aunque la cuarta requirió de cuatro presidentes.
La comisión de la OEA, después de informarse y buscar puntos de consenso entre todas las partes, debe viabilizar una convocatoria de ancha base para un diálogo nacional permanente, que permita superar la crisis e iniciar el desarrollo integral del país, con el compromiso de las fuerzas vivas de la nación de generar políticas de desarrollo consensuadas y vinculantes. Recordemos que la última concertación (Acuerdo Nacional del 2002), paradójicamente en teoría hasta ahora vigente, no obtuvo ningún resultado por no ser vinculante.
Si todos asumen su responsabilidad, se podría dar seguridad para que las políticas públicas sean efectivas y se logren objetivos comunes. Y se daría seguridad a los empresarios (nacionales e internacionales) para que inviertan; única salida de la crisis económica y social que afronta el país.
Con respecto a la investigación al presidente de la República, es deseable que el Poder Judicial y el Ministerio Público, tratándose de un tema nunca efectuado contra un presidente en funciones, conozcan la opinión de la OEA al respecto, en la búsqueda de que continúen con las investigaciones, pero bajo los cauces estrictos de la legislación vigente. En última instancia, también se podría decidir un adelanto de elecciones generales (Legislativo y Ejecutivo), pero previamente una reforma constitucional que asegure que la democracia y el desarrollo se fortalezcan.
Lo que se lograría elevando la valla electoral a no menos del 10%, impidiendo el transfuguismo y modificando la elección parlamentaria para que el 50% de los congresistas sean electos en primera vuelta y 50% en segunda vuelta. También es necesario volver a la bicameralidad, para tener mejores leyes y un adecuado balance de poderes, al existir facultades para que el Presidente disuelva la cámara de diputados y, a su vez, el senado pueda destituir al Presidente; en ambos casos con causales totalmente claras.
Además, el presidente del Consejo de Ministros debe, bajo su responsabilidad, proponer al Presidente candidatos probos para ministros. Para ello debe buscar, aparte de la experiencia profesional idónea para el ejercicio del cargo, a candidatos que no dispongan de antecedentes de corrupción con el Estado. Los medios informáticos hoy lo facilitan.

Por ECO. José Linares Gallo

La Guerra en Ucrania, la inflación mundial resultante y la tendencia hacia una recesión, han trastocado los mercados inmobiliarios, al endurecerse las políticas monetarias, que han encarecido el crédito, especialmente el hipotecario, frente a la prioridad del gasto en alimentación y energía.

Después de una década de crecimiento de precios inmobiliarios sin parar en EE.UU., el mercado inmobiliario se desploma, y en Europa, se estanca, principalmente en España. En EE.UU., con la crisis financiera de 2008, la burbuja inmobiliaria estalló con la quiebra de los promotores inmobiliarios, con efectos sobre la economía mundial, que sumió al país en la mayor recesión desde la Gran Depresión (1929).

Ahora, después de la pandemia, los precios de los inmuebles en EE.UU. han tenido un crecimiento vertical, duplicando valores del 2008, esto a pesar de la inflación más alta en EE.UU. de los últimos 25 años (8.3%); y a pesar del incremento significativo de los tipos de interés. Antes se compraba una casa con aproximadamente 2% de interés al año, esto estimulaba la compra masiva. Ahora hay un frenazo porque la tasa de interés ha crecido cuatro veces más para hipotecas. El precio de una vivienda en EE.UU. termina costando aproximadamente 7 veces lo que ingresa en un hogar al año.

Los precios de las viviendas han subido mucho más rápido que los ingresos, lo que ha provocado una restricción en la accesibilidad, y las tasas hipotecarias se han duplicado desde agosto de 2021. Pero, en ciudades importantes como Los Ángeles, Nueva York y Dallas, hay una caída del 20% en los precios, pero en otras no tan conocidas, llega hasta 50%. Es algo histórico que no se veía hace muchísimos años.

En la Unión Europea, la pandemia tuvo un impacto positivo sobre la demanda de vivienda y el precio, pero las bajadas de tipos de interés y las inyecciones de liquidez de la banca central dejaron a la vivienda como uno de los pocos activos con una rentabilidad elevada.

En 2022, el crecimiento de los precios de la vivienda en la Euro Zona fue del 9.8%, la más elevada desde principios de la década de 1990, pero luego, en un contexto de subidas de tasas de interés y de control de la inflación (alto costo de la energía) ante el riesgo de una recesión, la intención de compra de una vivienda ha disminuido y los bancos han reducido sus expectativas de demanda de créditos hipotecarios, lo que apunta a una baja de los precios de la vivienda, y un estancamiento del mercado inmobiliario.

En EE.UU. y Europa, mientras se siga construyendo a pesar de que la demanda disminuye, hay que prever una caída más pronunciada a corto y mediano plazo.

En China, tras décadas de bonanza, en las que el sector inmobiliario impulsó la economía del país, el mercado pasa ahora por momentos complicados. No aflora el crédito fácil de tiempo atrás, caen los precios, los compradores se niegan a seguir haciendo frente a las hipotecas que pagan por apartamentos a medio terminar y las ventas se desploman un 40% con respecto a 2021.

Luego de la crisis financiera del 2008, el gobierno chino abrió las facilidades crediticias para la construcción de viviendas y para el desarrollo masivo de viviendas en las zonas rurales. Evergrande, el principal promotor inmobiliario comenzó 1,300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades chinas, así urbanizó grandes áreas de China con un esquema de preventa de departamentos en construcción. Pero su sobreendeudamiento externo afectó la edificación de 800 proyectos de viviendas, y a la seguridad de la propiedad de 1.6 millones de familias, que terminaron por perder su dinero invertido.

Esto revela que la situación en China hoy es diametralmente opuesta a la crisis de las hipotecas subprime registrada en EE.UU. en 2007, donde los bancos prestaron dinero a personas de alto riesgo que luego no pudieron seguir pagando sus empréstitos.

China se encuentra con un escenario complejo marcado por las múltiples derivas económicas de la guerra de Ucrania, las consecuencias de la sequía histórica que afronta el país y la resaca de su dura “política Covid Zero”, que ya pasa factura a la economía del gigante asiático.

Consecuentemente, las crisis más sustantivas serían en EE.UU., Europa y China. En el Perú, el impacto del desarrollo inmobiliario siempre ha sido estable, sin embargo, la crisis externa afectará al Perú con reducción de precios de los inmuebles, pero su impacto en la economía nacional será mucho mayor en cuanto a la reducción de exportaciones de cobre y otros metales utilizados para la construcción.

Por ECO. José Linares Gallo

La catástrofe económica que dejó la covid-19, aunada a las 200 mil muertes de peruanos, y la recesión mundial que en el país tiene efectos inflacionarios por la importación de cereales y petróleo, ha generado un incremento sustantivo de la pobreza y la pobreza extrema en el país, concentrada en el área rural, particularmente en el Ande.
De ahí que mejorar la productividad andina a partir de actualizar lingüísticamente el idioma quechua, que hasta ahora no dispone de palabras de tecnología, economía, emprendimiento ni Estado (lo que repercute sobre la casi nula productividad que tienen las actividades productivas en este idioma) es una labor urgente, con repercusiones nacionales significativas.

Actualizar el quechua brindará una solución que permitirá aumentar la Población Económicamente Activa (PEA, 17 millones entre 14 y 64 años, con disposición para trabajar) y, con ello, disminuir significativamente la pobreza y pobreza extrema, concentrada en el Ande. En momentos de crisis global, se deben plantear soluciones que utilicen y potencien la producción de recursos propios y, a la vez, generen crecimiento económico a nivel nacional.

Debido a esto, el proceso de alfabetización digital en quechua, pendiente históricamente, busca difundir el uso y aprendizaje del idioma nativo vinculándolo al avance de la tecnología digital y desarrollo de la competitividad de los quechuahablantes, vía la incorporación a su idioma de vocablos tecnológicos, económicos, de emprendimiento y Estado, que no existían previamente y que se han desarrollado a través de actividades educativas con niños y jóvenes en distintos lugares andinos y donde, durante los últimos 26 años, se incorporaron vocablos de las Eras Industrial, Analógica y Digital en quechua, que han quedado consignados en seis libros.

Los vocablos creados, luego de un trabajo colaborativo de dos años con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), permitieron contar con el primer software de programación educativo gratuito Scratch – Kichwa (2021), que es su versión lingüística número 73, lo que conecta a nuestros niños, jóvenes y docentes quechuahablantes a una comunidad online de 60 millones de usuarios, quienes, respaldados por Harvard y voluntarios del mundo, podrían interactuar diariamente, si logramos mejorar significativamente la conectividad (internet) en el Ande.

Este proceso de alfabetización digital busca insertar nuestra lengua nativa en el ciberespacio a través de los nuevos vocablos.

Sus beneficios son el mejorar la capacidad productiva y la empleabilidad de los 4.5 millones de quechuahablantes, de los cuales más de 3 millones se encuentran en edad de trabajar (más de 14 años), lo que impactará en un significativo incremento del PBI, debido a su incorporación con conceptos de tecnología y productividad a la PEA. Esta población está ubicada, particularmente en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno y Áncash, donde, en promedio un 60%, continúan hablando exclusivamente su lengua nativa.

La minería responsable en estas zonas es una alternativa significativa para las comunidades andinas y para el país en general, de ahí que estabilizarlas lingüísticamente a partir del uso de su lengua nativa en actividades productivas, servirá al país, la región y a las empresas mineras al disminuir la conflictividad en las zonas. Hace poco hemos dado cuenta de una experiencia exitosa de responsabilidad social en donde la minera Bear Creek, en Puno, a 5 mil metros de altura, respetando la lengua quechua y combinándola con el inglés, ha logrado mejorar la productividad y competitividad de la lana de alpaca en el distrito de Corani, aumentando los ingresos de los comuneros de 200 soles mensuales a 2,500.

El proceso de alfabetización digital también impactará en la seguridad alimentaria de toda la población, con la producción de alimentos andinos de calidad que reemplacen a los cereales importados, lo que mejorará la alimentación nacional e incrementará el PBI y las reservas monetarias al disminuir las importaciones.
Además, mejoraría la calidad educativa de 1 millón 200 mil estudiantes quechuahablantes de educación básica, y la coordinación de políticas públicas multisectoriales y subnacionales, así como la gobernanza en el ámbito rural andino.

Al utilizar, en escuelas quechuahablantes, los nuevos vocablos y softwares de programación y construcción digital en quechua desarrollados por nosotros, se sienta la base para fomentar la generación de emprendedores andinos digitales, utilizando su lengua nativa. Esto contribuirá a mantener actualizado el quechua, el mismo que en su versión original ha disminuido del 30% al 13% a nivel nacional desde 1993. Las lenguas que no circulan en el ciberespacio vienen desapareciendo.

Se debe considerar que el quechua ha hibernado por casi 500 años y los diccionarios reeditados sucesivamente desde 1586 así lo evidencian, ya que, hasta la actualidad, incluyen pocos o ningún vocablo de ciencia, tecnología, economía, emprendimiento ni Estado.

Por ECO. José Linares Gallo

Desde principios de año, un rápido deterioro de las perspectivas de crecimiento, junto con el aumento de la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras, marcan las condiciones para una recesión mundial. Por ello, el Banco Mundial recientemente ha publicado el documento de trabajo “¿Es la recesión mundial inminente?”, donde nos presenta un análisis sistemático de la evolución reciente de la actividad y políticas económicas y sus perspectivas, cuyas conclusiones señalamos:
En 2022, la posibilidad de una recesión global viene preocupando cada vez más a los formuladores de políticas, ya que han observado el rápido deterioro de las perspectivas de crecimiento en medio de una inflación galopante. Los pronósticos recientes sugieren que la economía mundial experimentará su caída más pronunciada durante los próximos dos años. Los estimados de crecimiento para los Estados Unidos (6.2% de inflación acumulada), la zona del euro (dentro de las inflaciones acumuladas más altas: Italia 7.1% y Alemania 6.9%) y China (1.9% de inflación acumulada) también se han reducido significativamente. El estudio prevé que entre el 2021 y 2023, el crecimiento mundial se desacelere en 3.4%.
Las preocupaciones sobre la alta inflación y el creciente riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación ya han llevado a un endurecimiento significativo de la política monetaria en muchos países. Al mismo tiempo, una marcada erosión del espacio fiscal, y presiones de exceso de demanda, así como un menor impacto de la pandemia, han llevado a retiros del apoyo fiscal. Como resultado, la economía mundial se encuentra en medio de un episodio simultáneo de endurecimiento de la política monetaria y fiscal.
Si el grado de endurecimiento de la política monetaria mundial prevista actualmente por los mercados no es suficiente para reducir la inflación a sus metas, la experiencia de recesiones mundiales pasadas sugiere un endurecimiento adicional, que podría generar una tensión financiera significativa y desencadenar una recesión mundial en 2023.
Sin embargo, la economía global podría escapar de una recesión; un endurecimiento adicional de la política monetaria requeriría que se implemente de tal manera que genere un ajuste ordenado en los mercados financieros. Y los formuladores de políticas deben utilizar todas las opciones disponibles para adelantarse a la inflación y reducir la probabilidad de una caída más pronunciada del crecimiento.
Se requiere marcos de política monetaria creíbles, para anclar con mayor fuerza las expectativas de inflación, reduciendo el grado de endurecimiento de las políticas necesario para lograr la desinflación deseada. A largo plazo, los beneficios de la estabilidad de precios, incluida la reducción de la incertidumbre política y la volatilidad macroeconómica, superarán los costos de una política monetaria restrictiva a corto plazo.
El ritmo y la magnitud del retiro del apoyo fiscal deben calibrarse finamente y alinearse estrechamente con planes fiscales creíbles a mediano plazo. Siendo importante la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, fortalecer los marcos fiscales, mejorar la transparencia de la deuda, mejorar las funciones de gestión de la deuda y mejorar la movilización de recursos y la eficiencia del gasto. Al mismo tiempo, la política fiscal debe proporcionar un alivio específico para proteger a los hogares vulnerables, en lugar de introducir medidas distorsionadoras como subsidios y controles de precios.
Las Políticas financieras deben reconstruir las reservas de divisas y realinearlas prudentemente, para prepararse para posibles tensiones financieras. Asimismo, con políticas prudentes, se debería controlar la exposición del sistema bancario a la volatilidad del tipo de cambio y de la calidad crediticia y solidez bancaria.
Se deben enfrentar las limitaciones de la oferta que afectan los mercados de energía, los mercados laborales y el comercio internacional, para ayudar a la lucha contra la inflación y adicionalmente, mejorar la productividad y las perspectivas de crecimiento a largo plazo.
En nuestro país, el BCRP elevó en setiembre la tasa de interés de referencia de 6.50% a 6.75%, estando a la espera la subida de octubre. La inflación sigue por encima de la meta (3%), llegando a setiembre a 6.89% de inflación acumulada. El dólar bordea los S/. 3.96. Mientras las proyecciones oficiales de crecimiento del PBI para 2022 han caído de 3.3% a 3.1%; y las medidas de reactivación del programa “Impulso Perú”, esperan la aprobación de las normas legales propuestas.
Hasta el mes de junio, el Banco Mundial estimaba que la economía peruana crecería 3.1% este año. Sin embargo, recientemente, la ha reducido a 2.7% al cierre del 2022, es decir, una reducción de 0.4% en el segundo semestre. En este contexto internacional, no podemos continuar con la confrontación política que genera aún más inestabilidad para el país.

Por ECO. José Linares Gallo

Esta reflexión se relaciona con 4 artículos anteriores y con el reciente informe sobre la concertación, labor histórica pendiente en el Perú, donde se aprecia que la historia republicana del Perú está marcada por la inestabilidad política debido a los frecuentes golpes militares, lo que me ha llevado a la conclusión de que cada día menos peruanos creen en la política y mucho menos en sus actores.

Por todo lo que ha pasado en estos 201 años, sabemos que seguimos enfrentando los mismos problemas, pero con actores distintos. Actualmente, la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo está trayendo gran inestabilidad política y desconfianza dentro y fuera del país, lo que ha inmovilizado inversiones ya aprobadas tiempo atrás.
Debido a esto, la concertación es la única forma de asegurar, sin interrupciones, la transferencia al 6to gobierno democrático consecutivo (2026) en lo que va del siglo XXI; todo un récord para el Perú: Toledo, García, Humala (5 años cada uno), Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti (4 en un periodo) y Castillo (iniciando su segundo año de gobierno, en crisis). Nos estamos acostumbrando a aceptar que no importa quién tenga la razón, lo importante son los votos; es decir, mercantilismo político puro.

En este contexto corresponde al presidente de la República convocar, simultáneamente, a todos los representantes del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo), del empresariado (grande, mediano y micro) y de la sociedad civil (sindicatos, academia, colegios profesionales, iglesias y retirados de las fuerzas armadas y policiales), a través de una concertación tripartita, que nos permita crecer económica y socialmente, con un compromiso vinculante entre todos los actores.

Para un país impredecible, como lo viene siendo desde hace un buen tiempo el Perú, no existe mejor seguridad que una concertación entre todas las fuerzas vivas de la nación: si todos asumen su responsabilidad, se da seguridad para que las políticas públicas sean efectivas y se logren objetivos comunes. Y se da seguridad a los empresarios (nacionales e internacionales) para que inviertan; única salida de la crisis económica y social, que permitiría que el PBI crezca y, al mismo tiempo, se genere empleo formal y termine la pobreza y pobreza extrema.
En el Perú ya hemos tenido intentos de concertación, la más reciente fue el Acuerdo Nacional, que, lamentablemente, a pesar de que institucionalmente se mantiene, al no ser vinculante, no ha generado ningún impacto significativo, debido a que la mayoría de sus acuerdos no se cumplen.

La experiencia en torno a la formación de la Unión Europea, que encontró su sustento técnico en el proyecto ESPRIT (información y estadística productiva para unir a los países miembros), debe servir de ejemplo para el Perú, para que, entre los actores políticos y productivos del país, se logren ciertas áreas de consenso.

También, deberíamos recurrir a la Cooperación Internacional, para obtener seguridad técnica de calidad y especializada sectorialmente, gerenciados con medios digitales, lo que nos permitiría avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es necesario generar grupos de trabajo con apoyo de la OCDE, que viabilicen la integración de Perú a esta organización (algo a lo que todos los peruanos aspiran), lo cual aseguraría políticas públicas adecuadas y con un correcto manejo desde la gestión pública.

Actualmente se considera que a mediano plazo podría profundizarse una crisis mundial, donde tres serían los temas más importantes: el agua, la energía y la alimentación.

Nuestro país no solo podría afrontarlas con ventajas comparativas, sino también exportar sus excedentes a buenos precios. Entorno al agua, hay que destacar que en el Perú existe el 10% de las reservas hídricas del mundo. Con respecto a la energía, contamos con diversas caídas de agua, capaces de generar energía hídrica, así como también gas natural, ambos limpios y capaces de reemplazar la importación del petróleo, del cual somos deficitarios en un 80%.

Respecto a la alimentación, ya hemos dado al mundo la papa, y actualmente contamos con distintos cereales de alto valor nutritivo, que deberían servir para alimentarnos y para exportar. También contamos con el mar más rico en peces, que deberíamos aprovechar no solo a través de la exportación de harina de pescado, sino utilizando apropiadamente las proteínas para la alimentación humana nacional e internacional.

Todo ello requiere estudios de viabilidad, priorizados a través de una adecuada planificación e inversiones en obras de macroinfraestructura, que requieren inversión externa, para lo cual se necesita que el Perú sea un país seguro, descentralizado y con una economía formal.

El país demanda gobernabilidad y continuidad democrática, con estabilidad política sin corrupción.

Por ECO. José Linares Gallo

El informe de UNICEF y UNESCO sobre la recuperación de la educación (marzo 2022) señala que, con el cierre de las escuelas por la covid-19, a nivel global, más de 1,600 millones de niños han visto perjudicada su educación por más de dos años. Y se prevé que, debido a esto, las pérdidas asciendan a US$ 10 billones en términos de ingresos futuros de los niños afectados.

El informe menciona que hay tres prioridades: 1) que todos los niños y jóvenes vuelvan a la escuela; 2) que todos reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido; y 3) que los profesores estén preparados.

El aumento de la inflación disminuirá los montos reales del presupuesto educativo para el 2023 en la mayoría de los países (lo que no será el caso del Perú, pues para el 2023 se ha incrementando el presupuesto de educación básica en 8%).

Hace unos días, durante la 77°Asamblea General de la ONU, el ministro de Educación, Rosendo Serna, mencionó que para el Perú “la meta es digitalizar toda la bibliografía existente” (evidentemente previa actualización) “y expandir la señal de internet a escala nacional”, reduciendo “la brecha digital histórica, que afecta principalmente a las zonas rurales”, muchas de las cuales son quechuahablantes. Población que representa aproximadamente a 4.5 millones de peruanos, quienes ven limitadas sus capacidades productivas y su competitividad, pues su idioma no cuenta con palabras de tecnología, emprendimiento, economía, sociedad y Estado, que les permita transitar por la Era Digital y de la Automatización (2016).

Si consideramos que el quechua sigue siendo una lengua oral, será necesario usar nuevas tecnologías que, para programar, no requieran saber leer ni escribir, así como tampoco utilizar computadoras ni internet. La tecnología avanza permanentemente.

El ministro Serna anunció un censo sobre la infraestructura escolar; urgente en un país sísmico y con colegios que no han recibido mantenimiento por décadas. Consideremos que en México, recientemente, el sistema de alerta temprana de un minuto redujo a solo dos personas la mortalidad de un sismo de 7.7°; lamentablemente, el Perú no dispone de un sistema de alerta ni siquiera de 15 segundos, a pesar de que tiene años preparándose.
Por su parte, el presidente Pedro Castillo y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, acordaron impulsar la digitalización educativa y proveer internet a todos los niños y estudiantes en el Perú. En este caso, debería ser en la modalidad online y offline.

La recuperación y la transformación de la educación deben basarse en las lecciones aprendidas durante la pandemia, entre ellas, evitar el tecnocentrismo en la educación (ONU), que implica situar la tecnología por encima de la pedagogía y la didáctica.

Se debe reemplazar al memorismo por la construcción del conocimiento, a través de la exploración, investigación, innovación y la solución de problemas, como lo planteó Seymour Papert del MIT, en la escuela del futuro de Boston. Experiencia que se replicó en el Perú, gracias al Minedu, a través de Aprender Creando Von Braun, entre los años 1996 a 1999, y que dispone de evaluaciones nacionales e internacionales (GRADE, PUCP, MIT) con el proyecto Infoescuela, descentralizándose a partir de una permanente capacitación docente, incluso llegando a desarrollarse en quechua en la Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres de Ayacucho (1996). En el 2000, por recomendación de Seymour Papert, Discovery Chanel filmó la experiencia y la difundió en varios idiomas alrededor del mundo.

Incluso Papert envió una carta al ministro de Educación de ese entonces expresando su interés en replicar el proyecto Infoescuela (13 de noviembre de 1998).

Para dejar de lado el memorismo y educar con base al construccionismo, se necesita utilizar kits personales de construcción, que permitan generar la relación mano-cerebro, en un ambiente empático y lúdico, en base a la creatividad y el sentido común.

Los logros de nuestra primera experiencia en 1996, del proyecto Infoescuela en quechua, donde los niños ingresaron con el lenguaje Logo al ciberespacio en su lengua nativa, los vimos replanteados este año, 26 años después, en Puno, por la Minera Bear Creek, que, a 5 mil metros de altura, en el distrito de Corani, junto con las comunidades, viene produciendo lana de alpaca a la cual se le ha incorporado nanopartículas de plata, lo que incrementa significativamente su valor. Esto es realizado por quechuahablantes, quienes utilizan su quechua y el inglés para transitar por la electrónica lúdica y amigable. Esta experiencia ha sido corroborada por el presidente del Consejo de Ministros recientemente.

Soy un convencido de que gran parte de los ingenieros que necesita el Perú están en los Andes.

Por ECO. José Linares Gallo

En el Acuerdo Nacional suscrito el 2002, se formó una comisión para proponer mayor inversión en educación, en el contexto de que la calidad de esta era el principal obstáculo al desarrollo del país. Esta comisión estuvo compuesta por un representante del partido de gobierno (Perú Posible), Mercedes Cabanillas por el APRA, y yo por el PPC. Nuestra comisión generó un informe proponiendo un incremento del presupuesto para educación hasta el 6% del PBI, a través de incrementos anuales de 0.25%. En 2002 el presupuesto para educación era del 3% del PBI, lo cual implicaba que, para llegar al porcentaje acordado, se requería de 12 años (2014). Esta propuesta fue aceptada por el pleno e incorporada al Acuerdo Nacional.

Sin embargo, el año 2011, el presupuesto para el sector Educación representaba solamente el 2.77% del PBI; paradójicamente había disminuido, debido a las subidas y bajadas que se dieron en los gobiernos de Toledo y García. Durante los sucesivos gobiernos, este presupuesto para Educación se ha ido incrementando, y hoy, en el proyecto de presupuesto para el 2023, sería de aproximadamente 4.5%; es decir, en 20 años, solo se ha incrementado la mitad de lo establecido en el Acuerdo Nacional (2002).

Debido a la pandemia, que mantuvo cerrados los colegios, en el 2021 (Sagasti) el presupuesto para educación fue de solo 3.77%, y subió a 3.78% en el 2022 (Castillo). Lamentablemente, del presupuesto aprobado para la función educativa, solo se ejecuta un aproximado del 70%, tanto por parte del gobierno central como por las regiones, gobiernos locales y las universidades nacionales (estos tres últimos son los que menos ejecutan).

Para el año 2021, el gasto público en el Perú por cada alumno de educación primaria y secundaria fue de US$ 1,040.75 y US$ 1,529.74, respectivamente. Lo que significa que Perú invierte un aproximado de US$ 1200 por estudiante al año y esto es claramente bajo. Chile invierte el triple: US$ 3,600. Colombia US$ 2,400 (BID).
El proyecto de ley de Presupuesto público para el 2023 asciende a S/ 214,790 millones, 9% mayor (S/ 17,788 millones) que el Presupuesto Inicial Anual de 2022. Y busca atender las necesidades prioritarias de la población, para lo cual se propone destinar el 19.5% a educación, el 11.5% a salud, 9.5% a transporte, 6.7% a previsión social y otro 6.7% a orden público y seguridad.

El Sector Educación recibirá S/ 41,966 millones, favoreciendo a más de 9 millones de estudiantes, priorizando recursos (76.7%, que equivale a S/20,789 millones) para la educación básica regular (el más alto presupuesto para educación de los últimos 20 años).

Asimismo, se ha priorizado la formación universitaria de pregrado, cuyo monto asignado asciende a S/ 3,724 millones, el que incluye a las 52 universidades públicas del país.

El proyecto de Ley de presupuesto también ha previsto continuar con la implementación de mejoras salariales a los docentes de la Carrera Pública Magisterial por S/ 1,400 millones adicionales.

Invertir el 6% del PBI en educación, a pesar del tiempo transcurrido desde el Acuerdo Nacional (2002), continúa siendo una meta a largo plazo, que depende de la mayor recaudación y del crecimiento económico para incrementar la inversión en educación, pero, sobre todo, mejorar la ejecución del gasto asignado, en todos los niveles del Estado en la función educativa.

Se debe considerar que el miércoles 7 de septiembre, el ministro de educación, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, expresó que, durante la pandemia (2020-2021), pese a la dotación de recursos para la educación virtual, el rendimiento escolar de los alumnos, con toda esta inversión, tuvo una baja de 17% en relación con su condición antes de la pandemia, lo que demuestra que los equipos informáticos por sí solos no generan una educación de calidad, sino que se requiere dejar de lado la educación memorística y reemplazarla por la construcción del conocimiento (exploración, investigación y solución de problemas), a través de materiales de construcción y programación que articulen aprendizajes de matemática, comunicación y ciencia de forma concreta.

Es urgente cerrar esta brecha educativa, para lo cual, además, se deben superar las dificultades que existen para articular las políticas educativas entre los niveles nacional, regional y local, en un único plan de gestión, tarea que corresponde al Ceplan y al Minedu, e implica incorporar el rol de las regiones en la Ley General de Educación.

Por ECO. José Linares Gallo

En la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Lima, el 29 de agosto, se reunieron los presidentes Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia, Guillermo Lasso de Ecuador, y Pedro Castillo de Perú para la XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino y para trasladar la presidencia pro témpore de la comunidad al Perú, cargo que se traslada anualmente a cada país miembro.

La CAN fue creada en 1969 con el Acuerdo de Cartagena con participación de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Durante el gobierno de Pinochet, Chile se retiró de la comunidad. Sin embargo, desde el 2006, ha vuelto como país asociado y desde el 2015 es miembro permanente del Parlamento Andino.

La CAN es sin duda el mecanismo de integración más sólido de la región andina, es un proyecto que ha sabido adaptarse, evolucionar y crecer, teniendo ya una vigencia de más de 50 años.
A pesar de este tiempo, le falta generar proyectos de envergadura macrorregional, que consoliden una integración económica y geopolítica.

En la XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino se suscribió la declaración del evento, donde se expresó la preocupación sobre los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia y la voluntad de buscar soluciones conjuntas para superarlos.

Coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y regional para reducir las tasas de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y desempleo, y a facilitar y digitalizar el comercio e implementar la Agenda Digital Andina, entre otros temas. Manifestaron su satisfacción por la creación del Grupo de Género y Comercio, que permitirá el empoderamiento y autonomía económica de la mujer.

También expresaron su satisfacción por la creación del Comité Andino de Autoridades Gubernamentales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Algo que, en la zona quechua, solo puede lograrse mediante la Alfabetización tecno-digital en quechua y español, lo que permitirá mejorar significativamente la productividad y disminuir la pobreza de los quechuahablantes de la región.
Según el estudio de la CEPAL “Perspectivas de sostenibilidad energética en los países de la Comunidad Andina”, alrededor de 28% de la oferta total de energía en la Comunidad es renovable y sostenible.

La hidroenergía representa el 75% de las energías renovables (gracias a la Cordillera de los Andes); y hay 267,000 MW de capacidad hidroeléctrica disponibles, cerca de 10% del potencial hidroeléctrico del mundo.

Hay fundamento para progresar en una agenda andina de uso de energías renovables y limpias, cumpliendo con el compromiso internacional de 0 emisiones netas de carbono para el 2050.
Para nuestro país la CAN es importante, pues nos brinda la posibilidad de generar negociaciones en bloque con otros países, lo cual genera mejores oportunidades que las obtenidas con los distintos TLC que firmamos individualmente. Debemos disponer de una agenda común, priorizada a los intereses de cada país. Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), el otro bloque de integración latinoamericana, tiene pendiente de aprobación un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con lo cual se descarta que cualquiera de sus países miembros tenga interés en ingresar a la CAN, la cual debe mantener su naturaleza andina.

Es urgente que los empresarios de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia se comprometan aún más con el desarrollo de la región. El 2012 se iniciaron los Encuentros Empresariales Andinos, y a la fecha se han realizado once.

Se debe considerar que las integraciones multinacionales necesariamente deben nacer de acuerdos económicos, y no de políticos, para que sean efectivos y tengan vigencia en el tiempo.
Recordemos que el proceso de formación de la Comunidad Europea (1993) se inició con el proyecto ESPRIT, que articuló toda la información económica de sus países miembros. Es lo mismo que debería hacer la CAN. Un proyecto donde centralice toda la información económica para que determine cómo articular los intereses económicos de sus miembros.

Se debe considerar que China es el principal socio comercial de la CAN, ya que en 2021 fue el principal receptor de las exportaciones andinas (20%) y nuestro principal proveedor de importaciones (25%); y también está generando un megapuerto en Chancay, el cual traerá beneficios a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, mejorando la productividad del comercio exterior, en particular para el Perú, pues actualmente existe un sobrecosto para las embarcaciones que entran al Callao, debido al deterioro de su infraestructura, por lo cual este megapuerto mejorará las condiciones comerciales y contribuirá a la integración de toda la región andina.

Por ECO. José Linares Gallo

Las Orientaciones Estratégicas del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el bienio 2023-24, de junio de este año, resultan importantes para el Perú, pues deberían convertirse en políticas públicas de carácter económico y social, con la ventaja de que ya han sido aplicadas con éxito en otros países.

La OCDE se formó hace 60 años con los valores compartidos de multilateralismo, democracia, mercados abiertos, inclusión, sostenibilidad, paz y prosperidad.

La pertenencia o adhesión a la OCDE sigue siendo la forma más directa y eficaz de garantizar la adopción y decisión de sus valores, estándares y buenas prácticas compartidas. Actualmente están en proceso de adhesión Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía; y cada país debe demostrar un compromiso claro con dichos valores, estándares y buenas prácticas.

Estas orientaciones plantean estrategias para la gestión de la OCDE en el siguiente bienio 2023-24, centrándose en los efectos mundiales de la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos afecta indirectamente por la subida de los precios de los hidrocarburos, fertilizantes y granos; en los problemas causados por la pandemia de covid-19; y los riesgos para la recuperación económica mundial.

En marzo de este año, la inflación de los precios al consumidor de los países que conforman la OCDE fue del 8.8%, la tasa más alta desde octubre de 1988, y el índice de precios de los alimentos de la FAO saltó a su nivel más alto desde su creación en 1990, manteniendo su tendencia al alza.

También existen otros posibles desafíos mundiales a largo plazo derivados de la guerra. Estos incluyen la necesidad de mantener el apoyo humanitario a un número aún mayor de refugiados durante un periodo prolongado y ayudarlos a ingresar a los mercados laborales del país de acogida, las presiones para aumentar el gasto en defensa en Europa y en otros lugares, y la posible fragmentación de la economía mundial en bloques rivales. La guerra también refuerza la necesidad de que todos los países fortalezcan la seguridad energética y alimentaria.

Para el Bienio 2023-24, la OCDE se plantea cinco áreas prioritarias de Trabajo: (1) Optimizar la fuerza y la calidad de la recuperación en curso, tras la pandemia de covid-19. (2) Liderazgo en la acción climática. (3) Aprovechar las oportunidades de la transformación digital. (4) Ayudar a garantizar el buen funcionamiento de los mercados mundiales. Y (5) el compromiso global de promover las normas de la OCDE.

Se destaca el énfasis de la organización en mantenerse al día con los avances tecnológicos en curso (por ejemplo, la computación cuántica); en contribuir a reafirmar el potencial de la transformación digital; en apoyar la cooperación internacional para difundir los principios, estándares y buenas prácticas digitales de la OCDE; y en buscar que se invierta en políticas efectivas de educación y habilidades con un enfoque particular en las habilidades digitales, que comenzarán a ser medidas a partir de la próxima prueba PISA, en octubre de este año.

Para el Perú, la prueba de medición educativa PISA, gestionada por la OCDE, resulta muy importante, en la perspectiva de mejorar la calidad de nuestra educación.
Asimismo, frente al cambio climático, a fin de asegurar el cero neto global en emisiones de carbono para el 2050, Perú podría sustituir el petróleo por el gas natural, y también aprovechar nuestras caídas de agua para generar energía hidroeléctrica, lo que permitiría, a la par, irrigar nuestras costas. También se podría utilizar energía eólica, solar, y otras renovables. Tengamos en cuenta que, actualmente, somos importadores netos de petróleo. Solo producimos el 20% de lo que consumimos.

En el plano digital es necesario generar políticas teniendo como premisa lo planteado por la OCDE, que nos permita asegurar un tránsito efectivo hacia la digitalización del país. Se debe aprovechar las oportunidades de la transformación digital y gestionar mejor algunos de los riesgos y desafíos.

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Peruano al 2050, acoge en su propuesta alcanzar el bienestar de las personas y fomentar el desarrollo, las condiciones dignas y mejorar la calidad de vida, en sintonía con lo propuesto por la OCDE, junto al desarrollo económico, el cuidado ambiental y los medios para alcanzar su potencial de forma sostenida en el tiempo.

Por ECO. José Linares Gallo

El Banco Central de EEUU (FED) ha subido su tasa de interés de corto plazo desde cerca de cero hasta un rango actual de 2.25%, y pronostica que llegará a 3.4% al final del presente año. Sin embargo, su tasa de inflación aún continúa elevada (8.5%), por lo que la tasa de interés podría subir aún más.

En el Perú, la inflación anual a julio llegó a 9.3%, y la inflación de alimentos a cerca del 14%, reduciendo significativamente los ingresos de la población (12%). El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tomando como referencia la tendencia en EEUU, entre enero y agosto de 2022, subió su tasa de interés de 0.25% a 6%. Y el 11 de agosto, volvió a subir la tasa de 6% a 6.5%, dejando de lado la propuesta del ministro de Economía Kurt Burneo para armonizar la política monetaria con la política fiscal, buscando que el consumo y la inversión no pierdan impulso.

Este rápido crecimiento de la tasa de interés es una clara expresión de la falta de instrumentos de la autoridad monetaria para controlar la inflación, que está muy por encima del rango meta (3%).

La insuficiencia de instrumentos de los bancos centrales para controlar la inflación es un problema internacional, lo cual se agrava en el Perú por la falta de un Instituto Nacional de Planificación, que permita priorizar la inversión en el corto, mediano y largo plazo, y por el abandono del Instituto Nacional de Estadística e Informática en los últimos 20 años (el último censo económico se efectuó hace 14 años, contraviniendo la Ley de Censos de 1959, que estipula que se realicen cada 5 años; esta ley debería actualizarse considerando la tecnología digital existente, para que los censos se realicen por lo menos cada 3 años).

Como consecuencia de las subidas de las tasas de referencia del BCRP, el crédito se ha encarecido, así para la mediana empresa subió de 4.8% hasta 12.5%; para las grandes empresas de 3.4% a 8.8%, para las pequeñas empresas de 17.5% hasta 20.4%; y para la microempresa de 31.6% hasta 35.3%. Esto ha frenado la toma de créditos para fines productivos, y además el índice de morosidad en la devolución de los créditos ha comenzado a aumentar, inclusive en los préstamos reprogramados por la pandemia.

Burneo, desde el MEF, advierte que Perú pasa por una situación política “particularmente conflictiva” y viene aplicando políticas monetarias y fiscales que “han operado claramente en la dirección de enfriar la economía”, mientras que el BCRP sostiene que la elevación de la tasa de interés es necesaria para controlar la inflación, aún a costa de desacelerar el endeble crecimiento económico.

En este caso es necesario que el MEF y el BCRP busquen un equilibrio consensuado, teniendo en cuenta que la causa de la inflación (9.28%) tiene un componente principalmente internacional, por el incremento de precio de las importaciones de alimentos (13.9%) e hidrocarburos (30%). Para la disminución de la inflación de alimentos e hidrocarburos, se requiere de una política nacional efectiva de sustitución de patrones de consumo por productos nacionales (cereales y gas natural).

El BCRP busca que la demanda baje y los precios caigan para combatir la inflación, sin tener en cuenta su impacto en el crecimiento económico y el empleo, por lo que se están creando las condiciones propicias para una recesión.

Hay escasez de insumos en el mundo entero, y es obvio el daño que ha causado la guerra de Ucrania en la oferta de fertilizantes, también es claro el aumento del gasto público para enfrentar la pandemia, y la crisis alimentaria y energética, y es notorio el reajuste de la logística como consecuencia de la pandemia. Y, en el caso peruano, la falta de productividad del sector agropecuario, y la creciente importación de alimentos básicos y de petróleo. Si a estos determinantes se les agrega la devaluación del sol, es evidente que suban los precios.

El aumento del costo del crédito no es el único mecanismo de política para solucionar tan graves problemas estructurales. Se necesita mejorar la performance del gasto público en inversión, mantener las reglas fiscales para reducir el déficit fiscal, garantizar la seguridad alimentaria y sostener la dinámica de reactivación de la actividad económica, en general.

Por ECO. José Linares Gallo

Existen, en Puno, provincia de Carabaya, distrito de Corani, comunidades campesinas quechuas que viven en armonía con la minera Bear Creek Mining (Canadá), la cual ha enmarcado su responsabilidad social en salud, educación y oportunidades económicas para las comunidades.

El proyecto Corani es uno de los depósitos de plata más grandes del mundo en proceso de desarrollo, y se ubica entre 4,800 y 5,200 metros sobre el nivel del mar, abarcando 13 concesiones mineras, en un área de 5,500 hectáreas. Es un proyecto a tajo abierto, que comprende una inversión estimada en US$ 800 millones de dólares, y que producirá anualmente 9.6 millones de onzas de plata, durante 15 años, lo que pondrá al Perú como el primer productor de plata en el mundo.

Fue el primer proyecto minero en el Perú, para explotación, sometido al nuevo proceso de consulta previa, llevado íntegramente por el Estado Peruano, recibiendo el 100% de apoyo comunitario.

A partir de un estudio (2012), realizado por la minera y las comunidades de Quelcaya y Chacaconiza, usando métricas de Naciones Unidas, se confirmaron los altos niveles de pobreza extrema, analfabetismo, desnutrición, mortalidad infantil, y acceso limitado a servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad en la zona.

Los programas de Responsabilidad Empresarial de Corani se vienen desarrollando desde hace 10 años, abarcando un centro de atención médica, un centro de investigación de alpacas, apoyo al emprendimiento local, fuentes fiables de electricidad y acceso a internet por fibra óptica, modernización de la carretera, entre otros; que aportan beneficios económicos sostenibles para las comunidades, y no dependen del ciclo de vida de la mina, respetando las tradiciones, costumbres y relaciones ancestrales de la población.

Cabe mencionar que, actualmente, en el Centro de Innovación Tecnológica de Corani (CTIC), establecido por la minera, se está desarrollando, con jóvenes y adultos quechuahablantes de la zona, un proceso en el que la fibra de ichu, que es un pasto que crece en los Andes, se mezcla con una resina especial para crear paneles de construcción altamente aislantes, que contribuyen a soportar las heladas en la zona altoandina. Recientemente se construyó una cúpula que es completamente autosostenible, capaz de generar su propia energía y agua y procesar desechos orgánicos; además es resistente al viento y a la lluvia. Esta innovación debería llevarse a las zonas que se ven afectadas por las bajas temperaturas en todo el país.

Asimismo, en el CTIC, los pobladores de las comunidades de Corani vienen aprendiendo electrónica gracias a la relación gramatical entre el quechua y el inglés, con neologismos tecnológicos en inglés que se implementan de forma práctica. Esto también lo percibimos durante nuestra primera experiencia en 1996 en Ayacucho, con niños y docentes quechuahablantes de la Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres, donde logramos que los estudiantes ingresaran a la robótica con su quechua enriquecido tecnológicamente, a la par que migraban al inglés con facilidad.

Por otro lado, se ha mejorado la crianza de alpacas, y la minera conectó a los productores locales de fibra de alpaca con los compradores mundiales, lo que resultó en un aumento de 10 veces el precio por kg. Se compraron modernas máquinas de tejer y se capacitó a los artesanos en su uso, lo que aumentó la calidad de los productos y permitió que las mujeres destacaran como artesanas. Ahora comercializan su fibra de alpaca, considerada de las mejores del mundo, en productos terminados a través de la cooperativa Quechua Alpaca, con lo cual el ingreso familiar promedio ha pasado de 200 soles ($50) mensuales a más de 2,500 soles ($750) mensuales.

Incluso, han logrado que a la fibra de alpaca se incorporen nanopartículas de plata, que tienen altas propiedades antibacteriales por su nivel de conductividad, y también crearon prendas “inteligentes” que permiten monitorear la salud.

El Ande necesita vivir en armonía y con desarrollo en su lengua nativa, para lo cual se deben brindar servicios en quechua y español. La exportación de minerales es sin duda importante para las comunidades campesinas y para el Perú, pero en la medida en que se genere desarrollo en la zona andina, a cargo del Estado nacional, regional y local, con apoyo de las empresas mineras. De esta manera se terminaría con la pobreza en el Ande.

Por ECO. José Linares Gallo

Las señales de una recesión mundial se fueron evidenciando con una creciente tasa de inflación, el incremento de las tasas de interés y la caída de las bolsas del mundo.

Las principales economías vienen revisando sus estimados de crecimiento para el 2022. China está bajando de 5.8% a 3.8% (política de covid cero, reducción del mercado inmobiliario y menores exportaciones); EE.UU. de 3.2% a 2.3%, y la zona Euro de 3.7% a 2.7%.

En julio el FMI revisó, por tercera vez, su previsión de crecimiento económico mundial para el 2022 de 3.6% a 3.2%; y advirtió que el resto de 2022 será un período muy difícil para la economía, pero que el 2023 será aún más difícil, con creciente riesgo de recesión.

Esto implica que el crecimiento económico se frenará en EE.UU., China y Europa; y representará la mitad del crecimiento de 2021, el cual, para el 2023 sería 2,9%. Si la situación se mantiene como ahora, China tendría su crecimiento más bajo en 40 años, pero el riesgo de recesión aumenta si el escenario económico se deteriora por la continuidad de la guerra en Ucrania y el suministro de gas a Europa interrumpido.

El crecimiento económico robusto de Brasil, Colombia y Chile, hará que América Latina crezca 3.0% este año, pero 2.0% el 2023.

El FMI advierte que es prioritario frenar la inflación, que llegará a 6.6% en economías avanzadas y a 9,5% en mercados emergentes.

La economía de EE.UU. se encuentra en medio de una desaceleración, que resulta peor de lo previsto; se contrajo por segundo trimestre consecutivo, configurando lo que se denomina recesión técnica y, está en cuestión, la efectividad de las políticas para estimular una recuperación posterior a la pandemia.

Los índices inflacionarios en Europa han dado lugar al anuncio del incremento de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que debilitará el crecimiento económico de esa región. Provocando que el euro caiga con fuerza, e incluso pierda paridad con el dólar.

El dólar está cerca de niveles máximos en 20 años y se espera que se mantenga fuerte durante los próximos meses, lo que hace que los metales tasados en dólares sean más costosos para los compradores no estadounidenses.

La economía peruana, al término del primer semestre de 2022, muestra una desigual y débil recuperación económica; y una creciente inflación que ha recortado la capacidad adquisitiva de la población. Se prevé que se desacelerará en el segundo semestre de 2022, y tendría un menor crecimiento económico en el 2023, por la subida del tipo de cambio (ahora en 3.90), el precio del cobre (a la baja), y los precios de las importaciones (al alza).

Las medidas de política monetaria para contrarrestar el alza de precios (8.81% a junio), han sido la subida progresiva de las tasas de interés de referencia, llegando a 6.0% en julio de 2022, lo que puede frenar la débil recuperación económica e inducir a un menor crecimiento económico en el segundo semestre, por el encarecimiento del crédito, reducción del consumo y de la inversión.

Aunque el BCRP estima que la inflación de este año llegue a 6.5% y retorne a su rango meta (por debajo de 3%) en el segundo semestre de 2023, y estima el crecimiento del PBI en 3.1% para el 2022, los precios no se detendrán en lo que resta de este año. Si bien el petróleo está alrededor de los 100 dólares el barril, y se han reducido los precios de los fertilizantes, el trigo y el maíz continúan en sus picos históricos.

Este contexto de menos ingresos fiscales requiere, de inmediato, una política activa de sustitución de recursos por los existentes en el país. Por ejemplo, el trigo debe ser sustituido por los cereales andinos, el maíz por la harina de pescado, priorizando el consumo de la carne de porcino, los hidrocarburos por el gas natural, el pollo por el pescado y la urea por los sulfatos de Bayovar. De esta manera las divisas podrían ser invertidas en educación y tecnología para mejorar la productividad y disminuir la pobreza y pobreza extrema.

Por ECO. José Linares Gallo

La corrupción sigue siendo un problema fundamental en el Perú, y es uno de los temas centrales que ocupa toda discusión sobre política pública y oportunidades de desarrollo, de cara a la celebración de sus dos siglos de independencia.

El escenario de la emergencia sanitaria por la covid-19 introdujo cambios drásticos en la gestión pública, generando urgencias en la toma de decisiones y en el modo de resolver los problemas, lo cual requería de un servicio público que actúe con integridad, comprometidos con los valores, principios y normas que deben guiar la ética pública para brindar un servicio adecuado en medio de la emergencia.

La OCDE define la integridad pública como la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidas (en la administración pública) para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.

El nivel de corrupción aumenta en la medida en que las instituciones estén integradas por individuos con una baja o deteriorada escala de valores. Aumenta cuando existe un bajo costo de oportunidad, es decir, el corrupto tiene poco que perder si es detectado. Esto depende del control interno de cada institución.

Frente a ello, existen la Política Nacional de Integridad Pública, y la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción; y otros componentes de políticas como la Transparencia, Datos Abiertos, Casuística de Resoluciones Judiciales sobre Corrupción, Observatorios de la Sociedad Civil sobre casos significativos de corrupción, y otros. Pero los sistemas de fiscalización (la Contraloría General de la República y el Ministerio Público) tienen una capacidad limitada de atención frente al incremento de la corrupción en la emergencia.

Los riesgos de corrupción en el ámbito público son: la recepción de sobornos (delito de cohecho); actos de apropiación indebida de fondos públicos destinados a la atención de la pandemia (delito de peculado agravado, peculado de uso y malversación de fondos); y la administración irregular de los recursos públicos, lo que podría configurar los ilícitos penales de colusión y negociación incompatible.

Durante la emergencia sanitaria, se incrementó la velocidad con la que se realizan compras urgentes de bienes y servicios, las necesidades de la población y las flexibilizaciones de los procesos de contratación estatal son factores que incrementaron el riesgo de corrupción en las entidades estatales encargadas de enfrentar la pandemia, al incrementarse su poder discrecional.

La Base de Datos de la Fiscalía registró 21,805 nuevos casos de corrupción a nivel nacional, entre enero y diciembre de 2021; aumentando en 11,226 denuncias respecto a las del 2020, evidenciándose un aumento de 106%, en el marco de la pandemia. Y solo se han resuelto 5,220 casos (25%).

El Contralor General ha señalado que el país pierde anualmente S/ 23 mil millones de soles por corrupción e inconducta funcional, que equivale a cerca del 15% del presupuesto público; destacando que se trata de una corrupción estructural, que se debe combatir con cambios profundos en la ley de contrataciones del Estado, que implique mejores reglamentos de ejecución de las obras públicas, y un control concurrente que acompañe la ejecución del gasto (las compras estatales y las contrataciones de servicios).

El estado de emergencia para el sector público implicó el establecimiento del trabajo remoto y posteriormente un trabajo mixto (parte presencial y parte remoto), lo que flexibilizó el funcionamiento de los servicios en la administración pública, y redujo su eficiencia.

La Contraloría General de la República también fue afectada por la emergencia y luego de un mes de aislamiento forzoso al inicio de la pandemia, comenzó a organizar el trabajo remoto que, en promedio, durante la cuarentena, fue de 30% remoto y 70% presencial. Ahora las actividades de control se dan 40% presencial y 60% en remoto. Y cabe señalar que la prioridad del trabajo de la Contraloría en el 2021  estuvo concentrada en la asignación y transferencia de gobierno.

Por ECO. José Linares Gallo

Durante el Imperio Inca, el Estado estuvo dividido en 4 macro regiones (suyos): Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, en una extensión territorial mucho mayor de lo que es hoy el Perú, sin embargo, integrada por extensas vías de comunicación. La Constitución política de 1979 reconoce la creación de regiones sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, económica, administrativa y culturalmente. Durante el primer gobierno de García, la comisión de descentralización del Senado, presidida por Ramiro Prialé (conversar no es pactar), creó 12 macro regiones, para articular territorialmente a la población y así disminuir la centralización limeña. Con el golpe de Fujimori, se desconoció el proceso de macro regionalización y es con Toledo que se retoma sin ningún criterio económico ni social y, tras un referéndum el 2005, que rechaza mayoritariamente el proceso, se establecen 25 gobiernos regionales, otorgándose a Lima Metropolitana facultades de gobierno regional. Lamentablemente, los vicios y corrupción del gobierno central se han replicado en los gobiernos regionales, así como tenemos a todos los expresidentes de la república enjuiciados y ya algunos presos, lo mismo sucede con gran parte de los gobernadores regionales, y también con muchos de los alcaldes provinciales y distritales. A la fecha, Perú cuenta con 24 departamentos, 195 provincias y 1,845 distritos, demasiadas demarcaciones territoriales, que también habría que reducir significativamente. En las próximas elecciones regionales y municipales, debemos examinar exhaustivamente los antecedentes de los candidatos. El 2007 se inició el proceso de descentralización en base a los nuevos gobiernos regionales, transfiriéndoles funciones políticas y administrativas, pero no fiscales. Los objetivos de la descentralización están relacionados a consolidar un enfoque territorial, que los servicios públicos sean de calidad, y que haya igualdad de oportunidades. Actualmente, algunos departamentos han establecido mecanismos de colaboración para proyectos y metas específicas, que son conocidas como mancomunidades, que están permitiendo mayores niveles de integración regional y diversificación productiva. El año 2016 el Tribunal Constitucional (TC) creó, con el nombre de macro regiones judiciales, 5 espacios geográficos, con la finalidad de facilitar el acceso de la población a la justicia constitucional. La macro región norte está integrada por los distritos judiciales de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes; la macro región sur por Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna; la macro región centro por los distritos judiciales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco e Ica; y Callao, Lima Provincias y Lima Metropolitana, integran la macro región Lima. Los movimientos migratorios de la población peruana, también se reflejan en estas macro regiones, pero priorizando a Lima como destino, por la centralización de los servicios gubernamentales. Muchos de los migrantes optan por quedarse en la capital del Perú, a pesar de que les ofrece peores condiciones de vida que la que tienen en su localidad de origen. Las poblaciones suelen trasladarse a polos de desarrollo para complementar sus actividades económicas, laborales, tecnológicas y educativas y acceder a diversos servicios. La alternativa de una macro región próxima a su territorio, donde se solucionen sus problemas, sería menos costosa y más efectiva que hacerlo en Lima. Estas macro regiones del TC, con base en cambios constitucionales, deberían extenderse al poder judicial, ministerio público y policía nacional, para después continuar con los servicios de educación y salud, y así consolidar macro regiones que se conviertan en máximas instancias gubernamentales. La tecnología informática debe cumplir un papel fundamental, como lo cumpliera hace cuarenta años con la Comunidad Europea. A través del proyecto ESPRIT (1983-1989), utilizaron las computadoras “mainframe” para procesar información de diferentes países de la comunidad, en la búsqueda de conjugar potencialidades para mejorar la competitividad en la industria, mejorando la vida laboral de todos los ciudadanos europeos, en función de las ventajas comparativas de cada país, tras siglos de guerras. Hoy en día, en plena Era Digital y de la Automatización, donde los recursos tecnológicos y de comunicación avanzan todos los días, es más fácil buscar intereses comunes entre provincias y distritos de distintas regiones colindantes, que aspiren a generar su propia macro región.     Por ECO. José Linares Gallo

Actualmente, la programación es la extensión de la escritura: nuestros niños y jóvenes son nativos digitales; requiriéndose una alfabetización digital en español y en quechua, máxime si existen 4 millones de quechuahablantes en Perú, que en su mayoría son niños y jóvenes cuyo acceso al ciberespacio está limitado por falta de vocablos tecnológicos en su lengua nativa; las lenguas que no han ingresado a la Era Digital vienen desapareciendo, en el caso del quechua, ha disminuido del 30% al 13% en las últimas dos décadas.

La Alfabetización Digital (en español y quechua) plantea una nueva forma de aprender en la escuela, sin diferencias entre lo urbano y lo rural, donde la pedagogía activa, creativa y centrada en el estudiante, fomenta el trabajo autónomo; dejando atrás la educación tradicional donde el estudiante ve, oye y transcribe lo que dice el profesor, por la construcción de su propio conocimiento a través de la exploración, investigación y solución de problemas en aulas presenciales y a distancia (donde se comparten contenidos de alta calidad).

En un mundo cada vez más tecnológico, la lógica y matemática ayudan a discernir y a construir conocimiento a partir de lo concreto a lo abstracto, tal como se realizó en la Escuela del Futuro (Boston), donde el científico social Seymour Papert, en 1980, convocó a niños de distinto origen socioeconómico, utilizando su software “Logo”, incorporando el material de construcción “Lego” de esa época para conectar el mundo concreto con el mundo digital, validando la Robótica Educativa como herramienta didáctica, aplicada también en el Perú con el proyecto INFOESCUELA (1996 a 1999 – evaluado por el MIT, la PUCP, el Minedu y GRADE).

Esta propuesta construccionista basada en el diseño biomecánico de nuestras manos y la enorme conexión neuronal mano-cerebro, ha permitido, en diferentes épocas, tallar piedras, escribir códigos en quipus y producir sofisticadas y refinadas melodías en el piano.

Nuestra experiencia de 26 años en las aulas escolares y de educación técnica ha sido desarrollada en español y quechua, a través del enfoque educativo Aprender Creando: desarrollo de competencias Tecno-Digitales y Socioemocionales con práctica de valores; previa construcción de vocablos tecnológicos, económicos y de emprendimiento en quechua, validados en comunidades andinas.

Citaremos al respecto, tres hitos: en 1996 en Ayacucho, con estudiantes de educación primaria; en 2007, en Apurímac, con jóvenes de las comunidades campesinas de Pamputa y Fuerabamba; y entre el 2015 y 2019 en Lima, gracias a Beca 18, en el Instituto Von Braun, con jóvenes quechuahablantes que procedían de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco (400 alumnos), quienes realizaron prácticas preprofesionales un mes por semestre con poblaciones mayoritariamente quechuahablantes, que permitieron validar los nuevos vocablos en quechua.

Se consideró el quechua sureño, por ser el más hablado, así como la China con muchas lenguas, decidió transitar, tecnológicamente por el mandarín, y hoy es la primera potencia económica del mundo; y según la prueba de rendimiento escolar PISA, China, con educación digital, encabeza la mejor educación del planeta.

El proyecto de ley en dictamen en la Comisión de Educación del Congreso: “Programa de Alfabetización Digital en Quechua con la incorporación de vocablos de tecnología, economía y emprendimiento” (2021), recoge el aporte de los nuevos vocablos en quechua, producto de más de 25 años, reconocidos por el Ministerio de Cultura como una contribución ciudadana al Bicentenario de la República; y el Ministerio de Educación a través de DIGEIBIRA (educación intercultural) los considera una referencia para los procesos de desarrollo del quechua digital, con terminología que fue aplicada y validada por estudiantes quechuas.

De aplicarse este enfoque educativo en el aula escolar, se mejorará la calidad de la educación en general. Y en lo referente a la educación bilingüe (español-quechua), donde existen 1 millón 200 mil estudiantes, y 3 millones de quechuahablantes entre jóvenes y adultos en las parcelas de autoconsumo, se revitalizará el idioma quechua, promoviendo la incorporación de comunidades rurales a la sociedad digital y mejorando su productividad y competitividad, respetando sus derechos lingüísticos. Lo mismo que impactará en la disminución de la pobreza y pobreza extrema concentrada en el Ande.

Por ECO. José Linares Gallo

Perú cuenta con reservas de petróleo, pero es importador neto de hidrocarburos desde hace casi diez años, y por lo tanto sometido a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales de los precios del petróleo. La crisis sanitaria de la covid-19, los efectos de la guerra en Ucrania y las repercusiones de las sanciones económicas a las exportaciones de petróleo de Rusia, han derivado en una crisis energética por la elevación de los precios del petróleo en todo el mundo.

Durante el primer semestre de 2022 los precios del petróleo de OPEP subieron en 57.6%, llegando a 117.16 dólares por barril. Desde el inicio de la guerra en Ucrania el aumento fue de 24.2%, y continúa con una tendencia creciente. Esta situación global, ha repercutido en una mayor inflación, una menor expansión de la producción y el aumento mundial del desempleo.

El efecto inflacionario de este incremento de los precios del petróleo plantea para el país, la necesidad buscar una solución de corto, mediano y largo plazo, en simultáneo.

La producción peruana de petróleo se encuentra deprimida (falta de exploración y explotación del crudo): en mayo de este año fue de 41,000 barriles de petróleo por día.

Sin embargo, se tienen que importar alrededor de 200,000 barriles diarios, para satisfacer la demanda nacional de petróleo. Importamos petróleo, principalmente, de Ecuador, Brasil y Colombia, como insumos para el proceso de refinación de combustibles. Recordemos que en Talara se perforó el primero pozo petrolero de América Latina.

Respecto a las refinerías: la que está ubicada en Talara (a 1000 km de Lima, el mayor consumidor) es de propiedad estatal (Petroperú) y la otra, ubicada en Lima, es de propiedad privada (Repsol). Ambas abastecen de combustibles a todo el territorio nacional. La cadena de distribución (grifos) en su mayor parte es privada, lo que dificulta la calidad regulatoria de los combustibles y la oferta de precios en el mercado. En verano vemos largas colas de vehículos comprando combustible en el grifo de Petroperú ubicado al sur de Lima.

En este contexto, es bueno recordar, primero, lo que pasó con la venta indiscriminada de empresas y activos públicos, efectuada por Fujimori durante su gobierno. En 1996, se vendió a Repsol el 60% de la refinería La Pampilla, por 180.5 millones de dólares, teniendo un precio base de 108 millones de dólares (privatización). Y, en segundo lugar, en el 2013, Ollanta Humala firmó un contrato para modernizar la refinería de Talara, por 2,700 millones de dólares, proyecto que terminó costando 5 mil millones de dólares.

Tras esta absurda experiencia, considero necesario convertir a Petroperú en una empresa mixta, con gerencia privada, para intervenir en el mercado de los hidrocarburos que requiere el país, en función a sus ventajas comparativas; se necesita de socios estratégicos privados y auditoría internacional, que aseguren eficiencia sin corrupción.

Actualmente, el Gobierno ha propuesto entregar a Petroperú el 100% de lotes petroleros que tienen contratos por vencer, y para superar su crisis de liquidez le ha prestado hasta fines de este año US$ 750 millones. Para lograr este objetivo, Petroperú tendría que invertir entre US$ 200 y US$ 400 millones, lo que requeriría, necesariamente, de inversión privada.

También es necesario abrir los campos petroleros cerrados del norte y los marítimos, así como mejorar el oleoducto para evitar los permanentes derrames, que han tenido un costo aproximado de S/.300 millones. Se debe buscar que la nueva refinería de Talara tenga una parte importante del crudo que necesita, sin necesidad de importarlo.

Si bien es cierto, los combustibles que producirá la nueva refinería serán más limpios, hay que asegurar que el mayor consumo se dé en Lima, considerada una de las capitales del mundo con mayor polución. También se tiene la alternativa del gas natural (combustible limpio), que ya es utilizado en el medio de transporte más importante de Lima (Metropolitano), por lo que se podría seguir masificando su uso en todos los medios de transporte.

Por ECO. José Linares Gallo

En el mundo han existido, hasta ahora, cuatro revoluciones tecnológicas sucesivas. La Primera fue la “Revolución Industrial” (1771), localizada en Inglaterra, e iniciada con la Hilandería de algodón y continuada con el motor a vapor y los ferrocarriles.

La Segunda fue la “Era Analógica”, situada en EE.UU., Alemania y Francia (1875), con la aparición de los automóviles, el uso del petróleo como fuente de energía, la iluminación por electricidad (París, Ciudad Luz) y el teléfono.

La Tercera revolución fue la “Digital”, que implicó el uso de la computadora personal con Internet (1990), localizada en EE.UU., difundiéndose, inicialmente, hacia Europa y Asia.

La Cuarta, también conocida como “Industria 4.0”, o “Era de la Automatización” (2016), se inicia simultáneamente en EE.UU., Japón, Corea del Sur y Alemania, e implica avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, y vehículos autónomos.

Cada revolución tecnológica puede ser vista como una gran transformación del potencial de creación de riqueza de la economía, ya que pueden aumentar significativamente la eficiencia y la efectividad de todas las industrias y actividades en general.

Las transformaciones tecnológicas terminan alcanzando toda la economía, elevando el nivel general de productividad potencial, modernizando las industrias maduras y fomentando la innovación. El proceso de difusión de estos cambios masivos y sus efectos económicos y sociales constituyen una gran oleada de desarrollo.

La economía digital (comercio electrónico, automatización, no presencialidad, etc.) ha sido consecuencia de la globalización y de la evolución de las TIC’s hacia la transformación digital, que da soporte a las actividades económicas y sociales, en distintas partes del mundo.

Hoy la competitividad de los países se encuentra estrechamente relacionada a sus niveles de digitalización y acceso a la tecnología, la misma que ya no centraliza su uso en los lugares de origen, sino que está a disposición universal, de inmediato.

Al comienzo hemos hablado de las 4 eras tecnológicas, las que se iniciaron con más de 100 años de vigencia, hasta que llegó la Era digital, que se redujo a solo 26 años, tras iniciar la Era 4.0, o de la Automatización (2016).

Esto nos indica que cada día la velocidad del cambio tecnológico es mayor y, a la vez, más democrático: está al alcance de todos los seres humanos en simultáneo, aunque no todos tienen la misma posibilidad de acceso, de ahí la responsabilidad del Estado de facilitar los accesos a la digitalización, a la plena conectividad, y a su uso gratuito tratándose de la educación en todos sus niveles.

El estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) sobre el “Impacto Económico agregado de la digitalización (2005-2013)”, registró para el caso del Perú una contribución al crecimiento de 5.2%, creando 34 mil empleos, y 7,309 millones de dólares en el PBI (R.Katz); estando por encima del promedio Latinoamericano de 4.3%, en dicho periodo.

Entre las actividades de rápida asimilación de tecnología digital en el Perú, podemos señalar a la industria de exportación agrícola, sistemas de rastreo en la pesca marítima, digitalización de las relaciones proveedor-cliente, gestión de inventarios, vigilancia a distancia, sensores climáticos, operaciones bancarias, operaciones mineras, entre otros. Un estudio de EY Perú, del 2019, dice que solo el 9% de las empresas se encontraban con un alto índice de madurez digital, mientras que el 73% se encontraba encaminado y el 18% en condición incipiente.

La revolución 4.0 supera el concepto de mundo globalizado e hiperconectado, y genera nuevos esquemas de organización, producción y gobernanza de la economía, que coexisten con la economía tradicional, y que interactúan y se fusionan, independientemente del nivel de las mismas.

Para que nuestra sociedad pueda obtener todos los beneficios productivos y de competitividad que brinda la nueva Era 4.0, es necesario digitalizar la educación, para lo cual los distintos niveles educativos (básica, técnica y superior), necesariamente deben ser híbridos (presencial y a distancia), con lo cual se podrá compartir recursos educativos de alta calidad, independientemente de donde se encuentren los estudiantes.

Por ECO. José Linares Gallo

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), es aplicada cada tres años y tiene por objetivo evaluar a los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria (15 años), en áreas temáticas claves (comprensión lectora, ciencias y matemáticas).

En esta prueba participan los países miembros de la OCDE y algunos invitados (como Perú y China, entre otros).

A partir de la siguiente prueba (octubre 2022), se incorporarán habilidades ligadas a la ciencia de la computación, incluido el pensamiento computacional, que implica entender cómo la computadora procesa y cómo se debe trabajar con ella para alcanzar soluciones.

El Perú ingresó a la Prueba PISA el año 2000 (con Fujimori), quedando en último lugar de 41 países, entre los cuales cinco eran latinoamericanos (que se encontraban entre los últimos 8): Argentina, México, Chile, Brasil y Perú.

El año 2009 (García) Perú volvió a ser evaluado, quedando en el puesto 70 de 74 países; en las pruebas de los años 2003 y 2006 (Toledo), el Perú no participó.

El 2012 el Perú volvió a quedar último puesto entre 65 países. Obteniendo China (con aproximadamente 300 millones de estudiantes y cerca de 20 millones de profesores) el primer lugar. Los países que se encontraron entre los primeros cinco puestos fueron asiáticos. Respecto a países latinoamericanos, Chile, Uruguay y México, salieron de los últimos 10 lugares.

El 2015, el Perú ocupó el puesto 63 de 70 países. Ese año los países asiáticos continuaron ocupando los primeros lugares, obteniendo China el 6to lugar; también se registró una mejora en el ranking de la región latinoamericana.

El 2018 fue la última prueba PISA realizada, y los 6 primeros puestos fueron orientales, con China recuperando el primer lugar; Perú ocupó el puesto 64 de 77 países. En América Latina, Chile, Uruguay y México siguieron escalando en el ranking.

Estas pruebas revelan que el continente latinoamericano es el que menos ha avanzado en calidad de educación en el mundo, sin considerar al África, que no participa.

Esto puede estar relacionado a la falta de conectividad de la que adolece la región, pues según el informe del 2020 “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe” del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, solo un 71% de la población urbana de América Latina y El Caribe cuenta con opciones de conectividad, mientras que en la ruralidad son solo un 37%: al menos 77 millones de personas no tienen acceso a internet de calidad en áreas rurales.

Esto se agrava en Perú, donde, al 2020, cuando se inició la pandemia, se tenía solo el 40.1% de hogares a nivel nacional conectados con internet, lo que empeoraba en las zonas rurales, pues solo el 5.9% disponía de conectividad (INEI).

Estas cifras de Latinoamérica son preocupantes en comparación con los países de la OCDE, que entre el 2009 y 2018, redujeron la cantidad de estudiantes sin internet en casa del 15% a menos del 5%.

La importancia del uso de la tecnología en la educación es cada día más visible, de ahí su incorporación a PISA. Los países orientales (China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, entre otros) son los que más han utilizado las herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje, teniendo un impacto significativo en su competitividad y productividad (China es hoy la primera potencia económica del mundo).

Este uso de la tecnología marca la diferencia entre la educación occidental y la oriental, donde el Smartphone con internet ilimitado (más computadora, menos teléfono) se ha constituido en la principal herramienta de aprendizaje presencial y a distancia en todos los niveles educativos.

Hoy la competitividad y productividad de los países se encuentra estrechamente relacionada a la tecnología (construcción y programación). Es por eso por lo que, a pesar de los 20 años de crecimiento económico, el Perú no pudo generar desarrollo. Se requiere de una educación híbrida de calidad, producto de profesores digitales, aulas inteligentes, tareas inteligentes, preguntas y respuestas en línea y plena conectividad. Queda claro que no existe desarrollo sin educación de calidad.

Por ECO. José Linares Gallo

Después de la Segunda Guerra Mundial, el oro se convirtió en uno de los bienes de inversión más preciados, que nunca dejó de crecer. El patrón oro representaba una equivalencia del dinero que un Estado podía emitir. Este patrón estuvo activo hasta el año 1971, cuando el presidente de EE.UU., Nixon, decidió terminar con la convertibilidad del dólar al oro (activos separados). Actualmente las reservas de los países se respaldan más en dólares que en oro.

La emisión, en EE.UU., de cinco billones de dólares para mitigar el impacto de la crisis sanitaria, la fuerte expansión de la tasa de inflación que supera el 8%, y el continuo aumento de las tasas de interés para controlarla, han generado un escenario de volatilidad del dólar, que se acentúa debido a la guerra en Ucrania, la desaceleración económica mundial y la menor influencia de los petrodólares en el mercado energético (consecuencia de que Rusia y China ahora solo compran y venden petróleo con su propia moneda; en el caso del yuan, convertible a oro). Esto ha generado que los inversionistas (públicos y privados) busquen seguridad y cobertura en el oro.

Según el Consejo Mundial del Oro, su mercado ha tenido un comienzo sólido en 2022; la demanda de oro del primer trimestre fue un 34% superior al primer trimestre de 2021, llegando a 1,234 toneladas, y el precio del oro en dólares estadounidenses aumentó un 8 %.

Sin embargo, las reservas mundiales de oro de los bancos centrales tuvieron un comportamiento moderado, solo crecieron en 84 toneladas netas en el primer trimestre de este año. Se espera que los bancos centrales continúen siendo positivos con sus reservas de oro, ya que es un activo estratégico que puede ser utilizado tanto para la gestión de liquidez a corto plazo como para ser un depósito de valor a largo plazo; una gestión activa de reservas utiliza el oro como garantía de depósitos.

En el contexto mundial, en 2020 y 2021, algunos países buscaron aprovechar la coyuntura de precios altos del oro y vendieron parte de sus reservas. Kazajistán, un país productor de oro, vendió 177 toneladas, manteniendo 385 toneladas de reservas en su banco central. En América Latina, Colombia en 2020 vendió 37.8 toneladas, quedándose únicamente con 18.9; para reponerlas, actualmente el gobierno colombiano ha centralizado la compra de oro. Respecto a otros países de la región, Venezuela tiene 161.2 toneladas (30 embargadas en Inglaterra), México 119.9, Brasil 67.4, Argentina 54.9, Bolivia 42.5 y Ecuador 16.9.

Perú, uno de los más grandes productores de oro en el mundo, que tiene aproximadamente 2,800 toneladas métricas de reservas mineras de oro, es uno de los países de la región que menos de este metal tiene en su Banco Central de Reserva (BCRP): desde 2011 son solo alrededor de 35 toneladas. La producción peruana anual promedio de oro es de 160 toneladas, de las cuales cerca de 40 toneladas son producidas por la minería informal; en este caso, una de las formas de aumentar reservas de oro y aprovechar su alto precio, sería centralizar la compra y a la vez formalizar la producción, disminuyendo la depredación del medio ambiente.

Según el BCRP, las reservas internacionales netas (RIN), que están compuestas por monedas convertibles, oro y Derechos Especiales de Giro, al 4 de mayo de 2022, fueron de US$ 77,063 millones, equivalente al 34% del PBI. Al cierre de febrero de 2022, las inversiones internacionales del BCRP fueron de 26% en depósitos en divisas, 71% en valores, y sólo 3% en oro.

En el Perú, dado el alto grado de dolarización, resulta importante mantener la estabilidad cambiaria, de lo contrario podría aumentar la inflación. La coyuntura internacional de altos precios del oro y la volatilidad del dólar debería llevarnos a incrementar las reservas de oro del Banco Central de Reserva, con lo cual mejoraríamos la situación económica del país frente a la incertidumbre interna y mundial.

Por ECO. José Linares Gallo

Si bien la minería genera aproximadamente el 60% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, y entre el 11% y 15% del Producto Bruto Interno (PBI), también es cierto que el 62% de los conflictos socioambientales tienen relación con esta actividad. Los resultados de la actividad minera sobre el desarrollo combinan efectos positivos (mayores ingresos tributarios) con la prevalencia de conflictos sociales.

Considerando los últimos enfrentamientos entre comunidades y la empresa minera Las Bambas en Apurímac, cuyo contrato dura hasta el 2045, produce el 1% del PBI nacional, y cuya paralización está produciendo que se deje de exportar 9.2 millones de dólares diarios, y de aportar 5.2 millones de soles diarios por canon y regalías, quiero compartir mi experiencia alfabetizando tecnológicamente en español y quechua en distintos lugares del Ande, la misma que se inició en 1996 en Ayacucho y que en el 2021 fue considerada como un aporte al Bicentenario de la República por el Ministerio de Cultura.

Una de estas experiencias, se desarrolló el 2007, en las comunidades de Pamputa y Fuerabamba (actual centro de la conflictividad), con quienes me tocara sacar adelante un proyecto de responsabilidad social empresarial que realicé con mi empresa, tras haber sido contratados por la minera Glencore Xtrata (Suiza), anterior propietaria de Las Bambas, para alfabetizar tecnológicamente a jóvenes de entre 15 y 25 años de ambas comunidades.
Antes de iniciar el proyecto, recibimos, con la relación de los participantes, sus certificados de estudios. La mayoría tenía primaria completa y otros también secundaria, por lo que el contrato indicaba que el proyecto se desarrollaría en español. Nuestra propuesta consistía en un proceso de alfabetización tecnológica, a través de materiales de construcción a escala Lego Education (danés) y máquinas herramientas a escala The Cool Tool (austriaco), los mismos que, al término, quedaron para los colegios de la zona, previa capacitación docente.
La propuesta respondía a la problemática de las comunidades, las cuales se dedicaban, en su mayor parte, a generar chuño moliendo papas con sus pies. En ese contexto presentamos una propuesta de desarrollo para utilizar los vientos como energía, a partir de la construcción a escala de molinos, los cuales generaban energía que se almacenaba en condensadores, que alimentaban máquinas moledoras a escala.

Si bien la propuesta se planteó en español, de inmediato, fue rechazada por los comuneros, quienes exigían ser capacitados en quechua. Este problema lo consulté con el rector de la Universidad Pedro Abad del Cusco de ese entonces, quien me dijo que esto era muy frecuente, porque los jóvenes, al terminar su primaria y secundaria, no conseguían trabajo en español, por lo que volvían a su comunidad para continuar hablando exclusivamente quechua, lo que me llevó a pensar que estaban frustrados por su experiencia escolar.

El rector me sugirió incorporar al equipo a antropólogas bilingües de su universidad, quienes utilizaron nuestros vocablos tecnológicos en quechua de las Eras Industrial, Analógica y Digital, que veníamos generando desde el año 1996. Lo que permitió realizar una capacitación en español y en quechua enriquecido con estos vocablos.
Progresivamente en el desarrollo de los talleres, los estudiantes comenzaron a recuperar su español. Al final, ellos mismos reconocieron que eran bilingües, pues lograron aprender solucionando problemas en español y en quechua.
El proyecto se desarrolló el año 2007 en ambas comunidades (Pamputa y Fuerabamba), por un lapso de 6 meses sin ningún problema, y fue presentado a EXPOMINA como un proyecto exitoso. También se replicó la experiencia en ferias comunales donde participó la población de ambas comunidades, junto con la minera, con exposiciones de los jóvenes en ambos idiomas.

Esta experiencia muestra que cuando la responsabilidad social se ejecuta en el Ande, donde existen poblaciones mayoritariamente quechuahablantes, como en Pamputa y Furambaba (80%), los servicios deben darse en quechua y español. De esta manera se generan espacios de desarrollo que reducen las fricciones sociales. Reivindicar al quechua en las comunidades andinas quechuahablantes fortalece las relaciones entre empresa y comunidad.

Por ECO. José Linares Gallo

Recientemente, el Banco Mundial (BM) viene señalando que el Alto Nivel de la Inflación Mundial (con picos de 8%) se mantendría hasta fines de 2024, agravándose tras el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Estima que los precios de la energía aumentarán más del 50% en el 2022, y que comenzarían a reducirse progresivamente desde el 2023; mientras los precios agrícolas y de metales crecerán 20% este año y se reducirán en los dos años siguientes. El aumento resultante de los alimentos (40% en Trigo) y la energía, seguirá incrementando la pobreza.

En este contexto inflacionario (Inglaterra 8%, EEUU 8%, Comunidad Europea 5.1%, Chile 9.4%, Argentina 59.2%), el BM proyecta que la economía peruana crezca 3.4% durante el 2022. En Perú, la inflación a 12 meses se disparó 6.82% a marzo, muy por encima del rango meta (entre 1 y 3%).

Para paliar esta crisis, la receta, casi universal, y aplicada en el país, es incrementar el costo del crédito, para reducir la cantidad de dinero en la economía que fue inyectada durante la emergencia de la covid-19, lo que a la vez trae desempleo, al disminuir la demanda. Complementándose con medidas de protección social a la población vulnerable (bonos, subsidios temporales, focalización) y aliento al consumo de productos nacionales y de bajo costo, lo que requiere ser incluido en el próximo Acuerdo Nacional.

La situación crítica se refleja en la disminución de la capacidad de compra, que incrementa significativamente la pobreza; no solamente la pobreza extrema. Por ejemplo, el ingreso promedio de trabajo en Lima ha caído a S/ 1,600 mensuales (caída de 4%). Pero también las pymes y los emprendedores están en el centro del impacto de la crisis (incremento de costos, riesgo de insolvencia, etc.).

Los cierres comerciales prolongados, la demanda deprimida y las interrupciones en la cadena de valor, generaron presiones operativas y financieras considerables para las pymes, lo que puso en peligro la supervivencia de muchas empresas y emprendedores. La Sociedad Nacional de Industrias estimó que cerca de 600 mil empresas tuvieron que cerrar en el 2020, y la tasa de informalidad aumentó a 84.2% de la PEA (12 millones de personas).

El gobierno peruano para enfrentar la crisis de liquidez que sufren las empresas debido a la pandemia de COVID-19 implementó (2020) los programas FAE-MYPE, FAE-Agro, FAE-Turismo y Reactiva Perú, en beneficio de cerca de 900 mil empresarios del país, 98% de los cuales eran del sector PYME; promoviendo un mayor acceso al crédito que permitía un mayor crecimiento y dinamismo para la economía.

Según cifras del BCRP, al cierre del 2020 la tasa de crecimiento anual del crédito al sector privado fue de 21.7%, mientras que al cierre de 2021 fue de solo 4.3%, influenciada por los préstamos y luego las amortizaciones y cancelaciones en el programa Reactiva Perú. En el 2022, la política monetaria fue más estricta para contrarrestar la inflación, generando tasas de interés más altas, afectando las condiciones para el endeudamiento de las pymes, frente a una débil demanda, que las pone frente a un riesgo de insolvencia.

Sin embargo, las pymes necesitan de oportunidades para venderle al Estado y a las grandes empresas, además de acceso a nuevos mercados, lo cual requiere la articulación de las cadenas productivas para modernizar y mejorar la productividad de las pymes. Junto con ello requieren la reprogramación de las deudas de los pequeños negocios, la digitalización de las empresas, el impulso de mecanismos de liquidez, las Compras Estatales, entre otras medidas.

Debido a esta circunstancia, esperamos que, en el proceso de concertación, se genere una estrategia de sustitución de alimentos y energía, y de reactivación de las pymes; y se forme a la vez, una comisión dedicada exclusivamente a revisar la constitución del 93 para proponer qué temas, concertadamente, se modificarán a través de la legislación vigente, y con ello se termine con la incertidumbre, principal causa de la inestabilidad económica y social, que tiene origen y responsabilidad en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Por ECO. José Linares Gallo

En un clima de incertidumbre, escaso crecimiento económico, y una inflación con componentes internacionales (que no controlamos), es altamente probable que el empleo formal se estanque y que siga creciendo la informalidad, que cada día está más cerca del 80%. El INEI ha estimado que la tasa de desempleo en el 2021 fue de 5.7% de la PEA, mientras que en el 2019 fue de 3.9% de la PEA; para el 2022 se espera que bordee el 5%, afectando principalmente a los sectores de comercio y turismo, este último contaba con millón y medio de empleos (formales e informales) antes de la covid, de los cuales pocos se han recuperado.

Según el Banco Central de Reserva, en febrero de 2022, el empleo formal aumentó 7.5% respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, el sector servicios, comparado con febrero del 2020 (tasa anual), se encuentra por debajo del 2.2%.

En el terreno de la política se han aprobado medidas respecto al empleo, como la prohibición de la tercerización laboral y, recientemente, se ha presentado un anteproyecto de un nuevo código General del Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en la actual gestión, ha estado desarrollando iniciativas aisladas hacia la generación de ese nuevo Código del Trabajo; recordemos que se ha planteado medidas como pasar SERVIR al ámbito del MTPE (hoy en la PCM), y la subida del salario mínimo (luego de cuatro años, algo indispensable frente al incremento actual de precios).

En los últimos años, los ejes principales de la política pública del trabajo, que han incidido en la dinámica laboral-empresarial (pre y postpandemia), han sido el establecimiento del tema de la salud y seguridad y el sistema de supervisión y multas a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Al respecto, los empresarios han advertido que se les exigen cosas que no están en las normas.

En los avances de la propuesta del nuevo Código laboral, el MTPE propone cambios en las relaciones entre empleador y trabajador. Tal es el caso de la reducción del número de supuestos de duración de contratos de 9 modalidades a solo 6, y de estos 6, 2 serían de duración indeterminada.

Se eliminarían las modalidades de contratos temporales por inicio de nueva actividad por reconversión empresarial, y el accidental por emergencia. Sin embargo, el inicio de una nueva actividad necesita ser flexible hasta que la actividad sea rentable; de lo contrario restringiría la capacidad de financiar empleos con la contratación permanente desde el inicio.

El MTPE también plantea que los contratos por temporada y los intermitentes sean de duración indeterminada, y que entre temporadas se envíe al trabajador a la modalidad de suspensión perfecta para que no pierda el empleo y se ahorre los costos de reactivación de seguros y la firma de nuevos contratos; no tomándose en cuenta que las especialidades requeridas podrían ser distintas.

Asimismo, se ha planteado un subsidio a la planilla para mypes, para preservar la recuperación de los empleos formales de los jóvenes, junto con componentes de capacitación y certificación laboral. Esto con base en experiencias desarrolladas el 2020 de un subsidio a la planilla de los trabajadores que ganaban hasta S/ 2,400 al mes, y el bono de S/ 210 dado a los trabajadores que ganaban hasta S/ 2,000 por mes.

Gran parte de estas iniciativas del sector trabajo, hasta ahora, solo han sido coordinadas con sindicatos, pero no con los representantes de los empleadores, y aparentemente tampoco con el Ministerio de Economía y Finanzas, a quienes también les toca proyectar el impacto de estas medidas en la generación del empleo y los costos empresariales dentro de las políticas económicas de reactivación. Para que cualquier reforma laboral tenga impacto y se cumpla, requiere de acuerdos tripartitos (Estado, empleadores y trabajadores).

Es claro que falta coordinación integradora dentro del Poder Ejecutivo con relación al tema del trabajo y promoción del empleo, para después llegar a acuerdos que sea posible cumplir.

Por ECO. José Linares Gallo

La situación actual de creciente inflación impacta fuertemente en la capacidad adquisitiva de la población más vulnerable, que, aunada a la desaceleración de la producción, perfila a corto plazo un escenario estanflacionario (como ya lo hemos dicho en esta columna). Esto responde a una economía con bajo nivel de recuperación, bajo empleo, y un alto componente importado de la demanda, que como todos sabemos ha afectado la seguridad alimentaria y energética del país, por los altos precios de los productos internacionales, causando una protesta nacional, aprovechada por la delincuencia, producto de la inseguridad ciudadana que vive el país. Para enfrentar una inflación que tiene componentes internacionales se necesita cambios de patrones de consumo, y para ello es necesario el diálogo y la concertación.

En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (18 de marzo), el Ejecutivo en todos sus niveles, el Legislativo, el sistema de justicia, el Tribunal Constitucional y la Contraloría, acordaron compromisos a fin de llegar a un nuevo pacto político. Pero no ha sido suficiente, porque la concertación necesariamente es tripartita, y en ella deben estar presentes empresarios y trabajadores: es evidente que un pacto solo con autoridades no funciona, debilitando a sus actores, de ahí que cuando la población demanda “que se vayan todos”, cada día abarca a más autoridades.

En este contexto, cuando la manifestación en Lima del 5 de abril no pudo llegar al Congreso, vándalos infiltrados entre los manifestantes atacaron la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es necesario reflexionar y no fomentar escenarios de anarquía. Al respecto, la presidenta del Poder Judicial afirmó que el ataque fue planificado.

El mismo 5 de abril, el poder Ejecutivo y el Legislativo buscaron consensos. El Ejecutivo propuso la modificación del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para establecer lineamientos para incorporar exoneraciones temporales a productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar, sin generar riesgo fiscal.

Por ahora, se ha duplicado el presupuesto para ollas comunes y comedores populares y se programa una retribución temporal extraordinaria a los beneficiarios de los programas sociales (Contigo, Pensión 65 y Juntos; este último actualmente entrega 200 soles cada dos meses a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema con niños, para asegurar su educación y salud, este mismo monto debería entregarse cada mes, para mitigar el hambre), lo que beneficiará a 1.5 millones de habitantes.

También se ha propuesto la eliminación del ISC en gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y del petróleo diésel, a fin de reducir sus impactos inflacionarios en los costos de transporte de los productos, lo que debe beneficiar prioritariamente al consumidor. Esta propuesta ha sido ratificada en el consejo de ministros descentralizado realizado en Huancayo, junto a un proyecto de amnistía para transportistas, con lo cual, se soluciona su reclamo a nivel nacional. Antes de retirarse, el presidente expresó que, de inmediato, ingresaría un proyecto de ley para impedir los monopolios. Al respecto, se hace necesario definir concertadamente el rol del Estado en la economía, que debería ser asegurar un desarrollo a largo plazo, y eso demanda repensar su participación en la economía.

Su rol debe implicar compartir riesgos y recompensas con el sector privado, para diversificar las estructuras productivas y establecer adonde se quiere llegar, en base a la innovación, la tecnología y la creación de mercados, asumiendo el Estado el riesgo mayor.

Además a mediano plazo, debería garantizarse la seguridad alimentaria y energética del consumo del país, reduciendo el componente importado de la demanda, a través de sustitutos de producción nacional, como extender el uso del gas natural que hoy se utiliza en los buses del Metropolitano (la red más grande de transporte del país utiliza combustible limpio) y que también llega a las casas a través de conexiones domiciliarias; se requiere que muchos más hogares a nivel nacional dispongan de este gas que no contamina y que está al alcance de todos para extenderlo a la totalidad del transporte.

Por ECO. José Linares Gallo

El Foro del Acuerdo Nacional es un espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos, formado por el gobierno (nacional, regional y local), los partidos políticos representados en el Congreso de la República, y las organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional.

El 25 de marzo la PCM postergó la reunión del Foro del Acuerdo Nacional convocada por el presidente Pedro Castillo, la misma que carecía de una agenda concreta y se realizaba en el contexto de un proceso de vacancia presidencial. Haberla postergado resultaba lo más aconsejable, para que el inicio de la concertación no se diera en medio de la inestabilidad.

El resultado del proceso de vacancia, de 55 a favor y 54 en contra, se da en un contexto donde el 80% de la población quiere que todos se vayan.

Sin embargo, para el 40% de los parlamentarios, lo más importante era la vacancia a como dé lugar, aunque se sabía que las causales eran fáciles de revertir, como finalmente pasó. En la política peruana nos estamos acostumbrando a que “no importa quién tenga la razón, lo importante son los votos”; con ello se profundiza más el rechazo de nuestra sociedad a la política, que debería ser ciencia de resultados, lo que fortalecería la democracia, y la alejaría del mercantilismo político (constructoras nacionales vs constructoras chinas).

En el Perú, se suele decir que los problemas nunca se solucionan o se solucionan solos, muestra de ello es que siempre, al ingresar un nuevo gobierno, le espera un promedio de 200 conflictos sociales no solucionados, a pesar de que en la mayoría de ellos existen mesas de negociación. En el caso de los conflictos con las empresas mineras, estas se ven obligadas a suspender su producción justo en los mejores momentos, cuando los minerales tienen una alta demanda a precios significativamente altos; nos referimos a los conflictos en Las Bambas (Apurímac, Cusco), Cuajone y Southern (Moquegua), Aruntani (Puno), entre otros, que requieren inmediata solución.

La guerra entre Rusia y Ucrania, el deterioro de la situación socioeconómica proyectada para los próximos 12 meses en Perú (BCRP), sumado a la desconfianza política de la ciudadanía, ponen en riesgo de estanflación a la economía peruana (combinación de estancamiento del PBI, alta inflación y alto desempleo); lo que exige al gobierno asegurar niveles mínimos de eficacia en sus políticas para reducir la informalidad, la pobreza y pobreza extrema.

Resulta necesario concertar y generar acuerdos de gobernabilidad, continuando con la convocatoria a la reunión del Foro del Acuerdo Nacional, pero con una agenda definida, y con mecanismos de seguimiento de cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Es importante señalar que, recientemente, el presidente dijo creer en la Economía Social de Mercado, lo que termina con la discusión sobre cambiar la Constitución; la cual solo debería pasar por reformas puntuales que la hagan más inclusiva y efectiva social y económicamente.

La corrupción debe ser uno de los principales temas a tratar, pues todos, de una u otra forma, están involucrados por acción o por omisión. Para combatirla en todas las instancias, es necesario replantear estrategias concertadas. Así también, el combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, con o sin la participación de las fuerzas armadas, debería ser otro tema prioritario en la agenda, que permita llegar a acuerdos de ejecución inmediata.

También se requiere que en el Foro participen las empresas privadas y los trabajadores, como representantes de la sociedad civil. En tal sentido, la concertación en el Perú debe estar orientada a conseguir el respaldo necesario para implementar los planes que aseguren desarrollo.

Deberíamos reconocer que actualmente la vulnerabilidad del Perú tiene componentes internacionales que no se pueden controlar internamente, como son los incrementos del precio de los granos, fertilizantes y del petróleo, que impacta en los fletes, nacionales e internacionales, lo que, sumado a la especulación y la excesiva intermediación, terminan generando precios altos en diferentes productos de la canasta familiar, lo que viene provocando protestas a nivel nacional en diversos sectores, que deben ser solucionadas de inmediato para evitar mayor inestabilidad.

Por ECO. José Linares Gallo

El presidente Pedro Castillo anunció en su mensaje al Congreso de la República, la convocatoria al Acuerdo Nacional para superar la inestabilidad política y lograr consensos necesarios que permitan trabajar por los grandes objetivos nacionales.

El politólogo Martín Tanaka señala que el juego democrático es viable, en tanto se respeten las reglas. Y en contextos de divisiones profundas, desde el Gobierno no pueden plantearse transformaciones que la oposición considere inaceptables, y en tanto ello ocurra, la oposición debería respetar los mandatos surgidos de las urnas.

El telón de fondo de la inestabilidad está en la posibilidad de generar una Nueva Constitución, planteada en la campaña por el Gobierno, pero de la cual no se ha vuelto a hablar; más bien el Gobierno ha señalado que respeta la “economía social de mercado”. Esto debería dar pie a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, para lograr cambios parciales a la Constitución que mejoren el funcionamiento de la economía social de mercado en el Perú, y generen una agenda concertada para su implementación, que permita el ingreso a la OCDE.

Otra de las causas de la inestabilidad política ha surgido por la fiscalización del Congreso respecto a la designación de funcionarios públicos que no cumplen con el perfil mínimo en puestos de confianza en los diferentes ministerios y en importantes entidades públicas.

Cabe recordar que la Ley Marco del Empleo Público (Ley Nº 28175 de 2004), establece que el empleado de confianza desempeña un cargo técnico o político distinto al del funcionario público; se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente; y en ningún caso serán mayor al 5% de los servidores públicos en cada entidad; estos empleados públicos deberían renunciar al término de la gestión.

Sin embargo, a partir del 2013 rige la Ley del Servicio Civil (Ley 30057), que añade un máximo de 50 servidores de confianza por institución, y es administrado por Servir que, mediante normas de menor rango, ha estado delegando a entidades específicas (ministerios, contraloría y otras) excepciones a esta norma, lo que ha llevado a incrementos de hasta más del 20% del personal de confianza de distintas entidades.

A esto hay que añadir la falta de una concepción de carrera pública, que es reemplazada por el concepto de meritocracia y con dirección de gerentes públicos. Con ello, se afianzó la gestión pública de corto plazo basada en el cumplimiento de las metas del planeamiento estratégico institucional y sus sistemas, que son la base de la articulación que realiza el CEPLAN; un enfoque de corto plazo, con predominio del presupuesto, dejando de lado la planificación del desarrollo, que es satanizada como si fuera sinónimo de estatización.

Esta es la razón por la que hace falta un sistema de Planificación del Desarrollo capaz de articular el corto, mediano y largo plazo, con nuevas herramientas y ámbitos como el desarrollo territorial, y que genere las bases sólidas para una política general de gobierno confiable, que tenga continuidad a partir del consenso nacional.

Además, en el ejercicio de nuestra democracia existen falencias en el sistema electoral y constitucional, como la negación de la representación nacional a través del Senado, lo cual sigue siendo un tema de permanente debate desde el 2001. Por otro lado, el sistema también favorece la formación de un gobierno sin mayoría parlamentaria, debido a la elección del Congreso de la República en las primeras vueltas electorales. Por lo tanto, tenemos, en la práctica, un régimen presidencial parlamentarista, lo que causa los permanentes desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La elección de una cámara única ha generado congresos atomizados a la espera de los resultados de la segunda vuelta, sobre la base de que cualquiera que gane, muy probablemente no tendrá mayoría parlamentaria; esto se reduciría si la valla electoral no fuera menos del 10%. También es necesario fortalecer a los partidos políticos, no permitiendo la renuncia de los parlamentarios electos a sus bancadas para pasar a otras tiendas políticas.

Por ECO. José Linares Gallo

En septiembre de 2019, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE publicó el Estudio sobre el Sistema Nacional de Pensiones de Perú, donde expuso la evaluación del sistema de pensiones en su totalidad, analizó las disposiciones de pensiones públicas y privadas, financiadas por reparto (sistema público) y capitalizadas (solo el 30% de la PEA está afiliada a las AFP), y realizó recomendaciones de política estableciendo un marco sólido para que el sistema contributivo de pensiones cumpla sus objetivos, mejore la cobertura y el nivel de las pensiones.

La OCDE recomendó abordar la pobreza en la vejez estableciendo una pensión no contributiva que proteja a todos los peruanos, para lo cual, entre varias cosas, consideró ampliar la cobertura y sostuvo que sería aconsejable cambiar los beneficios de Pensión 65 (S/ 250 cada dos meses), de una tasa fija a un pago complementario, para que así se encuentre mejor integrado con la pensión mínima del sistema contributivo.

Sin embargo, aquí caben unas reflexiones: recientemente, una secretaria jubilada bajo el régimen de la ley 20530, con más de 30 años de servicio, se jubiló con una pensión de 220 soles. Por su lado, la ONP paga un monto máximo de pensión de jubilación de S/ 893, y un monto mínimo de pensión de S/ 500. Esta es la razón por la que muchos empleados públicos deciden no retirarse a los 30 años de servicio, entre ellos los docentes, lo cual genera una gran brecha generacional en la educación, que dificulta el ingreso de la educación peruana a la Era Digital.

La principal recomendación de la OCDE es conservar el sistema de pensiones público de reparto y el sistema de pensiones de capitalización de cuentas individuales y que se complementen entre sí. Para lo cual recomienda combinar un sistema público de reparto obligatorio con cuentas individuales de capitalización, para generar un sistema de pensiones más robusto, más resistente ante los muchos riesgos que pueden amenazar la sostenibilidad, y la suficiencia de las pensiones o ingresos de jubilación.

También recomiendan considerar reintroducir el requisito de que los trabajadores independientes contribuyan al sistema.

Se explica que resulta fundamental promover el conocimiento respecto del funcionamiento del sistema de pensiones. Más peruanos esperan recibir un ingreso del programa Pensión 65 al jubilarse que del sistema de contribuciones, demostrando así una significativa falta de comprensión de los beneficios que este sistema les puede brindar.

En los últimos meses se han presentado al Congreso de la República 8 propuestas de proyectos de ley que implican el retiro de fondos de las AFP; algunas plantean retiros diferenciados, otras hasta por S/18,400 (4 UIT) y algunas hasta el 100% para quienes hicieron retiros previos, entre ellas la propuesta del partido del Gobierno. Esto afectaría seriamente el Sistema de Protección Social del País, y pone en riesgo de pobreza extrema a la población jubilada (vejez en pobreza).

Al respecto Pablo Antolín, de la OCDE, el 10 de marzo pasado, opinó que solo en casos de “extrema necesidad” (enfermedad terminal, pérdida de empleo o ingresos a largo plazo, o pérdida de vivienda, entre otros) se podría garantizar el acceso total al fondo de pensiones como un último recurso. Además señala que la mejor forma de ayudar a los individuos que han perdido su trabajo y mejorar su poder adquisitivo es a través de los presupuestos del Estado, y no con los ahorros para sus pensiones.

Aprobar otro retiro más de fondos de las AFP para todos los afilados va en contra de las recomendaciones de la OCDE para los sistemas de pensiones basados en el ahorro Individual. Hay que recordar que el Gobierno ha reafirmado su Intención de lograr que Perú forme parte de la OCDE.

Finalmente, resulta fundamental promover el consenso socio político, para la reconstrucción del sistema de pensiones, enfocada en ampliar la cobertura, integrar todos los sistemas que hoy existen, y mejorar las pensiones, para asegurarle una senectud digna a todos los peruanos.

Por ECO. José Linares Gallo

José Linares Gallo expuso su experiencia como innovador en la docencia, alfabetizando digitalmente a estudiantes y profesores peruanos, en ambos idiomas, en los últimos 30 años.

Al inicio del evento Tecnotic 2022 (Tecnologías Innovadoras para la Educación), del Ministerio de Educación, el economista José Linares Gallo presentó su propuesta de ‘Alfabetización digital en quechua y español para el desarrollo del Perú’, en la que expuso su experiencia alfabetizando digitalmente a estudiantes peruanos, en español y quechua, a lo largo de los últimos 30 años.

Su primera experiencia en el sector público se inició en el año 1996, con el proyecto Infoescuela, a solo seis años del inicio de la era digital. El proyecto replicaba, en el Perú, la escuela del Futuro, del Instituto Tecnológico de Massachussets, de Boston, dirigida por Seymour Papert, creador del lenguaje de programación educativo LOGO y de la inteligencia artificial.

Esta experiencia, consistió en capacitación, supervisión y monitoreo a docentes de educación inicial, incorporando la robótica como medio de aprendizaje construccionista, a partir de la licitación 05-96-ED, de 13 colegios, 12 en zona urbana y uno en el Ande, en el colegio Mariscal Cáceres, de Ayacucho.

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El proyecto duró 4 años y llegó a 500 escuelas a nivel nacional de forma descentralizada, lo que implicó que se seleccione a una universidad o facultad de Educación en cada uno de los 24 departamentos para que se hiciera responsable del proyecto.

ROBÓTICA EDUCATIVA

Infoescuela se constituyó como la segunda experiencia de robótica educativa realizada en América, a través de la cual los niños accedían a la Era Digital que recién se iniciaba, con la articulación de internet y la computadora personal.

Linares viajó a Boston, al MIT, en 1997, invitado por Seymour Papert, quien consideró al proyecto excepcional pues mostró métodos educacionales evidentes y la evaluación de su impacto fue minuciosa y convincente, así lo expresa en una carta, del 13 de noviembre de 1998, dirigida a José Linares y al ministro de Educación de ese entonces.

Hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe de su Misión económica en Perú 2022, haciendo varias recomendaciones de política económica.

Según el FMI, la economía peruana se recupera con fuerza de la recesión, debido a la firme respuesta normativa de 2020. La vacunación permitió un levantamiento gradual de las restricciones de movilidad causadas por la covid-19. La fuerte demanda externa, los términos de intercambio favorables y la demanda interna reprimida durante más de 1 año contribuyeron a que el PIB real aumentara un 13.3% en 2021, superando su nivel prepandémico del 2019, pero la participación de la población activa y el empleo total no se han recuperado. La pobreza aumentó significativamente en 2020, del 10% al 20%, y la pobreza extrema se incrementó del 3% al 10%. Hoy, el Perú sigue con niveles de pobreza superiores a los de antes de la pandemia.

Se espera que el crecimiento se desacelere hasta el 3% en 2022 a medida que las condiciones externas se endurezcan y se retire el estímulo político. Los principales riesgos que se relacionan con la pandemia son: un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras globales, interrupciones prolongadas de la cadena de suministro global, tensiones geopolíticas y una abrupta desaceleración del crecimiento en China, el principal socio comercial de Perú. La persistencia de la incertidumbre política podría tener efectos adversos en la inversión privada y desencadenar una mayor volatilidad de los mercados financieros.

El FMI recomienda que, para abordar la Inflación y los Riesgos Externos, la política monetaria debe continuar respondiendo adecuadamente a las crecientes presiones inflacionistas, pero es necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación. Aunque las presiones inflacionistas son menos agudas que en otras partes de la región, la orientación monetaria sigue siendo ligeramente expansiva.

El Fondo Monetario también dice que será importante sostener el restablecimiento del Marco Presupuestario. Para el 2022, el déficit fiscal se situaría en torno al 2.7% del PIB, con un presupuesto prudente que prevé un aumento del gasto en sanidad, educación y protección social. La deuda pública es sostenible y Perú tiene cierto espacio fiscal. Sin embargo, es necesario tener planes de contingencia frente al panorama incierto, que no solamente es externo.

Para abordar las necesidades clave en materia de educación, salud y políticas sociales, incluidas las pensiones, en las que Perú presenta brechas significativas, se requerirá esfuerzos continuos para mejorar la recaudación de impuestos, así como ajustes en la política tributaria.

También nos dice que el sector financiero sigue siendo resistente, incluso en un escenario gravemente adverso. Las autoridades siguen avanzando en la mejora de la supervisión del sector financiero.

Se recomienda renovar el programa de reformas estructurales. La reforma integral de la administración pública es un componente esencial para mejorar la gobernanza y aumentar la eficacia de las instituciones de lucha contra la corrupción. El progreso continuo en la capacidad de ejecutar inversiones públicas será esencial para reducir la gran brecha de infraestructura, incluida la infraestructura digital, clave para la participación ciudadana. Al mismo tiempo, un entorno jurídico y reglamentario estable y previsible fomentaría la confianza y permitiría que prosperara la inversión privada.

Otro punto refiere a que deben intensificarse los esfuerzos para aumentar la productividad, reducir la informalidad y promover la inclusión social. Las políticas deben centrarse en reducir las rigideces y los elevados costos del empleo formal, mejorar el clima empresarial, mejorar la inclusión financiera y reducir la brecha de género. Es urgente una reforma de las pensiones, para reducir los riesgos de pobreza de las personas de edad avanzada.

Algunas de estas medidas de política están incluidas en la agenda de gobierno, y Perú tiene acceso a un acuerdo de Línea de Crédito Flexible con el FMI por un monto de US$ 11 mil millones, que se otorga a países con un historial de políticas prudentes y puede utilizarse como protección adicional. Según el informe, el Perú financieramente goza de buena salud.

Por ECO. José Linares Gallo

En febrero, el Gobierno reiteró que el inicio de las clases presenciales y semipresenciales se dará a más tardar el 28 de marzo, en el marco del sistema curricular vigente y la actualización de la Ley General de Educación.

Se indicó que se está enfrentando el problema de la falta de conectividad recurriendo a nuevos proveedores, sobre todo en las zonas rurales. También se dijo que, este año, se distribuirán 320,000 tabletas que beneficiarán a más de 16,000 colegios públicos en localidades de extrema pobreza; con lo cual se procura cerrar brechas tecnológicas entre la educación rural y urbana, utilizando herramientas e infraestructura tecnológica en el proceso de aprendizaje.

Se espera que todas las instituciones educativas del país inicien clases presenciales o semipresenciales, pero sólo el 11% de los niños de entre 5 y 11 años se encuentran con dos dosis de la vacuna y el 42% solo tiene una, a diferencia del inicio de clases en universidades e institutos, donde es obligatorio acreditar vacunación completa. Aunque la vacunación no es un prerrequisito para el inicio de las clases escolares, corresponde al Estado y a los medios de comunicación, informar a los padres de familia sobre los graves riesgos de contraer la covid-19 y sus variantes en caso de no vacunar a sus niños.

De las casi 55 mil escuelas a nivel nacional, 21,718 (aproximadamente 40%), principalmente en las zonas rurales, no cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura (poniendo en peligro a más de un millón de estudiantes frente a un sismo), y su rehabilitación demandará un presupuesto de 111,000 millones de soles (Minedu). Este problema, acumulado las últimas tres décadas, ha pasado desapercibido porque los colegios públicos no requieren de certificados de Defensa Civil, a diferencia de los colegios privados y de las demás actividades públicas y privadas.

El aforo en cada centro educativo, de acuerdo con las normas vigentes, requiere de un distanciamiento físico de un metro entre los estudiantes, lo que lo reduce en un 50% aproximadamente. Esta problemática se acrecienta debido a que una parte significativa de los colegios se encuentra en condiciones de riesgo estructural, sumado al traslado de estudiantes desde los colegios privados como consecuencia de la pandemia. Corresponde a los directores de las instituciones educativas, determinar, de acuerdo con su realidad, el tipo de servicio educativo a brindar (presencialidad, semipresencialidad, o a distancia).

Para el caso de la educación semipresencial sería recomendable generar dos grupos en cada aula, que asistan dos días por semana, distribuyendo sus horas de clase presencial en 4 horas de matemática, 3 horas de comunicación, 4 horas de ciencia y tecnología, y 3 horas de educación física (para reforzar su salud física y socioemocional). Los tres días restantes serían a distancia, para el desarrollo de las demás áreas curriculares.

El sector educativo necesita formar a las nuevas generaciones, nativos digitales, con acceso a aulas inteligentes, tareas inteligentes, preguntas y respuestas en línea, enseñanza en línea, y con un mejor acceso a la información. Por ejemplo, la educación a distancia debe disponer de aulas virtuales interactivas, con animaciones lúdicas, videos profesionales, softwares de construcción digital y programación, y autoevaluaciones que permitan a los estudiantes aprender de forma autónoma.

Recordemos que de acuerdo con la prueba PISA, China es hoy la primera educación del mundo. Y está programando un proceso de digitalización de la educación a través de distintas plataformas en la nube de su red nacional de escuelas de educación básica. La educación actual requiere de herramientas informáticas con contenidos digitales, tanto en la presencialidad como en la educación a distancia.

Nos queda un gran reto. Invertir 111 mil millones de soles en nueva infraestructura para brindar educación presencial, no asegura educación de calidad. Hasta el 2019, de acuerdo con PISA, lamentablemente no hemos alcanzado buenos resultados. Por otro lado, invertir en un proceso de digitalización de la educación, asegura a nuestros niños, nativos digitales, desarrollar todas las competencias necesarias para enfrentar al mundo, cada vez más digital, que les toca vivir.

Por ECO. José Linares Gallo

El agua potable y el desagüe son necesidades básicas de la población, que deben ser atendidas y reguladas por el Estado. Desde el 2016 la OCDE ha efectuado recomendaciones para mejorar la administración de la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento (Sunass), que regula el abastecimiento de los servicios de agua potable gestionados de forma segura (por entidades públicas, privadas o mixtas), a los que solo tiene acceso el 51% de la población (OCDE).

Sin embargo, el deficiente desempeño de la gestión del agua y el saneamiento a nivel nacional se ha traducido en una acumulación de reclamos ante el Sunass, al cual llegan los usuarios luego de haber agotado todas instancias previas con las empresas, lo que nos hace suponer que la cantidad de reclamos iniciales es muy superior a los que llegan al ente regulador.

Según la Sunass, a nivel nacional, los usuarios presentaron un aproximado de medio millón de reclamos durante todo el 2021. Tras analizar el cuatro trimestre, con 123,647 reclamos, encontramos que la mayoría fueron por consumo elevado, fraccionamiento de recibos, falta de agua en la zona y aniegos por rotura de tuberías de desagüe. Resulta preocupante que, durante el 2021, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios solo resolviera el 6% del total: 27,496 apelaciones.

En la última década, Perú priorizó la seguridad del agua en su agenda política, pero los problemas de gestión pública y privada pusieron en peligro la continuidad y la ejecución de las políticas.

El 2016 se promulgó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que amplió el ámbito de competencia de la Sunass, la cual se dedicaba, desde 1992, a fiscalizar, fijar tarifas, emitir reglamentos, aplicar sanciones a operadores y resolver conflictos y reclamaciones de solo las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que operan en las zonas urbanas más grandes del país, permitiéndole, además, fiscalizar a 450 operadores en ciudades pequeñas y más de 25,000 prestadores de servicios en zonas rurales, con el fin de garantizar su calidad y sostenibilidad.

Además, la Ley Marco del 2016 y su texto único ordenado, establecen que la Sunass está a cargo de poner en marcha un nuevo modelo de regulación tarifaria para las EPS, que toma en cuenta las diferencias entre los proveedores, su capacidad para afrontar las obligaciones y mejorar la calidad, para finalmente definir la tarifa que corresponda.

En el año 2017, se aprobó la Política y el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, para lograr el acceso universal y sostenible al saneamiento en 2021 en las zonas urbanas y, en 2030, en las zonas rurales. No se han logrado los objetivos planteados, en parte debido al inestable contexto político y los efectos negativos de la pandemia en la provisión de servicios.

En Perú, el acceso al agua potable llega al 93% de la población, y al 79% el saneamiento; pero el acceso a servicios gestionados de forma segura es inferior: 51% en agua potable y 53% en saneamiento (OCDE). Estas cifras ocultan una clara brecha entre las zonas rurales y las urbanas, lo que implica la existencia de un gran sector informal —incluidos muchos prestadores de servicios sin registro ni licencia—, lo que limita el alcance de la regulación, que se agrava al sumarse los intentos de interferencia política en la fijación de tarifas a nivel local.

La OCDE señala que, en general, se observa un desajuste entre el complejo marco jurídico del sector del agua y saneamiento, la capacidad de las instituciones peruanas para ponerlo en práctica, y existen dificultades de coordinación, debido, principalmente, a la elevada rotación, por razones políticas, de personal prevaleciente en las instituciones.

Valdría la pena recordar que Perú es el octavo país más rico del mundo en agua dulce, y el tercero en América Latina, después de Brasil y Colombia, por lo que resulta paradójico que no seamos capaces de regular, eficientemente y con calidad, este recurso tan valorado, social y económicamente, en el mundo.

Por ECO. José Linares Gallo

La Ley N° 13248, “Ley de Censos”, dispone que, a partir de 1960, en todo el territorio de la República y en sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada 10 años los censos de población y de vivienda; y cada 5 años los censos económicos. Es decir, deberíamos disponer de 12 censos económicos a la fecha, sin embargo, solo se han realizado 4: el primero en 1964, el segundo en 1974, el tercero en 1994 y el último en el 2008, por lo que hoy solo disponemos de estadísticas económicas desfasadas en 14 años; viviendo en un mundo digital, donde el cambio es permanente. (Fuente INEI)

Este vacío de información estadística básica, particularmente en los últimos 20 años, de gran crecimiento económico sin desarrollo, impidió conocer a tiempo el fracaso de algunas políticas públicas que se venían empleando, de cuya calidad y eficiencia dependían, en gran medida, el desempeño y el desarrollo del país; algo que es indispensable para la consolidación de la democracia, a través de un adecuado sistema de monitoreo y evaluación del desempeño y los resultados de la gestión pública.

Un Sistema Estadístico Nacional, liderado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con una actualizada infraestructura estadística (censos de población y económicos, encuestas de hogares, cuentas nacionales y otros), es muy importante para la identificación, solución y evaluación de los principales problemas nacionales, siempre que se realicen oportunamente.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó la revisión de las Estadísticas Oficiales y del Sistema Estadístico del Perú, en el marco del Acuerdo País Perú-OCDE (2015-2016), tras lo cual, en su Informe Final, señaló que se necesitan implementar mejoras en la producción de estadísticas, modernizar el sistema estadístico, y considera que las Cuentas Nacionales requieren una actualización y el cambio del año base; por lo que se requiere de un nuevo Censo Económico, así como encuestas específicas adicionales, para medir con mayor precisión los cambios acontecidos en la economía nacional.

En el proceso de actualización de la infraestructura estadística, la inestabilidad política del país, y la pandemia jugaron en contra; ya que si bien en febrero de 2020, con Decreto Supremo Nº 018-2020-PCM, se declaró de interés nacional el levantamiento del V Censo Nacional Económico en el año 2020, este no pudo implementarse por problemas presupuestales y, luego, por el confinamiento y cierre de las actividades económicas. Se reprogramó su ejecución para este 2022.

Desde el último Censo Económico Nacional, la estructura productiva del país ha cambiado sustancialmente, con una dinámica económica creciente, que atendió un mercado interno en expansión y un mercado externo más abierto, que se reflejó en la expansión de las exportaciones no tradicionales, principalmente agrícolas; con mejoramiento de las cadenas logísticas tanto para el mercado interno como el externo, que se apoyó en una nueva infraestructura económica y financiera, que conllevó a la expansión y diversificación del sector servicios y del consumo interno. Ha sido fundamental la incorporación de las tecnologías en información y comunicaciones (TIC’s) en el proceso productivo y nuevos modelos de gestión de negocios, que han impactado en el tejido empresarial y en la estructura económica del país.

El INEI ha informado que el nuevo Censo Económico, a realizarse entre abril y noviembre, permitirá disponer de un directorio de empresas y establecimientos georreferenciados, base de datos de establecimientos censados, un Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE), un Sistema de Indicadores económicos y financieros empresariales, mapas temáticos con indicadores económicos, planos temáticos con representación por segmentos empresariales, entre otros.

Sin embargo, aún queda un gran camino por recorrer para poder garantizar un instituto de estadísticas a la altura de los que disponen los países de la OCDE, el cual permita conocer, oportunamente y al detalle, la economía formal e informal en Perú. Para el actual gobierno, el Censo Económico de este año debe ser una de las grandes prioridades nacionales. Un país sin planificación y sin estadística actualizadas no tiene forma de alcanzar el desarrollo, aun con crecimiento económico.

Por ECO. José Linares Gallo

Mientras se elija al Parlamento en primera vuelta, donde se prevé, con los actuales requerimientos, que 15 o más partidos participen, muchos reciclados y sin planes de gobierno, y en la segunda vuelta se elija de entre los dos primeros al que gobernará, el cual muy difícilmente contará con mayoría parlamentaria, el escenario político será de conflicto permanente por el poder.

Hoy tenemos un gobierno sin mayoría parlamentaria, y han transcurrido seis meses de permanente cuestionamiento, básicamente, a las designaciones presidenciales de altos funcionarios.

En este contexto, el actual presidente, el 27 de enero, aceptó iniciar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); creada en 1961, en el marco de la implementación de la reconstrucción de Europa después de la guerra, y que aglutina, al 2022, a 38 países de todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa, Oceanía y Asia-Pacífico, todos países democráticos, con desarrollo sostenido y de los más exitosos en economía y desarrollo social.

La OCDE es un organismo internacional que asiste técnicamente a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad de una economía globalizada; por lo que lograr convertirse en miembro, en los próximos cuatro años, implica que el Perú cumpla con un proceso riguroso que asegure políticas públicas exitosas, que hoy, más que nunca, requiere el país.

Al respecto, el Presidente, al firmar la aceptación del proceso de adhesión, dijo que el Gobierno afrontará el reto con profundo compromiso y convocó a la sociedad civil, a los sindicatos, a las universidades y empresas para que contribuyan con este objetivo.

La OCDE, que tiene países miembros y países socios, ayuda al desarrollo de estos países. A los de ingreso medio, como Perú, los apoya con recomendaciones y evaluaciones constantes de políticas públicas, que pueden servir para definir su propia gestión.

Perú es actualmente socio de la OCDE, y ha desarrollado activamente su relación desde el 2008 cuando se adhirió a la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. En 2009, el Perú se convirtió en miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE y sucesivamente ingresó a otros comités. El 2014 se firmó un Acuerdo País entre el Perú y la OCDE, para lo cual el Perú tuvo que adaptarse normativamente, y contó con participación del Congreso de la República.
En 2011, el Perú expresó por primera vez su interés formal en ser miembro de la Organización y lo hizo por segunda vez el 2017.

Por ello, en noviembre de 2019 la OCDE designó al Perú, a través del Indecopi, como sede del Centro Regional para la Competencia en América Latina, marcando un hito en el fortalecimiento de la cultura de competencia para el Perú y toda la región en su conjunto, para ofrecer capacitación a los funcionarios de la Región latinoamericana.

Los valores compartidos por los miembros de la OCDE incluyen la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y el valor de las economías de mercado abiertas, comerciales, competitivas, sostenibles y transparentes.

La aceptación de la invitación a la adhesión a la OCDE como miembro, para el Perú, significa que el país iniciará un exigente proceso, con el compromiso de una serie de estudios y supervisiones de una hoja de ruta trazada por la OCDE, con la finalidad de establecer si cumple o no las condiciones básicas para pertenecer a la organización.

Le toca ahora al gobierno implementar la hoja de ruta de la OCDE y al actual congreso comprometerse en su seguimiento.

Esto garantizará la estabilidad económica y financiera, y de gobernanza democrática, así como servicios públicos de mejor calidad, una política regulatoria estándar internacional, y otros temas; que deben permitir superar la crisis de gobernabilidad y generar políticas públicas que aseguren el desarrollo del país. De esta manera se podría superar las permanentes confrontaciones entre la extrema derecha y la extrema izquierda que desestabilizan al país.

Por ECO. José Linares Gallo

La variante ómicron se expandió rápidamente por el mundo desde mediados de diciembre, provocando números récord de contagios, aunque es menos letal que la cepa original y su variante delta; sin embargo, su rápida propagación, ha llevado a muchos países a restaurar medidas sanitarias restrictivas, que pueden afectar el crecimiento económico.

La magnitud del daño económico de la nueva variante es todavía incierta, pero el crecimiento se puede resentir debido a las restricciones sanitarias y por el contagio masivo del personal de las empresas; esto agudiza la sobrecarga de las cadenas de suministro, lo que provoca la escasez de materiales y materias primas, reduce el comercio mundial y, si la demanda de productos se incrementa, se acelera la inflación.

En este marco, recientemente el Banco Mundial ha revisado sus previsiones de crecimiento económico, y prevé que el PBI global sólo crecería en 4.1% en 2022, luego de haber crecido en 5.5% en 2021, y considera que las perturbaciones económicas provocadas por ómicron podrían reducir aún más el crecimiento global en el primer semestre. Asimismo, el volumen del comercio mundial sólo crecería en 5.8%, después de haberse expandido en 9.5% en el 2021.

El crecimiento de Estados Unidos sólo sería de 3.7% para el 2022, después del 5.6% del 2021. El Plan de gasto en infraestructura de 1.2 billones de dólares a 10 años, que fue aprobado en noviembre de 2021, recién tendrá un impacto significativo a partir de 2023.

La economía china prevé crecer en 5.1% en el 2022, inferior al 8.0% del 2021, por el deterioro del sector inmobiliario (alto endeudamiento y alto costo de viviendas) y del gasto de los consumidores. China viene aplicando medidas de cierre de fronteras y de confinamientos parciales.

Se estima que, en los próximos dos meses, más del 50% de la población europea se va a contagiar de esta variante; existiendo la amenaza de desbordar los servicios sanitarios.

La recuperación económica mundial se encuentra limitada por las restricciones al comercio mundial ante la sobrecarga de las cadenas de suministro, sumado a la concentración del transporte marítimo mundial en solo 10 empresas. Hace 5 años los precios de los fletes estaban por los suelos, debido al incremento de la oferta de carga. Hoy, llevar un contenedor de Shanghai a Europa cuesta entre 10,000 y 15,000 dólares, cuando en 2016 eso costaba 1000 dólares.

La crisis del transporte aéreo de pasajeros llevó a las aerolíneas a incrementar significativamente sus servicios de carga, y se han convertido en una alternativa al transporte de carga marítimo. Sin embargo, con la nueva variante y los contagios masivos del personal de la Industria del transporte, en todo el mundo, ha habido cerca de 50,000 cancelaciones de vuelos comerciales en los últimos quince días.

En el Perú se prevé que la cantidad de contagiados de covid-19 se triplique cada dos días, habiendo llegado a más de 12 mil casos por día la última semana. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) señala que, si la variante ómicron se vuelve la predominante en el país, llevaría a alrededor del 2% de los contagiados a requerir atención del sistema de salud; si el contagio se generaliza, podría colapsar el sistema.

Perú, a diferencia de otras economías emergentes, tiene un alto nivel de vacunación de su población, más del 80%, y se espera que no requiera de medidas de cierre de la economía como en la primera ola de la pandemia, que le generó uno de los mayores impactos económicos y de fallecidos en el mundo. Sin embargo, el cierre de las playas (principal lugar de esparcimiento seguro de todos los peruanos), es una muestra de la falta de sistemas de control de parte del Estado para enfrentar la emergencia sanitaria; se continúa recurriendo, casi siempre, a confinamientos o cierres sin tener en cuenta el costo económico. Resulta urgente generar estrategias que permitan dinamizar la recuperación de la economía y que no limiten la interacción social de la población.

Por ECO. José Linares Gallo

En el último CADE (noviembre del año pasado), el presidente del BCRP señaló que la inflación es un fenómeno mundial y que el Perú se encuentra en el rango promedio (6.4%) con respecto a países como Estados Unidos (6.8%), los países de la OCDE (4.5%), y a los precios industriales de China (13%). El precio mundial del petróleo, en el 2021, subió 69%, el precio del trigo desde fines del 2019 subió 69% y el aceite de soya subió 100%; son factores externos incontrolables.

Estados Unidos, después de tener por décadas, inflaciones promedio de entre 2% y 3%, en el año 2021, llegó al 6.8% (la mayor cifra registrada en 39 años). Los países de la Unión Europea también se han visto afectados, un ejemplo es España, que llegó al 6.7% (la mayor en 29 años).

Estos factores externos, se denominan presiones inflacionarias, y se originan por el desequilibrio entre la oferta y la demanda en algún mercado clave como el monetario, energético, de alimentos o financiero.

En relación con el sector monetario financiero, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala una fuerte preocupación por la generalización de las presiones inflacionarias, que podrían seguir engrosando la inflación en 2022, especialmente los altos precios de los alimentos básicos. Con consecuencias particularmente negativas para los hogares de los países de bajo ingreso, donde alrededor del 40% del gasto de consumo se destina a la alimentación.

El FMI prevé que el desajuste entre la oferta y la demanda se corrija con el correr del tiempo, aliviando las presiones de precios en algunos países. Por lo cual recomienda a los Bancos Centrales tener cuidado con el hecho de que la política monetaria se mantenga centrada en apoyar la recuperación económica, pues esto podría “alimentar presiones inflacionarias”.

Asimismo, señala que los países emergentes enfrentan una inflación muy por encima de sus objetivos de política monetaria (meta de inflación entre 0 y 3%); y son vulnerables por las presiones salariales y su bajo poder adquisitivo.

Al respecto, en Perú, el BCRP ya aumentó en diciembre la tasa de interés de referencia de 2% a 2.5% como medida para “anclar” las expectativas de inflación. Asimismo, para estabilizar el dólar, hasta el 29 de diciembre efectuó ventas spot de dólares en mesa de negociaciones por US$ 11,550 millones, cerrando el año con una cotización de 3.991 soles por dólar, lo que implica una subida del dólar en 10.28% en el 2021.

En relación con los costos de la energía, los precios del petróleo se elevaron en 55%, pasando de US$ 48.52 a US$ 76.99 por barril. Sin embargo, los productores de petróleo (Arabia Saudita y Rusia, entre otros), acordaron aumentar su producción hasta septiembre del 2022, para cerrar la brecha de producción de crudo. El Perú debería reactivar sus pozos petroleros de Talara, zonas marítimas y de la selva, para reducir las importaciones de crudo.

Las presiones inflacionarias por precios de alimentos básicos (granos), continuarán. Las primeras operaciones del 2022 empezaron con un alza del maíz, la soya y el trigo. En este contexto, el Perú debería recurrir, como alternativa, a la calidad y variedad de sus tubérculos y de los cereales andinos, a través de la mejora de la productividad agrícola del Ande.

El cobre se cotiza en 4.46 dólares la tonelada, luego de un aumento de 26.44% durante el 2021. Se espera que el año 2022 el crecimiento de la demanda mundial disminuya, aunque la oferta limitada mantendrá los precios altos, al menos en el corto plazo. En Perú es necesario mejorar las relaciones de las mineras con las comunidades, para asegurar el flujo de producción.

El último informe de inflación del BCRP, emitido en diciembre, indica que las expectativas de inflación de los analistas y entidades financieras para los próximos 12 meses en Perú, es de 3.5%; y el BCRP proyecta que la inflación interanual retorne al rango meta (1-3%) hacia fines de 2022, pues se prevé una reducción del costo del dólar, en la medida de que cese la inestabilidad política.

Por ECO. José Linares Gallo

En mayo de 2021, el Tesoro del Reino Unido (Ministerio de Economía y Finanzas) lanzó el Informe Dasgupta, “Economía de la Biodiversidad”, un informe mundial independiente, realizado por Sir Partha Dasgupta (profesor del London School of Economic, y de la Universidad de Stanford, y candidato al premio Nobel de Economía) sobre la importancia de la biodiversidad para las economías y la prosperidad en el futuro. Es de destacar que fue una preocupación del Ministerio de Economía y no del Ministerio del Ambiente, porque se buscaba incorporar a la naturaleza en el análisis económico.

Este informe señala que la biodiversidad es importante cuando hablamos de sostenibilidad y de economía, porque significa la diversidad de la vida, y la interacción entre cómo los organismos de esa diversidad interactúan para crear todos los bienes y servicios que la naturaleza entrega en el proceso económico.

El Informe presenta tres argumentos poderosos.

Primero: ver a la naturaleza como un activo, así como las personas y el capital producido son activos. Advierte que, si bien concordamos en invertir en las áreas de infraestructura y salud, seguimos invirtiendo poco en la naturaleza. De hecho, estamos agotando ecosistemas vitales, que nos brindan alimentos, agua, madera y combustibles, y regulan el clima, el aire y el suelo.

Segundo: existe un desequilibrio entre nuestras demandas y el suministro de la naturaleza. Para mantener nuestros activos naturales y evitar la degradación neta, nuestras demandas deben ser inferiores a la capacidad de la naturaleza para regenerarse y suministrar los bienes y servicios de los que dependemos.

Tercero: debemos reconocer que nuestras economías están integradas en la naturaleza, pues los servicios proporcionados por la naturaleza son un insumo indispensable para la actividad económica, sin embargo, nunca se contabiliza.

El informe plantea el concepto de “Riqueza Inclusiva”, donde sostiene la idea de que el Producto Bruto Interno (PBI) es un flujo, pero la naturaleza es un valor. Esto significa realmente incluir en la estructura de bienes, no solo el capital económico y humano, sino además el capital natural. Todas las sociedades tienen nociones del valor intrínseco de la naturaleza, pero hay que valorarla (a precios de mercado), contabilizarla como activos y evaluarla, como parte de la riqueza de un país.

La inclusión de capital natural permite analizar la sostenibilidad de las tasas actuales de crecimiento económico. A medida que las personas producen PBI, extraen recursos de la naturaleza y le devuelven los desechos. Si esta extracción y sus desechos exceden la capacidad de la naturaleza para repararse, el stock de capital natural se reduce y con él, el flujo de valiosos servicios de la naturaleza.

Entre 1992 y 2014, según un informe publicado por la ONU, el valor del capital producido (como máquinas y edificios) casi se duplicó y el del capital humano (trabajadores y sus habilidades) aumentó en un 13%, mientras que el valor estimado del capital natural disminuyó en casi un 40%. Mientras, a nivel mundial, los gobiernos canalizan aproximadamente US $500 mil millones al año en proyectos que son potencialmente dañinos para la biodiversidad.

Perú es uno de los principales centros mundiales de origen y diversificación de especies de importancia para la alimentación y la economía globales, considerando que tiene 84 de las 117 zonas de vida del planeta y 28 de los 32 climas del mundo. Cerca del 65% de su agricultura y buena parte de su gastronomía (que mueve el 9.5% de su PBI) depende de recursos nativos.

Según el Ministerio del Ambiente, en Perú, los recursos de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas contribuyen con casi el 20% del PBI; unas 2.2 millones de familias rurales del país, distribuidas en comunidades campesinas e indígenas, dependen en gran medida de estos bienes y servicios para subsistir. Para este sector de la población, la puesta en valor de los recursos de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas, constituyen la mejor oportunidad para salir de la pobreza y asegurar nutrición y salud.

Por ECO. José Linares Gallo

Recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha publicado el informe preliminar de sus Perspectivas Económicas 2021, mostrando el avance de la recuperación mundial, que ha perdido impulso y se está volviendo cada vez más desequilibrada; afectando más a los países de ingresos bajos donde las tasas de vacunación son precarias, o la economía no se ha recuperado por completo (caso del Perú).

La OCDE señala que el PBI mundial se recuperará del -3.4% de 2020 (en el Perú -10%), y crecerá al 5.6% en 2021 (en el Perú 13%), y llegará al 4.5% en 2022 (en el Perú 4%) y al 3.25% en 2023 (en el Perú, 4.5%), considerando que la demanda se normalizará, la capacidad de producción se expandirá y más personas regresarán a ocupar puestos de trabajo, los cuales, hasta ahora, en cantidad, no guardan relación con el incremento macroeconómico, particularmente en el Perú, donde pese al significativo crecimiento de este año, la pobreza y la pobreza extrema han aumentado en 10%.

En el 2021, el fuerte repunte después de la reapertura de las economías ha ido disminuyendo en muchos países en medio de obstáculos para los productores: el aumento de los costos de los insumos y los efectos continuos de la pandemia. Además, han surgido fuertes presiones inflacionarias, como el aumento de los costos de la energía y de los alimentos, con impactos más fuertes en los hogares de bajos ingresos (en el Perú se requiere sustituir los granos importados por cereales andinos, entre otros).

El comercio de bienes se recuperó rápidamente y volvió al nivel anterior a la pandemia a fines de 2020 (las exportaciones peruanas crecieron más del 40% hasta el III Trimestre 2021), pero el comercio de servicios se está recuperando lentamente y permanece por debajo del nivel anterior a la pandemia.

La mejora de la vacunación mundial permitirá la eliminación total de las restricciones a las actividades entre los países para fines de 2022. En el Perú, se terminará 2021 con cerca del 80% de la población objetivo, vacunada; apoyada con una agresiva campaña para la tercera dosis, cercos epidemiológicos y carné de vacunación. Esto puede permitir generar una campaña de país turístico seguro, que beneficiaría al casi millón y medio de personas formales e informales que dependen de esta actividad; para lograrlo, se requiere de una campaña nacional e internacional como país seguro con gran patrimonio cultural y gastronómico.

La inflación de los precios al consumidor alcanzaría su punto máximo a fines de 2021 y luego se mantendrían. En las economías de la OCDE, en su conjunto, la inflación anual de los precios al consumidor bajaría al 3.5% para fines de 2022, desde el 5% al que llegará a fines de este año, y para el 2023, disminuiría al 3%.

En la OCDE, se prevé que las tasas de empleo aumenten gradualmente hasta 2023, aunque en diferente medida entre los países, y que el desempleo en toda la OCDE caerá al 5%; por debajo de la tasa pre-pandémica. El Perú, con una reactivación más pronunciada en las actividades vinculadas a las exportaciones, será uno de los países a los que más le cueste llegar a este 5% previsto, salvo que el sector turismo y minero se reactiven plenamente.

Sin embargo, existen riesgos importantes en torno a estas proyecciones: la aparición de nuevas variantes de covid-19, la eficacia de las vacunas existentes, la profundización en China de los problemas en el sector inmobiliario, y el encarecimiento del suministro de energía.

La OCDE recomienda mantener el crecimiento de la productividad a mediano plazo, asegurándolo con planes de mantenimiento del empleo, y mejora de las oportunidades en el mercado de trabajo (capacitación, nuevas competencias, reubicación); asimismo, sostener el apoyo a los más necesitados. También desarrollar Inversión pública adicional en infraestructura de salud, digital, baja de carbono y cambios en la composición de los impuestos (impuesto a la riqueza; coincidencia entre el FMI y el Papa), así como también la mejora de la conectividad de banda ancha y redes de electricidad con alta eficiencia energética.

Por ECO. José Linares Gallo

La alfabetización digital en quechua sureño permitirá que los niños y jóvenes quechuahablantes de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, donde en promedio más del 50% son exclusivamente quechuahablantes, después de 500 años (300 de virreinato y 200 de república), vuelvan a aprender en su lengua nativa, utilizando tecnologías de la época en la que viven.

Según datos del Ministerio de Cultura (2019) la población quechuahablante en el país fue de 4.5 millones de personas, equivalente al 13% de la población total, lo que muestra una reducción porcentual significativa de quechuahablantes, desde el 30% del censo de 1993 (INEI); el no haber ingresado a la Era Digital, genera la extinción del quechua.

La Población Económicamente Activa -PEA (de 15 a 64 años) de quechuahablantes, se ubica principalmente en las zonas rurales andinas, estimándose en cerca de 3.1 millones de personas, que se dedican, particularmente, a las actividades agrícolas en parcelas familiares de autoconsumo (45 dólares al mes por persona), y también a la ganadería, artesanía y comercio.

El Ministerio de Educación señala que 1 millón 200 mil estudiantes (de inicial, primaria y secundaria) vienen recibiendo educación en su lengua materna, principalmente quechua, la misma que no dispone de vocablos tecnológicos, económicos ni de Estado, lo que les impide, a los egresados de educación básica, trabajar con productividad.
Vengo trabajando más de 25 años en este proceso de alfabetización digital en quechua, lo que ha permitido la creación de vocablos de tecnología, economía y Estado en quechua, validados, desde 1996. Nuestro primer hito se desarrolló en la G.U.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho con estudiantes de primaria, nuestro segundo hito fue con jóvenes de las comunidades campesinas de Pamputa y Fuerabamba de Apurímac, y el tercer hito, en Lima en educación terciaria, vía Beca 18, en la carrera de sistemas, con jóvenes que provenían de Ayacucho, Huancavelica y Cusco.

Mi propuesta ha sido considerada una contribución ciudadana al Bicentenario de la República por el Ministerio de Cultura (de la gestión actual, CARTA 000623-2021-PEB/MC del 1 de octubre 2021, y la del gobierno anterior, INFORME N° 000196-2021-UCE-DE-PEB/MC del 9 de julio 2021), toda vez que “difunde el uso y aprendizaje del quechua vinculándolo al avance de la tecnología digital y desarrollo de la competitividad de los quechuahablantes”.

Este proceso me ha permitido publicar diversos libros, siendo los dos últimos Alfabetización digital en quechua (2017) y Escribiendo en código: del quipu al Scratch-Kichwa (2021). Estos libros incluyen una lista de los vocablos creados a partir de preguntarnos qué es, para qué sirve y de qué está hecho, para después llevar el resultado a la cosmovisión andina. Estos vocablos permitieron que, juntamente con el Instituto Tecnológico de Massachussets, creáramos la versión 73 del software educativo gratuito Scratch, en quechua, con el nombre de Scratch-Kichwa.

Recientemente, después de una exhaustiva investigación que ha durado varios años, la Dirección de Educación Bilingüe del Ministerio de Educación, generó el informe 00217-2021-MINEDU-VMGP-DIGEIBIRA-DEIB, sobre el libro Escribiendo en código: del quipu al Scratch-Kichwa, donde dice que “lo valioso de la terminología está en el hecho de que fue aplicado y validado con los propios estudiantes quechuas, lo cual constituye en una referencia clave para seguir desarrollando el lenguaje digital en esta lengua, particularmente en la variante sureña”. Nos decidimos por el quechua sureño por ser el más hablado en el Perú; considerando que, en la China (hoy el país más rico del orbe), a pesar de que disponían de muchas lenguas, tecnológicamente, todos transitan por el chino mandarín.

Además, el informe de la Dirección de Educación Bilingüe recomienda “replicar las experiencias descritas en el libro”, pues, “el aporte del lenguaje tecnológico, producto de más de 25 años, es una referencia para los procesos del desarrollo del quechua digital, lo que enriquecerá el vocabulario que actualmente el Ministerio de Educación viene promoviendo”.

Alfabetizar digitalmente en quechua y español a cerca de 3 millones de personas quechuahablantes, les permitirá producir con eficiencia, lo cual podrá ir reduciendo, significativamente, la pobreza y la pobreza extrema del Perú, concentrada en el Ande.

Por ECO. José Linares Gallo

Existe una crisis energética global debido al aumento del consumo de los hidrocarburos, a pesar de que los países se han comprometido a reducir las energías provenientes del carbón, el gas y el petróleo; la reactivación económica tras los confinamientos de la pandemia incrementaron la demanda de energía, al punto que superó las reservas, lo que generó la subida de los precios.

Europa es el continente más afectado, el bajo nivel de aprovisionamiento y reservas de gas, ante el crudo invierno, provocó que el precio del gas aumente hasta 600%, hasta ahora, y el precio del petróleo ha llegado a 82 dólares el barril en el mundo; lo que impacta en la economía mundial, pues eleva el costo del transporte de personas y mercancías y los fletes internacionales, y con ello de todas las importaciones y de la producción local, incluyendo los alimentos, lo que tiene impacto directo en las economías populares.

Esto ha obligado a los países más contaminantes que, para disponer de energía, recurran a las fuentes más accesibles y baratas, como acelerar la producción de carbón; en EEUU se producirá 22% más que en el 2020; y en China se aceleró la producción de energía basada en carbón ante los apagones en sus provincias y el desabastecimiento para muchas empresas.

Esta coyuntura de altos precios de los hidrocarburos podría extenderse a todo el primer semestre del 2022. En este contexto, EEUU ha anunciado que liberará millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, en coordinación con China, India, Corea del Sur, Japón y Reino Unido, para bajar los precios después de que la OPEP ignorara repetidamente los pedidos de más petróleo. El presidente Biden de EEUU ha dicho que “En poco tiempo el usuario debería ver caer el precio de la gasolina”, y que a largo plazo la dependencia del petróleo cambiará por la energía renovable.

Actualmente solo un tercio de la generación de energía mundial es renovable; sin embargo, este podría ser el escenario perfecto para apostar por las energías limpias como las solares y eólicas, entre otras, para encaminarse a la progresiva reducción de la contaminación y el cambio de la matriz energética.

En el Perú, solo el 5% de la producción eléctrica está compuesta por energías renovables, mientras que en Chile llegó al 25% en el 2021 y Colombia tiene previsto llegar al 15% el 2023. Para avanzar, Perú requiere darles prioridad a las políticas de transición energética, generando marcos regulatorios claros y concretos que las incentiven.
Perú tiene distintos recursos para explotar la energía hidroeléctrica, solar, eólica, y el hidrógeno verde (combustible), para garantizar el futuro suministro eléctrico sostenible y renovable; que permitiría el desarrollo de proyectos de energía renovable, descentralizar la producción energética y reducir la dependencia del diésel; con lo cual se apoya el cumplimiento de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (carbono).

En el Perú se producen alrededor de 36 millones de barriles anuales de petróleo crudo, pero se importa el 56% del diésel que se utiliza en la industria y el transporte (el 2013 se importaba un tercio del total de combustible), y por ello el precio de los combustibles está influenciado por la volatilidad de los precios en el mercado internacional. A esto se suma el IGV del 18% y el Impuesto Selectivo al Consumo, que graba con 8% al combustible, lo que genera un sobrecosto a la actividad productiva del país.

Asimismo, Petroperú y Osinergmin, junto con la inversión privada, deben tener un rol relevante en el proceso de transición energética, y mientras, se debería aprovechar la reapertura de la explotación petrolera, que se desactivó por los bajos precios de los años pasados.

Hoy casi todos los aparatos domésticos e industriales, e inclusive el internet, requieren de electricidad, por lo que asegurar su acceso, inclusive en lugares donde no ha llegado la energía eléctrica, resulta fundamental, más ahora que se ha planteado la transformación productiva del Ande, que no se puede lograr sin energía que la haga funcionar.

Por ECO. José Linares Gallo

La riqueza mundial se triplicó en las últimas dos décadas, y China, por primera vez, ocupa el puesto del país más rico del planeta con 120 billones de dólares (en el año 2000 apenas contaba con 7 billones); le sigue Estados Unidos con 90 billones (25% menos que China) y luego, muy por detrás, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, México y Suecia; esto según un reciente informe de investigación del McKinsey Global Institute, “Auge del Balance Mundial”, que examina los balances nacionales de diez países que representan más del 60% de los ingresos mundiales.

La investigación de McKinsey determinó que el patrimonio neto en todo el mundo aumentó a $ 514 billones en el 2020, desde $ 120 billones en el 2000. En gran parte con nuevo endeudamiento.

Asimismo, el 68% del patrimonio neto global se almacena en bienes raíces (inmuebles), y solo el 4% en bienes intangibles como la propiedad intelectual y las patentes. Lo que señala que las economías no almacenan su riqueza productivamente; de reiterarse la crisis inmobiliaria del 2008, las economías de estos grandes países serían altamente vulnerables.

El «éxito» económico de China copia la característica más controvertida del modelo estadounidense: la concentración de patrimonio entre los más ricos. En las dos mayores economías del planeta, más de las dos terceras partes de la riqueza están en manos del 10% de los hogares. Y además esta tendencia ha aumentado en las últimas dos décadas. Si en el año 2000, los más ricos controlaban el 67% de la riqueza en Estados Unidos, en 2019 la cantidad aumentó hasta el 71%. Mientras que, en China, si hace 20 años, los hogares más ricos poseían el 48% de patrimonio global del país, en 2015 ya controlaban el 67%. Esto demuestra que la concentración de la riqueza es igual en los Estados de economía de libre mercado que en los de socialismo de mercado.

La mayor desigualdad en China y Estados Unidos, se expresa en el desigual de acceso a servicios como la salud, la educación, el transporte y la seguridad en los barrios; principalmente en la población de menores ingresos.

Según los planes de desarrollo del gobierno chino, se está buscando atenuar la desigualdad de los ingresos y la brecha de riqueza, para que se distribuya de manera equitativa entre los 1,400 millones de habitantes de China, a través de impuestos a la propiedad y a las herencias de los ricos, para ir progresivamente hacia el objetivo político de lograr la “prosperidad compartida” en 2035.

En los Estados Unidos, 40 millones de personas viven en pobreza y 18.5 millones en extrema pobreza, y para enfrentarla, la actual administración ha propuesto políticas de pleno empleo (inversión en infraestructura), protección social para los más vulnerables, sistema de justicia más justo y efectivo, políticas de igualdad racial y de género, y se está planteando impuestos a la riqueza.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional considera que los impuestos a los altos ingresos contribuirán a asegurar el desarrollo mundial, en combinación con otras políticas redistributivas.

El estudio de McKinsey recomienda que, post pandemia, los gobiernos deberían dar prioridad al crecimiento del PIB real (promover la inversión productiva). Deben reducir progresivamente el estímulo monetario y fiscal y sanear los balances del sector público, impulsar la demanda agregada y promover la inversión, ya sea de la variedad empresarial tradicional o para abordar los desafíos sociales como el cambio climático y la vivienda asequible, a través de mecanismos como la regulación del carbono y el desarrollo urbano y la zonificación.

Respecto al aumento de la inversión pública, recomiendan enfocarla en infraestructuras, educación y salud, y aumentar el rendimiento social de los activos públicos gestionándolos de forma más eficaz.

En el 2019 en el Perú, el 1% de la población concentraba el 23.7% de la riqueza (Bloomberg), concentración que debe haber aumentado por efecto de la pandemia, junto con la mayor desigualdad, expresada en el incremento del 10% de la pobreza y pobreza extrema en el país en 2020.

Por ECO. José Linares Gallo

21 Nov 2021 01:40 amA+

La economía digital (comercio electrónico, automatización, no presencialidad, etc.) ha sido consecuencia de la globalización y de la evolución de las TIC’s hacia la transformación digital; donde el mundo estás más interconectado e informado, y la digitalización (transformar objetos físicos o analógicos en digitales) da soporte a las actividades económicas y sociales.

Hoy la competitividad de los países se encuentra estrechamente relacionada a sus niveles de digitalización.

Estas transformaciones requieren que la sociedad desarrolle nuevas competencias, donde la generación del conocimiento es un eje central que requiere que las personas, además de procesar y organizar la información, sean capaces de analizarla, transformarla e interpretarla. Esto significa el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la alfabetización digital.

La pandemia de la covid-19, ha acelerado este proceso de digitalización ante la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de bioseguridad; pero también, ha evidenciado que el desarrollo digital no es uniforme en el mundo.

De acuerdo con el Índice Mundial de Competitividad Digital – IMD (septiembre 2021), EEUU ocupa el primer puesto por cuarto año consecutivo; mientras China ocupa el puesto 15. Este índice utiliza criterios de transferencia de conocimientos, preparación empresarial, e inversión educativa.

En términos de competitividad regional, Asia Oriental ha superado a América del Norte y a Europa Occidental en lo que respecta a sus inversiones en educación científica, investigación, robótica y exportaciones de alta tecnología. Vale destacar que en Asia, el smartphone (cada día menos teléfono y más computadora), se ha convertido, junto con el internet, en la herramienta más potente de la educación en todos sus niveles.

Específicamente el Perú, en el mismo estudio, muestra una mejoría en el ranking, en el cual pasó del puesto 61 en el 2019, al 57 en el 2021 (de un total de 64 economías). A pesar de esto, el Perú continúa entre los cinco peores países en competitividad digital de Latinoamérica.
Para seguir elevando nuestra competitividad digital, se necesita una educación digital de calidad, y para lograrlo, el sector educativo debe incorporar las tecnologías digitales, con el propósito de fomentar la innovación y la creatividad.

Sin embargo, la Educación Digital en el Perú presenta dificultades respecto al acceso a internet y a la tecnología, principalmente en áreas rurales, generando una brecha digital en el aprendizaje, que exige desarrollar estrategias para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes a través del aprendizaje remoto (que ya antes de la pandemia acompañaba a la educación presencial, particularmente en las universidades): el derecho a la conectividad a internet (que permita a los estudiantes acceder a contenidos digitales de calidad), y el establecer un mejor vínculo de aprendizaje con sus docentes.

En el Perú se ha afrontado la educación digital únicamente con la compra de equipos informáticos: primero computadoras (2002), luego laptops XO (2007-2008), después laptops y desde hace algunos años, se redujo la calidad de hardware informático, migrando a sucesivas compras de tablets con la pretensión de llegar a cada estudiante (algo aún muy lejano).

El problema fundamental ha sido que no se ha capacitado digitalmente a los docentes, ni se han generado contenidos digitales relacionados con aprendizajes de matemática, comunicación, ciencia y tecnología. Tampoco se han generado plataformas educativas interactivas (online y offline) con vídeos de calidad, animaciones, softwares de programación, y autoevaluaciones que permitan a los estudiantes aprender a su propio ritmo.

Hoy en día, después de casi dos años con los colegios totalmente cerrados y prácticamente abandonados, resulta lógico para los estudiantes y padres de familia, el reclamar la vuelta a clases presenciales, más aún cuando estamos próximos a tener 60% de vacunados; sin embargo, vale la pena recordar que en todos los resultados de las pruebas PISA (previos a la pandemia) hemos estado en los últimos lugares. Hoy, los primeros lugares en esta prueba suelen ocuparlo los países de Asia, quienes utilizan la educación digital como un medio fundamental de su desarrollo, mientras que en el Perú seguimos pensando que la educación digital no da resultados.

Por ECO. José Linares Gallo

14 Nov 2021 02:00 amA+

La Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia de covid-19 “durará un año más de lo que debería” porque los países más pobres no están recibiendo las vacunas que necesitan. Esto debido a que los países desarrollados acapararon la mayoría de la producción mundial, lo que generó estragos en la salud y la economía de muchos países.

Estabilizar la recuperación económica mundial pasa, necesariamente, por la eliminación de la covid-19, pues permitirá la apertura total de fronteras, y con esto, la reactivación del turismo en el mundo; fuente importante de ingresos para muchos países.

De ahí la importancia de tratamientos antivirales en la lucha global contra la pandemia. Al respecto, la Agencia Europea del Medicamento autorizó, a inicios de noviembre, la primera pastilla para tratar la covid-19, llamada Molnupiravir, producida por Merck Sharp & Dohme (MSD).

Esta pastilla es un antiviral que afecta al genoma del virus, produciendo una enorme cantidad de errores genéticos o mutaciones, por lo que es incapaz de replicarse de un modo efectivo, con lo cual la infección no se produce.

El uso oral del Molnupiravir en pacientes de covid-19 puede darse en casa, y reduce los costos de tratamiento y el riesgo de hospitalización y muerte en enfermos con síntomas suaves y moderados; también sirve como preventivo para quienes tuvieran contacto con un enfermo.

La empresa MSD ha planteado proporcionar un amplio acceso al Molnupiravir en 104 países de ingresos bajos y medios, por lo que han llegado a acuerdos de licencia con fabricantes de genéricos para acelerar su disponibilidad.

Estas píldoras, junto con las terceras dosis de vacunas, podrían ser el impulso que se requiere para vencer a la covid-19 y reactivar la economía mundial.

En el Perú, ya se está colocando una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, comenzando por el personal médico, y se ha anunciado que se continuará con los adultos mayores hasta 65 años. Actualmente, están vacunados con dos dosis, aproximadamente el 55% de la población, y el gobierno espera llegar al 80% a fin de año; para hacer posible esto, es necesaria una vacunación territorial urgente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como se ha hecho en diferentes países.

Para no cometer los errores que nos llevaron a estar en la cola de la adquisición de las vacunas, lo que generó que tuviéramos el más alto índice de muertos por millón de habitantes en el mundo y que nuestra economía se viera seriamente afectada, el Minsa debería iniciar gestiones para la compra de pastillas antes de que los países desarrollados acaparen toda la producción.

La consecuencia macroeconómica del mal manejo de la pandemia se reflejó en que, el 2020, el PBI del Perú se contrajo en 11.1%. Sin embargo, el 2021 se estima un crecimiento de 13% (BCRP). Esta recuperación porcentual nivela el crecimiento al de antes de la pandemia, y se espera que el 2022 el crecimiento sea de 4.6%, mientras que en la región el promedio, según la CEPAL, será solo de 2.9%.

Consideramos que, al momento de disponer del 80% de la población vacunada siquiera con 2 dosis y también contar con las patillas antivirales, se podría impulsar aún más el crecimiento del Perú para el 2022, reactivando el turismo.

El 2019 el Perú acogió a más de 4 millones de turistas extranjeros, generando divisas para el país en el orden de los 5 mil millones de dólares; y el turismo interno representó un movimiento de más de 5 mil millones de dólares con casi 49 millones de viajes. Esto generó 4 puntos del PBI y dio empleo a un millón 460 mil personas de manera directa e indirecta.

Hoy, lamentablemente, el turismo receptivo en Perú se ha reducido 10 veces y el turismo interno 4 veces, y se han perdido aproximadamente el 80% de los empleos formales e informales del sector. Debido a esto, una vez controlada la pandemia, debería iniciarse una campaña turística internacional, que podría ser: Perú, país gastronómico y seguro.

Por ECO. José Linares Gallo

La pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de la población ante la pérdida del ingreso; y a pesar del crecimiento del PBI en el 2021, este no alcanza para combatir el aumento de la pobreza, la desigualdad, la informalidad y la desocupación, que continuarán durante algunos años más, y requerirán la continuidad de los apoyos gubernamentales. Sin embargo, la riqueza mundial ha aumentado en 7.5% (CEPAL).

Debido a esto, existe un consenso en los organismos internacionales: que el Ingreso Básico Universal (IBU), puede ser, por lo menos en teoría, un mecanismo para combatir la desigualdad y la pobreza. Al respecto la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han trabajado diversos documentos.

Incluso el FMI considera que, para asegurar el desarrollo, es necesario vincular 3 ejes de política: el impuesto a los altos ingresos, el establecimiento de un IBU y aumentar el gasto en salud y educación. En esa perspectiva el FMI ha estimado que los costos de la implementación de un IBU serían equivalentes al 25% de la canasta básica familiar; en el caso de Perú, es de S/ 1,440, por lo que el IBU podría ser de S/ 360 mensuales por persona.

El IBU es una forma de sistema de protección social por el cual todos los ciudadanos de un país recibirían regularmente, desde el gobierno, una suma de dinero sin condiciones, ni contraprestaciones; que serviría para satisfacer un cierto nivel de necesidades básicas (alimentación). Su incondicionalidad asegura que quien trabaje más gane más, es decir que cualquier ingreso adicional tiene un beneficio neto positivo. De tal manera, el IBU se convierte en un ingreso complementario a los ingresos laborales.

El Papa Francisco, en octubre 2021, ha planteado dos medidas: un ingreso básico o salario universal (IBU) para que cualquier persona acceda a los más elementales bienes de la vida y para que esta propuesta pueda desarrollarse, ha emplazado a los gobiernos a plantear nuevos esquemas fiscales y redistributivos; y, como segunda medida, ha planteado la reducción de la jornada laboral para que haya un mayor acceso a puestos de trabajo.

En el caso de los EEUU, el Congreso aprobó entregar US$ 600 semanales para casi todos sus ciudadanos, por un lapso de 11 semanas. Esto fue necesario, especialmente para las comunidades afroamericanas y latinas, que sufrían una proporción elevada de desempleo.
En el caso de América Latina y El Caribe, las respuestas de los gobiernos frente a la crisis sanitaria, han sido rápidas, pero insuficientes. En el 2020, aumentaron la pobreza y pobreza extrema, llegando a 209 millones de pobres en la región (1 de cada 3 latinoamericanos), de los cuales 78 millones están en situación de pobreza extrema (13% del total de latinoamericanos).

El desafío actual en la región es mantener las transferencias económicas para apoyar a la recuperación de los ingresos de los hogares.

La CEPAL estima que el crecimiento de América Latina y El Caribe se recuperará en 5.9% en 2021, y prevé que crecerá sólo 2.9% en 2022, debido a sus problemas estructurales de baja productividad, que se reflejan en la reducción del empleo (9%) y el aumento de la informalidad (54.7%) en el 2020, afectando mayormente a mujeres y población joven.

Las transferencias monetarias, adoptadas por el gobierno peruano desde que inició la emergencia sanitaria, han sido diversas, sin embargo, al existir una política fragmentada, y una deficiente atención a la población, en el 2020 la pobreza creció hasta el 31.1% y comprende a cerca de 10 millones de personas. Además, los programas de protección tradicional, de transferencias monetarias condicionadas, no fueron suficientes para revertir esta situación a niveles de antes de la pandemia.

Para reducir estos niveles de pobreza, es imperativo que se exploren técnicamente las diferentes propuestas acerca del Ingreso Básico Universal, que se contribuya a implementar un nuevo sistema de Protección Universal, y que se generen las condiciones fiscales que hagan viable financiarlo a nivel gubernamental.

Por ECO. José Linares Gallo

La recuperación económica global postpandemia disminuyó significativamente en el tercer trimestre de este año porque el crecimiento de sus dos locomotoras principales, China y EEUU, no alcanzó sus objetivos.

La expansión de la economía china, en septiembre de este año, fue de únicamente 4.9%, frente al 18.3% del primer semestre. Esto se debió, en parte, a lo que el gobierno chino denomina “desafíos económicos inesperados”, entre los que destacan la pandemia (variante Delta), problemas de escasez, encarecimiento de la energía y una desaceleración de la construcción (crisis inmobiliaria).

Del lado estadounidense, las cifras sobre producción industrial aumentaron sólo 4.3% por los efectos del huracán ‘Ida’; y la escasez de semiconductores para la fabricación de vehículos. Mientras el precio de los fletes se incrementó significativamente por el encarecimiento de la energía: el gas subió 400% y el precio del barril de petróleo subió en 65%, y amenaza en llegar a 100 dólares el barril. A esto se suma que el seguro del desempleo estadounidense generó ingresos significativamente mayores a los que obtenía una persona trabajando antes de la pandemia, por lo que hoy existe una resistencia de su población a trabajar.

Luego de la pandemia, la demanda de bienes y servicios a nivel global se aceleró mientras que los fabricantes y transportistas aún no logran darse abasto. Esto sumado a que la alta demanda de los consumidores a través del comercio electrónico tomó desprevenidos a muchos de los principales puertos del mundo, que no estaban preparados para la reactivación económica global.

La pérdida de puestos de trabajo, por la paralización económica, se ha traducido en un mayor desempleo y desigualdad en la población, con muchos hogares que no tienen ingresos, a lo que se suma una brecha digital cada vez mayor.

El Banco Mundial (BM) señala que la recuperación económica de América Latina y El Caribe será más acelerada (6.3%) de lo que se preveía a principios de año, pero más débil de lo que se consideraba con un entorno macroeconómico muy favorable (crecimiento vigoroso de EEUU y China, bajas tasas de interés mundiales, y el superciclo de precios de las materias primas). Según el BM, este 2021 el PBI de Perú crecería en 11.9%, mientras el de Brasil lo haría en 5.3%, México en 5.7%, Chile en 10.6%, y Colombia en 7.7%.

La política fiscal peruana necesita acelerar la inversión pública e incentivar y atraer la inversión privada. Siendo prioritario para la sostenibilidad de la política fiscal fortalecer los ingresos tributarios y reducir la elevada evasión. Adicionalmente, el Perú requiere volver a una adecuada sostenibilidad de la deuda pública para mantener una buena calificación crediticia, que demanda, particularmente, tener una deuda pública proporcional a su ingreso por exportaciones.

La inflación debe retornar, el próximo año, a tener una meta dentro de la franja de 1% a 3%, siempre y cuando se reduzca la presión inflacionaria externa (petróleo, GLP, maíz amarillo duro, fletes, y otros) y que se reduzca la volatilidad del dólar.

En la recurrencia del virus, se han logrado avances al vacunar al 55% de la población objetivo (del 15% que dejó Sagasti) y sostener una agresiva política de vacunación y de prevención de una tercera ola. Sin embargo, esta vacunación debe elevarse a un 80% en las zonas turísticas (Cusco, Arequipa, Ica, Loreto) para abrir el turismo y continuar reactivando el país, para lo cual también es necesario mejorar significativamente la seguridad ciudadana.

El Gobierno recientemente ha presentado un proyecto de ley para una reforma integral en torno a materia tributaria, fiscal y financiera, necesaria para la reactivación de la economía en crisis, profundizada por los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti. Piden 120 días, tienen como objetivo el cierre de brechas sociales a través de servicios que brinda el Estado: modificar el impuesto a la renta, ampliar la base tributaria, modificar las tasas impositivas, simplificar el impuesto al consumo, entre otras. Corresponde al Congreso generar los candados suficientes para el cumplimiento de los objetivos, y que el Ejecutivo logre sustentar con solvencia la viabilidad de estas reformas.

Por ECO. José Linares Gallo

El Perú es un país sísmico, por encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, y su historia se ha visto marcada por grandes movimientos telúricos.

Incluso, el mes de octubre, en el que curiosamente han coincidido sismos desde la época del virreinato hasta nuestros días y que es conocido como el mes de los temblores, también es llamado el mes morado, en homenaje al Cristo Moreno, pues durante los sismos de 1655 y 1687, que destruyeron gran parte de Lima, no se destruyó la pared de adobe donde se encontraba pintado; por lo que se le empezó a llamar Señor de los Milagros.

El último terremoto devastador en el Perú se dio el 2007 en Pisco, con una población aproximada de 130 mil personas, y tuvo una magnitud de 8.0 Mw (Magnitud Momento), causando 595 muertos, 2291 heridos, 76,000 viviendas destruidas e inhabitables y el 60% de personas afectadas en el departamento de Ica (431 mil de las aproximadamente 700 mil que había en ese entonces).

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el terremoto del 2007, se registraron niveles de aceleración del suelo de 400 centímetros por segundo al cuadrado (cm/s2).

De haberse producido este sismo de 8.0 Mw en la costa de Lima, los suelos de la capital podrían haberse sacudido a 500 cm/s2 y en el Callao de 700 a 900 cm/s2. Lo que nos indica que Lima, y sobre todo Callao, son más vulnerables que Ica frente a un terremoto. Debemos tener en cuenta que Lima tiene una población de casi 10 millones de habitantes, lo que podría significar millones de afectados.

Esto es relevante pues Lima viene acumulando energía sísmica desde 1974, cuando un terremoto de 7.6 grados en la Escala de Richter, remeció la ciudad, con un saldo de 78 muertos, 2,414 heridos y pérdidas materiales de aproximadamente 2,700 millones de soles.

Las zonas con mayor riesgo sísmico en Lima son las faldas de los cerros, los suelos arenosos, las áreas de humedales y las construcciones precarias y antiguas ubicadas en el Cercado de Lima, Villa El Salvador, Lurín, Ventanilla, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, Callao, Chorrillos y La Molina (IGP).

En el 2019 el IGP anunciaba que a fines de ese año ya habría un sistema de alerta antisísmica similar al que existe en México desde 1991.
El sistema mexicano, a la fecha, cuenta con 10 mil altavoces y un sistema de comunicación vía radio, televisión y mensajes al celular, que advierten de los sismos hasta 50 segundos antes de que se sienta el movimiento telúrico.

En Japón, el año 2010, se instaló un nuevo sistema de alerta temprana contra terremotos y maremotos, que, dependiendo de la distancia a la que uno se encuentre del epicentro, podría ser avisado con hasta más de un minuto de antelación.

El sistema antisísmico peruano estará en plena operación en el 2022 y su estrategia involucra la participación de los gobiernos locales. En este contexto, el 13 de octubre de este año (2 años después del anuncio del IGP), se instaló la primera alarma antisísmica en el Perú, en el distrito de Lince, en Lima. Al respecto, el ministro de defensa dijo que este sistema brindará de 8 a 25 segundos para evacuar durante un eventual sismo.

Debemos tomar como referencia a Japón y México, si la tecnología mejora cada día, no se puede hablar de 8 a 25 segundos, cuando existe tecnología, ya instalada hace más de 10 años, que supera largamente estos tiempos. La vida no tiene precio.

Habiéndose programado el inicio escolar híbrido (virtual y presencial) en marzo, se necesita realizar una inspección antisísmica particularmente en los colegios públicos (los cuales no requieren de certificados de Defensa Civil para funcionar, a diferencia de cualquier otra actividad privada o pública). En el caso de las universidades e institutos, estos ya pasaron por evaluaciones estructurales debido al licenciamiento de la Sunedu y el Minedu.

Por ECO. José Linares Gallo

Un viejo proverbio del filósofo chino Confucio (550 A.C.).
El filósofo italiano Juan Bautista, en 1688, decía: “Los hombres pueden entender con claridad solamente lo que ellos han construido.”

En 1968, el científico social Seymour Papert (discípulo de Piaget y creador de la inteligencia artificial) en el MIT, decía: “El mejor aprendizaje no viene con las mejores formas para que el profesor instruya, sino con las mejores oportunidades para que el estudiante construya.”

Si bien estas citas pertenecen a connotados pensadores en lugares y momentos históricos diferentes, coinciden en que el proceso de aprendizaje debe ser activo y requiere de la “construcción de un producto significativo por parte de los estudiantes, como por ejemplo un castillo de arena, una máquina, una historia, una pieza de arte, un programa para computadora, o una canción, con lo cual los estudiantes construyen las estructuras del conocimiento en sus mentes” (Papert).
La “Escuela del Futuro” fue un proyecto que Papert inició en 1980 (Boston), al combinar su lenguaje de programación Logo (universalizado) con materiales de construcción Lego; lo que les permitió a niños de distintos países, articular el mundo real con el mundo virtual, aprendiendo a programar mediante un lenguaje simple, lúdico y amigable.

INFOESCUELA – Robótica Educativa (Perú – 1996) fue la primera experiencia en Latinoamérica que emuló a la Escuela del Futuro, pero sumándole actividades de matemática, comunicación y ciencia del currículo escolar nacional. Esta primera experiencia (español-quechua) se difundió a nivel nacional en 500 colegios hasta el año 2000. El proyecto fue acreditado por evaluaciones nacionales e internacionales; inclusive, el Discovery Channel estuvo en Lima y Ayacucho para registrarlo y difundirlo internacionalmente.

El gobierno de Toledo reemplazó INFOESCUELA por el proyecto Huascarán, que consistió en dotar de computadoras a las escuelas de secundaria, sin capacitar digitalmente a los docentes; algo que se ha mantenido en los últimos 20 años: al 2019 solo el 10% de docentes acreditaban capacidades digitales (Minedu).

Hoy, el lenguaje Logo ha sido reemplazado por el software educativo libre Scratch, cuya versión en quechua es la #73. Fue creado por Mitchel Resnick (discípulo de Papert), y permite articular conocimientos de matemática, comunicación y ciencia (en español, quechua e inglés), en actividades presenciales y a distancia, por lo que constituye una herramienta digital significativa para asegurar la calidad de la educación.

Ahora reclamamos el retorno a la educación presencial, la misma que, como sabemos, es de pésima calidad según sucesivos informes de PISA. Es cierto que los niños necesitan socializar, para lo cual requieren volver a las aulas con clases semipresenciales. Sin embargo, durante los dos años de pandemia, no se ha invertido ni dado mantenimiento a las estructuras escolares, por lo cual los locales educativos deben encontrarse en peores condiciones que antes, y vulnerables sísmicamente. Lo razonable es iniciar clases en marzo, y utilizar estos meses para darle seguridad, mantenimiento y calidad de contenidos digitales a las escuelas.

Considero oportuno mencionar dos referentes de calidad en educación en el mundo (PISA): Corea del Sur y Finlandia; ambos utilizan intensamente las TICs en la educación, y tienen mucha inversión en la preparación y reconocimiento a los profesores, sin embargo, usan diferentes estrategias:

Los surcoreanos están tecnológicamente avanzados y son el primer país del mundo que llevó el acceso rápido de Internet de banda ancha a cada escuela en su territorio. Además, los alumnos, los profesores y los centros educativos son evaluados periódicamente.

Por su parte, los finlandeses se preocupan por el desarrollo de habilidades relevantes en los individuos, como el talento, la creatividad y la perspicacia; igualando las oportunidades de los alumnos.

Todas estas experiencias nos indican que el principal objetivo es brindar educación de calidad en lugares seguros; en nuestro caso, necesariamente antisísmicos; y reemplazar la educación memorística, donde casi siempre el alumno ve, oye y escribe lo que dice el profesor, por una que le permita explorar, investigar y solucionar problemas, a través de actividades en aulas presenciales y virtuales interactivas, con calidad de vídeos didácticos y tecno-digitales, y de acceso online y offline.

Por ECO. José Linares Gallo

En el Perú, existen un total de 82 mil instituciones públicas de educación básica (que albergan entre ocho y tres mil estudiantes), cuyos locales no requieren de un certificado de Defensa Civil para funcionar, como si lo requiere cualquier otro espacio público o privado, aunque tenga solo una persona de aforo.
Lo cierto es que, si a los colegios públicos se les exigiera pasar por un proceso de licenciamiento similar al de las universidades e institutos, probablemente más del 80% no se licenciarían.
El 20 de agosto el actual gobierno declaró en emergencia el Sistema Educativo Peruano a nivel nacional hasta el primer semestre del año 2022, con el propósito de garantizar un retorno seguro, gradual, flexible y voluntario a las aulas y asegurar una educación de calidad que deberá ser semipresencial. Esto acrecienta el problema de la educación peruana, pues el 2018 la prueba Pisa reconfirmó resultados anteriores, que indicaban la crisis permanente en la que se encuentra hace varias décadas.
La precaria situación de la infraestructura educativa y el cumplimiento de las normas de bioseguridad obliga a generar dos turnos escolares presenciales intercalados, de tres días cada uno, de 8 horas cada día, equivalente a 5 medias jornadas: lo que recibían antes de la pandemia; así lo hemos expresado en anteriores artículos en esta columna.
A esto se sumarían dos días de educación a distancia con aulas virtuales interactivas (online y offline), con alta calidad académica de contenido, utilizando los medios digitales disponibles globalmente, y que, sin embargo, no han sido utilizados por los gobiernos anteriores, que optaron por el facilismo de siempre, de comprar tablets a costos de laptops, sin antes haber resuelto la conectividad ni asegurado la calidad de contenidos tecno-pedagógicos que deberían interactuar en las clases virtuales. Tampoco se ha capacitado a los docentes para el uso de medios digitales.
Este tipo de educación semipresencial reducirá a la mitad el aforo actual de los colegios, y disminuirá significativamente el caótico e inseguro tránsito vehicular público. A esto habría que agregarle la reubicación de los estudiantes en función de su residencia.
Para volver a clases, deberíamos asegurar contra riesgo sísmico por lo menos el 50% de locales escolares; para los cuales se contaría con el doble de presupuesto para invertir en agua, desagüe, electricidad e internet, y en alimentos nutritivos para los estudiantes.
Además, para recuperar el deporte en la educación básica, es necesario sumar, a la infraestructura deportiva de los colegios seleccionados, nueva infraestructura, a partir de los locales no utilizados. También se debe utilizar esta infraestructura para generar una red de centros tecnológicos distritales, para que las poblaciones NINIS (ni trabajan ni estudian), que ya llegan a 3 millones, accedan a formación técnica que les permita desarrollarse.
Para el 2022 se debería considerar el retorno a las aulas en abril, cuando en la sierra y en la selva ya no existen lluvias, y en la costa ha terminado la última etapa del verano, y más bien, iniciar el año escolar en el mes de marzo con la educación a distancia, a través de clases virtuales interactivas, con contenidos y presentaciones de calidad pedagógica, a través de internet y disponible en las tablets.
También se debe considerar que la tendencia curricular en gran parte del mundo implica integrar los aprendizajes de ciencia, tecnología, ingeniería, comunicación y matemáticas, apoyados por softwares gratuitos como el Scratch, del MIT (hoy en 73 idiomas, entre ellos el inglés, el español y el quechua), que deberían ser utilizados en todo el país.
Una educación de calidad, además de un local seguro, exige que el estudiante entienda lo que lee, escribe y escucha, que posea un razonamiento lógico matemático y que considere a la programación como la extensión de su escritura, para lo cual es necesario desterrar el aprendizaje memorístico, donde el estudiante casi siempre ve, oye, escribe y transcribe lo que dice el docente, por una práctica construccionista donde tenga oportunidad de explorar, investigar y solucionar problemas.

Por ECO. José Linares Gallo

Hace algunos días el Presidente Constitucional, profesor Pedro Castillo, convocó a todos los ministros, gobernadores regionales y al Contralor General de la República. Al concluir el evento, expresó que aquel ministro que fuera encontrado en acciones turbias, sería sancionado no solo administrativamente, y también cualquier otro funcionario de cualquier nivel y, para ello, cuenta con la comunicación y acción permanente del contralor Nelson Shack.

El contralor expresó que, en el año 2020, se había detectado que la corrupción le costó al Estado un total de 22,000 millones de soles y, que, a partir de ahora, habría una acción fiscalizadora concurrente para evitar “llorar sobre la leche derramada”. Esto quiere decir que la contraloría asume una responsabilidad mayor en la lucha contra la corrupción. Recordemos que, así como hay presidentes de la república presos por corrupción, también hay gobernadores regionales.

Debemos tener en cuenta que la corrupción y la indiferencia por ella hoy está generalizada, y que se requiere de una campaña que involucre a todo el país para fortalecer los valores, en particular la ética, la moral, el orden y la empatía desde el hogar, la escuela y el trabajo.

El código de ética e integridad pública debe respetarse en todas las instancias de gobierno, principalmente en las referidas a adquisiciones y obras del Estado y a los servicios y actividades públicas en los sectores de seguridad, salud, educación, justicia, transporte, entre otros; a través de un equipo de especialistas de la contraloría, que debe revisar sus cumplimientos. También es necesario efectuar una depuración de las planillas de las instituciones públicas a través del Reniec, para evitar que fallecidos sigan cobrando.

El propio contralor dijo que hay normas que requieren perfeccionarse y otras hechas deliberadamente para delinquir, probablemente producto de lobbies, por lo que es necesario que el congreso transparente su accionar y cumpla con su rol fiscalizador en todos los sectores, y que priorice la legislación de las normas requeridas por la contraloría, para lo cual el Congreso debe marchar a su mismo ritmo, o, de lo contrario, debe darle facultades al respecto al ejecutivo.

La contraloría fiscaliza el cumplimiento de las normas (control de la legalidad), y si éstas no se ajustan a la realidad del entorno de los proyectos, se produce su paralización o se induce a la malversación de fondos, generalmente debido a enraizadas políticas centralistas, por lo cual es necesario contar con normas más flexibles, que permitan avanzar y tomar decisiones adecuadas y oportunas. También es urgente darle capacidad sancionadora a la contraloría.

El control concurrente, tiene un enfoque esencialmente preventivo, que consiste en acompañar al gestor público en la contratación de un bien, servicio u obra, para alertar oportunamente sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas durante el servicio de control, con el propósito de que se adopten las medidas correctivas y preventivas del caso.

Desde el 2017 la Contraloría General de la República ha estado aplicando el control concurrente mediante leyes específicas: la Reconstrucción con Cambios y la Emergencia Sanitaria del Covid19. Para extender el Control Concurrente a las inversiones públicas, el 10 de julio de este año, el Congreso de la República aprobó una ley que únicamente lo establece para inversiones a partir de los 10 millones de soles, financiando el servicio de control concurrente con el 2% del costo total de cada proyecto. El Ejecutivo la observó el 20 de julio, por afectar la autonomía de los Gobiernos Regionales y Locales, y por constituir, indirectamente, una iniciativa de gasto.

La lucha integral contra la corrupción, también requiere de la transformación digital del Estado. Se debe superar las limitaciones del Gobierno Digital (“cero papeles”), pues ha fracasado; es necesaria la cooperación externa, del BID, Banco Mundial u otras instituciones, para construir una adecuada administración digital del Estado, a través de la integración de sus diferentes bases de datos.

Asimismo, las normas para gastos, que son centralistas, requieren flexibilizarse, y que se traslade el Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, para impedir proyectos sin sustento técnico ni económico.

Por ECO. José LInares Gallo

La crisis sanitaria puso en evidencia mayores niveles de pobreza en las zonas rurales del país, pasando de 40.8% en 2019 a 47.5% en 2020 (INEI); y nos plantea la necesidad de abordar una transformación productiva, que genere empleo y se conecte con la canasta de consumo para combatir el hambre, también que se proyecte a responder a la demanda de nuevos mercados del exterior; con el fin de reducir los niveles de pobreza rural.

El PBI del sector agropecuario solo representa el 6% del total, y su desarrollo se ha concentrado en la costa peruana con tasas importantes de productividad, por la buena provisión de infraestructura logística y un eficiente sistema de irrigación en base al agua que proviene, principalmente, de la sierra, ofertando productos para la canasta de exportación agrícola, desarrollado, en la mayoría de los casos, por la inversión privada.

Sin embargo, en las zonas rurales de la Sierra, predomina la agricultura familiar, que tiene una baja productividad; y que, por efecto de la pandemia, recibió el retorno de población migrante en búsqueda de asegurar su alimentación, ya que la agricultura familiar produce principalmente leguminosas, cereales, hortalizas, frutas, entre otros. Situación que debe aprovecharse con una transformación productiva, para mejorarla, con incentivos, ayuda técnica y vinculación a cadenas productivas de alimentos para el mercado interno y externo.

Esto contribuirá a asegurar que, quienes retornaron a las zonas rurales, encuentren las facilidades de desarrollo necesarias para asentarse y, al mismo tiempo, servirá de ejemplo a otros migrantes que actualmente viven en extrema pobreza en Lima y en las demás ciudades de la Costa. En este contexto, también es necesario que el Estado asegure servicios de saneamiento, salud y educación básica.

Las potencialidades para el desarrollo de las zonas rurales identificadas en el 2015 por el Plan Nacional de Diversificación Productiva, se orientaron a aumentar la oferta para la canasta de exportación, que incluyó: cebollas, arvejas, rocotos, mangos, paltas, truchas congeladas, manteca de cacao, tejidos de lanas de alpaca, entre otros. Pero, el país también tiene otras potencialidades para exportar en las zonas rurales andinas, como la quinua, la kiwicha, la maca, el tarwi, que son cereales andinos utilizados en la dieta de los astronautas por su calidad nutritiva. Debemos recordar que el Perú tiene unas tres mil variedades de papa que han alimentado al mundo por siglos, y entre estas se incluye a la “papa marciana de Tacna”, la cual, además de sus grandes cualidades nutricionales, puede producirse en zonas áridas, característica por la que piensan sembrarla experimentalmente en Marte.

La diversificación productiva, basada en políticas sectoriales, se ha orientado a la canasta de exportaciones, buscando aumentarlas, pero se ha olvidado del desarrollo rural y de la agricultura.

El Estado debe reactivar la agricultura, ayudando a mejorar la baja productividad agropecuaria en las zonas rurales de la Sierra y articularla las cadenas alimenticias del país. También debe realizar compras estatales a la agricultura familiar de alimentos para suministrar productos a los programas sociales; lo cual implicará la mejora de la eficiencia del gasto público orientado a la agricultura y a la seguridad alimentaria.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de desarrollar estrategias integrales de desarrollo rural, donde el papel de la planificación y la coordinación de los gobiernos subnacionales deben ser reforzado; buscando superar la desarticulación y fragmentación de los programas de desarrollo rural, principalmente orientados a aliviar la pobreza, pero que no están articulados con oportunidades de desarrollo económico.

Para que el agricultor reciba precios justos en chacra se deben reducir los costos de comercialización, y los intermediarios; asimismo, hay que mejorar la infraestructura vial y racionalizar la ubicación de los mercados de consumo, con un criterio ambiental, por lo que es recomendable desconcentrar el mercado mayorista de Lima en tres: norte, centro y sur, para también disminuir la contaminación ambiental, el deterioro de las pistas, y reducir fletes y peajes, para asegurar ingresos justos a los agricultores.

Después de 500 años los niños y jóvenes quechuahablantes desarrollarán tecnologías en su lengua nativa.

Mientras en el Perú, la generación de adultos se acopla a la era virtual, los niños nacen con la habilidad y se les denominan como “nativos digitales”, pues de manera innata conocen las herramientas tecnológicas y solo necesitan seguir aprendiendo de las ciencias, pero sin que se les discrimine su propia lengua originaria.

Por este motivo, los jóvenes estudiantes de 7 regiones quechuahablantes serán privilegiados con una nueva enseñanza revolucionaria en el ámbito social, científico, tecnológico, económico y de Estado, donde mantendrán el aprendizaje en su propio idioma original (quechua) que será vinculado a la era digital, gracias al trabajo de José Linares Gallo, como lo refleja en su último libro Escribiendo en código: Del quipu al Scratch, con este especial e importante aporte también cultural que coincide en la fiesta del bicentenario del Perú.

FUTUROS EMPRENDEDORES ANDINOS

Esto es algo novedoso para incentivar a los actuales alumnos y posteriores generaciones con la finalidad de que cada uno aprenda y ejerza con las herramientas y puedan surgir, porque este trabajo incorpora los vocablos tecnológicos en quechua, el que servirá para mejorar la educación bilingüe y formar a los futuros emprendedores andinos.

Después de la elección presidencial viene el proceso de transferencia de gobierno, el cual ya está previsto desde el 20 de mayo con la Directiva de la Contraloría General de la República Nº 006-2001-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional“, la misma que busca garantizar una sucesión eficiente de la gestión y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios públicos de 18 ministerios, Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la República, gobiernos regionales, municipales y otros; y facilitar las condiciones para la gobernabilidad con información cierta; identificando los retos pendientes que hoy en día son de extrema urgencia, considerando que el Perú vive una profunda crisis de orden sanitario, económico, social y político.

Como sabemos, el gobierno saliente ya está preparando la transferencia desde hace 20 días, y sería pertinente que convoque a las dos fuerzas políticas participantes en la segunda vuelta, para tratar el tema de la vacunación de toda la población, buscando que concluya a fin de año.

Ello requerirá de una estrategia común frente a la alta mortalidad (la más grande que existe en el mundo), promedio de 10,000 muertos por mes, lo que requiere pasar de 70,000 a 300,000 vacunados diarios, para lo cual debería involucrarse a la Fuerza Armada y a jóvenes universitarios, previa capacitación, así como se ha hecho en los Estados Unidos; porque no existe nada más importante que la vida de los ciudadanos.

Esto debería ser un acuerdo principal de Gobernabilidad frente a la pandemia, para controlar la crisis sanitaria, con lo cual de inmediato se estabilizaría la economía y daría una señal de racionalidad democrática del gobierno futuro, que permita tranquilizar a los agentes económicos, independientemente del tiempo que demore el resultado electoral; al final tendremos un gobierno democrático y de ancha base.

Debido a las graves circunstancias, es recomendable, finalmente, que los representantes del nuevo gobierno en las comisiones de transferencia (receptoras) sean seleccionados como futuros ministros o viceministros para ganar tiempo y, desde antes de jurar el cargo, puedan ir trabajando las nuevas políticas públicas necesarias para la emergencia, elaborando un diagnóstico y propuesta para su sector.

Para seleccionar a tan altos funcionarios, es necesario considerar su conocimiento del sector y su expertis político, que manejen herramientas digitales para comunicarse y tomar decisiones y, sobre todo, que estén lo más alejados posible de la corrupción. De esta manera, los mensajes de lucha contra este terrible flagelo durante la campaña, serán coherentes.

Con esto, sus ministros no serán vulnerables rápidamente o, en todo caso, se hará difícil cualquier proceso de censura, independientemente de la mayoría parlamentaria.

Con la conformación de las comisiones de transferencia, el nuevo gobierno debería ir revisando su plan de acción de corto plazo, sobre todo en temas transversales sensibles a su agenda, como el abordaje de la crisis sanitaria, la reactivación económica, la generación de empleo, el financiamiento del presupuesto público, particularmente del endeudamiento externo y el déficit fiscal y las medidas de integridad que aseguren la relación calidad precio en las adquisiciones del Estado.

Se deberán priorizar los financiamientos de programas que impliquen inversiones en actividades a los que la propia población pueda acceder a través de nuevos empleos, que les generen ingresos inmediatos. Será vital la coordinación con el Centro de Gobierno, es decir la Presidencia del Consejo de Ministros, el sector Economía y Finanzas, y también con los sectores vulnerables de Salud y Educación.

Para el caso de la educación, hay que seleccionar infraestructura, para un contexto de educación mixta, que permita asumir doble turno, con una jornada escolar presencial y otra a distancia, con uso de herramientas digitales con internet.

En Salud, determinar las necesidades de camas UCI, Oxígeno y recursos humanos, teniendo en cuenta que en un contexto de vacunación masiva, necesariamente disminuirá la demanda de algunos de ellos.

Por Eco José Linares Gallo

Perú es el octavo país más rico del mundo en agua dulce, y el tercero en América Latina, después de Brasil y Colombia. Sin embargo, el agua está particularmente concentrada en la Amazonía en un 97%, donde existe una población del 30% del país que consume muy poco de ese 97%; la mayor parte continúa por la Amazonía de Brasil y termina perdiéndose en el Mar Atlántico. Pero el 65% de la población toma agua, parcialmente, de la cuenca del Pacífico donde existe solo 1.8% de los recursos, lo que viene siendo subsanado desde hace 40 años con proyectos de trasvases de agua y generación de energía desde la sierra a la costa. Podemos señalar: Chira-Piura, Jequetepeque-Zaña, Olmos, Tinajones, Marcapomacocha (Lima, agua potable – energía), Mantaro (agua potable – Lima), Choclacocha (agua – Ica), entre otras.

Si se hubieran priorizado adecuadamente los recursos en las últimas dos décadas, y no se hubieran realizado inversiones como la Carretera Transoceánica, la Refinería de Talara, el Gasoducto de Camisea incompleto y otras efectuadas sin estudios de prioridad, se hubiera podido destinar ese presupuesto a más trasvases transandinos para traer más agua, energía e irrigación a las zonas áridas de la costa.

La covid-19 puso en evidencia las brechas en el país, respecto al acceso al agua y al saneamiento. El INEI estima que 3 millones de peruanos (9.2% de la población) carecen de acceso a servicios de agua y 8.2 millones de peruanos (25.2%) carecen de acceso a servicios de alcantarillado. Con ello, Perú está muy distante de cumplir con el compromiso internacional (Naciones Unidas) de “Agua limpia y saneamiento” para el 2030.

Recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE – Comunidad Europea) ha publicado el estudio pactado con el Perú sobre la problemática del agua. La calidad de análisis y recomendaciones, uso de instrumentos económicos, y la consulta a 175 instituciones entre públicas y privadas, deberían servir para que el nuevo gobierno establezca políticas públicas para una eficaz gestión integral del agua, que garantice el derecho a su acceso, y que no solo se quede en promesas electorales como las realizadas en el 2016 por Kuczynski, quien dijo que el acceso al Agua Potable y al Saneamiento era el paso número uno para ser un país desarrollado.

El agua potable es fundamental en estos momentos de pandemia, en medio de la crisis, la gente más pobre no tiene agua para tomar ni cocinar, menos para lavarse las manos, y el gobierno, supuestamente de lujo, con sus distintos presidentes, está finalizando su mandato sin haberse ocupado de llevar agua limpia y desagüe a las zonas altas de las ciudades, como ofreciera en su campaña.

Para enfrentar integralmente la problemática de la pandemia, se requiere solucionar, en el corto y mediano plazo, el acceso al agua por parte de las poblaciones menos favorecidas a los menores costos posibles, de ahí que la propuesta de la candidata de Fuerza Popular, de generar un servicio de emergencia nacional, llamado “Agua para ti”, con miles de unidades de camiones cisterna para llevar agua de calidad, de forma gratuita, a los lugares de pobreza y pobreza extrema, a partir de agosto próximo, asegurando control sanitario y administrativo para evitar sobreprecios, es una medida urgente y efectiva.

Esta propuesta de Fuerza Popular se complementa con la de Renovación Popular de colocar, rápidamente, fuentes de agua (caños) en cada cuadra, con tanques elevados en las poblaciones vulnerables de los cinturones de pobreza de las zonas urbanas, generando empleo temporal local en su instalación y funcionamiento. La factibilidad de esto requiere establecer los costos que suponen las bombas y la energía que se necesite para hacer llegar el agua hasta estos puntos.

Otra medida puede ser el subsidio temporal focalizado en las tarifas de servicios de saneamiento, por la emergencia sanitaria.

Todas estas son, únicamente, medidas de emergencia para enfrentar la pandemia.

Por Eco José Linares Gallo

Vivimos la Era Digital, la misma que prioriza el rol de las nuevas generaciones y de sus nuevos canales de comunicación. Antes, las generaciones se agrupaban en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hoy, quienes han nacido tras la integración de la computadora personal con internet (1990), son conocidos como nativos digitales, en tanto que los demás seríamos inmigrantes digitales.
La metáfora es útil, porque los nativos digitales pertenecen a una cultura diferente, que tiene una nueva forma de relacionarse con el mundo. De hecho, son más libertarios y autónomos, y confrontan, abiertamente, la vieja escuela y sus anticuados estilos de enseñanza masificada.
Nos preguntamos, cómo aprenden hoy nuestros jóvenes quechuahablantes, a quienes se les negó la tecnología (muestra de ello es que en quechua no existían vocablos tecnológicos hasta el 2017). En la práctica, el QUIPU no ha sido valorado en su exacta dimensión. De hecho, pocos peruanos podrían pensar en él como el antecedente más próximo del código informático. ¡Pero lo es! Tampoco lo imaginan como la pieza básica para el desarrollo económico y social del Incanato. ¡Pero lo fue!
Escribir en códigos en quechua, con el software educativo gratuito Scratch, de reciente circulación, permite desarrollar tópicos contemporáneos y, al mismo tiempo, evocar al pasado tecnológico quechua.
El pensamiento matemático y tecnológico de los Incas les permitió organizar un gobierno sustentable y capitalizar la inventiva, la experticia y el conocimiento aportado por culturas milenarias asentadas en el antiguo Perú.
El QUIPU y el lenguaje de programación SCRATCH para estudiantes, amén de ser, por igual, dos códigos informáticos, tal como lo corrobora el COMPUTER HISTORY MUSEUM de California, permite visualizar cómo se coopera y se comparte el conocimiento en la ERA DIGITAL.
Invitado por Mitchel Resnick, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, propuse utilizar los vocablos tecnológicos de mi libro Alfabetización Digital en Quechua (2017) para generar, en conjunto, la versión en quechua del software educativo gratuito SCRATCH, lo que está permitiendo conectar a nuestros niños, jóvenes y docentes quechuahablantes a una comunidad ONLINE de 60 millones de usuarios, quienes, respaldados por Harvard y voluntarios del mundo, interactúan diariamente.
De esta manera, después de 500 años, en el Bicentenario, nuestros niños y jóvenes quechuahablantes desarrollarán, en su lengua nativa, tecnologías de la época en la que viven, tal como lo venían haciendo antes del virreinato.
Mi próximo libro, pronto en circulación, titulado Escribiendo en códigos: del quecha al Scratch, será una herramienta importante para los docentes y estudiantes de colegios rurales, en particular donde el 50% de los mismos, en promedio, son quechuahablantes. Me refiero a los pobladores de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Junín y Áncash, quienes deben tener en cuenta que, así como en la China, con doscientas lenguas, varias con escritura, se transitó, tecnológicamente, por el chino mandarín, hoy toca, también al Ande, transitar, tecnológicamente, por el quechua Collao o sureño, que es el hablado por más del 70% de quechuahablantes del Perú.
Ello permitirá que los quechuahablantes radicados en las distintas ciudades del país, quienes valoran su idioma y tradiciones, se interesen por asociarse con los futuros emprendedores quechuahablantes del Ande.
Además, las evidencias empíricas publicadas en revistas científicas concluyen que el software gratuito SCRATCH permite desarrollar el pensamiento matemático y computacional en niños y jóvenes, lo que genera vocación científica y creatividad a los estudiantes. Con lo cual se promoverán las carreras de ingeniería, hoy indispensables para el desarrollo de cualquier nación.
Finalmente, recordemos que el Ande, que ya ha aportado a la humanidad miles de variedades de papa, quinua y maca, aún tiene mucho por aportar y redescubrir, con la participación de los emprendedores quechuahablantes del ande.

Por José Linares Gallo

Como sabemos, nuestro país ha cambiado en reiteradas ocasiones su constitución política, producto de golpes de Estado. Históricamente, las nuevas constituciones muestran una marcada tendencia por eliminar al Senado y debilitar, al máximo, los sistemas de planificación, lo cual ha facilitado invertir en proyectos sin estudios, priorización ni planificación de un organismo ad hoc. De esa manera, se han efectuado grandes inversiones en obras improductivas.

La planificación es una herramienta fundamental para impedir la corrupción a través de inversiones sin sustento técnico ni económico, así lo ha demostrado nuestra historia republicana; a excepción de los ferrocarriles que, a solo 30 años de la independencia (1851), fueron priorizados; lamentablemente, esto solo duró hasta el año 1930.
La actual constitución se mantiene sin establecer un Senado, a pesar de que es y ha sido un tema de permanente debate en las últimas cinco elecciones. Lo mismo sucede con la planificación, que es satanizada como si fuera sinónimo de estatización.

Esto ha permitido transformar al Ministerio de Economía en un súper ministerio, que concentra un enorme poder para decidir la prioridad del gasto público. Sin embargo, casi nunca encontramos a los ministros de Economía como investigados en los procesos judiciales referidos a la corrupción, pues es normal que salgan del país, de inmediato, a cumplir funciones internacionales.
El proceso de elección del Senado, al ser similar al de la Presidencia de la República, es decir, por elección nacional, requiere no solo del liderazgo local, sino que necesita de candidatos con reconocimiento nacional.

Cuando existe un Senado, determinados cargos de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales, así como los embajadores del servicio diplomático, los directores del BCRP, y otras instituciones claves para el ejercicio de la función pública, necesitan ser ratificados o electos por su pleno.

Con esta pequeña introducción, recuerdo que, entre los años 1989 y 1990, el pleno del Senado formó una comisión investigadora del Dólar MUC, que tuve el honor de presidir.
Esta comisión aprobó acusar ante el Poder Judicial a cinco ministros del gobierno aprista, me refiero a los ministros de Economía, Educación, Transporte, Agricultura e Industria. Debido a que algunos empresarios adquirieron dólares MUC subsidiados, generando sobreutilidades, al no trasladar dicho beneficio al precio final.

Esta acusación, que tenía un costo político y un costo empresarial, se aprobó sin resistencia, ni del presidente Alan García, ni de ninguno de mis colegas senadores de ese entonces. Recordaré a algunos de ellos de diferentes bancadas: Polar Ugarteche, Osterling, Chirino Soto, Jorge del Prado, Bernales, Sandro Mariátegui, Ulloa, Silva Ruete, Luis Alberto Sánchez, Valle Riestra, entre otros destacados personajes.

Eco José Linares Gallo

La era digital en que vivimos viene actuando como una línea divisoria, demarcando un antes y un después. Antes, las generaciones se agrupaban en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hoy, quienes han nacido tras la integración de la computadora personal con internet (entre 1980 y 90), son conocidos como nativos digitales, quienes tienen nuevas formas de relacionarse con el mundo, de divertirse y de aprender y, consecuentemente, suelen confrontar, abiertamente, a la vieja escuela y sus anticuados estilos de enseñanza masificada. La era digital, también, es portadora de otras singularidades: la ciencia y la tecnología, se influyen mutuamente en una forma nunca antes vista, de ahí la abundancia de las invenciones.

Hoy, la tendencia curricular en gran parte del mundo implica integrar los aprendizajes de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), para lo cual es necesario desterrar el aprendizaje memorístico, donde el estudiante casi siempre ve, oye, escribe y transcribe lo que dice el docente, por una práctica construccionista donde tenga oportunidad de explorar, investigar y solucionar problemas.

Una educación de calidad exige que el estudiante entienda lo que lee, escribe y escucha, y que posea un razonamiento lógico matemático que supere la tradicional desvinculación con la realidad; requisito fundamental para formar futuros ingenieros: hoy en día, los profesionales más requeridos para el desarrollo de cualquier nación.

Asimismo, nuestros estudiantes, nativos digitales, requieren utilizar, en su formación, herramientas digitales. Por lo que es indispensable que, cada estudiante, de primaria y secundaria, disponga de una tablet con conexión permanente a internet y con contenidos educativos offline instalados, la misma que, preferentemente, debe ser adquirida al fabricante, para disminuir, al máximo, el precio por equipo y poder comprar para todos los estudiantes.

Esto se complementa con un kit didáctico tecnológico, que permita al estudiante un aprendizaje mano mente, Mind Hand, con lo cual pueda articular el mundo digital con el mundo concreto, a partir de los materiales que existen en los colegios, pero que no han sido utilizados por la falta de capacitación a los docentes.

En las zonas rurales y, especialmente, en las altoandinas, los niños tienen derecho a educarse en su lengua materna y, también, a acceder a la tecnología digital. Para lo cual es necesario implementar una educación mixta que, en su formato remoto, sea ejecutada por jóvenes profesores bilingües, capaces de utilizar la tecnología, ahora en quechua, con herramientas educativas como el software gratuito Scratch en quechua, presentado, recientemente, por el MIT, institución que utiliza los vocablos tecnológicos en quechua que hemos generado durante 25 años de investigación, siempre preguntándonos QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE. Las respuestas han quedado consignadas en dos de mis libros: Alfabetización Digital en Quechua (2017) y Escribiendo en códigos: del Quipu al SCRATCH (2021).

Finalmente, debemos ser conscientes de que el Perú de hoy pasa por una enorme crisis moral y ética, que requiere de prácticas de valores desde la escuela, a través de una activa participación de docentes, estudiantes y padres de familia.

José Linares Gallo

Como sabemos, nuestro país ha cambiado en reiteradas ocasiones su constitución política, producto de golpes de estado. Las nuevas constituciones, siempre tenían como objetivo desaparecer al Senado y debilitar, al máximo, los sistemas de planificación para invertir en proyectos sin estudios y sin priorización de un organismo planificador ad hoc. De esa manera, se han realizado grandes inversiones en obras improductivas y que no estaban planificadas ni priorizadas.

Esto ha permitido que, el Ministerio de Economía, se transforme en un superministerio que concentra un enorme poder para decidir sobre la prioridad del gasto público. Sin embargo, casi nunca encontramos a los ministros de economía como investigados en los procesos judiciales referidos a la corrupción, pues, rápidamente, salen del país a cumplir funciones internacionales.

El proceso de elección del Senado, al ser similar al de la Presidencia de la República, es decir, por elección nacional, requiere no solo del liderazgo local, sino que necesita de candidatos con reconocimiento nacional o regional.

Cuando existe un Senado, determinados cargos de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales, así como los embajadores del servicio diplomático, los directores del BCRP, y otras instituciones claves para el ejercicio de la función pública, necesitan ser ratificados o nombradas por su pleno.

Con esta pequeña introducción, recuerdo que, entre los años 1989 y 1990, el pleno del Senado, formó una comisión investigadora del Dólar MUC. Aún no terminaba el gobierno de Alan García y el partido aprista tenía mayoría en el pleno del Senado, mayoría que se vio reflejada en la comisión que tuve el honor de presidir y en la que estuve acompañado de los senadores de ese entonces: Javier Diez Canseco y José Barba Caballero.

Esta comisión, aprobó acusar ante el Poder Judicial a cinco ministros del gobierno aprista, me refiero a los ministros de economía, educación, transporte, agricultura e industria. Pues se detectó que, un grupo de empresarios se vio beneficiado por un dólar a bajo costo, que les permitió importar insumos con un costo de materias primas y maquinaria bastante reducido. Sin embargo, esta reducción en los precios de producción, no se veía reflejada como un beneficio para los consumidores finales, en un contexto de libre mercado.

Esta acusación, que tenía un costo político y un costo empresarial, se aprobó sin resistencia, ni del presidente Alan García, ni de ninguno de mis colegas senadores de ese entonces. Recordaré algunos de ellos de diferentes bancadas:  Polar Ugarteche, Osterling, Chirino Soto, Jorge Del Prado, Bernales, Sandro Mariátegui, Ulloa, Silva Ruete, Luis Alberto Sanchez, Ramiro Priale ,Valle Riestra, entre otros.El Sensdo hacía valer sus fueros.

                                    Eco José Linares Gallo

Por Eco. José Linares Gallo

El uso del lenguaje y su evolución están estrechamente ligados a la tecnología. La razón de ello es que cada nuevo objeto que se inventa requiere un nuevo proceso, así como nuevas coordinaciones entre los seres humanos involucrados en acometer dichos procesos. Surgen por lo tanto muchas nuevas circunstancias, situaciones e incluso productos intermedios que necesitan ser designados por el lenguaje.

¿Qué explica entonces que nuestra lengua quechua carezca de vocablos tecnológicos? Más aún: ¿Qué explica que aún los diccionarios más actualizados de nuestra lengua insignia sigan siendo una reproducción casi exacta de los primeros que circularon en épocas de la Colonia?

Como se sabe en tiempos del incanato la falta de escritura o la ausencia de la matemática formal no impidieron ni ralentizaron el desarrollo de la tecnología como lo evidencian sus grandes obras de ingeniería. Se sabe además que la tecnología fue de uso extendido de la población.

La ausencia de mercado y moneda de intercambio al mantener una baja tasa de especialización del trabajo explican en mucho esta diseminación de la “tecnología popular” pero también los incentivos que el incanato, por ejemplo, promovía para mejorar la productividad de los cultivos, algo que luego era socializado debidamente.  

¿Se podría decir entonces que la destrucción del aparato productivo incaico y la tecnología que le daba soporte, trajo consigo por igual la extinción también del lenguaje tecnológico?

Al parecer la respuesta sería afirmativa y se podría sostener en una suerte de silogismo: la extinción de la tecnología (la causa que hizo emerger nuevos vocablos) hizo que por igual se extinguieran las expresiones asociadas a ella al caer repentinamente en desuso, todo este andamiaje tecnológico,

Cabría entonces ahora preguntarnos por qué transcurridos doscientos años de República los diccionarios quechua siguen siendo carentes de vocablos tecnológicos, de la era industrial, analógica y digital. Pero aún más deberíamos preguntarnos por qué carecen incluso de vocablos económicos que fueron introducidos con la Colonia

¿No es acaso esta la mejor evidencia de que las poblaciones quechua hablantes fueron excluidas desde entonces del mercado? La palabra “bien”, por ejemplo, en quechua denota a un adjetivo calificativo: “Eso está BIEN hecho”. Pero, no tiene acepción de sustantivo como un BIEN de propiedad.

Con la llegada de la Colonia y los 200 años de República no solo sobrevinieron siglos de oscurantismo tecnológico para millones de antiguos peruanos, sino que además fueron orilladas a la producción de autoconsumo y sobrevivencia.

Puestos en tal situación (desconectados del mercado y de la tecnología) al ser útiles productivamente solo para sí mismos hicieron surgir un fenómeno social, económico y político muy sui generis. No son comparables a la generación NINI del Perú (NI estudian, NI trabajan) pero tampoco son o fueron, en rigor técnico, parte de la PEA (Población Económicamente Activa).

De hecho, no ha quedado otra política a los sucesivos gobiernos que lanzarles un salvavidas que por su naturaleza permanente contradice la utilidad pasajera de todo salvataje. Optaron por dar pescado (asistencia social) en lugar de enseñarles a pescar. Pero el costo de mantener a una tercera parte del país fuera de la PEA es incalculable y sus efectos por igual.

Dicho todo esto se entenderá porque desde hace un cuarto de siglo junto con otros colegas estoy empeñado en hacer de facilitador de situaciones que revitalicen el quechua. Pero desde una perspectiva donde estén involucradas actividades tecnológicas.

La puesta en marcha de cursos para jóvenes quechua – hablantes en diversos procesos de formación tecnológica nos dio la idea de ensayar una producción “natural” de los vocablos tecnológicos desde la perspectiva del usuario que ya han atraído el interés de INALCO- La Sorbona y nos han franqueado la participación formal en la comunidad mundial del lenguaje de programación Scratch del MIT que muy pronto lanzará su versión en quechua, utilizando los vocablos tecnológicos de mi libro: Alfabetización digital en quechua, el cual presenté en el Congreso de la República en noviembre del 2017.

Noviembre, 2019.

Eco. José Linares Gallo

En el anterior artículo sobre educación a distancia en tiempos de COVID 19, hice notar que nuestro jóvenes y niños desde hace algo más de 30 años son nativos digitales. Como tales, tienen mayores habilidades tecno digitales que las generaciones anteriores. Me he referido, además, de las prácticas pedagógicas a distancia, que vienen haciendo nuestros docentes, quienes han encontrado su mejor aliado para comunicarse con los padres de familia mediante el WhatsApp u otras herramientas, debido a que se necesita solo un Smartphone con una mínima recarga para obtener esta aplicación de manera ilimitada. Este equipo tecnológico sigue siendo uno de los más accesibles en todas las familias peruanas. A estas alturas, muchos docentes ya cuentan con distintos grupos de padres generados a partir de los comités de aula del año anterior y son, a través de estos grupos, que brindan recursos educativos e indicaciones a sus estudiantes, descubriendo que pueden enviar archivos y recepcionarlos en tiempo real. Esta aplicación sigue siendo una de las más usadas en el sector educativo a nivel nacional. Hay que consider, además, que es una aplicación de uso masivo que no ha requerido capacitaciones previas ya que su uso ha sido mas bien cotidiano. Si bien es cierto, se han aprovechado las bondades comunicativas del Smartphone, ahora hay que buscar al aliado natural que es el facilitador tecno digital que permita aprovechar el potencial de los distintos medios tecnológicos disponibles en casa (el smartphone, tablet o laptop) en beneficio de la educación.

Hace algunos años, cuando dirigía el instituto de tecnología Wernher Von Braun y tenía jóvenes de Beca 18 de Ayacucho Huancavelica y Cuzco, logré terminar de generar después de más de veinte años, vocablos tecnológicos en quechua que me permitieron, en colaboración con mi amigo Mitchel Resnick del MIT, la traducción al quechua el software educativo, Scratch, sin duda el más importante generado por la prestigiosa universidad de Boston. En aquel momento, les llamé a estos aplicados estudiantes ‘facilitadores tecnológicos andinos’, pues fueron el puente para acercar a sus comunidades a la tecnología digital . Ahora, cuando nos sorprende esta pandemia el ministerio de educación ha reaccionado rápidamente introduciendo la estrategia de Aprendo en Casa, una propuesta que utiliza distintos medios (internet, televisión y radio) involucrando la participación de padres de familia educación de los menores. El uso de esta modalidad a distancia, ha creado nuevos desafíos; les toca hoy a los padres o hijos de cualquier edad nativos digitales asumir el rol de facilitador tecnológico con ello no solo aprenderán los niños sino también la familia en general. El docente peruano se ha visto empujado al uso de la tecnología digital, seleccionando diversas aplicaciones y utilizándolas en tiempo récord, lo que hubiera sido imposible de avizorar antes de este virus, hoy somos testigos de cómo la mayoría de trabajadores vienen laborando a través del Teletrabajo, haciendo uso de los recursos digitales que dispone y valorando sus habilidades tecno digitales que han tenido que poner en práctica.

Por Eco. José Linares Gallo

Ante las medidas de restricción social (actuales y venideras) el Ministro de Educación ha declarado a los medios de prensa que independientemente que se brinde una educación presencial o una educación a distancia, de lo que se trata (en cualquiera de los casos) es que los niños tengan acceso a una educación de calidad. Y es que en efecto ya la humanidad ha acumulado suficiente stock tecnológico y experticia que ya mucho antes de la crisis habíamos quienes creíamos que tarde a temprano la educación se iría digitalizando, tal como se evidencia en las grandes plataformas ON LINE donde concurren con libertad y fluidez universidades de todo el mundo ofreciendo a precios módicos, cursos de pre grado y de especialización como Harvard, MIT, Yale, Stanford y de todos los países. Paralelamente pocos han caído en cuenta que por diversas razones ya hay millones de generaciones de escolares en Francia, Inglaterra y USA que estudian desde sus casas. Es decir, tal como la versión peruana de APRENDO EN CASA y sin que haya una crisis sanitaria de por medio muchos hogares ya han venido haciendo esto con diversos grados de éxito. Una mirada a esta experiencia podría de hecho servir para futuras POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS del Perú y otros países que decidan expandir total o parcialmente la educación a distancia Cuando las cosas están bien hechas el escenario presencial o virtual debería ser de calidad. Y en los momentos actuales la educación a distancia es básicamente digital. De hecho, sin que lo advirtamos en todas las naciones por igual cohabitan niños y jóvenes con una profunda cultura o propensión digital (aquellos que nacidos después de la incorporación del internet y la masificación de la computadora personal son conocidos como NATIVOS DIGITALES) y aquellos otros que somos considerados como INMIGRANTES DIGITALES. Con la subordinación del mundo analógico al MUNDO DIGITAL se vienen desvaneciendo por igual las subordinaciones generacionales ya que por primera vez en la historia los jóvenes tienen mayores motivaciones y capacidades tecnológicas que los adultos. En la APEC 2016 en Lima, por ejemplo, pudimos apreciar cómo Mark Zuckerberg (quien a los 20 años inventó FACEBOOK) opacó por completo a los presidentes de EEUU China y Rusia. Aprender en casa por lo demás podría estar generando un beneficioso trasvase cultural digital desde los niños y jóvenes hacia los adultos (incluidos los adultos mayores). De hecho, UK desde hace unos cinco años emprendió una agresiva política de SALVATAJE DIGITAL para adultos en cuyos grupos etarios había quienes nunca habían usado un medio digital autoexcluyéndose socialmente. Hoy tenemos que sacar de esa forzada autoexclusión a nuestros docentes, ya que según estadísticas del propio MINEDU solo el 10 % del plantel docente público tiene las capacidades digitales necesarias para conducir a sus alumnos en aulas virtuales. Allí hay un desfase que por supuesto no es insuperable. Un plan agresivo de reconversión podría incluso mostrar significativos resultados para el bicentenario si la convocatoria de gobierno es inclusiva (por usar un término político de moda).

Por ahora todos nuestros nativos digitales en casa (y por redes sociales, tíos, primos y amigos) han comenzado ya a oficiar como FACILITADORES TECNOLÓGICOS de esta nueva educación digital, brindando una propicia atmósfera educativa (clima educacional) que sin planificarlo ha entrado en nuestra cotidianeidad sintonizando mejor con las actitudes y aptitudes de las nuevas generaciones.

Por Eco. José Linares Gallo

La vida es el bien supremo que debe cautelar todo Estado. De hecho, la calidad de un estado podría ser medida por la protección efectiva a la integridad física y mental de sus pobladores. Por lo pronto desde hace un buen tiempo, a nivel global, se considera que la incapacidad de una nación en el suministro de servicios básicos (la defensa de la vida es el principal) junto con otros parámetros tal como la perdida de “control físico del territorio” o la “erosión de la autoridad legítima” definen si un país tiene o no un ESTADO FALLIDO.

Respecto a estos temas el Perú no solo registra incrementos preocupantes en el número de víctimas de la delincuencia común, feminicidios, violación sexual, sino que de cuando en cuando alguna cámara de video nos revela como la policía, forzada violentamente por sectores de la población, deviene en víctima viéndose obligada, para cautelar su propia vida, a liberar a criminales capturados en flagrante delito en una parte del país donde la justicia formal no aplica. Estos fortuitos videos captados por personas naturales solo muestran la parte visible del ICEBERG desconociéndose por ahora la magnitud de este fenómeno social.

No solo en estos espacios el policía deviene en víctima, sino que por igual lo es y con frecuencia preocupante aun en los sectores citadinos más visibles cuando enfrentan por ejemplo a conductores ebrios (aun cuando nuestra ley lo considera un crimen) o cuando detienen a personas infractoras que bajo amenaza implícita (“no sabes con quien te has metido”) revelan su cultura de desprecio a la autoridad legítima. Frente a este desdén social arraigado frases bienintencionadas y propaladas por la televisión como “a la policía se la respeta” resultan no solo insuficientes sino inútiles, ingenuas y hasta mostrarían incapacidad propositiva del estado.

La CRISIS DE AUTORIDAD y la crisis de capacidad para combatir el delito no es de ahora. Por supuesto. De hecho, cada sucesivo gobierno recibe un estado de cosas empeorado. Y no se trata de un tema de falta de recursos, sino de una inadecuada asignación de recursos y de una falta de proyección del Ministerio del Interior ocasionada, en última instancia por una institucionalidad inadecuada y tal vez hasta con cierto grado de obsolescencia. Una pregunta, por ahora, “al vuelo” que es muy pertinente ¿Cuánto se ganó y se perdió con la unificación de la policía? ¿Se ganó o se perdió prescindiendo, por ejemplo, de la especialización investigadora de la Policía de Investigaciones del Perú PIP? 

En este estado de cosas ha sido sugerido que las Fuerzas Armadas participen en el control de la seguridad interna. Los partidarios y detractores surgieron de inmediato aún cuando no se ha sugerido bajo qué modalidad legal ni horizonte. Lo que evidencia, por supuesto, una actitud emocional y nada racional tanto de críticos inmediatos como de partidarios espontáneos sesgados tal vez por aspectos ideológicos previamente adquiridos.

Sin embargo, tal como venimos comentando, el problema de la seguridad interna ha ido agravándose mientras que paralelamente la soberanía territorial y la seguridad externa frente a amenazas en nuestras fronteras tiende a cero. ¿Por qué entonces no pensar en una renovada institucionalidad, donde las Fuerzas Armadas tengan un rol compartido junto con la Policía Nacional? 

Por lo pronto nuestro ordenamiento jurídico dispone que la Fuerza Armada no solo “GARANTIZA la independencia, soberanía e integridad nacional”, sino que por igual “PARTICIPA en el orden interno, …desarrollo nacional, gestión de riesgos y desastres; y… política exterior”.

El énfasis o acento en cada uno de estos cinco pilares establecidos en nuestro ordenamiento, debería variar, se entiende, en función a los cambios y amenazas de la coyuntura. ¿Alguien duda que el segundo pilar (orden interno) precede al pilar que también franquea a la Fuerza Armada su participación en el desarrollo nacional? ¿No es acaso el orden interno condición sine qua non para las inversiones? ¿No somos acaso mudos testigos que, por ejemplo, la pequeña empresa es víctima sistemática del hampa que ahora último le exige sobre costos en modalidad de cupos de seguridad, para evitarse ellos mismos la molestia de asaltarlos? ¿No son acaso estos espacios liberados de la justicia formal, al igual que los barrios que victimizan a policía y defienden al hampa, la pérdida de control físico del territorio? Si no es así ¿qué deberíamos entender entonces por “pérdida de control físico del territorio”? ¿Solo aplica cuando las fuerzas subversivas del orden político imponen cupos y no así cuando lo son delincuentes comunes?

Dado que en toda política pública siempre es mejor hablar de sumas que de restas ¿no es acaso mejor comenzar a repensar nuestra defensa del orden interno bajo un nuevo marco institucional que aproveche las enormes EXTERNALIDADES positivas que podría aportar la Fuerza Armada. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una suerte de Guardia Nacional donde concurran y se reagrupen algunas divisiones de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional preservando ambas algunos de los roles que la actual normativa les asigna?

La Fuerza Armada aportaría inicialmente una institucionalidad fuerte, estable y de alta credibilidad social mérito a que desde hace un buen tiempo viene trabajando en beneficio de sectores vulnerables de la población. Entre los intangibles por aportar estaría por igual su experticia en inteligencia y su fuerte atracción entre la sociedad civil de profesionales capacitados en antropología, sociología, ingeniería, medicina, comunicación, etc. bajo la oportuna y prestigiosa figura del profesional asimilado. Algo que, por supuesto vendría acompañado de una moderna infraestructura, laboratorios y tecnología que permitiría que, entre otras cosas, la “carga de la prueba” del Ministerio Publico se base cada vez menos en pruebas circunstanciales y cada vez más en evidencia material como corresponde hacerlo a un estado con propósito democrático.